La desigualdad educativa

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Malabram

LAS UNIVERSIDADES DEL CONURBANO ¿EJERCICIO DE UN DERECHO O RELATO?

 

VANINA MALABRÁN

Número 30, junio 2016.

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En un breve libro titulado Filosofía (y) política de la Universidad, Eduardo Rinesi reproduce y articula muchas de las ideas que ha venido exponiendo en artículos, conferencias y congresos educativos. El libro salió a la calle en plena disputa electoral, a finales de 2015, cuando aún no se había definido el triunfo de Cambiemos. En ese pequeño ensayo el exdecano de la Universidad Nacional de General Sarmiento articulaba un discurso “republicano radical” en el cual el Estado ya no es el enemigo a enfrentar, sino el garante en la lucha por la extensión de derechos. Es a través del Estado que los derechos pueden ser garantizados. Ya no se trata de concebir los derechos frente o enfrentados al Estado, esos que Hannah Arendt denominaba derechos negativos y que eran la base del Estado moderno democrático, como el derecho de reunión, asociación o prensa. Esta nueva alianza entre Estado y Universidad permitiría disputar el “sentido” mismo de Universidad, la Universidad ya no como formadora de elite, sino una Universidad en la cual los hijos e hijas de trabajadores pudieran ingresar, una Universidad que los contuviera y que no los expulsara.

Dentro de esta disputa por el sentido mismo de la Universidad es que Rinesi plantea su idea central: la educación universitaria de calidad para todos y todas debe ser entendida como algo que él, recreando el imaginario jacobino, formula como un derecho humano universal. Es en este sentido que según Rinesi algunas de las antiguas universidades del conurbano y casi todas las bautizadas universidades del Bicentenario apuntaron a incorporar estudiantes al sistema universitario provenientes de aquellos sectores sociales que no estaban incluidos en las llamadas universidades tradicionales, como la UBA o la Universidad de la Plata. Esta incorporación está en la base del ataque que han recibido a menudo de los sectores conservadores y reaccionarios que las han identificado como universidades “para pobres”, o de “baja calidad educativa”, de la misma manera que se las defiende sin evaluar las contradicciones del propio discurso que apunta a democratizar el derecho a la inclusión de los jóvenes trabajadores a la educación universitaria.

El conurbano bonaerense agrupa a más de 11 millones de habitantes y en la actualidad cuenta con doce Universidades de gestión estatal. Siete de esas Universidades fueron creadas entre los años 1989 y 1995, como la Universidad de la Matanza, Quilmes, Tres de Febrero, San Martín, General Sarmiento, Lomas de Zamora y Lanús. Otras cinco Universidades fueron creadas luego del año 2010, las llamadas Universidades del Bicentenario entre las cuales se encuentran la Universidad Arturo Jauretche, las de Avellaneda, José C. Paz, Moreno y del Oeste.

Es interesante destacar en este punto que en realidad estas universidades, inclusive las creadas bajo el menemismo, fueron planteadas inicialmente por el peronismo con dos objetivos. Por un lado, disputar el peso de los radicales en el sistema universitario. Por otro, reforzar el poder territorial de los intendentes del GBA. Como subproducto de su creación, permitieron la incorporación de sectores de trabajadores a la población universitaria. Esta orientación en la creación de las nuevas Universidades no cambió bajo el kirchnerismo, aunque la trayectoria y la vinculación con los poderes territoriales han seguido caminos diversos.

Si el subproducto de la creación de estas Universidades ha sido la incorporación de sectores de trabajadores a la población universitaria, para Rinesi y para las llamadas Universidades del Bicentenario, el objetivo de atraer a los jóvenes trabajadores y trabajadoras, a quienes se suele denominar como la “primera generación” de universitarios, ha sido parte central de su discurso político. Según el rector de la Universidad Arturo Jauretche, Ernesto Villanueva, el 95 % de los recibidos de esta joven Universidad son la “primera generación de universitarios”. De hecho, en el conflicto docente y estudiantil que se desarrolló en el pasado mes de mayo, los docentes y coordinadores de programas organizaron clases públicas y abrieron el micrófono a los estudiantes en una de estas Universidades. En esa actividad se podía apreciar la diferencia entre los estudiantes de estas Universidades y los de la UBA. Las y los estudiantes que tomaban el micrófono hablaban de su realidad, de sus condiciones de vida y laborales, de que habían terminado la secundaria en el Plan Fines, de que eran madres y padres adolescentes, de que sus familias en muchos casos no habían terminado la primaria y eran contrarios a que estudiaran, y de que ahora el gobierno de Macri venía a quitarles un derecho que con mucho esfuerzo apenas estaban ejerciendo. En las estadísticas, estas desigualdades en las condiciones estudiantiles se pueden constatar. Por ejemplo, el 20 % de los estudiantes de la UBA provienen de padres cuyo máximo nivel educativo era la educación primaria en el año 2004, este porcentaje se eleva a 45 % entre los estudiantes de la Universidad Nacional General Sarmiento en el año 2010. Si analizamos la proporción de estudiantes que trabajan de ambas Universidades, la proporción es similar: el 59 % en la UBA y el 54 % en la UNGS.

En la década de los ‘60, en una análisis ya consagrado sobre la estructura de clase de los estudiantes universitarios, Pierre Bourdieu comprobaba científicamente la frase que luego los insurrectos de mayo del ‘68 iban a gritar en las calles: “el 95 por ciento de los hijos de obreros en las cárceles, el 5 por ciento en las universidades”. Pierre Bourdieu, él mismo el hijo de una familia campesina, hacía una comparación que es útil para pensar la realidad actual de la población estudiantil universitaria. Decía que mientras los dueños de industrias y comercios constituían el 12 % de la población activa, representaban el 18 % de los estudiantes universitarios, en comparación los obreros representaban el 33,8 % de la población activa y solo el 6 % de los estudiantes universitarios.

Respecto de la matrícula estudiantil, entre los años 2013 y 2014, mientras la cantidad de estudiantes de la UBA ha disminuido un 18 % llegando a 260.216 estudiantes, las universidades del conurbano han aumentado un 8 % llegando a una población de 172.432 estudiantes1.

La igualdad educativa en el terreno de la Universidad tenía su contraparte en la desigualdad educativa real anclada según el sociólogo en las diferencias de clase de la sociedad. Esta desigualdad educativa se beneficiaba además de toda una serie de dispositivos como el mérito, la herencia cultural, el sistema de evaluación, el falso igualitarismo de los educadores, entre otros. Es decir, a las dificultades materiales se sumaban toda una serie de dispositivos que tendían a imponer la “elección de los elegidos”.

Las Universidades del conurbano no escapan a estas contradicciones. A lo largo de estos años ha crecido el número de estudiantes de estas Universidades, que son de tamaño pequeño y mediano, pero la incorporación de sectores trabajadores no ha alcanzado aún a acercarse a la relación entre el peso que poseen éstos en la sociedad y en la Universidad.

Luego, como los mismos rectores reconocen, se enfrentan al problema de la deserción que ocurre en los primeros años de las carreras. El salto educativo y las dificultades laborales y familiares de estos sectores tienden a elevar la tasa de deserción. Las distintas Universidades, sobre todo las del Bicentenario, recurrían a una serie de programas de tutorías y talleres optativos para ayudar a suplir estas  dificultades, pero estos programas no resuelven las dificultades materiales que están en la base de la deserción y el desaliento que sufren para concluir los estudios.

La mirada “republicana radical” de un sector del kirchnerismo transforma a la Universidad en reparadora o compensadora de estas desigualdades, pero lo hace sin atacar el contenido de clase en el cual están insertas. El papel del Estado y su vinculación con un proyecto universitario democratizador viene a compensar estas desigualdades educativas y reales sin profundizar por ello en el cuestionamiento de la estructura de clase de la sociedad. Y si a esta mirada le sumamos la ilusión de una autonomización del papel del Estado, tenemos los componentes de una ilusión política que cree romper la relación entre estructura de clase y el ejercicio del derecho a la Universidad. Consideramos que solo atacando las desigualdades de clase de la sociedad, subvirtiendo estas relaciones en sentido anticapitalista y socialista, es que podremos lograr que la inclusión de los trabajadores sea una realidad. Bajo el régimen social actual, aquellos que ingresan a la Universidad, sin tomar el problema de la permanencia y egreso, son un pequeño sector de la clase trabajadora y los sectores populares. Además, el acceso a la Universidad no rompe la desigual estructura de clase de la que es producto, sino que las universidades bajo el régimen capitalista ofician  de formadoras de mano de obra calificada, de objetos de explotación.

 

  1. En base a datos del Departamento de Información Universitaria, dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias.

 

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