El reforzamiento del poder de la dirigencia sindical

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ALEJANDRO SCHNEIDER

Número 21, julio 2015.

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Como se indicó en el artículo publicado en Ideas de Izquierda del mes de mayo, el presente ensayo continúa analizando los diversos instrumentos que empleó Juan D. Perón durante la década de 1970 para frenar la protesta social por parte de los trabajadores y de la izquierda.

 

Si bien el esquema central donde se enmarcó todo su proyecto fue el Pacto Social, a los pocos meses de su aplicación éste fue seriamente impugnado por el conjunto de la clase obrera. Frente a ello, el líder del justicialismo, entre otras medidas, comenzó a restaurar el cuestionado poder de la burocracia sindical como forma de sostener este acuerdo con la patronal junto con la necesidad de preservar su objetivo estratégico de erradicar a los sectores clasistas del movimiento obrero. Sin embargo, esto no fue un proceso sencillo.

En ese sentido, a fin de cumplir con esos objetivos, Perón, en primera instancia, dio un conjunto de directivas y declaraciones que buscaron cohesionar y disciplinar a los trabajadores alrededor de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) y de las 62 Organizaciones. En segundo lugar, propició una serie de cambios legislativos dirigidos tanto para el encauzamiento de la protesta laboral como para el fortalecimiento de la cúpula gremial ante el crecimiento de la izquierda y el clasismo dentro del movimiento obrero.

De esta manera, durante el gobierno de Raúl Lastiri se observó un reforzamiento de los lineamientos doctrinarios del justicialismo y un desplazamiento de los sectores de la juventud a favor de la burocracia sindical en diversos cargos políticos y en el diseño de la segunda campaña electoral de 1973. A la vez, el anciano general advirtió que comenzaba a emplear diferentes mecanismos coercitivos extralegales como forma de contener la protesta social.

Para la dirigencia laboral, el ascenso del octogenario militar abrió la posibilidad de imponerse sobre los sectores de la Tendencia, escalando posiciones dentro del gobierno. El poder sindical sintetizó en esos años una práctica política y gremial que venía llevándose a cabo por casi dos décadas. Debe considerarse que durante el período posterior a 1955, sobre todo en la década del sesenta, el liderazgo gremial se fue fortaleciendo tanto en el conjunto del justicialismo como en el seno de la sociedad. Ante el nuevo escenario, sus intereses corporativos debieron subordinarse al proyecto político de Perón y a la relativa corresponsabilidad en la gestión económica. Como contrapartida, el jefe justicialista precisó el lugar de la burocracia en su esquema de poder: tanto en la estructura partidaria como en su gobierno. Así lo manifestó en un discurso pronunciado, en la central obrera, el 8 de noviembre de 1973. En él fustigó a aquellos que querían cambiar la doctrina del movimiento y la ideología que debía expresar el sindicalismo y, a la vez, respaldó a sus dirigentes tradicionales:

 

A nuestro movimiento se lo ha pretendido destruir por distintos caminos. (…) Yo me pregunto: ¿cómo se intenta hoy conseguir lo que no consiguieron durante veinte años de lucha? Hay un nuevo procedimiento: el de la infiltración. (…) Esto ha calado en algunos sectores, pero no en el de las organizaciones obreras. Las mismas –por el gran sentido de sus dirigentes y la férrea organización alcanzada durante estos veinte años, en que los trabajadores advirtieron que las defensas de sus intereses sólo pueden estar en sus propias manos (…) Las organizaciones sindicales tienen su propia doctrina, porque ellas también tienen una función específica que cumplir. (…) La estabilidad política de las organizaciones depende de esa doctrina; es decir que la doctrina es el basamento fundamental que configura una propia ideología, y ésta ha de ser compartida por todos los que forman la organización. (…) Pero cuando ha de cambiarse una ideología o la doctrina, será por la decisión de conjunto, jamás por la influencia de cuatro o cinco trasnochados que quieren imponer sus propias orientaciones a una organización que ya tiene la suya. (…) Observen ustedes que contra Perón no trabaja nadie. El tiro es contra nuestras organizaciones. Cuando alguien quiere atacarlo a Perón, sin que se note, ataca a un dirigente que está con él, o a un ministro, o a un compañero. Lo ataca y le dice de todo. Yo sé que cuando se lo dicen a él, me lo manda para mí (Perón 1974, 251-256).

 

Corresponde indicar que estas ideas fueron reiteradamente expresadas durante los últimos meses de 1973 en diferentes encuentros mantenidos por Perón en la central obrera. Por otra parte, estos discursos fueron acompañados por una extensa campaña donde se denunciaba a los militantes clasistas y de izquierda como agentes externos infiltrados en el movimiento obrero que buscaban, en última instancia, conspirar contra la Argentina. En otro sentido, estas advertencias se dirigieron no solo hacia los sectores combativos del movimiento sino que también fueron una respuesta al clima de expectativa que reinaba en la mayoría de la clase trabajadora que anhelaba regresar a los dorados años de las primeras presidencias justicialistas y que se manifestaba en el alto grado de movilización existente.

En este multiforme horizonte, la tarea fundamental e inmediata de Perón fue la de controlar la protesta social que apuntó a quebrar los cimientos del Pacto Social. Las diversas afirmaciones del jefe justicialista no dejaron resquicios de incertidumbre sobre cuál era su intención:

 

…pretender reemplazar el acuerdo por una lucha, en las actuales circunstancias no sólo es producir un mal preconcebido al pueblo trabajador sino que representa una conducta criminal contra la pacificación, unidad y solidaridad que consideramos indispensable a la reconstrucción nacional y su anhelo de liberación (La Razón, 15-01-74).

 

La defensa del Pacto Social no era solo hacia el conjunto de la clase obrera y sus sectores más combativos sino que también se dirigió hacia la cúpula laboral. Poco antes de fallecer, el secretario general de la CGT José Rucci informó que, a fines de 1973, según los procedimientos legales de la Ley 14.250, las partes firmantes podían denunciar los convenios colectivos en vista de su vencimiento. De acuerdo con Santiago Senén González, las principales inquietudes de los líderes gremiales giraron en torno a la búsqueda de “un reajuste del 5 % de los salarios reales para recuperar el poder adquisitivo” (Senén González 1984, 15). En función de estos reclamos, el jefe del justicialismo se abocó a consolidar el poder de la dirigencia sindical como principal sostén del Acta de Compromiso a la vez que criticó a los sectores que cuestionaron el comportamiento de la jerarquía laboral. De este modo, en un discurso pronunciado en la sede de la calle Azopardo, el 13 de diciembre, rodeado por el nuevo secretario general de la CGT Adelino Romero, los ministros de Bienestar Social, José López Rega y de Trabajo, Ricardo Otero, en ocasión de anticipar los contenidos del Plan Trienal, afirmó:

 

Se habla de paritarias y de todas esas cosas; de la necesidad de hacerlas; (…) los convenios colectivos de trabajo fueron una de nuestras primeras conquistas, pero nosotros los comenzamos a realizar cuando habíamos ya conseguido una economía de abundancia. (…) Por otra parte, compañeros, la Confederación General del Trabajo es una garantía para todos los trabajadores, porque conozco a los dirigentes, no de ahora, sino desde hace treinta años. (…) tengo la confianza más absoluta en la honradez, honestidad, y capacidad de esos hombres. La Confederación General del Trabajo puede estar segura y tranquila con los dirigentes que tiene, aunque algunos tontos digan que son burócratas (Perón 1974, 290-291).

 

En consecuencia, a fines de 1973, Perón firmó la prórroga que estableció la extensión de los convenios de trabajo en el marco de los acuerdos de junio; de esta manera, impidió la libre discusión de los salarios por medio de las paritarias. Con esta iniciativa, como en otras cuestiones, quedaba en claro que si bien apoyaba a la burocracia sindical en su lucha contra los sectores combativos y clasistas, también les recordaba que tenía que estar subordinada a su liderazgo.

 

Nuevas leyes a medida de la burocracia sindical

Como se ha mencionado, sin embargo, el principal objetivo que Perón se propuso a su regreso fue el de tratar de “pacificar al país”. En esa perspectiva, uno de los requisitos centrales fue el de fortalecer a la cúpula sindical, en un momento en que su tradicional papel se hallaba muy cuestionado. Recordemos que tanto las bases trabajadoras como los propios empresarios desconocían en la práctica la autoridad de la dirigencia laboral al producirse negociaciones por fuera de ella. En lo inmediato, este escenario generaba dos grandes preocupaciones al primer mandatario. Por una parte, el crecimiento y la autonomía de las organizaciones de planta llevaban de manera implícita una posible salida de independencia de clase, por ende, potencialmente impugnadora al sistema de dominación capitalista. Por otro lado, al fijarse acuerdos salariales al nivel de los establecimientos fabriles, se terminaba rompiendo con la esencia de los acuerdos corporativos del Pacto Social. En esa coyuntura Perón, desde los últimos meses de 1973, emitió una serie de discursos en la central laboral con el objetivo de consolidar el liderazgo de la dirigencia, apostando a la organización gremial monolítica:

 

Para que eso pueda realizarse y pueda seguir siendo factor de poder, las organizaciones sindicales deben mantenerse monolíticamente unidas. Juntémonos dentro de los sindicatos y allí arreglemos los asuntos aunque sea a sillazos, pero no en la calle. En la calle estemos todos unidos (Cronista Comercial, 05-04-74).

 

Para eso era necesario terminar, por todos los medios, tanto legales o por fuera de la ley, con la rebeldía de los cuerpos de delegados, de las comisiones internas y/o de las seccionales que impugnaban el reordenamiento pautado:

 

Dentro de las organizaciones, como caballos de Troya de dichas organizaciones, han surgido las que se llaman de base. Como si las organizaciones sindicales no fueran la organización de base más grande que existe. Ése es un invento nuevo, son intentos de disolución y de anarquía. Ceder es muy peligroso. Es como meter un caballo de Troya y una vez dentro se deshace, se rompe y se anarquiza. Ustedes habrán notado que en algunas partes ya existe ese fenómeno. Contra eso no hay más que una sola cosa que hacer: cada dirigente debe esforzarse en mantener la homogeneidad de su organización despachando por las colaterales o por fuerzas centrípetas a todos esos que intentan, al servicio de cualquier causa que sea –que siempre son inconfesables, porque ninguna puede decir en qué está- destruir a la organización. Las fuerzas que de afuera trabajan contra la organización son peligrosas aunque no tanto. Es mucho más peligroso ese microbio metido dentro de la organización que los que actúan desde afuera (Cronista Comercial, 14-05-74).

En esa perspectiva, el jefe del justicialismo operó toda una serie de modificaciones legislativas para disciplinar al movimiento obrero. El primer paso propuesto fue la modificación de la Ley de Asociaciones Profesionales. La discusión de esta norma se dio en un contexto de altos niveles de represión legal y paraestatal. En ese sentido, al calor de los debates parlamentarios, la Triple A (organización paraestatal creada por el gobierno) comenzó a actuar impunemente en la vida política del país: el 21 de noviembre de 1973 le hizo estallar una bomba al entonces senador nacional por el radicalismo, Hipólito Solari Yrigoyen.

La sanción de esa norma jurídica apuntó a fortalecer el poder de la cúpula sindical en detrimento de las organizaciones de base, dándole un enorme poder represivo. A su vez, facilitó la intervención del Estado, por medio del Ministerio de Trabajo en menoscabo de la justicia laboral, sobre estas cuestiones. Ambos objetivos centrales buscaron perseguir y extirpar cualquier hecho de rebeldía y de disidencia. De acuerdo con esta ley, la dirigencia extendió el término de sus mandatos de dos a cuatro años; se redujeron las asambleas ordinarias y congresos a uno solo cada dos años, además, para convocar a las asambleas extraordinarias se elevó el porcentaje de afiliados que debían solicitarla; se estableció que el mandato de los delegados de personal (o similares) en los lugares de trabajo podría ser anulado por las instancias superiores del sindicato, se facultó a las autoridades centrales de las entidades la potestad de intervenir a sus filiales; se eliminaron los gremios provinciales, supeditándolos a las uniones y federaciones de alcance nacional; se le otorgó a la cartera del área amplios derechos para endurecer su control sobre las entidades y así poder conferir y suspender personerías gremiales, anular comicios electorales y desconocer resoluciones de asambleas, incluso apelando a la acción policial.

La norma así modificada también estableció el “fuero sindical especial” por medio del cual se dieron toda una serie de tutelas y garantías para el desarrollo de las tareas gremiales frente al poder de las empresas. Este último punto era importante. En la coyuntura, signada por el Pacto Social, la ley reforzó el sentido de que la central madre era la única que podía sentarse a negociar con la corporación respectiva (la Confederación General Económica) y el gobierno, los futuros aumentos de haberes. Corresponde indicar que la reforma a la Ley de Asociaciones Profesionales no solo terminó favoreciendo el poder gremial sino que también robusteció los mecanismos de intervención y de regulación gubernamental. En la misma senda, el poder legislativo restableció el decreto creado en la dictadura de Juan C. Onganía que instaba al arbitraje obligatorio de los conflictos laborales, incluso –por mandato de Perón– dispuso ampliar la jurisdicción de la mencionada reglamentación de la ciudad de Buenos Aires a todo el territorio nacional. En forma casi simultánea se sancionó la ley de Prescindibilidad por la que se podía llegar a despedir a los empleados de la Administración Nacional, cualquiera fuera su situación y tipo de organismo. De esta manera se creó una norma que apuntó a la persecución de los activistas gremiales, tal como se corroboró en los siguientes meses en distintas ocasiones.

A la par de esta política de recortes de derechos laborales adquiridos, se produjo un incremento en la restricción de las garantías ciudadanas. Así, se dispuso el empleo de la Gendarmería Nacional para la custodia de las principales fábricas del país; en forma paralela, se creó el Consejo de Seguridad Nacional como órgano centralizado de la represión interior, acorde con las ideas en boga de la época. La misión de este último, en palabras del ministro del Interior Benito Llambi, será la de “coordinar y centralizar la acción gubernamental tendiente a combatir aceleradamente cualquier tipo de acción delictiva destinada a atentar contra los derechos y garantías individuales, la seguridad de la Nación, el orden público, o los gobiernos nacional o provinciales”. Para el funcionario, “frente a la violencia que se ha transformado en una concreta acción antiargentina y antipopular (…) resulta indispensable defendernos” (Noticias, 22-12-73).

En consonancia con estas medidas, el parlamento modificó, a propuesta del Poder Ejecutivo, el Código Penal. En términos generales, de acuerdo con observadores de la época, se impusieron penas más severas que las imperantes durante la dictadura de la Revolución Argentina. En ese sentido, entre otros temas se buscó sancionar severamente aquellos conflictos laborales que no se encuadraran dentro de lo dispuesto por las direcciones de los sindicatos o por entidades de mayor grado. En particular, se apuntó a detener y, por ende, a castigar las ocupaciones de establecimientos fabriles con penas de hasta cuatro años de prisión. Al igual que en las anteriores disposiciones legales, los principales destinatarios fueron las organizaciones de base y las seccionales que no respondían a las federaciones gremiales, como sucedió entre otros lugares con la intervención del Ministerio de Trabajo en el gremio de los fideeros, a raíz del conflicto de la empresa Matarazzo (Werner y Aguirre 2007, 107-8).

En resumen, desde su regreso definitivo al país, el líder del justicialismo comenzó a encauzar la protesta social y erradicar a la izquierda en el movimiento obrero a través del reforzamiento de la burocracia sindical por medio de declaraciones y modificaciones en la leyes laborales. Sin embargo, estas acciones no alcanzaron para lograr esos objetivos; en la próxima nota explicaremos otras medidas adoptadas durante su tercer presidencia.

 

Bibliografía

Perón, Juan D. (1974) 1973 1974. Buenos Aires: De la Reconstrucción, Vol. 1.

Senén González, Santiago (1984) Diez años de sindicalismo argentino. De Perón al Proceso. Buenos Aires: Corregidor.

Werner, Ruth y Facundo Aguirre (2007). Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976. Clasismo, coordinadoras fabriles y estrategias de izquierda. Buenos Aires: Ediciones IPS.

Prensa

Cronista ComercialLa RazónNoticias.

Perón

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