El Pacto Social de 1973

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El intento de enchalecar la lucha de los trabajadores

ALEJANDRO SCHNEIDER

Número 19, mayo 2015.

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Entre 1969 y 1976 la Argentina estuvo cruzada por una intensa actividad política, con un elevado nivel de protesta social, con un notable aumento de organismos gremiales que erigieron posturas clasistas en sus lugares de trabajo y un notorio crecimiento de distintos agrupamientos de izquierda.

El período comenzó con una oleada de medidas de fuerza de obreros y estudiantes en contra de la política socioeconómica y autoritaria de la dictadura del general Juan Carlos Onganía. Las movilizaciones de 1969 abrieron un significativo momento de conflicto social que atravesó al país en su conjunto. El regreso del peronismo al poder en 1973, lejos de cerrar este convulsionado escenario, inauguró nuevos temas y problemas que terminaron de intensificar algunas de las características antes mencionadas.

El presente artículo esboza el principal instrumento creado por Juan D. Perón para frenar y encauzar la conflictividad laboral del período: el Pacto Social de junio de 1973. Si bien se puso en ejecución bajo la presidencia de Héctor J. Cámpora, el mismo se extendió durante los gobiernos de Raúl Lastiri y de Perón. Este acuerdo institucional buscó terminar con los reclamos de los trabajadores a la vez que intentó restaurar el alicaído poder de la burocracia sindical.

Sin embargo, esto no fue un proceso sencillo. El líder del justicialismo, frente a las dificultades de su aplicación, empezó a implementar –en forma simultánea– un conjunto de instrumentos de distinto tenor para frenar el crecimiento de la izquierda y las posiciones clasistas dentro del movimiento obrero, temas y cuestiones que analizaremos en otros escritos1.

 

El Pacto Social y los límites de su aplicación

El peronismo regresó al poder el 25 de mayo de 1973. Una nueva etapa se abrió en el país. El resultado de las elecciones fue considerado como un triunfo por la mayoría de la población. En lo inmediato, esto incidió en un aumento en el nivel de las movilizaciones y de los conflictos en diversos ámbitos de la sociedad, contradiciendo –en la práctica– la política conciliatoria predicada por el gobierno y sostenida por Perón desde España.

Corresponde indicar que si bien los líderes sindicales no intervinieron activamente en la campaña electoral, Cámpora no era su candidato porque lo identificaban como el representante de los sectores radicalizados de la juventud, la cúpula laboral se avino al esquema diseñado en Madrid a fin de recuperar y fortificar su espacio frente a los “jóvenes advenedizos” en el seno del movimiento justicialista. Sin embargo, a pesar de la existencia de esta preocupación general, durante esos años, hubo una situación de permanente tirantez entre los principales dirigentes laborales.

Una de las primeras disputas que salió a luz fue la designación del hombre que iba a encabezar la cartera de Trabajo. El jefe de la central obrera, José I. Rucci, consideraba que le correspondía proponer el nombre; por su parte, el caudillo de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Lorenzo Miguel, sostenía que el puesto debía ser ocupado por un individuo alineado a las 62 Organizaciones. En esta ocasión, se impuso este último punto de vista y así Ricardo Otero fue designado ministro del área. De este modo, interesa advertir que además de las tensiones con el activismo y sus organismos de base existió un permanente malestar entre diversas alas de la dirigencia sindical.

Más allá de estos realineamientos internos, el conjunto del gremialismo acompañó el principal instrumento político diseñado por Perón: el Pacto Social. Si bien su enunciando apuntaba –en el corto plazo– a crear un marco de estabilidad económica, su propósito central fue intentar cerrar el ciclo de protesta social abierto con el Cordobazo. El Acta de Compromiso Nacional para la Reconstrucción, la Liberación Nacional y la Justicia Social del 8 de junio de 1973, firmada por el presidente Cámpora, la Confederación General de los Trabajadores (CGT) y la Confederación General Económica (CGE) fue el hito central de esta negociación. Los enfrentamientos sociales debían enmarcarse dentro de los límites establecidos por el gobierno en armonía con los sectores antes mencionados frente al desafío de la insurgencia en las bases obreras y ante la crisis del sistema de representación política. Se aspiraba a erigir un nuevo pacto legítimo de dominación.

En esta propuesta de convivencia la central sindical se ocupó de disciplinar al movimiento obrero, pero no participó en la elaboración de las medidas. Oscar Braun, un intelectual comprometido con el apoyo al gobierno, consideró que “parte de la filosofía del plan es desmovilizar a los trabajadores (…) en otras palabras facilitar la acción del equipo económico mientras la burocracia política del movimiento peronista liquida con su política de depuración, a los que dentro de éste representan los intereses de la clase trabajadora”2. Por otra parte, los aumentos concedidos no fueron los esperados por la CGT. Así se refirió Carlos Leyba, funcionario de Cámpora y partícipe en el armado del Pacto Social, cuando recordó que Rucci durante esa negociación expresó: “con este acuerdo estoy firmando mi sentencia de muerte”3.

A pesar de este mal augurio, a cambio de controlar la creciente protesta social, la burocracia sindical consiguió un importante espacio dentro del nuevo reordenamiento del justicialismo. Además se convirtió, desde el punto de vista del gobierno, en el único sector con capacidad legítima para negociar en nombre de la clase obrera.

En lo inmediato, la CGT advirtió sobre la prioridad de modificar la Ley de Asociaciones Profesionales, su interés por establecer el Instituto Nacional de Seguridad Social para supervisar las cajas previsionales y la necesidad de defender el sistema de obras sociales creado por la Ley 18.610 bajo la dictadura de Onganía. El regreso al poder de un gobierno peronista, sin embargo, abrió nuevos cauces para el incremento de la conflictividad social. Las protestas no solo no se detuvieron sino que en muchos aspectos se agudizó la ola de agitación anti-burocrática en los establecimientos laborales. El conjunto de la clase obrera supuso que se había abierto una nueva época de justicia social.

Esta percepción potenció la idea de trasladar la victoria electoral al plano de las relaciones laborales: había llegado la hora de satisfacer las reivindicaciones postergadas. De esta manera, este panorama, en forma contradictoria, chocaba con el proyecto político y económico que buscaba limitar la movilización obrera mientras intentaba reordenar institucionalmente el país. En la breve presidencia de Cámpora se expresaron y se condensaron los numerosos conflictos sociales y políticos que venían arrastrando la sociedad y el peronismo.

Resulta sumamente difícil mencionar la miríada de conflictos protagonizados durante esos meses. La mayor parte de las medidas de fuerza se efectuaron en compañías privadas; el resto, en dependencias estatales. En el contexto del compromiso y la vigencia de lo acordado en el Pacto Social, ante la imposibilidad formal de cuestionar las pautas salariales establecidas, solo el 5 % de las protestas se generaron por ese motivo. De este modo, los pedidos de aumentos de haberes se viabilizaron a través de las discusiones por reclasificación de tareas o por reinterpretación de los convenios colectivos. Así, en el ámbito provincial, los empleados públicos demandaron la equiparación salarial con sus pares de la nación o reclamaron la aplicación de escalafones y estatutos aprobados pero no implementados; en ese sentido, en la mayoría de las ocasiones se logró un incremento de facto en los salarios4. En otro orden de cuestiones, también hubo conflictos por demoras en el pago de sueldos y por la reincorporación de trabajadores despedidos. Si bien la mayor parte de las protestas se efectuaron a través de paros, un aspecto destacable fue que el 43 % de las medidas de fuerza se hicieron por medio de tomas de establecimientos, índice que describe el alto grado de radicalización entre los trabajadores5.

Las ocupaciones de fábricas se convertían rápidamente en un exitoso instrumento empleado por los obreros para conseguir un conjunto de reivindicaciones. Más aún, una vez obtenidos los reclamos, se generaba un efecto de contagio sobre otros establecimientos. Estos se llevaban a cabo a partir de la realización de masivas asambleas que implicaban una alta participación de las bases. Cabe indicar que en las tomas se cuestionaba el mando del capital al interior de las fábricas y el papel desempeñado por los dirigentes tradicionales. Casi todas esas ocupaciones tuvieron un contenido antiburocrático y clasista, sus objetivos impugnaban –en la dinámica– el orden capitalista de la producción.

En esa coyuntura, distintos voceros de la clase dominante y de la burocracia sindical expresaron su preocupación y malestar. El carácter implícito que conllevaba la ocupación de un espacio público o privado, su singular manifestación, su extensión y el método de realización (en algunas ocasiones con rehenes) condujeron a un incremento de alarma y de protesta por parte de diversos grupos del establishment y del anciano líder. Frente a ello, a mediados del mes de junio, el secretario general del Movimiento Nacional Justicialista Juan Manuel Abal Medina, por medio de un mensaje en la cadena nacional de radiodifusión, exhortó a poner fin a esas acciones. Pocas horas más tarde, distintos sectores del peronismo (desde la derecha hasta la Tendencia) se sumaron –y acompañaron– este pedido6.

También hubo una importante cantidad de protestas por cuestiones atinentes a la organización sindical. Dentro del proceso industrializador de la década del sesenta, emergió una nueva camada de activistas que renovaron diversas organizaciones de base en talleres y fábricas. De esta manera nacieron y/o se reorganizaron numerosos cuerpos de delegados, comisiones internas, comisiones internas de reclamos, delegados paritarios, etc. Con la sensación de confianza generada por los cambios políticos, se fortalecieron las demandas al Ministerio de Trabajo para el reconocimiento de estos jóvenes integrantes.

La legitimación de estos actores derivó, en innumerables ocasiones, en pugnas contra la patronal y los guardianes del pacto social: la burocracia sindical. Estos últimos fueron cuestionados no solo por velar el cumplimiento del Acta de Compromiso firmada con el gobierno y las centrales empresarias sino también eran impugnados por la forma en que funcionaban las entidades gremiales, por los métodos por los cuales se mantenían al frente de ellas y por la falta de democracia reinante en las mismas.

Esto hizo que en varios conflictos se combinaran peleas de las bases fabriles contra el aparato sindical. En algunas ocasiones, las decisiones adoptadas por los organismos de planta chocaron con los compromisos asumidos por la burocracia. Como consecuencia de estas protestas fueron surgiendo cuerpos de delegados y comisiones internas autónomas al sindicato, con formas de decisión asamblearias con libertad de palabra y de participación. Estos modos de organización comenzaron a ser más útiles para conseguir reivindicaciones; en la práctica, sus integrantes negociaron directamente con las patronales los respectivos pliegos de demandas. A raíz de lo acordado en el Pacto Social, la cúpula gremial (en varias fábricas) no participó en los enfrentamientos ni en las resoluciones de los reclamos. En forma paulatina, los dirigentes tradicionales empezaron a perder poder de decisión. Como consecuencia, algunos cuerpos de base se propusieron la tarea de cuestionar la conducción de las entidades intentando participar en las elecciones de las seccionales a través de listas integradas por compañeros surgidos en asambleas de los lugares de trabajo.

En la medida en que esos organismos de base se sostuvieron con cierta autonomía en el tiempo, fueron emergiendo agrupaciones que no solo enfrentaron la integración de la dirigencia al proyecto gubernamental sino que también pasaron a engrosar las filas de diversas corrientes de izquierda. De esta manera, surgió una nueva camada de activistas forjada en la impugnación contra los empresarios, la burocracia gremial y el gobierno.

 

El desplazamiento de Cámpora y la reafirmación del poder sindical

Este singular escenario repercutió gravemente en el proyecto de gobernabilidad diseñado en Madrid. Al calor del proceso de confrontación, Perón no dudó en sostener a los burócratas sindicales frente al cuestionamiento de las bases y frente a las impugnaciones internas en el conjunto del justicialismo. De ese modo, con su regreso definitivo, el 20 de junio, empezó el fin del gobierno de Cámpora. Al día siguiente de su llegada al país, el viejo general emitió un mensaje donde advirtió sobre el rumbo político que pensaba sostener en el futuro. La arenga fue una dura amonestación hacia la fracción contestataria de su movimiento mientras que encumbró a los sectores ortodoxos y a la cúpula laboral:

 

La situación del país es de tal gravedad, que nadie puede pensar en una reconstrucción en la que no deba participar y colaborar. (…) Los peronistas tenemos que retornar a la conducción de nuestro Movimiento. Ponerlo en marcha y neutralizar a los que pretenden deformarlo desde abajo o desde arriba. Nosotros somos justicialistas. (…) No hay nuevos rótulos que califiquen a nuestra doctrina ni a nuestra ideología. Somos los que las veinte verdades peronistas dicen. No es gritando “La vida por Perón” que se hace Patria, sino manteniendo el credo por el cual luchamos. (…) A los enemigos embozados, encubiertos o disimulados, les aconsejo que cesen en sus intentos, porque cuando los pueblos agotan su paciencia suelen hacer tronar el escarmiento7.

 

Durante las jornadas que siguieron a esta declaración, los medios de prensa replicaron las palabras del Perón. Tanto la dirigencia sindical como los sectores más conservadores del justicialismo salieron fortalecidos con el discurso. El viejo caudillo regresó porque el panorama político y social era insostenible. En todo momento, su último delegado admitió públicamente que él era tan solo un firme soldado de la causa del líder y que estaba para cumplir con su voluntad. Con la presencia de éste en el territorio nacional, el mandato presidencial de Cámpora estaba subordinado a una instancia suprema, aunque no legalmente votada.

De esta forma renunció el 13 de julio, tras las presiones recibidas por los principales jerarcas sindicales. El vice gobernador de la provincia de Buenos Aires y tesorero de la UOM, Victorio Calabró, expresó que “estando el general Perón en el país nadie puede ser presidente de los argentinos más que él” añadiendo que con el líder “se solucionará un gran problema político ideológico. Negar y dudar que nuestro gobierno necesita una limpieza profunda sería un problema de tontos”8. Por su parte, Rucci afirmó que “era necesario hacer realidad la consigna: Cámpora al gobierno, Perón al poder”9. Mientras el secretario de prensa de la CGT y jefe del gremio de los Trabajadores Fideeros, Hugo Barrionuevo, sostuvo que “nadie discute que el único que puede poner orden en el país es Juan Domingo Perón”10.

Después de una serie de maniobras constitucionales, la primera magistratura quedó formalmente en manos del titular de la Cámara de Diputados, Raúl Lastiri. Por su parte, la burocracia gremial y los sectores ortodoxos del movimiento empezaron a implementar las órdenes del 21 de junio impartidas por el general.

 

1. Este es el primero de una serie de artículos que intentan explicar los instrumentos que empleó Juan D. Perón para frenar la protesta social por parte de los trabajadores y de la izquierda.

2. Oscar Braun, El plan económico del gobierno popular, Buenos Aires, El Coloquio, 1974, p.17. El énfasis en el original.

3. Carlos Leyba, Economía y política en el tercer gobierno de Perón, Buenos Aires, Biblos, 2003, p.69.

4. Elizabeth Jelin, “Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976”; Revista Mexicana de Sociología, año XL, vol. XL, no. 2, abril-junio 1978.

5. Adolfo Gilly, “La anomalía argentina”, Cuadernos del Sur Nº 4. Buenos Aires, Marzo-Mayo 1986, p. 29.

6. Flabián Nievas. “Cámpora: primavera-otoño. Las tomas”. En Alfredo Pucciarelli (Ed.), La primacía de la política. Lanusse, Perón y la Nueva Izquierda en tiempos del GAN, Buenos Aires, EUDEBA, 1999, p.387.

7. La Nación, 22 de junio de 1973.

8. Clarín, 12 de julio de 1973.

9. Oscar Anzorena, Tiempo de violencia y utopía. Del golpe de Onganía (1966) al golpe de Videla (1976), Buenos Aires, Del Pensamiento Nacional, 1998, p.237.

10. La Opinión, 12 de julio de 1973.

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