El mandato patriarcal se escribe con sangre

1
Share Button

mujer

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

ANDREA D’ATRI

Número 16, diciembre 2014.

 

Como nunca antes en la historia, las mujeres alcanzaron derechos que apenas un siglo y medio atrás parecían utopías inconcebibles. De no poder votar a ser presidentas, legisladoras y ministras; de no tener acceso a la educación superior, a ser mayoría entre el estudiantado universitario mundial. De tener que pedir permiso al marido para trabajar fuera del hogar, a ocupar todos los oficios del mundo laboral. Esos derechos no fueron conquistados en una evolución lineal y permanentemente progresiva.

Muchos son el resultado de luchas dadas en períodos de radicalización social y política, otros son el resultado de ciertas concesiones de las clases dominantes con el propósito de limar el filo de insubordinación de los movimientos reivindicativos, integrando a sus líderes y limitando sus aspectos más críticos y antisistema.

Es cierto que todos los derechos son acotados en el marco de democracias burguesas cada vez más degradadas, en las que pueden ser plenamente ejercidos apenas por algunas mujeres, por algún cierto tiempo y en determinados países. Como también pueden ser amenazados y retroceder en tiempos de crisis económica, política y social1.

Pero lo verdaderamente inquietante es cómo la bandera de la equidad de género, habiéndose transformado en casi un sentido común ampliamente aceptado y en políticas públicas de los más diversos ámbitos, aún persista tan alto nivel de discriminación y violencia contra las mujeres. ¿Por qué los mandatos patriarcales persisten –aunque bajo nuevos ropajes– construyendo la jerarquía de los géneros?

 

La regularidad abominable de los femicidios

El índice de femicidios es altísimo2. En Argentina, en el 2013, hubo 295, es decir, uno cada 30 horas3. Aún hoy, la prensa amarillista los denomina crímenes pasionales. Y, a pesar del entramado de significados patriarcales que encierra esta denominación que rechazamos, no deja de explicitar algo que demuestran las estadísticas: en el 63% de los femicidios perpetrados en el 2013, los victimarios fueron esposos, parejas, novios o amantes, actuales o pasados4.

La sociedad se espanta cuando estos crímenes salen a la luz. Y es fácil que los medios de comunicación los adjudiquen a la monstruosidad del criminal. Pero un monstruo, según el diccionario, es una “producción contra el orden normal de la naturaleza”, es decir, algo insólito, una rareza que resquebraja lo esperable, lo cotidiano y conocido. Lamentablemente, un femicidio cada 30 horas demuestra que no se trata de una excepcionalidad, sino casi de una regla: una regularidad abominable nos advierte que una de nosotras será asesinada cada día.

En ocasiones, los propios victimarios justifican su acción adjudicándosela a una repentina pérdida del autocontrol o del control de la situación. Sin embargo, la violencia contra las mujeres es una muestra, por el contrario, del más alto grado de control que pueda ejercerse sobre alguien. De hecho, si la violencia femicida, en la mayoría de los casos puede anticiparse, es porque es el resultado de una escalada de conductas de hostigamiento que no suelen atenderse, porque el control y el dominio de los hombres sobre las mujeres están naturalizados. Cada vez que una mujer es violada, golpeada o asesinada, millones de mujeres sobrevivientes aprenderán la lección que, imperceptiblemente, moldeará su subjetividad. Por eso, aunque el femicidio cobre en las noticias los nombres y rostros singulares de una víctima y un victimario, se trata apenas de un engranaje en una gigantesca maquinaria de violencia contra las mujeres, cuya finalidad no es apenas la muerte de las víctimas, sino el disciplinamiento del cuerpo, del deseo, del comportamiento de las sobrevivientes. Mientras otras formas de violencia social actúan desestabilizando el statu quo (como los ataques contra la propiedad privada), la violencia contra las mujeres contribuye a mantenerlo.

A diferencia de otras formas de violencia social, ésta es estructural porque surge de las normas socio-culturales que establecen cómo deberían comportarse las mujeres, y se instituye como el “legítimo castigo” para aquellas que no se subordinan a estos mandatos patriarcales. Desde este punto de vista, nos resistimos a denominarla violencia doméstica, porque se invisibiliza que, lejos de tratarse de una conducta patológica individual y específica del ámbito privado, se trata de un eslabón más de esa cadena de violencia estructurante de las sociedades clasistas, contra las mujeres, desde la Antigüedad hasta nuestros días. Una violencia que, aunque naturalizada e invisibilizada, se origina, sostiene, justifica y reproduce en el ámbito público, por la  clases dominantes, su Estado y sus instituciones, las fuerzas represivas, la escuela, la Iglesia y los medios de comunicación.

Esta cadena de violencias incluye la ridiculización, la sospecha y el control, la intimidación, la condena de la sexualidad y de los comportamientos que no se ajustan a la heteronorma, la desvalorización de los cuerpos que no se corresponden a los modelos de belleza, etc. Pero también, el impedimento del Estado para que las mujeres puedan ejercer su derecho al control de su propio cuerpo y sus capacidades reproductivas, causa del mayor femicidio invisible a las estadísticas, como es el de las muertes por consecuencia de los abortos clandestinos. Como asimismo, la escandalosa responsabilidad del Estado –a través de sus funcionarios políticos, judiciales y fuerzas represivas por omisión y cobertura de impunidad o por participación directa, como clientes o proxenetas– en el funcionamiento de las redes de trata y prostitución que secuestran y explotan sexualmente a miles de mujeres jóvenes. Y esta violencia extrema contra las mujeres, en las últimas décadas, ocurre sobre el telón de fondo de la creciente feminización de la pobreza y del trabajo, que viene aparejada con el aumento inusitado de la precarización laboral.

 

Expropiación de la autonomía sexual y mercantilización de las mujeres

¿Por qué si, en tantos países –incluyendo Argentina– la población que aprueba la práctica del aborto para embarazos no deseados es mayoritaria o aumenta día a día, resultan infructuosos los intentos de legalizarlo? Desde la década del ‘70 en adelante, en muchos países se ha conquistado el derecho al aborto, que es legal para el 74 % de la población mundial. Sin embargo, cada año, siguen muriendo 500 mil mujeres por complicaciones en el embarazo y en el parto y 500 mujeres mueren cada día, en todo el mundo, por consecuencias de los abortos clandestinos. Es decir, un espeluznante femicidio perpetrado por los estados, a escala global, absolutamente evitable5.

La ilegalidad no se debe meramente a un lobby por intereses económicos, aunque sí existe un gran negocio de la corporación médica detrás de los abortos clandestinos. Se trata del poder de la Iglesia –especialmente en América Latina– y otros fundamentalismos interesados en marcar su influencia en y por sobre el Estado, al servicio de reproducir mandatos ancestrales que pesan sobre los cuerpos femeninos: la maternidad como única realización posible de una “verdadera” feminidad; la reproducción como objetivo excluyente de la pareja heterosexual fundante de la familia patriarcal.

Por oposición a estos mandatos, a las mujeres que abortan se les atribuyen clasificaciones peyorativas que constituyen una identidad reprobable: asesinas, lujuriosas, ignorantes, desnaturalizadas, etc6. El aborto, por tanto, es algo más que una tecnología no reproductiva: al interrumpir el proceso de reproducción biológica, confronta, cuestiona e interrumpe el proceso de reproducción cultural de estas formas de poder patriarcal y heteronormativo que se ejercen sobre el cuerpo de las mujeres7.

Pero al mismo tiempo que a las mujeres se las expropia de su autonomía sexual y reproductiva cuando el desarrollo científico y tecnológico alcanzado permitiría un grado de autonomía nunca antes visto, aumentó de manera descomunal la cosificación y mercantilización de sus cuerpos8.

La naturalización de la milenaria institución de la prostitución, impide dimensionar la violencia que se ejerce contra las mujeres a través de su explotación sexual y, especialmente, en el reclutamiento forzoso o engañoso de las redes de trata. Como señala la española Ana De Miguel, cabría preguntarse aquello que no se cuestiona porque aparece como evidente: “¿Por qué tantos hombres aceptan con normalidad que haya cuerpos de mujeres que se observan, se calibran y finalmente se paga para disponer de ellos?”9. Quizás la prostitución represente, como ningún otro vínculo entre hombres y mujeres, el placer masculino obtenido no ya del coito en sí, sino de una relación sexual definida por el poder del varón sobre la mujer y en su falta de reciprocidad.

La prostitución –como contracara de la obligación de fidelidad que tiene la esposa en la familia patriarcal– es también una institución que regula y legitima los roles sociales de las mujeres en una sociedad de clases: esposas y madres obligadas a limitar el acceso a su cuerpo a través de la imposición (desigual) de la monogamia; limitadas en su autonomía sexual y expropiadas no solo de su deseo y placer, sino también de su capacidad reproductiva; y por otro lado, las mujeres prostituidas cuyo acceso es público y, por tanto, encarnan todos los (dis)valores que son inconvenientes para las “mujeres privadas”. Aunque la prostitución surge en los albores de la civilización, junto con la familia, la propiedad privada y el Estado, recién en las últimas décadas se ha transformado en una industria de grandes proporciones y enorme rentabilidad a nivel mundial. Y mientras esta industria adquiere cada vez mayor legalidad, con empresarios que pagan sus impuestos, sindicalización de las mujeres explotadas y normas que fijan la habilitación de los establecimientos, su expansión también empuja, paralelamente, al crecimiento de las redes clandestinas de trata de mujeres que constituyen su materia prima10.

Según la ONU –dicho sea de paso, organismo del cual el 63 % de sus fuerzas multinacionales fue acusado de estar relacionado con delitos sexuales, abusos, violaciones, etc. y un tercio de esas acusaciones se referían a la prostitución–, 4 millones de mujeres y 2 millones de niñas, cada año, son vendidas para la prostitución, como esclavas o en supuestos “matrimonios”. La explotación de estas niñas y mujeres sumidas en la miseria, produce suculentas ganancias que rondan los 32 mil millones de dólares anuales, para los proxenetas.

 

Feminización de la pobreza y precarización del trabajo

El gigantesco proceso de transformación del trabajo de las últimas décadas –con aumento de la precarización y flexibilización laboral, de los ritmos de producción y la incorporación de fuerza de trabajo al mercado global, proveniente de la transformación de países no industrializados en nichos de inversión de capitales– empujó a millones de mujeres al mercado laboral, consiguiendo que el número de asalariadas urbanas superara al de las mujeres rurales, mientras se registra una tendencia creciente de los procesos de feminización de la pobreza y de la fuerza de trabajo.

Pero la persistencia de los roles de género patriarcales que adjudican a la mujer la responsabilidad por las tareas de reproducción, marca a fuego sus modos de inserción en el espacio productivo: cuidadoras, educadoras, limpiadoras, las mujeres acceden a las ramas de servicios para los que la vida misma –y un milenario proceso sociohistórico– las ha calificado con el ejercicio de los rutinarios quehaceres domésticos.

Sus especialidades y calificaciones, por tanto, son invisibilizadas como lo es el mismo trabajo doméstico que no recibe retribución salarial. Eso las ubica, siempre, en el punto más bajo de las escalas de categorización con las que se segmentan los salarios. La invención de máquinas de distintos grados de sofisticación que permiten que el trabajo doméstico sea más liviano y se realice en menor tiempo, aún no termina de eliminar esta otra jornada laboral sin remuneración que realizan, mayoritariamente, mujeres y niñas. Mientras en los países centrales el tiempo dedicado a estos quehaceres disminuye, en el otro polo de sociedades atrasadas y dependientes, las mujeres siguen atrapadas en esta sobreexplotación ancestral, incluso migrando para ser trabajadoras domésticas en las metrópolis. El capitalismo necesita bajar el precio de la fuerza de trabajo, y en parte, el patriarcado –romantizando el trabajo doméstico– se lo garantiza.

Hoy, entre los 2500 millones de personas más pobres, el 70 % son mujeres y niñas. La crisis económica internacional, que se desató hace ya seis años, generó 20 nuevos millones de personas desocupadas y otros 200 millones que pasaron a vivir en la extrema pobreza. Pero el impacto de esa crisis no es igual para todos: la mayoría de esas personas son mujeres. Su situación las convierte, como es obvio, en el principal grupo de riesgo para las muertes y enfermedades como consecuencia de los abortos clandestinos y también para las operaciones de las redes de trata y explotación sexual, como para todas las formas de violencia machista.

 

El derecho a “una vida libre de violencia”

Ésa es una de las consignas más repetidas por los movimientos de mujeres. En las últimas décadas, el reclamo contra la violencia se ha formulado en términos de derecho, provocando reformas en los sistemas penales y estableciendo marcos jurídicos para contrarrestar, limitar y castigar la violencia que se ejerce contra las mujeres. Eso permite visibilizar el destino de subordinación, cosificación y maltrato que el capitalismo patriarcal le reserva a la mitad de la humanidad. Es el resultado parcial de un combate ganado con la lucha de las propias mujeres, en los que el Estado capitalista tiene que legitimarse reconociendo, en parte, la existencia de una discriminación que sus propias instituciones reproducen y justifican.

Pero, al margen de los tribunales, la violencia se sigue reproduciendo pasmosamente, como si todos los castigos no fueran suficientemente aleccionadores para que los victimarios desistan de sus propósitos letales. El carácter estructural de la violencia contra las mujeres emerge, permanentemente, a través de los resquicios de un régimen social putrefacto, que nos incluye formalmente, pero nos sigue condenando a ser “ciudadanas de segunda”.

Actualmente, la opresión de las mujeres originada en el ancestral modo patriarcal de reproducción, fuente de todas las formas de esa violencia estructural de género, permanece –aún cuando sus formas hayan variado más o menos perceptiblemente–. Esto se debe a que el patriarcado normativiza las relaciones sociales para la reproducción que son indispensables para que las relaciones sociales de producción capitalistas no se vean alteradas y se garantice, reproduzca y legitime la explotación de millones de seres humanos por una minoría parasitaria, propietaria de los medios de producción. Romper esa alianza entre el patriarcado y el capitalismo, casi inquebrantable, es el único camino realista para acabar con todas las formas de violencia. Requiere del reclamo de legítimos derechos, pero lo excede amplia y radicalmente.

 

VER PDF

 

1. Para ampliar este concepto sobre la paradoja abierta durante las décadas de neoliberalismo, donde mayores derechos fueron de la mano de un crecimiento monumental de los agravios para amplias masas femeninas, ver D’Atri, A. y Lif, Laura (2013), “La emancipación de las mujeres en tiempos de crisis mundial”, Ideas de Izquierda 1 y 2.

2. Un versión de este apartado, fue publicada con el título “Las cifras del horror” en La Izquierda Diario, 24 de setiembre 2014.

3. Informe de Investigación de Femicidios en Argentina, 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2013, La Casa del Encuentro, Bs. As., 2014.

4. Más recientemente, se introdujo el concepto de femicidio vinculado, para referir a los casos en los que los hijos u otras personas vinculadas con la mujer, son las víctimas fatales de esta violencia cuyo objetivo es causar un daño, castigar y destruir psíquicamente a la mujer que el victimario considera de su propiedad. También se consideran femicidios vinculados los asesinatos de personas que intentaron impedirlo o quedaron atrapadas en “la línea de fuego” del femicida.

5. Otros artículos de la autora, sobre derecho al aborto pueden leerse en Ideas de Izquierda 13, setiembre 2014 e Ideas de Izquierda 4, octubre 2013.

6. Ver Rosenberg, Martha (2013). “¿Quiénes son esas mujeres? II” en Otra historia es posible. El aborto como derecho de las mujeres, de Ruth Zurbriggen y Claudia Anzorena (compiladoras), Herramienta, Buenos Aires.

7. Ver Morán Faúndes, José Manuel (2013). “¿Pro-Vida? ¿Cuál vida? Hacia una descripción crítica del concepto de ‘vida’ defendido por la jerarquía católica” en Zurbriggen y Anzorena, op.cit.

8. Ver D’Atri, Andrea (2014) “Pecados & Capitales”, en Ideas de Izquierda 7.

9. De Miguel Álvarez, Ana (2012). “La prostitución de mujeres, una escuela de desigualdad humana” en Revista Europea de Derechos Fundamentales 19, 1er semestre, Universidad Rey Juan Carlos, Madrid.

10. Ver Jeffreys, Sheila (2011). La industria de la vagina. La economía política de la comercialización global del sexo, Paidós, Buenos Aires.

1 comment

  1. Juan Chaves 13 mayo, 2015 at 22:39 Responder

    Al menos desde que el cristianismo y el islamismo se institucionalizaron en congregaciones religiosas, las iglesias sostienen preceptos, órdenes de vida, para varones y mujeres , y según sus edades. Luego, desde el inicio del capitalismo, esto persiste. El capitalismo, en tanto que es un sistema que fuerza a concretar en los distintos órdenes de la historia -la economía, el Estado, la ley, la familia, etc.- a los dogmas religiosos, lo que logra de manera incompleta, tiene al patriarcado como parte de sí. No es que el patriarcado se haya aliado con el capitalismo, sino que es parte de él. Entonces, hay que tener en cuenta que el capitalismo pretende sujetar, y lo logra parcialmente, a los varones a roles determinados por las iglesias, como ser líderes de gobierno, empresariales, jefes de familia, proveedores del hogar, etc., aparte de imponer modelos familiares que no son comunales, como el de la familia judeocristiana, con padre, madre, hijos, cuñados, suegros, nueras, tíos, primos, abuelos y demás. Para los varones la imposición de esos modelos no es grata sino opresiva, ya que se nos busca forzar a adoptar roles que no responden siempre a nuestros deseos ni a la naturaleza humana, y en casos extremos a sostener la crianza de hijos a los que no se quizo tener, para lo cual hay que soportar un régimen laboral explotador y cumplir con muchos mandatos degradantes, como la obligación de educarlos en escuelas, y de que sean buenos alumnos, mantenerlos sanos mediante la medicina hospitalaria, cuando no hay otras opciones, etc. Y si una mujer en pareja con un varón le es infiel se lo trata a éste de cornudo. Eso no explica toda la violencia de los varones sobre las mujeres, ni la justifica, pero son cosas que hay que tener en cuenta para pensar las soluciones al problema, que tienen que ser las de adoptar un modo familiar comunal, terminar con la explotación laboral, hacer justas y relajadas a la salud y la educación, desactivar el mito de los cuernos, socializar las empresas, el gobierno y la crianza de los hijos, prescindir de las tareas innecesarias, legalizar el aborto, fomentar la anticoncepción y la sexualidad no reproductiva, etc. Al conjunto de esas cuestiones se lo resume en el socialismo. Por eso, para lograr las metas feministas, es preciso que se dé una respuesta placentera a los problemas machistas, entendido el machismo no sólo como el machismo violento sino como el conjunto de cosas que hacen a la vida de los machos humanos, de los varones.

Post a new comment

Te puede interesar

El grito en la Salta colonial

#JUSTICIAPARAJUANA - FLORENCIA UNQUILLO Y AZUL PICÓN - Número 32, agosto 2016 - Juana1 tiene 12 años, pertenece a la comunidad wichi LhakaHonhat, cerca del ...