El sindicalismo brasilero frente al golpe

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ANDRÉIA GALVÃO

Número 33, septiembre 2016.

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Brasil atraviesa hoy una doble crisis, económica y política, que repercute negativamente sobre las condiciones de trabajo y de vida de las clases populares. La crisis económica afectó el crecimiento del PBI, que cayó un 3,8 % entre el 2015 y el año anterior. El desempleo pasó de 6,5 % en el último trimestre de 2014 a 11,6 % en el trimestre que cerró en julio de 2016. La informalidad, que venía en una trayectoria de caída hasta el 2013, también aumentó.

A ese escenario económico negativo se suma, desde la reelección de Dilma Rousseff en 2014, un período de inestabilidad política que, gracias al apoyo decisivo de los medios y del Poder Judicial, culminó en un golpe institucional perpetrado por el Congreso Nacional. Con el impeachment de Dilma, una serie de amenazas a derechos sociales y laborales vienen siendo anunciadas. El programa del gobierno “Un puente para el Futuro”, presentado por el vicepresidente Michel Temer para ganar el apoyo de las clases dominantes al golpe, retoma la agenda neoliberal de los años 1990, proponiendo entre otras medidas que la negociación colectiva tenga mayor jerarquía que la ley, la ampliación de la tercerización a todos los tipos de actividad y una nueva reforma previsional, que pretende instituir la edad mínima de 65 años para la jubilación de hombres y mujeres y terminar con la indexación de los beneficios previsionales por el salario mínimo.

¿Cómo se insertan los sindicatos en esta coyuntura? ¿De qué manera son afectados e intervienen en la crisis? ¿Cuáles son las diferencias en relación al período en que el gobierno estuvo bajo el comando del PT?

Defendemos la hipótesis de que, en un contexto de crecimiento económico, como el verificado hasta 2014, la proximidad entre el movimiento sindical y el gobierno inhibió la confrontación sistemática de intereses de las organizaciones sindicales y de los trabajadores representados por ellas. Sin embargo, en un contexto de deterioro económico, el combate a los derechos volvió con fuerza a la escena política.

Es cierto que muchas de las medidas ahora propuestas fueron planteadas en discusión ya en el gobierno de Dilma, de forma que no son fruto del golpe sino de las contradicciones y tensiones que marcaron los gobiernos del PT. Sin embargo en un gobierno ilegítimo compuesto exclusivamente por hombres blancos, apoyado por las clases dominantes y cuestionados por los movimientos sociales, aumentan las posibilidades de profundizar el retroceso social.

 

El movimiento sindical en los gobiernos del PT

Los gobiernos del PT fueron sostenidos por una amplia, aunque heterogénea, coalición político-partidaria que incluía de un lado a los partidos de centro y de derecha, así como sectores de la burguesía, y de otro, sindicatos y movimientos sociales. Las 6 centrales sindicales oficialmente reconocidas, entre las cuales las más importantes son la CUT y Força Sindical (FS), apoyaron hasta el 2014 el gobierno de Dilma1.

Ese apoyo llevó a una moderación política en la cúpula del movimiento sindical, que optó por invertir prioritariamente en los espacios de actuación institucional para presentar sus demandas. Movilizaciones también hubo, pero en menor intensidad y con características que corroboran la hipótesis de la moderación. Los militantes fueron sustituidos por abanderados pagados por las organizaciones sindicales, las consignas dieron lugar a globos inflables con el logo de las centrales, las movilizaciones y actos en las grandes ciudades fueron sustituidos por marchas a Brasilia. Así, las movilizaciones adquirieron un carácter más demostrativo que organizativo y politizador.

Otra dimensión de moderación política reside en el hecho de que las centrales sindicales no cuestionaban el modelo de desarrollo adoptado por el gobierno, antes bien, buscaban su perfeccionamiento. Así, se restringieron a luchar por el crecimiento económico y distribución de renta al interior del proyecto, aceptando el reformismo débil y sin confrontación con el capital practicado por el “lulismo”2. Una excepción a esa posición fue la estrategia adoptada por las minoritarias CSPConlutas e Intersindical, organizaciones de izquierda que surgieron de una escisión de la CUT y que no cumplen los requisitos de representatividad para ser oficialmente reconocidas.

Esas centrales fueron oposición a los gobiernos del PT, señalando las contradicciones y los límites del proyecto neodesarrollista que, en la práctica, inviabilizaban la atención de gran parte de las demanda sindicales, como la reducción de la jornada de trabajo sin reducción salarial, el fin de los despidos sin justa causa, el derecho de negociación en el sector público y el fin de la tercerización.

El sindicalismo brasilero siguió, a lo largo de los gobiernos del PT, signado por el corporativismo estatal, siendo un sindicalismo de dirigentes, poco arraigado en el lugar de trabajo. Aun así, los sindicatos protagonizaron importantes conflictos motivados sobre todo por cuestiones de naturaleza salarial. Desde 2008 es posible señalar una tendencia de aumento en la cantidad de huelgas3. Pero la eficacia del sindicalismo para movilizar a los trabajadores en nombre de demandas económico-corporativas contrasta con su baja capacidad de movilizar alrededor de reivindicaciones más amplias, que exigían cambios en la legislación y en las políticas públicas. Eso queda en evidencia cuando comparamos las marchas nacionales “de la clase trabajadora”, en defensa del aumento del salario mínimo y de derechos sociales, con las manifestaciones de junio de 2013.

Las manifestaciones de 2013 nos permiten sostener la hipótesis de que los sindicatos perdieron el liderazgo de las calles para otros movimientos sociales, como el Movimiento por el Boleto Gratuito (MPL por sus siglas en portugués), el gran organizador y protagonista de las jornadas del 2013, los movimientos sin techo y los movimientos que se oponen a las deslocalizaciones provocadas por la construcción de usinas hidroeléctricas, puertos, estadios de fútbol, sobre todo en el contexto que precedió al Mundial de fútbol de 2014. La convocatoria, por parte de las centrales sindicales, de dos jornadas unitarias de luchas y paros, en julio y agosto de 2013, con el objetivo declarado de “hacer avanzar las demandas de los trabajadores en el Congreso” no alcanzó la misma dimensión de las manifestaciones de junio, a pesar de la amplitud del pliego de reivindicaciones presentado.

Por otro lado, cuando se trata de resistir ataques, las centrales consiguen movilizar a un contingente más amplio de trabajadores y construir un movimiento más unitario, involucrando también a la izquierda sindical. Ese fue el caso de las dos manifestaciones contrarias al proyecto de ampliación de la tercerización aprobado por la Cámara de Diputados en 2015, en las que Força Sindical (FS) fue la única ausente. Retomando en parte los argumentos favorables a la flexibilización de derechos que marcara su posicionamiento en los años 1990, FS quedó aislada en defensa del proyecto bajo el pretexto de que la reglamentación daría protección a los 12 millones de trabajadores tercerizados.

 

Las calles, de 2013 a 2015

Las manifestaciones de junio fueron heterogéneas, tanto en términos de las demandas presentadas como de los actores involucrados. Sectores de izquierda y de derecha que criticaban a los gobiernos del PT por distintas razones, se encontraron en las calles.

Los críticos por derecha buscaron dislocar el sentido de las manifestaciones, inicialmente contrarias al aumento de tarifas y a la mala calidad del transporte público, para elegir como blanco al gobierno federal, acusándolo de ineficiente, mal gestor y corrupto. Esos segmentos incluyen a los descontentos con las políticas sociales de redistribución de renta (como los programas Bolsa Familia o Minha casa, minha vida) y de acción positiva (como los cupos étnicos-raciales para el ingreso en las universidades y en la función pública), así como con el gasto público destinado a financiar esas políticas.

En 2015 esos segmentos se aprovecharon de las denuncias de corrupción que involucraban empresas estatales y políticos del PT para convocar a manifestaciones por el impeachment de Dilma, manifestaciones que tenían un perfil de clase media4. Sectores populares también participaron de esas manifestaciones, pero no eran mayoritarios. Los datos recolectados a través de distintas encuestas realizadas con manifestantes a favor y en contra del impeachment indican un nítido contraste social y étnico entre sus participantes.

Los sindicatos no tuvieron una participación de peso en las manifestaciones por el impeachment, pero Força Sindical, a pesar de la posición contraria de algunos de sus dirigentes, adhirió al movimiento por la destitución de Dilma, responsabilizándola por la crisis económica y alegando la pérdida de condiciones de gobernabilidad. Conviene destacar que el presidente de FS, el diputado federal Paulinho, desempeñó un papel decisivo para la consolidación de ese proceso.

Los críticos por izquierda, por su parte, denunciaban que el gobierno de Lula mantenía una política económica conservadora, basada en una tasa de interés elevada y en una política fiscal que limitaba los recursos destinados a las políticas sociales. Se contraponían a las exenciones impositivas a los sectores industriales, a la reanudación de grandes obras de infraestructura, así como a las concesiones y asociaciones público privadas, consideradas privatizaciones disfrazadas. En el plano sindical, esos sectores estaban vinculados a la CSP-Conlutas y a Intersindical, cuya capacidad de movilización es pequeña.

A excepción de FS, que apoyó al candidato del PSDB, las centrales oficialmente reconocidas y los más importantes movimientossociales apoyaron a Dilma en las elecciones de 2014. A pesar de que ese apoyo haya sido decisivo para asegurar su reelección, Dilma optó por enfrentar la crisis económica y política con el ajuste fiscal y un programa centrado en la austeridad, contrariando el compromiso asumido en el discurso de asunción de su segundo mandato: “ningún derecho menos”. Esa opción golpeó la relación de los movimientos sociales con el gobierno y le costó la pérdida de una parte significativa de apoyo popular. Las críticas sindicales al gobierno de Dilma se intensificaron, pero la inminencia del golpe llevó a un realineamiento de las posiciones sostenidas por las centrales.

Con el agravamiento de la crisis política en 2015, una parte de la oposición de izquierda se volvió a acercar a los movimientos más próximos al PT en nombre de la defensa de la democracia. En septiembre y octubre de 2015, se crearon dos iniciativas: el Frente Brasil Popular, integrado por la CUT, la Central de los Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), MST, entre otros, y el Frente Pueblo sin Miedo, compuesto por la CUT, CTB, Intersindical y MTST. Ambos tienen una posición semejante, que busca aliar la resistencia al desarme de derechos a la lucha por las libertades democráticas y por reformas estructurales (democratización del sistema político, del Poder Judicial y de las comunicaciones, reforma tributaria, urbana y agraria). La diferencia es que mientras el Frente Brasil Popular minimizaba la responsabilidad del gobierno de Dilma frente a la crisis, atribuyéndola al secuestro de la agenda gubernamental por los intereses derrotados en las elecciones, el Frente Pueblo sin Miedo responsabilizaba al gobierno por la adopción de políticas de austeridad, reducción de inversiones sociales y ataque a los derechos de los trabajadores, instándolo a religarse con su base social. La CSP-Conlutas, por su parte, no integra ninguno de estos frentes, considerando que la defensa de las instituciones democráticas no era más que una excusa para la defensa del gobierno de Dilma. Así organizó sus propias manifestaciones, pronunciándose al mismo tiempo contra el gobierno y contra la oposición de derecha, asumiendo la bandera de “que se vayan todos”.

 

La consumación del golpe

¿Qué estrategia seguir frente al golpe? Además de las diferencias mencionadas arriba, las centrales sindicales se dividen frente a otras dos cuestiones: la relación a establecer con el gobierno de Temer y la posición frente a la propuesta de Dilma de realizar un plebiscito para anticipar las elecciones.

Mientras los sectores sindicales más a la izquierda se rehúsan a negociar con el gobierno interino por no reconocer su legitimidad, los sectores sindicales más a la derecha –además de FS, la Central de los Sindicatos Brasileros (CSB), la Nueva Central Sindical (NCST) y la Unión General de los Trabajadores (UGT)–aceptaron negociar la reforma previsional y a presentar a Temer sus propuestas de cambio en la política económica. Aunque vengan manifestándose en contra de la introducción de una edad mínima para la jubilación, FS y UGT consideran que las primeras medidas anunciadas por el nuevo ministro de Hacienda –como el límite para el gasto público– son “duras” pero “necesarias” para superar la crisis5. La posibilidad de fusión entre estas dos centrales, las más grandes después de la CUT, si se llegara a concretar, llevará a la constitución de una central poderosa y afinada con el ideario neoliberal6. UGT y FS sumadas representarían al 21,37 % de los trabajadores sindicalizados. Si ese porcentual no es suficiente para superar la representatividad de la CUT (que sola responde al 30,40 % de los afiliados), no deja de tener un impacto significativo, pues dará a la central resultante de la fusión el acceso a una tajada mayor de recursos del impuesto sindical. Además, es importante recordar que las centrales vienen negociando una ley para instituir la tasa negocial como contrapartida a los servicios prestados en la negociación colectiva. Aunque esa tasa ya exista, hay cuestionamientos en la justicia sobre la validez de su extensión a los no sindicalizados. Con la ley, los sindicatos podrán efectuar la cobranza sobre todos los trabajadores de su base, y no solo sobre los sindicalizados, lo que aumentará el monto de recursos financieros asegurados por el Estado a los sindicatos y a las centrales sindicales. La aprobación de esta ley podrá garantizar el apoyo de una parte del movimiento sindical al gobierno de Temer.

Por otro lado, si la CUT, la CTB e Intersindical tuvieron un papel importante en la articulación de un frente de resistencia contra el golpe, el movimiento sindical movilizó poco a sus bases en torno a las consignas “No va a haber golpe” y “Fuera Temer”. Es cierto que habían globos y volantes de las centrales en las manifestaciones, y que sus dirigentes tomaban la palabra en los carros de sonido, pero el grueso de las manifestaciones provenía de otros movimientos sociales como el MST, el MTST y movimientos de mujeres, a los que Dilma se acercó en los meses en los que buscó defender su mandato. Había también muchos manifestantes sueltos, no organizados en partidos o movimientos.

Además se nota la ausencia de una estrategia unificada, lo que dificulta las posibilidades de lucha. Las centrales y movimientos sociales que integran los dos frentes contra el golpe se dividieron ante la propuesta de plebiscito. Mientras la CTB y el MTST consideraron que la realización de elecciones sería una forma de resolver la crisis restituyendo la soberanía popular, la CUT y el MST se oponen al plebiscito por entender que nuevas elecciones legitimarían el golpe. El propio PT rehusó la propuesta de plebiscito, pero tampoco se empeñó en organizar a sus militantes en defensa de la vuelta de Dilma, tal vez apostando al desgaste de Temer y a la posibilidad de volver al poder en las elecciones de 2018.

Al contrario de lo que anunciaron cuando la Cámara de Diputados dio luz verde al proceso de impeachment, las centrales sindicales no convocaron a ninguna huelga general. Las movilizaciones no fueron suficientes para frenar el golpe institucional y tal vez no lo sean para impedir sus consecuencias, como la ofensiva sobre los derechos. El momento exige respuestas más incisivas.

 

Traducción: Isabel Infanta.

 

  1. Galvão, Andréia; Marcelino, Paula y Trópia, Patrícia: As bases sociais das novas centrais sindicais, Curitiba, Appris, 2015.
  2. Singer, André: Os sentidos do lulismo, Reforma gradual e pacto conservador, San Pablo, Companhia das Letras, 2012.
  3. Boito, Armando; Marcelino, Paula: “O sindicalismo deixou a crise para trás? Um novo ciclo de greves na década de 2000”, Cadernos CRH 59, vol. 23, 2010, pp. 323-338.
  4. Cavalcante, Sávio: “Classe média e conservadorismo liberal”, en Direita, volver! O retorno da directa e o ciclo político brasileiro de Velasco e Cruz, Sebastião; Kaysel, André; Codas, Gustavo (orgs.). San Pablo, Editora Fundação, Perseu Abramo, 2015, pp. 177-196. Galvão, Andréia: “As classes médias na crise política brasileira” disponible en http://blogjunho.com.br.
  5. “Força Sindical e UGT consideram medidas duras, mas necessárias”, O Globo, 24/05/2016.
  6. Galvão, Andréia: “Uma central para temer?”, disponible en http://blogjunho.com.br.

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