El “nuevo gobierno” kirchnerista

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CHRISTIAN CASTILLO

Número 6, diciembre 2013.

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La vuelta de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, luego de las cinco semanas de licencia tomadas por su enfermedad, vino con importantes cambios en el elenco de gobierno. Los más importantes en toda la década kirchnerista. Los cambios son hijos de la derrota del 27 de octubre, cuando el oficialismo, si bien mantuvo la primera minoría a nivel nacional, cayó del 54 % al 33 % de los votos, perdiendo en los cinco distritos electorales más importantes (Provincia de Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe y Mendoza). Particularmente dura resultó la derrota en “la provincia”, donde el Frente Renovador de Sergio Massa derrotó por un 44 % a un 32 % a la lista del Frente Para la Victoria encabezada por Martín Insaurralde. De nada le valió al intendente de Lomas de Zamora dar más protagonismo a Scioli en la campaña y tomar la agenda derechista de su rival. Su amplia derrota tuvo consecuencias no solo en la provincia sino a nivel nacional.

La debilidad política provocada por el resultado electoral se combina con la crisis que afecta al esquema económico1, expresada en el drenaje permanente de reservas y en los altos niveles de inflación. Es evidente que la política de parches “a lo Moreno” no resultó. Desde que fue adoptado el “cepo” cambiario a fines de 2011 la baja en reservas fue de 47.600 a 31.100 millones de dólares.

Para enfrentar la debilidad política poselectoral y las turbulencias económicas, el kirchnerismo ha dado un paso cargado de contradicciones con el nombramiento como jefe de Gabinete de Jorge Capitanich, hasta entonces gobernador del Chaco, más allá de que en la coyuntura esta jugada le permita oxígeno político y mostrar una imagen de renovación. Esta medida fue acompañada con el nombramiento de Axel Kicillof al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, trasladando a Hernán Lorenzino a una unidad especial para la reestructuración de la deuda pública. También fueron desplazados Mercedes Marcó del Pont de la presidencia del Banco Central (reemplazada por Juan Carlos Fábrega) y, con mayor importancia política, Guillermo Moreno de la Secretaría de Comercio Interior, algo reclamado por toda la oposición.

Por último, hubo también recambio en el Ministerio de Agricultura, donde Carlos Casamiquela, hasta entonces al frente del INTA, reemplazó a Norberto Yahuar, derrotado en las elecciones de Chubut por Mario Das Neves.

 

Del “bonapartismo” cristinista al gobierno bifronte

Capitanich, que ocupó ese mismo cargo unos meses bajo el gobierno de Duhalde, es un hombre del Opus Dei y opositor acérrimo del derecho al aborto, que no hace mucho impulsó en Chaco la instalación de una base norteamericana. Llega a la jefatura de gabinete como expresión del resurgimiento de la “liga de los gobernadores”, en particular los del NEA y el NOA, habiendo sido uno de los pocos mandatarios oficialistas que obtuvieron un triunfo rotundo en octubre. Desde el nuevo lugar que ocupa intentará posicionarse como postulante presidencial del Frente Para la Victoria en 2015, en competencia directa con Daniel Scioli, que se consideraba el depositario natural de esa candidatura una vez descartada la posibilidad de reelección de Cristina. Por ahora, Capitanich le ganó la pulseada al otro gobernador que sonaba fuerte para el recambio ministerial, Sergio Urribarri, mandatario de Entre Ríos. Cristina, por su parte, alienta esta pluralidad de posibles candidaturas oficialistas como forma de tratar de retener el mayor poder posible en la coalición gobernante hasta el final del mandato.

El cambio producido no es menor. El de los Kirchner siempre fue un gobierno con fuertes rasgos “bonapartistas”, caracterizado por la omnipresencia y arbitraje permanente de la figura presidencial, primero bicéfalo y desde la muerte de Néstor con el poder gubernamental concentrado en CFK. Ahora el gobierno tiende a ser bifronte, con un rol inicial de la presidenta más retraído y Capitanich actuando hiperquinéticamente en la gestión cotidiana, incluyendo conferencias de prensa diarias al estilo de Carlos Corach durante la gestión menemista. Varios analistas señalan la magnitud del cambio planteando y que es el primer jefe de gabinete “en serio” desde que la figura fue introducida en la reforma constitucional de 1994. Lo cierto es que la dirección cotidiana de los asuntos de gobierno pasa a estar en mano de uno de los “gobernas” del PJ, con una presencia que no es muy difícil pronosticar que más tarde o más temprano provocará roces con la presidenta, sobre todo si Capitanich se asienta políticamente y crece su figura como sucesor presidencial. Y esto se da en medio de un panorama político volátil en lo que hace a la conformación de las coaliciones políticas que competirán por la presidencia en 2015, con límites difusos entre el oficialismo y la oposición.

¿Scioli irá a una competencia interna contra Capitanich y/o Urribarri en el bloque oficialista? ¿O romperá y jugará en una interna con Sergio Massa, hasta no hace mucho parte también del oficialismo? ¿Massa jugará solo, irá a una interna con Macri o por su falta de estructura nacional tendrá que ir a una suerte de gran interna peronista? Estas hipótesis (algunas más probables que otras, es cierto), que hoy son parte de la especulación de los politólogos, expresan que todos los vencedores de octubre lo fueron en términos relativos, que el agotamiento del ciclo kirchnerista se está dando en forma gradual y no catastrófica dejando por ahora un escenario político fluido en lo que hace a la conformación de los distintos espacios políticos de la clase dominante.

 

Los “heterodoxos” aplicando políticas “ortodoxas”

Durante todos estos años los economistas “progres” aliados al gobierno se autodefinieron como “heterodoxos” para diferenciarse tanto de las “recetas neoliberales” de los “ortodoxos” como del punto de vista marxista. Los “heterodoxos”, que tienen a Keynes entre sus autores preferidos, gustan presentarse como los que responden con soluciones particulares a problemas específicos.

Se la pasaron presentando a la política kirchnerista como ejemplo de desafío a las recetas fondomonetaristas cuando en realidad la política económica K se basó en dos pilares: el trabajo sucio de la devaluación realizado por el duhaldismo, que produjo una caída del 40% en el salario real promedio y abarató los costos locales en general, y el cambio de condiciones internacionales que favorecieron con altos precios a las exportaciones argentinas. Su tan festejado “desendeudamiento” fue en realidad un “pago serial” de U$S 173.000 millones, como confesó la propia presidenta. Pero lo cierto es que desde la llegada de Axel Kicillof y su equipo al Ministerio de Economía todas las medidas tomadas han contado con el aplauso de la derecha y la “ortodoxia” local, en particular el anuncio de un acuerdo con Repsol para indemnizar a la multinacional española por la expropiación del porcentaje de acciones de esta compañía en YPF, que permitieron al Estado controlar el 51 % de la empresa y con ello contar con su dirección. El acuerdo fue alentado por la empresa petrolera mexicana PEMEX, que es el tercer accionista de Repsol y busca la concesión de áreas de explotación en Vaca Muerta. Se comenta que hubo intervención directa de los gobiernos de México y del Estado Español (y muy posiblemente EE.UU., país de donde proviene Chevron), que llevaron a un compromiso inicial donde el Estado argentino entregaría a Repsol una cifra que va de U$S 5.000 a U$S 8.000 millones, un premio para una empresa caracterizada por saqueo voraz de los recursos petroleros y gasíferos que llevó al país a una caída en la producción y a un alto déficit energético.

Hay trabajos que sostienen que el análisis de los balances presentados por YPF-Repsol, haciendo un cálculo conservador, dan que por su política de desinversión y giro de dividendos es la empresa española la que debería indemnizar al Estado argentino en, al menos, U$S 4.000 millones, a lo que debería sumarse el daño ambiental más los gastos que demandó la pérdida del autoabastecimiento energético.

Tal es el entreguismo del gobierno con Repsol que Macri se dio el gusto de declarar que “Cristina se está pareciendo cada vez más al PRO”, y los diarios de la “opo” se vienen haciendo una panzada contrastando las declaraciones “nacionales y populares” de Kicillof cuando se expropiaron las acciones de Repsol con la orientación de la política petrolera actual. Joaquín Morales Solá da cuenta de esto mismo cuando señala la incomodidad de los sectores “progresistas” de la coalición de gobierno con la nueva orientación: “El cristinismo radicalizado toma distancia. Ni el discurso ni la acción del gobierno lo conforman. No se envolvió en la bandera de la revolución para terminar aplaudiendo un acuerdo con Repsol ni, mucho menos, con el Fondo Monetario, con el Club de París, con los tribunales internacionales del CIADI ni con los fondos buitre.

Cristina Kirchner está en un territorio desconocido: la aplauden opositores y empresarios, pero calla el núcleo duro del populismo kirchnerista” (“Cristina obligada a ser otra”, La Nación, 30-11-2013). El arreglo en torno a Repsol es cierto que era previsible. Miguel Galluccio, cuya experiencia provenía de su actuación como gerente en la empresa norteamericana de servicios petroleros Schlumberger, no fue nombrado al frente de YPF para llevar adelante una política que defienda la “soberanía nacional”, sino para entregar nuevamente los recursos energéticos a otras multinacionales, como lo vimos en el acuerdo de saqueo firmado con Chevron para la explotación de parte de Vaca Muerta en Neuquén. Ahora todos los medios señalan su relación con el presidente de PEMEX, Emilio Lozoya, como clave para la realización del acuerdo con Repsol y los planes de alianza de la empresa mexicana con YPF2.

La política típicamente liberal para el área petrolera y gasífera (aumento del precio de las naftas incluido) va acompañada del acuerdo para pagar a las empresas multinacionales con juicios en el CIADI contra Argentina, por una nueva negociación para cancelar la deuda con el Club de París y por una “normalización” de la relación con el FMI, como forma para comenzar un nuevo ciclo de endeudamiento, una de las formas que ve el gobierno para tratar de recomponer las reservas. A esto se agrega una aceleración del ritmo devaluatorio del peso frente al dólar, buscando cerrar la brecha entre la cotización del “dólar oficial” y el “dólar blue”. Esta orientación es justificada por el kirchnerismo, como necesaria para “atraer capitales para la inversión”. Con argumentos que son un déjà vu de los planteados por el menemismo en los denostados ´90. Pero la cuestión es que los acuerdos se realizan bajo las condiciones impuestas por las empresas u organismos imperialistas, y además se evita avanzar sobre las ganancias millonarias de la oligarquía y burguesía agraria o mediante impuestos a las grandes fortunas, que permitirían recursos para invertir en un desarrollo verdaderamente independiente.

La naturaleza de este gobierno (así como de la oposición) impide tomar una perspectiva de este tipo. Pero es el producto de su no voluntad política y no de la “imposición de las circunstancias”. Este giro derechista en lo económico es acompañado en el terreno de los derechos democráticos por la media sanción de Senadores de una reforma reaccionaria y antiobrera del Código Civil.

 

Los desafíos de la izquierda

Mientras el oficialismo se recuesta en una fracción de los gobernadores del PJ y gira a derecha para tratar de administrar su “fin de ciclo”, la clase trabajadora tiene por delante enfrentar las consecuencias del ajuste en curso, con salarios que caen frente al incremento de la inflación y la negativa del gobierno a dar cualquier tipo de compensación salarial a los trabajadores del estado, a los jubilados y a los que cobran la Asignación Universal por Hijo. La burocracia sindical se encuentra en una crisis de envergadura, fragmentada en cinco centrales diferentes y sin rumbo ni orientación para hacer frente a su creciente deslegitimación, con sectores que alientan una reforma parcial del “modelo sindical” (como Facundo Moyano y su proyecto de incluir a las minorías en las directivas sindicales y limitar el tiempo de reelección) para tratar de contener el avance de los sectores combativos y otros que se resisten a todo cambio. Para las clases dominantes la crisis de la burocracia sindical es un elemento preocupante, que está motivando la intervención misma del Papa Francisco, que recibió a varios miembros de la CGT “Balcarce” con un llamado a la “unidad sindical”. Recientemente, el abogado asesor de las patronales, Julián De Diego, que brega por limitar las paritarias y acordar un pacto social que ponga tope a los aumentos salariales, afirmó: “No sería viable en este contexto que los gremios acepten ajustes regresivos, escalonados, y que tengan por fin retrotraer la  inflación. Sería un retroceso para los dirigentes, una clara pérdida de los logros de los últimos once años, y sobre todo, una fuente de innumerables quejas, reclamos y hasta controversias con los disidentes, con los grupos opositores, y sobre todo, con los grupos de izquierda, que por primera vez en más de cincuenta años, avanzan sobre las estructuras sindicales justicialistas tradicionales” (El Cronista, 16-11-2013, destacado nuestro). De Diego da en la tecla respecto de la magnitud del fenómeno que estamos presenciando en la clase obrera. Aun con un peso todavía minoritario de las estructuras sindicales aunque significativo, se abre la perspectiva para la izquierda clasista de disputar no solo la conducción de comisiones internas y cuerpos de delegados sino de los mismos sindicatos, algo que solo ocurrió episódicamente desde que el peronismo y sus burocracias sindicales afines tomaron el control de los gremios (Ver artículo de H. Camarero en este número). El importante voto al Frente de Izquierda y de los Trabajadores en numerosas fábricas y establecimientos (que en algunos lugares llegó al 20, 30, 40 y hasta el 50 % de los trabajadores) así como las victorias en estos últimos meses de las listas combativas en Pepsico, Alicorp, (exJabón Federal), Coca Cola, Kraft, Donnelley y Lear (donde nuestro partido, el PTS, tiene activa intervención), en las elecciones de renovación de mandatos para las comisiones internas son claramente indicativas de este proceso en curso, donde crece la influencia de la izquierda en la clase obrera disputando la base que el peronismo consideraba como propia. Lógicamente es un proceso heterogéneo y desigual pero extendido nacionalmente, que nos permite plantearnos el desafío en la próxima etapa de avanzar a la conquista de sindicatos, no para dejarlos tal cual son sino para conquistar la más plena independencia del Estado y para imponer la más amplia democracia sindical y la libertad de tendencias políticas. Queremos transformar de raíz las formas de organización de los sindicatos para evitar la burocratización, incluyendo entre otros puntos la rotatividad en los puestos de dirección y la representación de las minorías en las comisiones directivas. En ese sentido, tenemos el ejemplo de la reforma del estatuto del Sindicato Ceramista de Neuquén impulsada por la lista Marrón que integran los ceramistas del PTS junto a compañeros independientes. Un sindicato caracterizado no solo por implementar estas medidas sino por tener una política permanente de coordinación y reagrupamiento con otros sectores de la clase obrera tanto local como nacionalmente, así como una política hegemónica hacia otros sectores oprimidos.

Las bancas que hemos conseguido en el parlamento nacional y en las legislaturas de varias provincias tendrán entre sus principales objetivos aportar a este objetivo de conquista de los sindicatos por la izquierda (Ver artículo de J. Dal Maso y F. Rosso en este número). El otro gran desafío que nos plantea la votación del Frente de Izquierda es avanzar en la construcción del gran partido revolucionario que requiere la clase obrera para vencer.

El curso tomado por el gobierno muestra el fin de la ilusión de los sectores progresistas del kirchnerismo, que sostuvieron que siendo parte de una misma coalición con el peronismo conservador de los gobernadores e intendentes y con la burocracia sindical podrían lograrse transformaciones favorables a los intereses de la clase trabajadora. Que desde el control del aparato gubernamental podían recrear una burguesía nacional que se orientara en función del interés nacional. Han sido desmentidos por los crudos hechos, con un gobierno que toma medidas que aplauden los discípulos de Milton Friedman. La conclusión es clara: no hay posibilidad de emancipación social verdadera si la clase trabajadora no se transforma en un sujeto político independiente con la capacidad de encabezar la lucha del conjunto de los oprimidos para terminar con el poder de los explotadores y su Estado, y comenzar la construcción de una sociedad sin explotadores y explotados. Nada más y nada menos que esto es lo que nos proponemos.

 

1. Algunos analistas hablan de una suerte de esquema económico “K2”, basado en el control de precios y subsidios, que habría reemplazado al “K1”, caracterizado por el superávit gemelo (ver Luis Tonelli, Capitanich a la gestión, Cristina al poder, en El Estadista 91, 29/11/13). Lo que oculta esta definición es que el “K2” es hijo directo del “K1”, un intento fallido de lidiar con sus contradicciones y las tendencias a su agotamiento.

2. El acuerdo consistiría en la concesión de pozos convencionales en México para YPF que cuenta con experiencia para la explotación de yacimientos con producción en caída a cambio de la participación de PEMEX en Vaca Muerta.

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