El picnic de los buitres

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LUCÍA ORTEGA y MARTÍN SCHAPIRO

Número 29, mayo 2016.

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Entre panes de navidad y un país en llamas, el 23 de diciembre de 2001 el presidente provisional Adolfo Rodríguez Saá era aplaudido en el Congreso por la declaración de la cesación parcial de pagos de los bonos de deuda pública externa. Hoy, kirchnerismo mediante, el mismo auditorio legislativo estuvo recorrido por otro festejo: el del acuerdo buitre para “poner fin al default” y culminar el proceso de “retorno” a los mercados financieros internacionales. La mayoría obtenida en Diputados para el proyecto impulsado por Macri y la mano alzada de los senadores provenientes del Frente Para la Victoria sellaron el consenso político burgués solicitado por el juez Thomas Griesa de Nueva York para que el gobierno se endeude por U$S 16.500 millones y desembolsar otros U$S 9.352 millones a los acreedores buitre. Este picnic de rapiña rompió el récord de la emisión más grande de deuda de los países llamados “emergentes”, ganancias siderales para los campeones de la usura mundial y el comienzo de un nuevo ciclo de endeudamiento a tasas promedio de 7,14 %.

 

Los entramados del acuerdo buitre

En el año 2001 la deuda en default era de U$S 88.800 millones1, una parte de la cual fue luego renegociada en los canjes de los años 2005 y 2010 a los cuales accedieron el 92,4 % de los acreedores. El acuerdo actual corresponde entonces a la atención del 7,6 % restante de acreedores que no aceptaron las reestructuraciones realizadas en el gobierno de Néstor Kirchner. Los fondos buitre –benevolentemente llamados holdout por la prensa– rechazaron los canjes no porque no les redituara una enorme ganancia (para los que aceptaron fue del 300 % o más2), sino porque esperaban y apuntaban a obtener una rentabilidad aún mayor. A decir del economista premio Nobel Joseph Stiglitz, el acuerdo sienta un precedente de usura a nivel internacional e invierte el “riesgo moral” al premiar a los extorsionadores3.

A pesar de que la reestructuración de deuda fue aceptada por una mayoría de los tenedores de títulos en default, este grupo minoritario con gran poder de lobby en EE. UU. –por su vinculación con el establishment de republicanos y demócratas–, pudo arrancarle a la justicia neoyorquina fallos favorables. También consiguió que, para forzar el cumplimiento de los mismos, la justicia de Ghana retuviera la Fragata Libertad, y finalmente que el juez de Nueva York Thomas Griesa frenara el pago de la deuda regularizada en 2005 y 2010, decisión tomada en 2012 y respaldada por la Corte Suprema de los EE. UU. en junio de 2014. Que un puñado de fondos especulativos se transforme en un problema político nacional se explica por decisiones tomadas durante el kirchnerismo que crearon el terreno para la intervención buitre. De ellos se destacan principalmente: la prórroga de soberanía para la resolución de conflictos en los juzgados extranjeros y las cláusulas pari passu que implican igualdad de condiciones entre los acreedores. Es sobre esta base que los buitres desplegaron sus habilidades para hacerse un festín.

La prórroga de soberanía –existente desde la dictadura de 1976 y que volvió a incluirse en las reestructuraciones de 2005 y 2010– es la que explica que haya tomadotanto protagonismo el juzgado norteamericano, y específicamente el juez Thomas Griesa. Tampoco debe reducirse el mérito del gobierno macrista que, en un enorme gesto de sumisión imperialista, ofreció lo que los buitres querían escuchar, y más. El acuerdo les significó embolsarse rentabilidades exorbitantes: 1.308 % para el fondo NML de Paul Singer (quien lideró las negociaciones por parte de los acreedores), 3.183 % para Bracebridge, 846 % para Aurelius, entre otros. Para todos ellos –los litigantes con fallo favorable de Griesa y los “me too4–, el monto de deuda en default era cercana a U$S 3.000 millones y el monto a pagar según la sentencia es de U$S 9.000 millones. De los que tienen fallos me too, U$S 2.373 millones acordaron pagos por U$S 6.459 millones, esto implica casi una triplicación del capital desde 2001 a una tasa de interés implícita anual del 8 % aproximadamente. Pero además la mayoría de estos fondos, como veremos, compraron esos bonos a menos del 30 % del valor nominal. Por otra parte, para quienes no tuvieron el “beneficio” del fallo de Griesa, el gobierno los recompensó con un pago del 150 % del capital. Los buitres también hicieron uso de otros mecanismos de presión como la cláusula pari-passu5, que es un recurso a la “equidad” en el trato de tenedores de bonos.

Las diferencias entre los que tenían o no cláusula producen un incentivo mayor a aceptar el acuerdo para quienes tenían sentencia debido a que estaban devengando intereses cercanos al 0,5 %. Es decir, el gobierno les pagó a unos acreedores que devengan intereses a la tasa norteamericana (menor al 1 %) emitiendo a una tasa superior al 6,8 %. Por lo tanto, no es de extrañar que muchos de estos acreedores que se dedican a la especulación financiera encuentren la forma de transformar su capital que rendía al 1 % en un capital que rinda al 7,5 %: siendo ellos mismos los que le presten al país, sea en la última emisión de bonos realizada por Prat Gay o en nuevas bajo mismo pauta, para que el país les pague a ellos. Cambiar deuda vieja por deuda nueva. Un verdadero negocio. Además, para quienes tienen cláusila pari-passu se estima que cobraron un total de 3 dólares por cada uno de valor nominal. Es decir, triplicarlo. Sin embargo, muchos de ellos compraron estos títulos después del default a un valor mucho menor. Un ejemplo de ellos, es el fondo NML de Paul Singer, que compró estos títulos a 25 centavos de dólar, obteniendo 12 veces la plata invertida. ¡Un ritmo de una tasa del 20 % anual!

Por último, el acuerdo incluye el pago de “gastos legales” y U$S 235 millones en honorarios por haber litigado contra la Argentina todo este tiempo, de los que se hace cargo el propio Estado Nacional. Y, en el ínterin, no debe olvidarse la ganancia de los bancos que participaron de la nueva emisión que se estima en más de U$S 300 millones, superiores a las del ya escandaloso “megacanje” del año 2001 en que los bancos apropiaron U$S 150 millones.

El gobierno celebra el acuerdo como un punto final en el default y el conflicto con los buitres. Pero el pago del 22 de abril firmado por Prat Gay no garantiza el fin de los problemas, ni aún referidos a los acreedores en cuestión. El 2 % que no aceptó el acuerdo podría seguir reclamando, aunque el gobierno confía en que las condiciones son menos favorables. Para peor, también existe un riesgo de un reclamo del 92,4 % que entró en canjes anteriores, ya que si bien venció ya la cláusula RUFO que les permitía pedir igualdad de condiciones para sus pagos, no hay jurisprudencia que descarte que, así como hicieron los buitres que entran al acuerdo, realicen nuevos reclamos en la justicia norteamericana y consigan un fallo a su favor6.

 

Desatando el ovillo

Hace pocos días, el mediador de la negociación, Daniel Pollack, aseguraba una vez más lo que plantea todo el arco ideológico burgués: “la gente debe pagar sus deudas y los países deben pagar sus deudas”7. Sin embargo, lo primero que habría que preguntar a “la gente” es si estará dispuesta a pagar una deuda que no contrajo y, más aún, si la misma es una estafa. Es necesario, en este sentido, retrotraerse más allá del 2001. Sin dudas, la dictadura militar de 1976-1983 marcó un punto de inflexión en el devenir de la deuda pública externa, experimentándose un enorme salto cuantitativo y un fortalecimiento de los mecanismos ilegales y fraudulentos de colocación, así como su utilización en beneficio directo de un puñado de capitales privados en imbricación directa con el poder político. A pesar del “agujero negro” en la información disponible por el BCRA entre 1976 y 1983, las investigaciones demuestran que la deuda pública creció 5,5 veces, pasando de U$S 8.085 millones en 1976 a U$S 45.065 millones.

En ese período se pagaron U$S 30.000 millones y la fuga de divisas se multiplicó por tres hasta alcanzar los U$S 79.912 millones8. Pero además, habría unos U$S 10.000 millones de pagos inexistentes que desaparecieron, una operación totalmente delictiva. El mismo Martínez de Hoz señaló que U$S 4.000 millones que figuraban como adeudados en realidad ya habían sido pagados9.

Entre los mecanismos que explican tal salto en el stock de deuda pública externa, enmarcado en un plan general de ofensiva neoliberal de ataque a la clase trabajadora, se encuentra el endeudamiento de las empresas públicas y la estatización de las deudas privadas que habían sido generadas para aprovechar la rentabilidad de la “bicicleta financiera”.

Las empresas públicas fueron el canal para la atracción de deuda. La banca internacional jugaba a ambos lados del mostrador –cualquier similitud con la actualidad no es mera coincidencia–, y el operador para realizar la malversación de fondos fue el Secretario de Coordinación y Programación Económica de Martínez de Hoz, Guillermo Walter Klein, quien a su vez se garantizó sus propias “comisiones” con el estudio privado con el que asesoraba a la banca para la contratación de préstamos a empresas públicas. El gobierno dictó una resolución que le otorgaba al estudio de Klein el poder de elaborar trimestralmente márgenes de endeudamiento para las empresas públicas que no se tradujo en inversiones, sino que su fin era proveer de divisas el Banco Central para sostener el esquema de apertura económica. Éste recibía los dólares y entregaba a las empresas pesos argentinos, una maniobra lisa y llana de malversación de fondos. En el dictamen del juicio de la deuda en la que analizaron a 15 empresas del sector público, entre ellas YPF, Agua y Energía y Ferrocarriles, señalan que casi el 82 % de la deuda pública externa proviene de préstamos financieros y básicamente no se destinó a inversión productiva en bienes de capital, sino a una renovación constante de préstamos a corto plazo para la provisión de divisas, que iban acumulándose.

Por su parte, el endeudamiento privado externo también aprovechó los beneficios del esquema económico y alcanzó los U$S 17.000 millones en 198110, entre quienes figuran importantes entidades bancarias, como el Citibank, Banco Tornquist, Banco Quilmes, Banco Francés, Banco Río de la Plata y hasta algunos aparecen en su doble condición de acreedores y de deudores al mismo tiempo. Este culminó con un episodio aún más escandaloso: la transformación de deuda externa privada a pública en 1982 de cerca de U$S 8.600 millones bajo la órbita del Banco

Central presidido por Domingo Cavallo, es decir, una estatización del 55 % de la deuda privada. Pero ya en años previos se utilizaban fondos públicos para pagar deuda privada, el Estado se hacía cargo ya sea pagando, obteniendo la refinanciación o usando títulos públicos. Algunas de las empresas que manejaban los mayores niveles de endeudamiento con operaciones bajo garantía del Tesoro Nacional son: Acindar, Papel de Tucumán, Austral, Interama, Autopistas Urbanas, Alto Paraná, Celulosa Puerto Piray y Cementos Noa. Posteriormente, durante el gobierno de Alfonsín, las empresas investigadas por el Banco Central por realizar “autopréstamos” durante la dictadura bajo el amparo del esquema vigente fueron beneficiadas con la “tolerancia” (una especie de condonación de deudas), como Renault, Cargill, Petrolera Pérez Companc, Fiat, Isin (vinculada al grupo Macri), entre otros, mientras que en el caso de las deudas privadas que habían sido “avaladas” por el Estado directamente pasaron a considerarse deuda pública sin trámite alguno.

 

¿Un sinfín de “herencias”?

Todavía se desconoce a ciencia cierta el completo accionar de las empresas privadas en connivencia con el Estado. Las operaciones ilegales ya fueron canceladas y reemplazadas por otras en los sucesivos canjes de papeles desde entonces11. En el año 2000, el juez Ballesteros dictó sentencia en la llamada Causa Olmos para declarar la ilicitud de la deuda externa pública. Si la deuda contraída en la dictadura fue delictiva, la que se pagó de 1983 en adelante también. Pero además, los gobiernos siguientes se encargaron de dejar su marca fraudulenta en cada nueva negociación.

Un breve repaso indica que la evolución fue catastrófica. Para fines del mandato de Alfonsín la deuda ya era de U$S 64.000 millones, ayudada también por la renegociación onerosa que se impuso para América latina con el Plan Baker que culminó a fines de 1988 en la cesación de pagos. Con Menem la deuda subió 123 %. El Plan Brady, que prometía terminar con el problema de la deuda, reemplazó las acreencias de manos de bancos privados por bonos y fue la vía para un nuevo ciclo de endeudamiento. Se permitió asimismo que los compradores de empresas públicas pudieran abonar con títulos de deuda a precios de remate. Durante los mandatos de Menem se pagaron U$S 116.000 millones entre capital e intereses y entre 1992 y 2001 se fugaron más de U$S 60.000 millones. Al comienzo del gobierno de De la Rúa la deuda era de U$S 146.000 millones, que trepó a U$S 180.000 millones en las puertas de su renuncia, y por los que afrontaron vencimientos por U$S 44.000 millones de capital e intereses. Operaciones como el “blindaje” y el “megacanje”, mantenidas para conseguir dólares que sostengan la ficticia convertibilidad cambiaria, significaron jugosos canjes de bonos, que en el caso de este último duplicaron el valor de la tasa de 6 a 12 %, que se utilizaron también para convalidar una exorbitante fuga de capitales. Solo en el año 2001 la burguesía fugó por esta vía U$S 14.977 millones, anticipándose a la devaluación, para resguardarlos en paraísos fiscales.

Así, al momento del default de 2001, al que hoy nos retrotrae el acuerdo buitre, la Argentina llevaba pagados desde comienzos de la dictadura unos U$S 225.000 millones. Esta suma abonada en concepto de capital e intereses fue igualada por los montos de los pagos que reconoció haber realizado el kirchnerismo en sus 12 años de gobierno. A fines de 2015 la deuda ascendía a U$S 240.000 millones. Hoy, el macrismo le sumó sus propios porotos.

El debate público que recorrió el acuerdo buitre se centró en los términos de la negociación, sin reparar, en primera instancia, en los condicionamientos que hicieron posible semejante pago multiplicado a los fondos especulativos. Estos tienen mucho que agradecer al legado de las reestructuraciones kirchneristas pero, más especialmente, al cambio de sentido político en donde lo que se licuó con la política de “desendeudamiento” fue el repudio extendido que había a comienzos del milenio al pago de una deuda cuyo origen y trayectoria se reconocían ilegítimas e ilegales –llegando a plasmarse en una sentencia judicial–. Que “las deudas se pagan”, es algo que estableció el kirchnerismo, y ahora completa el macrismo.

La reciente emisión de deuda en moneda extranjera por el Estado nacional es solo un preámbulo de lo que vendrá, con nuevas emisiones nacionales y provinciales (en total estas últimas se estiman en 40 mil millones para 2016) y endeudamiento privado. Todo para asegurar un equilibrio precario de las cuentas públicas y financiar los giros de utilidades de las trasnacionales y la fuga de capitales. Es fundamental para el pueblo trabajador impulsar el no pago de ningún peso más de deuda externa, lo que debe estar estrechamente asociado a la nacionalización de la banca y el monopolio del comercio exterior, para evitar, de una vez por todas, que los trabajadores sean quienes padezcan los costos de un picnic del que solo comen unos pocos.

 

Colaboraron en esta nota: Victoria Sánchez (equipo de redacción de La Izquierda Diario) y Esteban Mercatante (Comité de redacción Ideas de Izquierda).

 

  1. U$S 81.800 millones correspondían a títulos públicos y el resto al Club de París. La deuda con los organismos multilaterales de crédito (FMI, BM) se mantuvo regularizada (Centro de Estudios de la Situación y Perspectivas de la Argentina, “Default y reestructuración: ¿cuál fue la real quita de la deuda pública argentina?”, Documento de Trabajo 32, FCE-UBA, marzo de 2013).
  2. Los cupones PBI, entre otros puntos, garantizaron altas rentabilidades para los acreedores. Sobre los beneficios obtenidos en las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 véase Esteban Mercatante, La economía argentina en su laberinto. Lo que dejan doce años de kirchnerismo, Bs. As., Ediciones IPS, 2015.
  3. Ver Joseph Stiglitz y Martín Guzmán, “How Hedge Funds Held Argentina for Ransom”, New York Times, 1/04/2016.
  4. Acreedores “yo también”, que se suman a lo que reclamó NML. Ahí están Aurelius, Blue Angel y otros.
  5. Significa que a todos los tenedores de bonos se les tiene que dar las mismas condiciones. En el 2010, NML empezó el juicio alegando que Argentina estaba violando la cláusula porque como se le pagaba a los acredores del canje y no a ellos, no habría equidad en el trato a los acreedores.
  6. El estudio de abogados Cleary Gottlieb, Steen & Hamilton, exrepresentante de la Argentina, entre otros, sostienen esta posibilidad. Ver “Deuda Externa: sigue abierto el riesgo de nuevas demandas”, La Voz, 15/04/2016.
  7. “Pollack cuenta todos los secretos de la negociación con los fondos buitre”, Clarín, 30/04/2016.
  8. Marcelo Bonelli, “Un país en deuda”, Bs. As., Planeta, 2004, p. 38.
  9. Alejandro Olmos, Todo lo que quiso saber sobre la deuda externa y siempre se lo ocultaron, Bs. As., Ediciones Continente, 1989.
  10. Esteban Mercatante, ob. cit.
  11. Marcelo Bonelli, ob. cit., p. 39.

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