La colonia más antigua de América Latina

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ALEJANDRO SCHNEIDER

N.2, agosto 2013

 

A más de doscientos años del inicio de la lucha por la independencia en diversos países latinoamericanos, Puerto Rico ocupa un lugar peculiar, continúa siendo un enclave colonial. Es un caso de colonialismo clásico como forma extrema de dominación política, económica, social y cultural.

El archipiélago de Puerto Rico fue descubierto por los españoles durante el segundo viaje de Cristóbal Colón en 1493. Años más tarde, el territorio comenzó a ser expoliado por los conquistadores ibéricos, primero extrayendo oro, y luego, diferentes productos agrícolas: azúcar, café y tabaco. Sin embargo, esta injerencia colonial no fue totalmente sencilla. En el transcurso de su historia hubo una miríada de revueltas populares que cuestionaron el dominio europeo. A pesar de los sucesivos fracasos, la idea de independizarse de España permaneció en el transcurso del siglo XIX. La máxima expresión de este descontento se manifestó en el mes de septiembre de 1868 con el Grito de Lares. Durante esas jornadas se produjo el principal estallido popular con el fin de crear una nación libre y soberana. Si bien la revolución fue rápidamente derrotada por las tropas hispanas, su legado y recuerdo permaneció en el tiempo.

A partir de la firma del Tratado de París de 1898, el archipiélago caribeño pasó a depender del Congreso de los Estados Unidos. Poco tiempo después, el dominio colonial se reforzó con la Ley Foraker de 1900 (por la cual se creó un “gobierno civil” digitado desde Washington) y con la Ley Jones de 1917, por la que se impuso a los puertorriqueños la ciudadanía estadounidense. De este modo, junto con diferentes resoluciones del Tribunal Supremo norteamericano, se estableció la condición de territorio no incorporado; en otras palabras, Puerto Rico pertenece a, pero no forma parte de, los Estados Unidos. Asimismo, se acordó que seguía siendo tan solo una posesión territorial, no existiendo la intención de incorporarlo en el futuro como parte de la unión. En la práctica, se convirtió en una gran plantación azucarera, con gobernadores yanquis designados por el presidente de turno, con la bandera del Tío Sam como única enseña, con el intento (infructuoso) de establecer el idioma inglés en la población y con la radicación de numerosas bases militares.

Desde sus inicios, Puerto Rico resultó ser un importante enclave geopolítico para los Estados Unidos en el mar Caribe. Ha servido como cabecera de playa para varias invasiones en la región (Cuba, Guatemala, Granada, etc.). Además, los jóvenes puertorriqueños se han visto obligados a enrolarse en el servicio militar y a combatir en diferentes regiones del mundo. En idéntico sentido, ha desempeñado un papel de vidriera simbólica de un modelo supuestamente exitoso de democracia capitalista ante otros países de la zona; en particular, frente a Cuba tras la revolución de 1959. Por otro lado, sus pobladores se han sometido (sin su consentimiento) a distintos tipos de estudios y experimentos medicinales. Entre otros, uno de los casos más renombrados y reconocido por Estados Unidos, fue un ensayo humano que se hizo (entre 1949 y 1951) para conocer los defectos de la vacuna contra la tuberculosis.

 

Los mecanismos de sometimiento

Ahora bien, ¿cómo se ha sostenido y reproducido esta situación colonial? En el transcurso de su historia, Estados Unidos implementó diversos mecanismos para mantener el control en la zona. En todas las ocasiones se buscó asimilar a los puertorriqueños sin integrarlos políticamente a la metrópoli; a la vez, intentó impedir por cualquier medio la independencia. Para consolidar esta política de intervención, el poder imperial combinó (en distintas coyunturas históricas) instrumentos de orden jurídico, ideológico, económico y represivo. En términos jurídicos, una de las disposiciones adoptadas fue la de concederles la ciudadanía estadounidense. Su propósito no fue el de incorporarlos como otro estado de su federación; por el contrario, su intención fue frenar el avance de las ideas nacionalistas.

En términos de conformar un sistema de cooptación ideológica se buscó fomentar la imaginaria creencia de que la sociedad puertorriqueña necesita estar bajo la dependencia norteamericana, inculcándoles (como en otras situaciones coloniales) un sentimiento de inferioridad. Dentro de este escenario, el proceso más importante de asimilación fue la creación del Estado Libre Asociado (ELA) en 1952; por medio del cual se concedió un estatus político de pseudo soberanía, encubriendo con este manto jurídico una relación de dominación vigente hasta el presente. De este modo, Puerto Rico se transformó en una colonia moderna con acceso a ciertos derechos civiles y sociales, con poderes limitados sobre cuestiones locales atinentes a la educación, vivienda, salud, impuestos y cultura. Por su parte, la metrópoli yanqui continuó interviniendo en los asuntos referentes a defensa, moneda, ciudadanía, inmigración, transporte, comunicación, aduana y comercio exterior. Sin embargo, las leyes norteamericanas se reservan el derecho de anular cualquiera de las normas dictadas por el parlamento o las autoridades del archipiélago.

Por otro lado, al calor de numerosas protestas en la década del cincuenta, el gobierno estadounidense, en el marco de la guerra fría, decidió que determinados símbolos que reafirman la puertorriqueñidad, fueran aceptados como partes integrantes del aparato ideológico de dominación. De este modo, al incorporarse el español como lengua oficial y la bandera boricua en las oficinas estatales, entre otras prácticas identitarias, se fue canalizando desde Washington algunos reclamos del independentismo mientras no se alteraba en lo substancial el proceso colonizador. Cabe subrayar que este proceso jurídico fue acompañado, desde entonces y hasta el presente, por el visto bueno de las dos principales organizaciones políticas: el Partido Popular Democrático (PPD) y el Partido Nuevo Progresista (PNP). Ambas fuerzas siempre actuaron en defensa del régimen colonial.

En cuanto a los instrumentos económicos, el archipiélago caribeño transitó por distintos mecanismos de dependencia con la metrópoli. En primer lugar, continuó con la producción de materias primas para su exportación; posteriormente se inició un proceso manufacturero según las necesidades del capital yanqui, sobre la base de exiguos salarios y con notables exenciones contributivas para las corporaciones estadounidenses.

Todo esto en un marco donde la población es una consumidora cautiva de bienes norteamericanos cuyo valor se encuentra encarecido por el monopolio que ejerce Estados Unidos en el transporte marítimo. Por otra parte, desde la década de 1930 ha recibido diversos fondos federales de ayuda del gobierno norteamericano con el fin de conservar la dependencia económica y política. Asimismo, estos, a su vez, sirvieron para mantener ideológicamente subordinados a vastos grupos de la sociedad. En forma paralela, la política de asimilación se consolida con el permanente flujo migratorio de isleños hacia los Estados Unidos. El movimiento poblacional se convierte en una clásica válvula de escape (incluso alentada por los gobiernos) frente a las reiteradas crisis económicas y a la desocupación. Cabe indicar que los desplazamientos son continuos y que se dan en ambos sentidos; por lo tanto, pocas veces se quiebran los lazos sociales, económicos y culturales con la comunidad de origen. La mayoría de los miembros que integran la diáspora se siguen autoreferenciando como boricuas; en consecuencia, se ha conformado en el transcurso del siglo XX (y durante la presente centuria), en términos demográficos, en una nación dividida entre la isla y el continente. Sin embargo, este fenómeno ha provocado disímiles consecuencias. Entre otras, el hecho de que se pueda obtener un empleo gracias a la posesión de la ciudadanía yanqui ha intervenido en la conveniencia (o no) de luchar por la independencia.

Por último, no por eso menos importante, otro de los factores que operó para la sujeción política fue la utilización de la represión. La misma se dirigió contra todos aquellos (individuos o grupos) que expresaron su deseo de emancipación. De este modo, se recurrió desde el control de los medios de comunicación hasta la persecución de personas, pasando por el uso de detenciones, torturas y asesinatos. Sin duda, el primer hecho represivo fue la propia ocupación militar del territorio en 1898. Desde ese momento, la vigilancia, el control y el castigo sobre la población fue una práctica coercitiva que se empleó en forma ininterrumpida hasta el presente.

Cabe observar que el accionar estuvo ejercido tanto por diversas agencias federales como por fuerzas de seguridad del gobierno local; en numerosas oportunidades, incluso con la complicidad de agrupaciones políticas, del sistema judicial o la propia delación de los ciudadanos. El independentismo, en el transcurso de toda su historia, ha sufrido un sinfín de acciones represivas. En la década de 1930, las fuerzas coloniales asesinaron y encarcelaron a numerosos nacionalistas en las masacres de Río Piedras (1935) y en Ponce (1937). En los años siguientes, se aplicó la Ley de la Mordaza, por la cual las autoridades castigaban a todas aquellas personas o grupos que de manera pública (en forma oral o escrita) defendían los ideales de la independencia.

Con el establecimiento del ELA, las acciones represivas no cesaron; por el contrario, se perfeccionaron. Al calor de los choques contra el envío de jóvenes al sudeste asiático, el rechazo a la extracción minera, la campaña por la excarcelación de los presos políticos o las protestas por las bases militares norteamericanas, los diferentes gobiernos locales junto con los mandatarios estadounidenses, desarrollaron un conjunto de medidas persecutorias y represivas. De todas estas disposiciones, una de las acciones más violatorias de los derechos civiles fue la realización de un fichaje institucional, sistemático, permanente y generalizado de independentistas, ambientalistas, sindicalistas, religiosos, feministas, etc. Si bien estos operativos (conocidos con el nombre de “carpeteo”) funcionaron desde 1898, alcanzaron su máxima expresión entre 1960 y 1990, cuando fueron denunciados en forma pública, aceptando las autoridades su existencia. Como corolario a estas acciones, y no satisfechos con las mismas, la metrópoli y los mandatarios locales, también asesinaron a más de una docena de luchadores: entre otros, a la estudiante Antonia Martínez Lagares (1970) y a los jóvenes Arnaldo Darío Rosado y Juan Soto Arriví en el Cerro Maravilla (1978).

Cabe recalcar que el empleo del accionar represivo también se usó para advertir y atemorizar a la población a través de medidas con un fuerte carácter simbólico. La principal de ellas fue el asesinato del fundador del Ejército Popular Boricua, Filiberto Ojeda Ríos, el 23 de septiembre de 2005, aniversario del Grito de Lares, la jornada más importante del movimiento independentista. Al respecto, sobre este crimen, corresponde indicar que el mismo fue perpetrado por agentes de seguridad enviados desde Norteamérica debido a que Washington no confió, para la realización de esta tarea, en las fuerzas policíacas de la isla. Finalmente, es necesario subrayar que aún se

encuentran en las cárceles federales de Estados Unidos varios prisioneros independentistas; entre otros, Oscar López Rivera, el convicto político más antiguo del hemisferio.

 

El prisionero político más antiguo del hemisferio

López Rivera, como muchos puertorriqueños, se trasladó con su familia a Norteamérica cuando era adolescente como forma de salir de la crisis que asolaba por esos años en la isla; poco tiempo después, fue reclutado para combatir en Vietnam. De regreso a Estados Unidos, frente a las condiciones deplorables y el racismo que sufría la comunidad boricua en Chicago, comenzó a organizar –con otros miembros de la colectividad– distintas actividades contra el maltrato de la policía, las condiciones miserables de vivienda y la discriminación en los ámbitos laborales y educativos. En ese sentido participó en varios programas educativos para la expansión de la educación bilingüe en las escuelas públicas y para la reinserción de jóvenes con problemas de adicción. Luego, ante la constante represión de esas tareas, decidió incorporarse a un movimiento armado para luchar por la independencia de Puerto Rico y, a la vez, enfrentar la opresión en que se encontraba sometida la diáspora.

En 1981 fue arrestado y condenado a cincuenta y cinco años de prisión por conspiración sediciosa. Un tiempo después, como resultado de un complot gubernamental (se le adjudicó un falso intento de escape) le añadieron quince años de

sentencia, los que comenzaría a cumplir después de terminar con la primera condena. Durante ese período, Oscar fue recluido en prisiones de máxima seguridad, en condiciones no muy diferentes a las de Guantánamo, con un aislamiento total en Unidades de Control, sin contacto físico, sin acceso al aire fresco, encerrado veintitrés horas al día. En el 2008 fue trasladado, por primera vez, a una prisión de seguridad media, con la única condición de que se presentara cada dos horas para las verificaciones del personal.

En 1999, tras una fuerte campaña internacional, Bill Clinton excarceló bajo palabra a once prisioneros políticos compañeros de Oscar. Sin embargo, este se negó a aceptar el indulto hasta que todos los acusados se encontraran en libertad; con el tiempo, todos los detenidos en la década del ochenta fueron liberados, excepto López Rivera. En este sentido, es sorprendente que alguien que condicionó su propia excarcelación a la libertad de sus compañeros conspirara para fugarse de la prisión. Más aún cuando hoy en día la justicia yanqui reconoce oficialmente que fue un invento dicha acusación.

Mientras el gobierno de Estados Unidos pretende dar lecciones de libertad, democracia y derechos humanos al resto del mundo, y el premio Nobel de la Paz Barack Obama se lamenta por el confinamiento que tuvo Nelson Mandela en Sudáfrica, el último 29 de mayo se cumplieron treinta y dos años del confinamiento de Oscar, siete más que Madiba.

Al igual que lo sucedido en su momento con Sacco y Vanzetti, como con otros presos políticos, el movimiento obrero y el estudiantado se tienen que pronunciar por la liberación de Oscar López Rivera.

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