El PST en la mira de las Tres A

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UN DEBATE CON LA POLÍTICA DEL “FRENTE DEMOCRÁTICO” (II PARTE)

 

RUTH WERNER Y FACUNDO AGUIRRE

Número 26, diciembre 2015.

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En 1975, poco tiempo antes de la huelga general política que pusiera en desbandada al lopezrreguismo, el 19 de junio, el “Grupo de los 8” [1] (ampliado al Peronismo Auténtico auspiciado por Montoneros) reaparece en la escena política con la siguiente declaración pública:

Estos partidos, (…) entienden (…) que el ordenamiento de la Nación debe regirse por la Constitución Nacional y por las leyes que en su consecuencia se dicten; que la República debe gobernarse conforme a las instituciones que la historia y la lucha de nuestro pueblo han puesto en vigencia; que el pueblo es el único depositario de la soberanía, la cual se ejerce por intermedio de sus representantes legítimamente elegidos. Consustanciados en la necesidad de aventar definitivamente la violencia terrorista en sus distintas formas, signos ideológicos, orígenes o procedencias y para que el pueblo y la Nación toda, en un marco de continuidad institucional, (…) los partidos políticos de la Capital Federal, resuelven: Apoyar decididamente toda iniciativa tendiente a constituir una comisión parlamentaria investigadora, de crímenes, atentados e intimidaciones a personas, entidades públicas y privadas; que a su vez estudie todos los casos que se produzcan o denuncien como restrictivas a la libertad personal, que también analicen el origen de los hechos, sean los mismos de orden político o social; como asimismo se examinen las causas de las detenciones ya efectuadas o que en adelante se realicen invocando los términos del estado de sitio o con significación ideológica y sin perjuicio de que los partidos firmantes sostengan la necesidad de su levantamiento [2].

Para poder valorar el contenido de la declaración es necesario situarse en el mes de junio de 1975. Desde la muerte de Perón en julio de 1974, el gobierno peronista debió enfrentar el inicio de una crisis catastrófica de la economía mundial que comenzaba a proyectar su sombra sobre la Argentina y que comenzó a poner en cuestión el Pacto Social. Las condiciones para un gobierno cuyo objetivo era desviar el ascenso de la clase obrera iniciado con el Cordobazo en 1969 estaban agotadas. La burguesía boicoteaba crecientemente el acuerdo de precios y salarios parido por el ministro de Economía José Ber Gelbard (que fue reemplazado en octubre de 1974 por el ortodoxo Alfredo Gómez Morales) y una avanzada de la clase obrera, a nivel fabril, nunca había dejado de combatirlo.

Como consecuencia de la muerte de Perón, el único que contaba con autoridad para contener las demandas de los trabajadores, el gobierno de Isabel se apoyó abiertamente en la camarilla lopezrreguista que dio vía libre al accionar desembozado de la Triple A. La represión paraestatal se transformó en el principal argumento del peronismo para enfrentar la lucha de la vanguardia de la clase obrera y la juventud. El gobierno de Isabel era abiertamente bonapartista y represivo. En junio de 1975, al momento de la publicación de la declaración del Grupo de los 9, Isabel y López Rega habían decidido enfrentar la catástrofe económica, lanzando por la borda el Pacto Social y llevando a la práctica un severo plan de ajuste diseñado por su ministro de economía Celestino Rodrigo, bautizado popularmente como “Rodrigazo”. Un ataque en regla a la propia base social del peronismo, la clase trabajadora, y que golpeó además a las clases medias

producto de la escalada hiperinflacionaria que desató. Uno de los puntos fundamentales del plan lo constituía la negativa a homologar los convenios colectivos de trabajo acordados recientemente entre las patronales y los sindicatos. El movimiento obrero reaccionó contra la pasividad de sus dirigentes burocráticos con un extendido movimiento huelguístico nacional que poco a poco fue paralizando al país y señalando como enemigo al gobierno peronista.

En este marco, la adhesión del PST a la declaración arriba citada, motorizada por el interés de la UCR y el PC de rescatar a las instituciones democrático burguesas ante la violencia creciente, era una grave capitulación a un programa que deslindaba a Isabel de toda responsabilidad por el accionar de las bandas paramilitares y se proponía defender al gobierno peronista ante un eventual golpe de Estado. Se trataba de un documento que le daba la espalda en los hechos a la movilización de la clase obrera, que buscaba ajustar cuentas con Isabel y López Rega.

La declaración constituía, además, una condena abierta a “la violencia terrorista en sus distintas formas, signos ideológicos, orígenes o procedencias”. Hagamos notar que igualando el accionar de la ultraderecha (amparada por el Estado) y el infantilismo de las corrientes guerrilleras se estaba sentando un precedente de lo que se conocería posteriormente ya bajo la restauración democrática como “Teoría de los dos demonios”. El documento ni siquiera denunciaba el Decreto 261/75 firmado por María Estela Martínez el 5 de febrero de 1975, que dio potestad a las Fuerzas Armadas para combatir al Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en el monte tucumano, inaugurando los métodos del terrorismo de Estado.

Con su condena explícita a la violencia y porque expresamente la declaración bregaba por defender “el ordenamiento de la Nación” que debía “regirse por la Constitución Nacional y por las leyes que en su consecuencia se dicten; que la República debe gobernarse conforme a las instituciones (…) por intermedio de sus representantes legítimamente elegidos”, el PST renunciaba, al menos en lo que refiere a la firma de este documento, a una perspectiva revolucionaria para que la clase obrera saldara cuentas con el gobierno peronista.

Mirado retrospectivamente, la ausencia en la declaración de una denuncia sobre el papel jugado por las FF.AA. en Tucumán no preparaba la lucha contra la intentona golpista que se quería prevenir. El rol de los militares en la política nacional había venido in crescendo. En la declaración, además, se pasaba por alto un hecho de gran importancia, la represión al segundo Villazo con una secuela de desaparecidos y asesinados y decenas de presos que fue derrotado en mayo de 1975 (¡un mes antes de la firma de la declaración citada!) En el llamado operativo Serpiente Roja del Paraná contra la combativa UOM de Villa Constitución actuaron conjuntamente la Triple A, las fuerzas policiales y los militares con el claro objetivo de derrotar a la dirección clasista de los obreros metalúrgicos. El operativo fue montado por el gobierno de Isabel en defensa de una patronal, como la de Acindar, la de los Acevedo, la del Gral. Alcides López Aufranc y la del mismísimo José Alfredo Martínez de Hoz. Esta patronal será, un año después, promotora y una de las principales beneficiarias del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. La derrota de los obreros de Acindar, Metcon y Marathon, va a constituir históricamente un ensayo contrarrevolucionario de la burguesía argentina. En la declaración del Grupo de los 9 esta asociación entre gobierno, fuerzas represivas, burguesía y fuerzas paramilitares van a brillar por su ausencia. Y por supuesto nada dice de la exigencia del levantamiento del estado de sitio que se había impuesto en noviembre de 1974.

Ocho días después de la publicación del documento del Grupo de los 9, la clase obrera iba a protagonizar el primer acto de una gran huelga general que conmoverá al país. El paro y la movilización del 27 de junio, impuesto a la burocracia sindical peronista por la presión de las bases obreras y el accionar creciente de las coordinadoras interfabriles, abrió las puertas a una crisis revolucionaria de envergadura que culminó con la huelga general del 7 y 8 de julio, la derrota del plan Rodrigo y la huida del jefe de las bandas fascistas, José López Rega, del país. Las coordinadoras interfabriles que llegaron a agrupar a las fábricas más importantes del conurbano bonaerense, de la Ciudad de Buenos Aires, de La Plata, Berisso y Ensenada, y de la Mesa de Gremios en Lucha de Córdoba, constituían un embrión de un doble poder fabril y de una nueva dirección alternativa a la burocracia sindical de la clase obrera argentina. La emergencia de este fenómeno puso en alerta a la burguesía que a través de la prensa advertía sobre el “surgimiento de los soviets” y llevó a uno de los aliados circunstanciales del PST, el dirigente radical Ricardo Balbín a denunciar poco después a la “guerrilla fabril que está sirviendo intereses extranjeros” [3].

Luego de las jornadas revolucionarias de junio y julio de 1975 y derrotado por las masas, el lopezrreguismo, la fracción más concentrada de la burguesía que en marzo había confiado en la confluencia de bandas fascistas, gobierno y militares, llegará a la conclusión de que el peronismo estaba agotado y que era necesario trabajar abiertamente por el golpe de Estado para liquidar la amenaza subversiva de la clase obrera, como había sucedido en Uruguay y en Chile en 1973. A partir de entonces el conjunto de los dirigentes políticos de la oposición señalarán a la clase obrera como el enemigo a vencer y se pasarán al bando golpista con poco disimulo.

El PST había justificado el acuerdo con el Grupo de los 8 como una táctica para movilizar contra el fascismo y originar brigadas antifascistas. Esta perspectiva nunca tomó cuerpo porque, como hemos explicado en la primera parte de este artículo [4], no era esa la política de la UCR ni del Partido Comunista. Aun así el PST reiteró el error y firmó la declaración del Grupo de los 9. ¿Por qué motivo la corriente morenista insistía con esta política? Nahuel Moreno argumentaba que,

Hasta la huelga general que liquidó a López Rega, el punto de referencia de nuestra política, que tiene que ver con el de la situación política nacional, es justamente el avance del ala contrarrevolucionaria de López Rega (…). Todos nuestros análisis y política tenían como punto de referencia a ese fenómeno de la realidad (…)[5].

Recordemos que el PST caracterizaba a sus reuniones con el Grupo de los 8 como “(…) un acuerdo con partido burgueses que están en contra que se rompa el estatus quo; están tan en contra de una situación prerrevolucionaria como de una contrarrevolucionaria” [6]. Esta visión, con matices, era compartida por otras organizaciones de izquierda como el Partido Comunista que terminará acuñando la consigna de un gabinete cívico militar para blindar a Isabel. Por su parte, el Partido Comunista Revolucionario de tendencia maoísta consideraba que la defensa del gobierno de Isabel Perón era lo fundamental frente a dos amenazas golpistas, la del frente pro ruso y la del frente proyanqui. Lo esencial para el PST pasaba por defender el proceso de “institucionalización” en nombre del interés militante de la clase obrera. Frente a los críticos del acuerdo de la corriente morenista con el Grupo de los 9 [7], Nahuel Moreno argumentaba:

El no tomar en cuenta el “proceso de institucionalización” en relación a la conciencia del movimiento obrero. Una cosa es el proceso de institucionalización tal cual lo plantea la burguesía, correctamente definido por nuestros críticos, y otra cosa es cómo lo entienden, lo sienten, y lo quieren y lo votaron el movimiento obrero y de masas. Para los trabajadores y las masas, la “institucionalización” es el proceso de conquistar libertades democráticas, así como apoyar al gobierno peronista, a quien consideran su gobierno [8].

Pero que los trabajadores confiaran en el gobierno y tuvieran ilusiones democráticas no puede ser para un marxista motivo suficiente para asumir como propia la política burguesa de defensa de las instituciones democráticoburguesas y de la continuidad constitucional. Al momento de la declaración de los 9 la clase obrera se estaba levantando contra el gobierno de Isabel Perón y, como reconoce el mismo Nahuel Moreno, con la huelga general el proletariado liquidó a la camarilla lopezrreguista. Si los obreros hubieran hecho caso a lo que predicaba la oposición burguesa, López Rega hubiera continuado en su puesto.

La huelga de junio y julio de 1975 dejó sin resolver el gran interrogante de toda huelga general política. ¿Quién tiene el poder? Isabel sobrevivió al embate cediendo al conjunto de las demandas económicas del movimiento obrero y sosteniéndose casi exclusivamente en una burocracia sindical que había sido desbordada por izquierda. Ya en junio de 1975 el mismo PST reconocía la existencia de una crisis prerrevolucionaria [9], con la clase obrera movilizada contra el gobierno peronista y enfrentada parcialmente a sus dirigentes. Desde una perspectiva marxista se planteaba la utilización de las demandas democráticas para derrotar militarmente a las bandas fascistas mediante el llamado a la autodefensa obrera y popular y la exigencia a las organizaciones guerrilleras a que pongan su armamento al servicio de esta tarea. Ya en el segundo Villazo se habían dado formas elementales de autodefensa obrera y popular para proteger a los dirigentes de esa larga huelga de dos meses y combatir las asonadas fascistas. La huelga general y la influencia de las coordinadoras interfabriles hacía visible al sujeto de esta perspectiva. El movimiento de junio y julio con toda su potencialidad revolucionaria logró expulsar a López Rega y a Celestino Rodrigo del gobierno pero no avanzó en derrocar al gobierno de Isabel Perón. En la crisis revolucionaria abierta ninguna corriente de izquierda planteó esta perspectiva. El PST, en particular, consideró inmaduro el proceso de enfrentamiento con el peronismo y la burocracia sindical. Posteriormente, frente a la crisis creciente del gobierno peronista, el PST se limitó a plantear una salida institucional en línea con su orientación anterior: la elección de un vicepresidente de extracción sindical, el senador peronista y dirigente de la UOM, Afrio Pennisi. O sea buscar una salida institucional y por lo tanto reaccionaria a una “crisis prerrevolucionaria” en vez de plantear una salida obrera y popular a la crisis capitalista levantando un programa de acción que unificara las demandas democráticas, como la de Abajo el Estado de sitio y la Asamblea Constituyente con la caída del gobierno antiobrero expresado en la consigna de fuera Isabel, así como la perspectiva del gobierno obrero y popular.

La mayoría de las direcciones políticas de la izquierda no llegaron a percibir el salto de calidad en la situación política que constituyó, en medio de una catástrofe económica, el fenomenal auge obrero de junio y julio de 1975. Las jornadas revolucionarias fueron la última gran oportunidad de la clase obrera argentina para frenar la política contrarrevolucionaria de la burguesía. No significa que estaba planteado la lucha directa por el poder obrero, pero sí que los trabajadores podían, a través de su movimiento huelguístico, lograr la caída revolucionaria del gobierno de Isabel que era quien alentaba a las bandas fascistas y abría las puertas a las fuerzas golpistas. El abandono de una política de independencia de clase, como la llevada adelante por el PST ante el Grupo de los 8/9, desarma a los revolucionarios para intervenir en los momentos decisivos de la lucha de clases.

 

1 El Grupo de los 8 estaba constituido por la UCR, el PC, el PI, el PRC, el PDP, el PSP, UDELPA y UDELPA Liberación Nacional. A partir de 1975, integrado el Peronismo Auténtico, se lo conoce como Grupo de los 9.

2 Reproducido en Política Obrera 234, 25 de junio de 1975.

3 “Fragmentos del documento emitido por la Embajada de EE. UU. en Buenos Aires, el 2/12/75, para el Departamento de Defensa de EE. UU. y las embajadas de EE. UU. en los países latinoamericanos sobre ‘guerra de guerrillas’ en las fábricas”, disponible en www.nosdigital.com.ar.

4 R. Werner, F. Aguirre, “El PST en la mira de las Tres A. Un debate con la política del ‘Frente democrático’”, IdZ 24, octubre 2015.

5 Documentos y análisis del Partido Socialista de los Trabajadores de noviembre de 1974 a fines de 1975. El peronismo en su crisis definitiva, noviembre, 1974.

6 Ídem.

7 “La política hacia el grupo de los 8 y de los 9 generó un debate en el seno del Secretariado Unificado de la IV Internacional y con la organización Política Obrera”.

8 Nahuel Moreno, “Memorandum para la respuesta del Partido Socialista de los Trabajadores (Argentina) al Secretariado Unificado”, disponible en www.marxists.org.

9 “El rodrigazo: una crisis prerrevolucionaria”. Documentos y análisis del Partido Socialista de los Trabajadores de noviembre de 1974 a fines de 1975. El peronismo en su crisis definitiva, noviembre, 1974.

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