En el nombre de Belén

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ENTREVISTA A SOLEDAD DEZA, ABOGADA DEL CASO BELÉN

Número 33, septiembre 2016.

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El 21 de marzo de 2014, Belén ingresó a la guardia del hospital Avellaneda de Tucumán con fuertes dolores estomacales. Fue inmediatamente privada de su libertad y acusada de practicarse un aborto. Dos años después, el 19 de abril de 2016, fue condenada a 8 años de prisión. Luego de numerosas marchas y en el marco de una campaña nacional e internacional, el 18 de agosto recuperó su libertad. Ideas de Izquierda entrevistó a Soledad Deza, abogada defensora de Belén.

En la madrugada del 21 de marzo de 2014, Belén ingresó a la guardia del Hospital Avellaneda con fuertes dolores estomacales. Fue derivada al Servicio de Ginecología y ahí comenzó una cadena de maltratos que llevó a la privación de la libertad de la joven de 27 años. El médico que la atendió le informó que estaba teniendo un aborto espontáneo, Belén afirmaba –y lo repitió en cada una de sus declaraciones, respaldada por testimonios de su entorno– que no sabía que estaba embarazada. El 19 de abril de este año, los jueces Dante Ibáñez, Rafael Macorito y Fabián Fradejas (de la Sala III de la Cámara Penal) condenaron a Belén a 8 años de prisión por “homicidio doblemente agravado y por alevosía” .

Durante todo este proceso judicial plagado de arbitrariedades, Belén estuvo presa. Con un apoyo nacional e internacional muy importante, Belén recuperó su libertad el 18 de agosto.

La causa está en la Corte Suprema de Justicia de Tucumán esperando que se resuelva el recurso de casación que hemos planteado para ver rever la condena. Nosotros hemos pensado que si bien hemos dado un gran paso, que es haber obtenido la libertad de Belén, el cese de su prisión preventiva queda todavía que Belén esté libre de toda culpa y cargo. Para eso necesitamos que se revierta su condena, que se la anule y que, finalmente, se la absuelva para que su inocencia esté intacta, comenta Soledad Deza, quien asumió la defensa de la joven tras la condena.

 

IdZ: ¿Cuáles son los planteos que se realizaron desde la defensa para pedir la revocatoria del fallo?

En el recurso de casación hay tres líneas. Por un lado, la negligencia de la defensa técnica, donde nos hemos centrado en la defensora oficial. Porque si bien Belén tuvo tres defensores (uno estuvo cinco días) en toda la etapa de la instrucción, cuando se recolectan las pruebas en las que se basará la acusación, la acompañó la defensora oficial de la III nominación, doctora Norma Bulacio. Finalmente tuvo otro defensor, que es el que apeló la elevación a juicio pero que abandonó la causa. Entonces en los momentos más importantes, la instrucción y el juicio oral, la acompañó la defensora oficial que le proporcionó el Estado.

Esa defensa técnica fue negligente. Por un lado, porque no ha cuestionado el cuadro probatorio. La investigación de Belén se basa en pruebas que son contradictorias entre sí, algunas son pruebas ilegales porque son productos de la violación del secreto profesional y, finalmente, hay pruebas que son determinantes para la conclusión y que no se las ha tenido en cuenta. La defensora no ha cuestionado ninguna de las pruebas, simplemente lo que ha hecho es argumentar un estado puerperal. Eso también lo cuestionamos porque contraría la propia declaración de Belén. Belén en todas las oportunidades dice “yo no sabía que estaba embarazada”, “yo no he matado a nadie, no es verdad lo que están relatando”. Sostenemos que prácticamente se la ha colocado en un estado de indefensión.

Por otro lado, hemos cuestionado la ilegalidad de los testimonios de los profesionales de la salud. Precisamente porque están impedidos de revelar los datos que conocen a partir de la relación médico-paciente. Entonces lo que hay ahí es la violación del estado de confidencialidad, un derecho de Belén como paciente según la ley 26.529, y además podría haber un delito.

El Código Penal tipifica la revelación de secretos sin justa causa como un delito. Y finalmente lo que hemos planteado es lo que técnicamente se denomina arbitrariedad en la valoración de la prueba, donde ya analizamos puntualmente cómo se contradice cada prueba entre sí. Por ejemplo la historia clínica que habla de dos, tres o más fetos, hay edades de gestación diferentes, colores de piel y sexos diferentes. Además hay contradicciones entre pruebas diferentes. Distintos testimonios o distintas actas policiales que muestran que no hay una escena del crimen identificada, se habla de horarios diferentes.

 

IdZ: Muchas veces has mencionado que hay una suerte de patrón en cómo funciona la Justicia en estos casos y que se ha demostrado en Belén.

Cuando escribimos con Mariana Álvarez y Alejandra Iriarte el libro Jaque a la Reina hemos analizado los casos de abortos judicializados en Tucumán entre 1992 y 2012. Lo que observamos ahí es que no es la primera vez que se judicializa un aborto espontáneo. Cerca de un 21 % de las causas tiene un aborto espontáneo, un aborto natural en su carátula.

Esto quiere decir que un evento obstétrico adverso, donde no media voluntad de la paciente, es criminalizado desde el sector de la salud. Quiere decir que hay una colaboración del sector de la salud y la Justicia. Estamos hablando de causas penales donde lo que se investiga es un hecho que no es ilícito, pero al mismo tiempo la sola carátula demuestra que ha intervenido personal de la salud mediante la violación del secreto profesional, mediante la confección de esa causa porque se recurre a diagnósticos médicos. La Justicia colabora no archivando esas causas, por eso es que yo hablo de una tríada entre la Policía, la Salud y la Justicia. Por eso hablo de este patrón, Belén no es la primera causa.

 

IdZ: En el libro se mencionan otros casos que puede considerarse antecedentes del de Belén, ¿qué los une?

Puntualmente, el caso denominado María Magdalena. Las dos son mujeres que llegan con un evento obstétrico adverso a un hospital público. María Magdalena llega a la Maternidad Nuestra Señora de la Merced, y Belén al Hospital Avellaneda. Las dos llegan a la madrugada, uno puede pensar que es un momento de desesperación el que te lleva a ir a un hospital a esa hora. Las dos llegan acompañadas de familiares. Las dos son atendidas y sospechadas de un aborto, las dos son denunciadas por sus médicos. Frente a la sospechas las dos son enfrentadas a personal policial. A los familiares de las dos se le muestran fetos, y las dos terminan inmersas en un proceso penal. ¿Cuál ha sido la diferencia? En el caso de María Magdalena ella contó con una defensa desde un primer momento. Eso llevó a que si bien estuvo procesada tres años, María Magdalena ni pisó Tribunales para declarar. Finalmente fue absuelta, precisamente por la violación del secreto profesional. Mientras que en el caso de Belén no tuvo una defensa, entró directamente en un penal, que es de dónde salió con una defensa con otra mirada y con el acompañamiento de todo el movimiento de mujeres.

 

IdZ: Incluso en el caso de María Magdalena, los médicos fueron respaldados por Rossana Chahla, en ese momento directora de la Maternidad y actualmente ministra de Salud provincial.

Es muy importante lo que vos decís. Ella dijo que no hubo violación del secreto profesional, está la nota periodística donde dice que ante la sospecha de maniobras abortivas deben denunciar. Eso es un antecedente en términos de política sanitaria. Nosotros tenemos que pensar que hay un déficit de formación de profesionales de la salud, puede mediar la mala fe, pero a la vez hay un lineamiento político que la coloca a Belén en la cárcel.

 

IdZ: Hay una participación explícita en el caso de Belén de los agentes de salud, muchas veces ligados a sectores oscurantistas de la Iglesia católica.

 

Los mismos sectores objetores de conciencia, la primera forma de objeción que tienen es negar algunas prestaciones de salud, en general vinculada a la salud sexual reproductiva. Lo que pasa es que la situación pos aborto lo que presenta es un hecho consumado. La violación del secreto profesional es quizás el último recurso que tiene el objetor para criminalizar, censurar y castigar aquello con lo que no acuerdan moralmente. No es accidental la violación del secreto, tiene una vuelta de tuerca de la objeción que les permite como último recurso aplicar un castigo.

 

IdZ: Además, han recibido apoyo del director del hospital y del sindicato.

Con respecto a ese abrazo simbólico (al Hospital Avellaneda, NdR) es que no se trata de que los profesionales de la salud se abroquelen detrás de conductas antijurídicas para demostrar compañerismo. El compañerismo y la solidaridad pasa por otros lugares. Estamos hablando de violación de derechos, de falta a responsabilidades y obligaciones éticas y morales por parte de los profesionales de la salud. Hay que separar las aguas de lo que es apoyar a compañeros en una situación conflictiva de trabajo, como puede ser un reclamo gremial, de los actos que reflejan una apología del delito.

 

IdZ: Mencionaste una voluntad para castigar, esto también se refuerza con la ilegalidad del aborto.

El aborto está penalizado en líneas generales, salvo en el caso de una gestación forzada o una gestación que pone en riesgo a la mujer. La interrupción voluntaria del embarazo está penada. ¿Qué es lo que ocurre? Esa criminalización, ese delito, inscribe en el imaginario social todos los abortos como crímenes. Entonces en el caso de Belén no hubo delito, hubo un aborto natural.

De todas formas, aun en el caso de los abortos provocados, tampoco corresponde que se los criminalice en el marco de la atención sanitaria. Porque se estaría utilizando una posición de poder en una relación que es asimétrica, como es la relación médico-paciente, para aprovecharse de lo que se conoce en uso de ese poder y usarlo en perjuicio de la paciente. Lo que yo digo no es novedad, se ha resuelto en el plenario Natividad Frías, en el fallo Valdiviezo de la Corte Suprema y está apoyado en un marco normativo.

La excusa que han puesto en general los parlamentarios para no debatir la legalización del aborto es que no hay presas por aborto. Esto ha frenado la agenda para discutir esto durante estos años, el proyecto de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto lleva diez años, ha sido presentado seis veces. Lo que muestra el caso de Belén es que esta excusa de decir “no se aplica”, en realidad sí se aplica. Una mujer estuvo presa. Es una deuda pendiente que tiene que saldar el Congreso. Lo tiene que debatir, por tres cosas. Primero, es una cuestión de salud pública. Segundo, porque es una cuestión de ciudadanía de las mujeres, una demanda legítima. Finalmente es una deuda de nuestra democracia para que no exista ninguna Belén más en el país.

 

IdZ: En el libro también se menciona una selectividad en el sistema penal en relación a los casos criminalizados, ¿en qué consiste?

El protocolo para la atención de la interrupción voluntaria del embarazo, que hizo el Ministerio de Salud el año pasado, reconoce que en el país hay entre 179 mil y 500 mil abortos por año que se hacen en la clandestinidad. Basta hacer un relevamiento para darse cuenta que por un lado, quienes ingresan al sistema penal son las mujeres con escasez de recursos; por otra parte, de los casos que relevamos solo el 3 % (dos causas) tienen como imputados a los profesionales de la salud, en el resto están criminalizadas las mujeres. Si lo unimos al hecho de que son mujeres que salen de la salud pública, entonces son las mujeres pobres las que ingresan al sistema penal.

 

IdZ: Precisamente en materia de salud pública, Tucumán continúa sin adherir al Protocolo de aborto no punible, a la Ley de salud sexual y procreación responsable y a la Ley de educación sexual.

Lo que muestra la falta de adhesión a las leyes es que no hay una voluntad política. Pensemos en la ley de salud reproductiva que trabaja en tres ejes: la provisión de anticonceptivos, capacitación de efectores y campañas de difusión. No quiere decir que las mujeres no tienen derecho a que les provean en un hospital público de anticonceptivos. Lo que quiere decir es que al no haber adherido a la ley las mujeres tienen menos herramientas para exigir. Como contracara hay un Estado que muestra que la salud sexual y reproductiva no figura en la agenda. Hay un vacío que coadyuva en embarazos no deseados, a la falta de información. Tenemos un Estado que se olvida de dar educación sexual, que se olvida de dar anticonceptivos pero se acuerda de meter presas a las mujeres.

 

IdZ: Algunas legislaturas como la de CABA se han pronunciado a favor de Belén, ¿cuál fue la actitud de la Legislatura tucumana en relación a Belén y las leyes que mencionamos?

Creo que está en sintonía con la falta de lugar en la agenda política sanitaria que tiene la salud sexual y reproductiva de la población. ¿Qué debería haber hecho la Legislatura desde el 2003, que está el programa? Haber adherido, no es accidental que no se haya adherido. Ha habido proyectos para hacerlo. Una mirada crítica del derecho nos tiene que mostrar que importa lo que se dice, importa lo que se calla. Frente a la decisión de hacer o no, no hacer es un posicionamiento.

 

IdZ: Por el contrario, han promovido leyes como “el día del niño por nacer” o declarar a Tucumán como “una provincia pro vida”.

La sanción de ese tipo de leyes no satisface ninguna necesidad, lo que hace es congraciarse con los sectores conservadores del poder, que son a los cuales históricamente se afilian nuestros representantes políticos, sobre todo en el NOA.

 

IdZ: Buscan dar un mensaje político.

Construyen un mensaje político, abonan algunas posiciones radicales frente a ciertos temas y dificultan algunos debates.

 

IdZ: Además esto se da en la provincia que actualmente gobierna Juan Manzur, quien fue ministro de Salud de la Nación entre 2009 y 2015.

En el 2014 y 2015 yo trabajé en el programa de salud sexual que dependía del ministerio de Salud, estando en funciones Manzur. Hicimos varios protocolos relacionados. ¿Por qué la provincia no ha tomado decisiones en materia de salud sexual y reproductiva? No sé, habría que preguntarle a él.

Tendría que ver qué pasa en Tucumán, ¿cuáles son los intereses que dan vueltas en Tucumán? ¿Por qué es más importante la posición de los sectores conservadores? ¿Por qué hemos tenido un Bicentenario codo a codo con la Iglesia Católica? Recordemos que en el año 2008 cuando se quiso implementar la ley de educación sexual hubo fuertes posicionamientos de la Iglesia católica. Luego de que salió el fallo F.A.L., en el 2012, hubo un llamado público a la objeción de conciencia por parte del obispo, movilizaciones.

 

IdZ: En este contexto adverso, ¿cómo valoras la organización de las mujeres para conquistar la libertad de Belén?

El rol del movimiento de mujeres ha sido central. Me parece que va a haber un antes y un después de la Mesa por la Libertad para Belén. Por varias cosas, en primer lugar porque la Mesa tiene un arco político bien amplio que ha permitido que marchen por una causa vinculada al aborto; que este arco político esté marchando, respaldando cada uno a su forma, pero todas en la misma línea, me parece muy importante.

Por otra parte me parece que es muy importante que nos hayamos podido encolumnar y encontrar un código común detrás de una estrategia jurídica. Aquí hay una estrategia jurídica pero detrás hay una Mesa que estuvo ocupada de absorber argumentos, entender argumentos y de amplificarlos. Eso también ha fortalecido el discurso y la posición de la Mesa.

Creo que uno ha mostrado una solidez, y eso es lo que ha posibilitado que hayamos nacionalizado una marcha. Es histórico que Tucumán haya nacionalizado una marcha por los derechos de las mujeres.

Pensemos en las marchas contras las violencias, a la propias mujeres nos costaba meter la demanda del aborto, que tiene que ver con otras formas de violencia. La violencia la teníamos acotada a la violencia doméstica, física. Ha sido un gran crecimiento para todas. El hecho de continuar unidas, tener como perspectivas continuar esta Mesa para los reclamos que nos unen a las mujeres me parece una muestra de solidez muy grande. Yo me siento muy orgullosa.

 

Entrevistó: Alejandra Arreguez.

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