El ocaso de la ilusión decolonial

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EVO MORALES Y EL POST REFERÉNDUM

 

JAVO FERREIRA

Número 27, marzo 2016.

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En el referéndum del pasado 21 de febrero y luego de más de una década de éxitos electorales memorables, Evo Morales y el MAS sufrieron su primer derrota electoral, en la que se jugaba la figura del presidente, por un estrecho margen frente a un conglomerado de fuerzas que llamaron a votar NO a la reforma constitucional que pretendía autorizar a Morales y García Linera a un cuarto periodo presidencial. El resultado ha provocado un cambio en la relación de fuerzas entre el gobierno y la oposición política que ya empieza su carrera para armar un frente que tenga alguna posibilidad de ganar en 2019. En las siguientes líneas abordamos el necesario balance tras una década de gobierno y esbozamos las primeras perspectivas políticas que este resultado abrió en el país.

 

Algunos elementos sobre el resultado

Evo Morales obtuvo casi el 48 % de los votos frente a un 51 % del voto negativo, lo que convierte esta derrota en parcial, ya que el SI fue un voto duro, frente a un voto negativo de un conglomerado de fuerzas que muy difícilmente puedan articular un proyecto común. Es decir que aunque Evo Morales pierde el referéndum reeleccionista, mantiene una importante hegemonía en amplios sectores populares. Esta hegemonía, sin embargo, se focaliza en el campo, y como mostraron los resultados, la oposición campo-ciudad fue categórica. Si bien existe un desgaste del gobierno luego de una década de gestión, la misma obedece a un cúmulo de expectativas no satisfechas como trabajo, salud o servicios básicos que se perciben como algo cada vez más difícil de lograr con la caída de precios internacionales, como evidenció el caso de Potosí luego de la lucha del Comité Cívico Potosinista que exigía hospitales y fuentes de empleo, y que el gobierno rechazó realizar estos emprendimientos. El resultado fue categórico: mientras en Potosí Evo en otros momentos ganaba con más del 70 %, esta vez perdió por casi 15 puntos. Los escándalos de corrupción que golpearon al gobierno con el caso Zapata, las denuncias de tráfico de influencias o los muertos en el incendio de la alcaldía de El Alto, tuvieron como resultado final la reducción de la cantidad de votos en franjas de clase media o incluso sectores obreros, que le hubieran permitido vencer esta contienda.

 

Entre la bonanza económica y las dos velocidades de la crisis

No es una novedad que se está llegando al final de los gobiernos posneoliberales y se está inaugurando un nuevo momento político en el conjunto de Sudamérica. El motor del desgaste es el impacto de la crisis económica internacional. Durante estos años, el MAS llevó adelante un intensivo plan de construcción de carreteras y obras de infraestructura, que va desde canchas de fútbol hasta instalaciones para mercados en algunas comunidades e ingenios en algunos centros mineros. La planta separadora de líquidos en el Chaco junto algunas fábricas menores y la planta piloto de litio fueron sus logros industrializadores. Los escribas del gobierno, funcionarios que hacen de periodistas, gritan sobre la supuesta reducción de la pobreza y junto con el FMI afirman que Bolivia se habría transformado en un país de ingresos medios, pasando de 1.000 dólares per cápita del PBI a unos 3.100 aproximadamente hoy1. Lo que no han mencionado es que lejos de avanzar en una inclusión social basada en el pleno empleo, salud o educación, estos avances solo se dieron mediante una distribución rentista de los ingresos nacionales que siguieron manteniendo la matriz primario-exportadora y un dólar tendencialmente bajo que permitió el acceso al consumo de amplias capas de la población. Pero no fue superada la vulnerabilidad estructural y la dependencia del país de los volátiles precios de materias primas ni de los créditos e inversiones de diversas potencias imperialistas, reafirmando que la modernización en curso mantiene las bases semicoloniales de la nación. Pese a esto, con el inicio de la crisis en la región y la caída de precios, Bolivia tendrá un crecimiento por encima del 5 % este año y eventualmente el siguiente. La situación de postergación en la que se encontraba el país luego de 25 años de ciclo neoliberal, el rezago industrial, la parálisis en la infraestructura, los altos costos de los servicios y las comunicaciones permitieron que al iniciarse la bonanza económica con el alza de precios de materias primas y de commodities, el gobierno de Evo pudiera administrar recursos enormes, equivalentes en 8 años a los 25 del ciclo de gobiernos neoliberales. Sin embargo, ya en 2015 la caída de ingresos en concepto de exportaciones fue del 36 %, como informó el presidente del Banco Central de Bolivia, Marcelo Zabalaga, las ventas en concepto de exportaciones “bajaron de USD 12.893 millones a USD 8.720 millones” (La Razón, 17/02/2016). Sin embargo, esta caída en la recaudación estatal y en los ingresos nacionales está siendo compensada con un fuerte endeudamiento con el Estado chino por 7.200 millones de dólares, aprovechando 15 mil millones de dólares de reservas que garantizan estos créditos destinados a infraestructura (tren interurbano en el oriente, tres carreteras troncales que unirán el norte y el sur del país desde los Andes hasta los llanos orientales, más teleféricos), lo que permite garantizar un alto crecimiento para esta gestión. Esta es la vía lenta de llegada de la crisis. La otra vía tiene un impacto más directo en el ámbito social, y es la situación de cooperativas mineras y empresas que están cerrando porque los altos costos de producción impiden continuar operando, lo mismo en sectores fabriles orientados a la exportación como textiles o joyería que han empezado a reducir personal y a racionalizar su producción. Esta es la vía rápida de llegada de la crisis y que puede tener un impacto social importante aun cuando exista alto crecimiento de la mano del Estado. Aunque Bolivia no tenga los mismos ritmos frente a la crisis económica que el resto de la región, es indudable que no constituye una excepción. Y esta dinámica se sentirá en los próximos meses, de ahí lo prematuro del referéndum, ya que el gobierno tenía muchas más posibilidades de triunfar hoy que cuando se vea obligado a aplicar medidas de racionalización del gasto público, permitir despidos y sentir la presión de los sectores empresariales para diluir el salario.

 

De la crisis orgánica al Estado Plurinacional

La nueva Constitución aprobada en el referéndum de enero de 2009, que da origen al llamado Estado Plurinacional de Bolivia, significó el surgimiento de un nuevo régimen, de un nuevo orden basado en la incorporación de las autonomías indígenas-originario-campesinas en la estructura institucional del Estado, y en una redefinición de las características de la propiedad agraria hacia el futuro. Significó así mismo la consolidación del gran acuerdo nacional firmado el 21 de octubre de 2008 entre el gobierno de Evo Morales y los representantes de las derechas regionales (Costas, Cossio, Suarez y otros), luego de una profunda crisis que dejó más de 15 muertos y canalizó las disputas políticas entre el MAS y la oposición regional por el camino de la institucionalidad democrática burguesa. Surgía así un nuevo régimen político, en su expresión formal-institucional, es decir, se incorporaron las autonomías indígenas junto al reconocimiento de 36 naciones y/o nacionalidades originarias, las autonomías departamentales y la figura del prefecto como representación presidencial fue reemplazada por la de los gobernadores elegidos por el voto popular, además de otras modificaciones en el entramado institucional del país. Sin embargo, entre el pacto y la consolidación de este nuevo régimen existía una distancia que debía ser llenada, y esto solo se pudo hacer sobre la base de que el gobierno adquiriera rasgos crecientemente bonapartistas que contribuyeran a esta estabilidad social y al desarrollo de la nueva ingeniería institucional. El MAS, un frente popular de base campesina, se metamorfoseaba en una formación nueva, en un conglomerado de organizaciones y caudillos pero donde el presidencialismo de Evo Morales, el “jefazo” –como se referían a él sus militantes y funcionarios–, se convertía en la clave del aparato estatal y en el contenido esencial del nuevo régimen emergente. Este proceso implicó el desarrollo de una creciente tendencia del partido de gobierno a asimilarse a la clase dominante, a la burguesía. Esta asimilación puede ser de dos vías: una lenta y legal, en base a los altísimos salarios de los funcionarios, a los viáticos, regalos y prebendas oficiales; o puede llevarse a cabo en forma acelerada por la vía de la corrupción de los funcionarios públicos, es decir por un mecanismo de enriquecimiento acelerado a costa de los recursos estatales. Este proceso de asimilación a la clase dominante se vio facilitado por la política de pactos y acuerdos con los viejos derechistas que hoy colaboran y trabajan en diversas reparticiones estatales del Estado Plurinacional. Pablo Solón, un exfuncionario del MAS como embajador en la ONU, describe la situación de la siguiente manera:

Así, poco a poco, las banderas de la revolución agraria fueron vaciadas de contenido. La gran mayoría de terratenientes de antes del 2006 no fueron afectados. Se enfatizó el saneamiento y la titulación de tierras que favoreció mayoritariamente a indígenas y campesinos pero no se procedió a desmantelar el poder de los latifundistas. En este contexto se produjo una alianza con el sector más importante de los agro-empresarios: los exportadores de soya transgénica a los que se les permitió continuar e incrementar la producción de transgénicos. La soya transgénica que en el 2005 representaba solo el 21 % de la producción de soya en Bolivia alcanzó el 92 % en el 2012. Se postergó la verificación del cumplimiento de la función económica social de las grandes propiedades que hubiera llevado a su expropiación y reversión, se perdonaron los desmontes ilegales de bosques y se llamó a ampliar la deforestación para beneficio fundamental de los agroexportadores. Estas alianzas que antes del 2006 hubieran sido impensables se justificaron diciendo de que así se fracturaba a la oposición cruceña, se viabilizaba que el gobierno sea bien recibido en ciudades del oriente, y se evitaba una polarización como la de Venezuela, pues los sectores económicos de la oposición de derecha verían que era mejor no malograr la estabilidad del gobierno. Esta política de alianzas para estabilizar y consolidar “el gobierno del pueblo” fue abarcando a casi todos los sectores de poder económico. La burguesía financiera que desde un principio fue tratada con guante blanco para evitar el riesgo de una corrida bancaria, como en los tiempos de la UDP, fue una de las más beneficiadas. Las utilidades del sector financiero en Bolivia pasaron de 43 millones de dólares en el 2005 a 283 millones de dólares en el 2014. Algo similar pasó con la minería privada transnacional, que pese a algunas nacionalizaciones, mantuvo a lo largo de los últimos diez años una participación del 70 % en las exportaciones. Según el propio Ministro de Finanzas las utilidades del sector privado llegaron en el 2013 a los 4.111 millones de dólares2.

 

La nueva situación, la clase obrera y el Partido de los Trabajadores

Luego de aceptados los resultados del referéndum que intentaba consolidar ese carácter semibonapartista del régimen, sobre la base de un cuarto mandato, el gobierno y régimen tienden a endurecerse. Recientes declaraciones de Evo y sus funcionarios plantean que ya existen proyectos de ley para regular y controlar el uso de redes sociales, a las que el aparato gubernamental atribuye su derrota en el referéndum, así como una nueva central de inteligencia. La tan mentada “revolución democrática y cultural” parece ser que necesita de más regulaciones, nuevas cárceles y policías cibernéticos para llevar adelante el postulado de la descolonización del poder y la sociedad. Este despliegue represivo pudo verse en la feroz y sañuda persecución contra los trabajadores mineros de Huanuni y su sindicato, contra los trabajadores de la Universidad Nacional Siglo XX o contra los fabriles, salubristas y maestros luego de las huelgas del año 2013 y, sobre todo, luego de un gran intento por parte de los trabajadores de poner en pie el Partido de los Trabajadores basado en los sindicatos. Este intento, luego traicionado por la burocracia oficialista cómplice en la persecución a los trabajadores avanzados, fue uno de los fenómenos más avanzados en la lucha por la independencia política de los trabajadores.

El resultado del referéndum, bajo la sombra de la crisis económica internacional, hace que podamos afirmar que estamos ante el ocaso de la revolución democrática y cultural de Evo y sus amigos; y que la tan mentada descolonización del poder y la sociedad quedará como una tarea pendiente en manos de los trabajadores. El cambio en la relación de fuerzas entre los diversos actores políticos plantea la apertura de un pequeño espacio para disputar el descontento manifestado por sectores de trabajadores, estudiantes y franjas populares que, sin apoyar a la derecha votaron negativamente el 21F pasado. Para este fin, la lucha por un Partido de los Trabajadores, aunque por la acción de la burocracia sindical no exista una inmediata posibilidad de su surgimiento, permite reagrupar a los trabajadores avanzados que, en cada empresa, fábrica y taller quieren enfrentar a la burocracia sindical cómplice de despidos, persecución y ataques al salario de los trabajadores. Las banderas del PT permiten agrupar a trabajadores, estudiantes y diversos sectores populares que ven que hace falta una salida política de los trabajadores, que supere el estrecho marco del MAS o la vieja derecha como en el pasado referéndum re reeleccionista.

 

En la nueva situación, pelear por una salida obrera independiente

El gobierno y sus epígonos han difundido que este referéndum habría sido la manifestación de la “democracia directa”. Nada más falso. Intentan embellecer su gestión tomando instituciones y/o eslóganes conservadores que en otros momentos de la historia solo derechistas consumados podrían haber reivindicado3. La lucha por el Partido de los Trabajadores debe ir acompañada por la lucha por la extensión de las libertades democráticas contra los politiqueros profesionales, algo negado en la asamblea constituyente pactada con la derecha, disolviendo la reaccionaria institución presidencial y la cámara de senadores, para que de esta manera sea la misma representación popular la que ejerza en forma directa los derechos de legislar y ejecutar las medidas de gobierno. El país debe terminar con la subdivisión en circunscripciones electorales que diluyen el voto obrero e indígena y de las grandes mayorías populares en regiones incluso despobladas del país. Necesitamos una circunscripción electoral única para que la idea de “una persona un voto” se haga realidad. El MAS solo ha perpetuado instrumentos reaccionarios de neoliberales, nacionalistas o republicanos. Todos los funcionarios públicos deben ganar el salario de un trabajador fabril calificado, lo que terminaría con esa disputa ruin y miserable por llegar a diversas esferas estatales con el único fin del enriquecimiento personal. Esto permitiría implementar de manera transparente la elección de los jueces, tribunos, fiscales por voto popular, libre y democrático. La lucha contra los intentos del MAS de recortar aún más los derechos democráticos debe ser para facilitar que las luchas económicas, por el salario y la defensa del empleo, por los derechos de los pueblos indígenas, hoy reducidos a una mención en el papel, se hagan más concretos y más reales. La expropiación del latifundio y el reparto entre campesinos sin tierra, el control de la agroindustria por parte de los trabajadores agrícolas, la colectivización de las tierras en el occidente sobre la base de la industrialización y maquinización del campo serán enormes puntos de apoyo para avanzar, ahora sí, en una genuina descolonización nacional. Solo la transición del poder a los trabajadores mediante la conquista de un gobierno obrero, campesino y popular, sobre la base de organismos de democracia obrera directa, como esbozó la experiencia de la Asamblea Popular de 1971, será la garantía para iniciar una construcción nacional genuinamente independiente del imperialismo, avanzando en la industrialización nacional y en la elevación real del nivel de vida y de cultura de todo el pueblo.

 

  1. En Argentina, el PBI per cápita es de es de 12.509; en Chile de 14.528; en Perú 6.541, para dar algunos ejemplos (datos: Banco Mundial).
  2. Pablo Solón, exembajador ante la ONU, “Algunas reflexiones, autocríticas y propuestas sobre el proceso de cambio”, disponible en pablosolon.wordpress.com, 25/02/2016.
  3. Durante el referéndum pasado, un eje de la campaña electoral sostenida por el MAS, se basó en la estabilidad macro económica, “conquista” que se logró en 1986 luego de un ataque feroz al salario y a las conquistas obreras con el decreto Supremo 21.060. Hoy, los viejos eslóganes sostenidos por el MNR durante casi dos décadas pasan a manos del MAS. Con respecto al referéndum es evidente que plantearle a los trabajadores y al pueblo solo dos opciones sin posibilidad de discutir y tomar un rumbo alternativo, lejos está de ser democracia “directa”.

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