La contrarreforma laboral, el sueño eterno de Martínez de Hoz

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ESTEBAN MERCATANTE

Número 41, noviembre 2017.

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Anticipada como una legislación enfocada en impulsar el “blanqueo laboral”, el paquete de medidas laborales que presentó el gobierno apunta en realidad a lograr un cambio estructural en las relaciones laborales.

 

El borrador de proyecto de modificación a la legislación laboral que el gobierno de Mauricio Macri dio a conocer después del discurso del presidente en el Centro Cultural Kirchner, apunta con los once títulos que lo componen a lograr muy profundos cambios en las relaciones laborales. No se trata de modificaciones que se limiten a algunas áreas, como había sugerido hasta la semana anterior el ministro de Trabajo Jorge Triaca en sus reuniones con las conducciones sindicales de la CGT –que no por ello resultaban menos agresivos1–.

Lejos de ello, el gobierno se propone realizar cambios estructurales en la relación entre las patronales y los asalariados en favor de los primeros, dando un paso más respecto de la legislación de flexibilización laboral introducida en el país en las últimas décadas, y que de manera continua desde entonces se siguió profundizando y “perfeccionando” al nivel de los convenios por rama y por empresa, con pocas modificaciones que revirtieran los aspectos más regresivos de esta contrarreforma. El borrador presentado por el gobierno parece en algunos de sus artículos ser un copiado y pegado de algunos convenios firmados durante los gobiernos kirchneristas, como es el caso del referido al banco de horas. Esto desmiente la noción de que durante los años de gobiernos kirchne­ristas la avanzada del capital contra el trabajo se frenara o se revirtiera2.

Al mismo tiempo que establece cambios que exceden con mucho el objetivo declarado inicialmente de promover un “blanqueo laboral”, el gobierno encara también un drástico recorte del costo que el Estado impone a la patronal en términos de contribuciones a la seguridad social.

Junto con esto, el gobierno avanza en una reducción de costos laborales que pagan los empresarios recortando el nivel de los aportes patronales a la seguridad social. La tasa pasa de 21 % a 19 % en 5 años para las grandes empresas, pero como la misma va a aplicarse sobre una parte del salario que disminuye progresivamente con el correr de los años, en los hechos lo que pagan los patrones como porcentaje del salario resultará mucho menos. La introducción de un Mínimo No Imponible para las contribuciones patronales, excluye una parte creciente del salario del pago de cualquier impuesto. Para 2022 este MNI será de $ 11.500 pesos de poder adquisitivo de hoy, actualizados por inflación. No solo que­da excluido de contribución patronal cualquier salario menor al monto fijado, sino que las contribuciones patronales se realizarán solo sobre la parte del salario que exceda dicho MNI. Como de acuerdo a la información del Ministerio de Trabajo el salario medio de los trabajadores del sector privado es actualmente (junio 2017) de $ 23.787, esto significa de la contribución patronal se realizará desde 2022 en adelante solamente sobre un 52 % del salario. El resultado es que las contribuciones patronales efectivas van a tener un porcentaje de apenas de 9,9 % del salario pagado. De esta forma, la Argentina pasara en pocos años de estar entre los países que gravan por aportes patronales más elevados de América Latina, a competir por los primeros puestos entre los países de menor “cuña fiscal”, superando en generosidad incluso a México (donde los impuestos que paga el empleador llegan a 17 %), el país tomado como ejemplo por el CEO de Fiat Argentina Cristiano Rattazzi para reclamar menores impuestos.

Este recorte de los aportes patronales es una lisa y llana transferencia del Estado a las empresas; una porción de la plusvalía que estas tributan hoy al Estado, quedará en sus manos. El impacto fiscal en 2022 rondaría los $ 130 mil millones. ¿Sobre quién recaerá este costo? El gobierno ha manifestado que el tesoro nacional cubrirá la diferencia entre lo que se recauda hoy y lo que se deje de recaudar por las modificaciones que propone el proyecto, para evitar el desfinanciamiento de Anses, aunque esta disposición no se encuentra en el borrador difundido. Pero en los hechos, ya sabemos de dónde estarán saliendo los recursos: de los propios jubilados que, de acuerdo a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria que se propone implementar el gobierno (para lo cual enviará otro proyecto de ley al Congreso), verán sus haberes congelados en el poder adquisitivo que tienen hoy (se actualizarán solo a la par de la inflación). El ahorro que significaría para Anses el cambio de fórmula rondaría los $ 150 mil millones. Lo que el gobierno transfiere a los empresarios para bajar el “costo argentino”, lo saca en los hechos de los bolsillos de los jubilados que seguirán viendo cómo sus ingresos están muy lejos de la canasta de consumo y del salario promedio de los trabajadores activos.

 

¿Cual podría ser el costo del paquete ma­crista para los trabajadores?

La nueva avanzada macrista contra los derechos laborales apunta a: 1) reintroducir todos los aspectos que se incorporaron a la legislación durante la avanzada flexibilizadora que luego tuvieron alguna limitación, como es el caso de los regímenes de pasantías, 2) dar fuerza de ley a algunas prácticas ampliamente establecidas en algunos convenios sectoriales o de empresa; 3) dar un salto en la introducción de “novedades” que copian las contrarreformas laborales más recientes, como la de Brasil. Uno de los ejemplos en este último caso es el de la reducción de los costos de despido, y la creación de un fondo específico que libera al empleador de las cargas de indemnizaciones.

Se aduce que esta reforma es necesaria para crear empleo y atraer inversiones. Pero algunos de los principales beneficiarios de la iniciativa, como las grandes empresas que saludan las “audaces” reformas de Macri, ya manifiestan por lo bajo que los “desórdenes macreconómicos” (exceso de gasto público y endeudamiento, peso caro frente al dólar, demasiado gradualismo en el recorte fiscal propuesto) serán una nueva excusa para seguir posponiendo inversiones. Mientras siguen corriendo el arco para que llegue la hora de la ilusoria lluvia de inversiones, esta barrida de derechos laborales tendrá efectos palpables en las condiciones de trabajo y de ingresos. Las empresas podrán aprovechar la nueva legislación para extraer mayor rendimiento a los salarios que pagan (es decir incrementar la tasa de explotación), porque podrán administrar mejor el tiempo de trabajo de los asalariados (que perderán derecho a horas extras y verán la duración de su jornada de trabajo sometida a los vaivenes dictados por el patrón). La mayor facilidad para despedir, que resultará sustancialmente más barato, podrá transformarse en una amenaza de peso a la hora de negociar salarios y condiciones de trabajo, avanzando en la introducción de cláusulas de productividad, reducción de tiempos de descanso, polivalencia, etc. De esta forma, de aprobarse el proyecto, la balanza de la relación capital trabajo se inclinará todavía más en favor de los primeros.

Mientras resulta dudosa la creación de empleo formal que tendrá una nueva invitación al blanqueo, así como el aumento de la contratación por el abaratamiento de costos, lo que está fuera de duda es que el paquete de medidas resultará en un nuevo salto en la regresión social. No es casual que durante los años que siguieron a las reformas flexibilizadoras del menemismo, los trabajadores hayan visto caer de forma dramática su participación en el ingreso. Entre 1993 y 1997, la participación de los trabajadores en el ingreso nacional cayó de 42,5 % a 35 %, un retroceso de 7,5 puntos3.

Esto tuvo como correlato un crecimiento equivalente de la participación de las ganancias en el mismo. Como mostramos en el libro La economía argentina en su laberinto, en el caso de las 500 más grandes empresas, en este mismo período los salarios promedio que pagaron, cayeron, en relación a sus ganancias, un 40 %4. Esto es el resultado de una profunda reestructuración productiva que incluyó despidos y en algunos sectores inversiones en medios de producción más modernos que incrementaron la productividad, pero también un incremento de la explotación de la fuerza de trabajo gracias a la avanzada flexibilizadora. El sueño del macrismo y del empresariado argentino es lograr ahora un nuevo salto en esta misma tendencia. Como ya señalamos esta no se revirtió durante los años de los Kirchner, pero todo lo logrado resulta insuficiente a la luz de las “modernizaciones” en las relaciones laborales que se vienen imponiendo en todo el mundo, desde Inglaterra y Francia hasta Brasil.

La ilusión de que una “cesión” en los derechos que todavía conserva el colectivo trabajador en aras de atraer inversiones pueda ser una vía para mejorar los indicadores sociales, es simplemente eso, una ilusión. En los hechos, detrás de este relato neodesarrollista del macrismo está la necesidad del empresariado argentino (y de la burguesía extranjera que acumula capital en el país y gira ganancias a sus casas matrices) de imponer un abaratamiento de la fuerza de trabajo, pero no para la “liberación las fuerzas de la producción” como promete el borrador macrista, copiando la fórmula utilizada por José Alfredo Martínez de Hoz cuando fuera ministro de Economía de la dictadura instaurada en marzo de 1976, sino sencillamente para asegurar la continuidad de las ganancias y la perpetuidad de las fugas y remesas de utilidades. En las condiciones impuestas por el globalismo neoliberal que el gobierno de Macri abraza de manera entusiasta a contramano de la pérdida creciente de consenso que este registra incluso en la principal potencia imperialista5, la “vuelta al mundo” que se propuso cambiemos significa competir de manera descarnada por abaratarle los costos al capital global, en una verdadera carrera hacia el abismo6. El resultado es que el “renunciamiento” de aspiraciones que el gobierno y las patronales exigen de los trabajadores en aras de “abrazar” el futuro, solo servirá para que el capitalismo dependiente argentino continúe su círculo vicioso que no hace más que reproducir el atraso.

Es una tarea fundamental para el movimiento obrero, junto a todos los demás sectores oprimidos, proponerse derrotar esta contrarreformas con la cual el gobierno quiere imponer un nuevo salto en el cambio estructural en las relaciones laborales a favor del capital.

  1. Esteban Mercatante, “Reforma laboral con aroma a los ‘90”, La Izquierda Diario, 27/10/17.
  2. Ver los dossier de IdZ 5 (noviembre 2013) e IdZ 20 (junio 2015) para un análisis de la precarización durante los gobiernos kirchneristas.
  3. Esteban Mercatante, La economía argentina en su laberinto, Buenos Aires, Ediciones IPS, 2015, p. 129.
  4. Ibídem, p. 131.
  5. Esteban Mercatante, “El imperialismo en tiempos de Trump: fuego, furia y estrategias en disputa”, IdZ 40, agosto-septiembre 2017.
  6. Esteban Mercatante, “Una carrera hacia el abismo”, IdZ 30, junio 2006

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