El laboratorio K de la criminalización de la protesta social

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A UN AÑO DE LA CONDENA A CADENA PERPETUA A LOS PETROLEROS DE LAS HERAS

IVÁN MARÍN

Número 16, diciembre 2014.

 

La provincia es un verdadero feudo con alrededor de seiscientos procesados por luchar, la mayoría de ellos de la zona norte. Al momento de cerrar este artículo se lleva a cabo en Río Gallegos un juicio a cinco trabajadores estatales acusados de incendiar un edificio público. No hay prueba que certifique que ellos sean los responsables.

Sobre la desolada, fría y árida estepa corren ráfagas huracanadas de viento que arrastran historias de combates paridas por la injusticia. La meseta patagónica, refugio indómito de la dignidad de los oprimidos por el yugo insaciable del lucro y el despojo a los pueblos originarios, sabe de heroicidades colectivas contra los detentores del poder. Ese inapelable motor de la historia llamado lucha de clases allí, justo allí, suele presentar aspectos de enfrentamientos agudos, de vida o muerte, entre sus contrincantes.

Santa Cruz, en el extremo sur del país, cuenta con un recorrido sinuoso y peculiar en este aspecto. Sin dudas, las furibundas huelgas de peones rurales de los años veinte del siglo pasado han dejado su huella a lo largo y ancho del territorio provincial. En cada una de las luchas que le prosiguieron puede hallarse algún trazo de su “ADN”, invocado por quienes combaten por defender o ampliar sus derechos. Así Las Heras, con sus emblemáticas luchas que conmocionan al país en los últimos años, debe ser inscripta a través de sus singularidades históricas sobre una tradición de batallas de las que no puede permanecer ajena. Distintos pobladores de la localidad refieren a las peculiaridades acerca del surgimiento de su nombre.

Historias simpáticas como aquella que cuenta que, en una estancia de nombre “El Rastro”, cercana a lo que luego sería el pueblo, se halló un rastro impreso en piedra con supuestos contornos que asemejarían a un avestruz, y de allí uno de sus primeros nombres no oficiales: “El Rastro del Avestruz”. A comienzos de siglo empieza el tendido de una vía férrea que tendría por objetivo unir Puerto Deseado con la cordillera, pero, en 1914 con el comienzo de la Primera Guerra Mundial, se suspende el proyecto justo donde hoy se encuentra la localidad. Ese es el origen de otros de los dos nombres no oficiales: “Parada 283”, por los kilómetros de vías construidos, y “Punta Rieles”. Otros nombres cuando la provincia aún no existía y era territorio nacional fueron “Colonia Pastoril General Las Heras” y “General Las Heras”. Estas dos últimas denominaciones generaron confusión sobre cuál era el verdadero motivo por el cual el Ejecutivo Nacional habría decidido darle un punto final. El 11 de julio de 1921, mediante un decreto, Hipólito Yrigoyen bautiza con el nombre de “Las Heras” al pueblo.

En sus comienzos, y por varias décadas, la ganadería ovina fue el sustento económico de la región. Si bien hay registros en los años treinta de exploraciones petroleras, en los sesenta la producción se incrementará, pero es aproximadamente en los últimos veinte años, en particular la presente década, cuando la explotación creció a niveles superlativos, pasando a reconfigurar la estructura económica y de poder de la zona. En un principio la misma giraba en torno a la vieja YPF, pero con las privatizaciones en los años noventa los grandes pulpos imperialistas monopolizaron el poder político y legal. Gobernadores, intendentes, legisladores provinciales y municipales con sus leyes y jueces, pasan a ser meros gerentes de las empresas petroleras. El descuido por parte de las multinacionales hacia el medio ambiente y la erupción del volcán Hudson en 1991 provocó una intempestiva baja en la producción ganadera. Ambos procesos también trajeron aparejados no solo la migración de la población rural al pueblo, sino incluso de otros lugares del país en búsqueda de una fuente de trabajo. La población creció como ninguna otra en la provincia en la última década, llegando a una cifra cercana a los treinta mil habitantes en la actualidad. Todo este proceso no fue acompañado de inversiones en obras y servicios públicos. El asfalto se reduce a pocas calles del pequeño centro comercial que cuenta la localidad. Las empresas de celulares e internet prestan un servicio tan deficitario que por momentos hace imposible la comunicación.

Gran parte del pueblo no cuenta con cloacas, y los desechos van a parar a una laguna nauseabunda situada en las puertas de entrada a la ciudad. Dicen los pobladores que en verano toda la localidad es rociada con el aroma susodicho. ¿Lo más grave? La ciudad no cuenta con agua potable en los hogares, por lo cual la población debe comprar bidones de agua a altos precios para poder beber. Las petroleras y la megaminería a cielo abierto serían las causantes de la contaminación del río Deseado. Toda la zona norte de la provincia reviste este gravísimo problema, mientras los gobiernos brillan por su ausencia. Muchas son las voces de Las Heras que nos señalaron la proliferación de casos de cáncer en la zona.

 

El comienzo de la lucha petrolera, la muerte de Sayago y la cacería de brujas

En un artículo publicado por el diario La Nación del jueves 9 de febrero de 2006 se señalaba que, por aquel entonces en la zona, lo que se recaudaba por la explotación hidrocarburífera eran 8.688.909 pesos por día. Los cálculos pertenecen a la Cámara de Empresas Regionales de Servicios Petroleros de la cuenca del golfo San Jorge. Como se puede observar, un negocio nada despreciable. La inflación ya era un problema para los trabajadores en el país y en la Patagonia en particular. Los petroleros vieron perder gran parte de su aguinaldo en diciembre de 2005 por el impuesto a las ganancias, lo que llevó a que iniciaran medidas de fuerzas. Al poco tiempo, tercerizados bajo contrato Uocra se plegaron a la lucha por el pase a planta permanente.

El 25 de enero comenzaron una huelga uniendo ambas demandas: la lucha contra el impuesto a las ganancias y el pase a planta permanente de los tercerizados. Las empresas ni el gobierno mostraban signos de diálogo. En este proceso, la conducción burocrática del Sindicato Petrolero y del Gas Privado de Santa Cruz era rebasada por un extendido proceso asambleario.

Miles y miles de petroleros unían sus fuerzas. Mario Navarro, uno de los referentes de este proceso, fue detenido la noche del domingo 5 de febrero mientras realizaba una entrevista en FM Soberanía. A los pocos minutos, un mar de gente se hacía presente en inmediaciones de la comisaría a exigir la liberación de Navarro. Una verdadera e inapelable pueblada despedía el día domingo y recibía al lunes. En medio de la represión policial recibe un balazo el oficial Jorge Sayago. No hay pruebas que certifiquen que el proyectil fuera disparado desde la multitud. Una vez caído recibe golpes. Se lo llevan en ambulancia al hospital de Comodoro Rivadavia pero fallece en el camino.

La investigación de la muerte de Sayago recayó sobre la propia policía, que pasó a ser juez y parte del caso. Lo que sigue es una etapa donde las libertades democráticas de los pobladores en general y de los petroleros en particular fueron brutalmente sepultadas por las botas de los uniformados. El cura párroco de la localidad, Luis Bicego, quien se encontraba en su Italia natal de vacaciones aquella noche, recuerda el panorama con el que se encontró a su regreso a mediados de febrero: “Me hizo revivir la época de la dictadura.

La búsqueda fue atropellando los derechos individuales. La gente empezó a refugiarse en la iglesia, sobre todo los delegados petroleros. A todo aquel que tomaban preso lo torturaban. Les querían hacer cantar si sabían algo, quién estuvo al lado esa noche en que mataron al oficial Sayago”. Durante las noches repentinamente apagaban la luz del pueblo para realizar razzias ilegales. Cualquiera podía caer, aunque es obvio que hubo un trabajo de inteligencia para marcar a ciertas personas, algunas quizás con antecedentes. Al respecto, el cura denuncia que “detenían a las personas, pero no las llevaban a la comisaría ni al juzgado, no podían tener un abogado para defenderse. La mayoría de las declaraciones con apremios la hicieron en la Casa de Huéspedes de Vialidad. La mayoría de los coches y camionetas eran sin patentes. Ese proceso duró más o menos un mes”. La conducción del sindicato a cargo de Héctor “Chaco” Segovia habría entregado una lista negra con alrededor de 180 nombres.

Elisa, esposa de Franco y cuñada de Darío Catrihuala, condenado a cinco años de prisión, se refiere al armado de esta causa y la persecución no solo a trabajadores sino a los familiares y amigos de los mismos: “Mi marido no estuvo en el lugar de los hechos y sin embargo fue golpeado delante de mis hijos. Testigos han venido a contarnos que el fiscal Ariel Candia ha ido a lugares nocturnos a pagarle a gente para que atestigüen en contra de los acusados. Mi marido no está acusado de nada, pero sí fue golpeado brutalmente el día de la detención de los chicos en el 2006. A causa de los golpes fue operado tres veces de la columna vertebral y le sacaron un cáncer de testículos por la golpiza. Persecución siempre recibimos, sabemos que los teléfonos están intervenidos”. El propio Darío le relataba al periódico La Verdad Obrera en mayo del año pasado lo que le tocó vivir: “Nos detuvieron el 24 de febrero de 2006. A seis los liberaron a las pocas semanas. Pero los otros seis estuvimos tres años presos, nos liberaron en 2009. Yo tengo 29 años, no viví la dictadura, pero acá en Las Heras se vivió eso. Entraban casa por casa, rompían todo, les pegaban a los mayores, a las mujeres y los chicos. A mí me agarraron a las cuatro de la tarde y me soltaron a las cinco de la mañana después de pegarnos todo el día. Nos trasladaron quinientos kilómetros, desde el pueblo donde estábamos hasta Puerto Deseado, nuestro primer lugar de detención. Quinientos kilómetros de golpes y torturas. Todas las torturas que puede hacer la policía en estos casos nos las hicieron a nosotros. No solo nos pegaban, también nos torturaban psicológicamente. Decían ‘si ustedes dicen que les pegamos les vamos a matar a sus familias, a sus hijos’. Nunca se nos va a borrar ese momento de la cabeza”.

En el mismo sentido se refiere Alexis Pérez: “Yo fui uno de los que fuimos torturados camino a Puerto Deseado. Nos mojaron con agua, ponían bolsas en la cabeza, nos gatillaban en la cabeza, a mi me sacaron tres veces la mitad del cuerpo fuera de la traffic amenazándome con tirarme. Desarmaron mi vida, me dejaron sin mujer, sin hijo, sin casa, sin auto. Yo estuve tres años y medio detenido en varios lugares: Pico Truncado, Caleta Olivia, Puerto Deseado, sin ninguna prueba, y sufriendo que adonde vos entrás te muelen a palos porque supuestamente matás un policía”. Finalmente Alexis fue absuelto en el transcurso del juicio.

 

Una sentencia ejemplificadora

En marzo del presente año el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) publicó un informe sobre la condena a los petroleros a partir de la lectura del fallo dividido del tribunal el 12 de diciembre de 2013. Como se dijo más arriba, el proceso de investigación y detención de los acusados y condenados estuvo colmado de irregularidades.

Distintos organismos nacionales de derechos humanos realizaron presentaciones judiciales denunciando estos hechos, pero la jueza de instrucción las desechó. Durante la realización de las audiencias el fiscal Candia reconoció y avaló sin sonrojarse la utilización de métodos de torturas en la investigación al afirmar que “dos cachetadas y una capucha no determinan ningún testimonio” (sic). El Dr. Rearte, fiscal que debía haber tomado la causa en la etapa oral, rechazó en dos oportunidades llevar a juicio a los acusados por considerar que eran insuficientes las pruebas obtenidas. Por lo cual Candia terminó siendo fiscal en la etapa de instrucción y en el juicio oral.

En el susodicho análisis del Ceprodh se puede acceder a las irrisorias contradicciones en que caen los miembros del tribunal para fundamentar la condena a los acusados. Como bien dice el informe: “En base a la total falta de pruebas para incriminar a los acusados, la presidenta del Tribunal, Dra. Cristina de los Ángeles Lembeye, votó por la absolución de 12 de los 13 imputados”. La condena a cadena perpetua a José Rosales, Ramón Cortés, Humberto Gonzáles y Maximiliano Padilla, este último menor de edad al momento de producidos los hechos en 2006, sin dudas fue un fallo a medida de las multinacionales petroleras, la policía y los gobiernos nacional y provincial con la pretensión de aleccionar a los que luchan por sus derechos. Otros cinco trabajadores fueron condenados en el mismo juicio a cinco años de prisión por los delitos de coacción agravada y lesiones. La gran campaña que se realizó con antelación al fallo logró que la condena no se hiciera efectiva y quedara en suspenso. En distintas ciudades del país se conformaron comités de solidaridad a la causa. El 12 de diciembre delegaciones de distintas provincias se hicieron presentes en Las Heras y Caleta Olivia para brindar su apoyo a los acusados y luego condenados injustamente.

Más de cien organismos de derechos humanos, partidos políticos, sindicatos, centros de estudiantes y personalidades se han manifestado por la absolución de los condenados. Osvaldo Bayer, Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, Elia Espen, Mirta Baravalle, Ken Loach, René de Calle 13, Raly Barrionuevo, Alejandrina Barry, María Victoria Moyano y los diputados del Frente de Izquierda Nicolás del Caño, Néstor Pitrola y Pablo López, son tan solo algunos de los miles que reclaman contra la condena.

Durante este año el Comité por la Absolución realizó distintas jornadas de lucha a nivel nacional. La más recordada fué la del 27 de febrero, cuando el gobierno nacional reprimió cortes de rutas y avenidas que se realizaron para la ocasión. A tal punto llegó el ensañamiento, que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la apertura a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación el primero de marzo tuvo que referirse al tema. Allí no solo justificó la represión, sino que dio respaldo político al fallo judicial, al señalar que “la Justicia finalmente llegó y los condenaron a los responsables de ese homicidio terrible, alevoso, porque fue sin defensa alguna”. Una declaración gravísima si tenemos en cuenta que el fallo no quedó firme y el Superior Tribunal de Justicia de Santa Cruz tiene que expedirse sobre el mismo.

La intromisión del Ejecutivo nacional, además de avalar los métodos de torturas que existieron, claramente atenta contra la supuesta división de poderes del Estado. Una causa armada de pé a pá. Las persecuciones a los que luchan en Las Heras están naturalizadas. Esta localidad con menos de treinta mil habitantes tiene más de cien procesados por luchar. Entre ellos, alrededor de cuarenta docentes y cincuenta municipales, y obviamente cada tanto aparecen petroleros procesados o encarcelados por reclamar sus derechos, como fue el caso de Martín Oñate, Néstor Vibares y Jorge Armoa, que estuvieron más de tres meses presos este año por exigir mejores condiciones laborales en una empresa de servicios petroleros. El 21 de octubre le enviaron un documento a Ramón Cortés prohibiéndole ingresar al complejo deportivo “11 de Julio” debido a que colocó “carteles de orden político, sin autorización en las instalaciones tras reiteradas llamadas de atención”.

Los carteles a los que refiere el funcionario son impulsados a nivel nacional por el Comité por la Absolución de los Petroleros de Las Heras. Osvaldo Bayer, periodista e historiador de las huelgas de peones rurales de los años veinte, visitó la localidad para presentar su obra de teatro “Las putas de San Julián”. Allí, en una actividad auspiciada por el Ministerio de Educación de la Nación, se refirió a este caso manifestando que: “He comparado la condena de los compañeros petroleros con el famoso caso de Sacco y Vanzetti. Es exactamente la misma falsedad judicial. Y tenemos que tenerlo en cuenta porque estas cosas quedan en la historia. Las injusticias de la Justicia quedan en la historia. Y nuestros descendientes nos van a preguntar qué hicieron ustedes para no luchar por los presos de Las Heras”. Finalizó convocando a conformar un gran movimiento nacional por la absolución a los petroleros. Ese es el camino que hemos iniciado desde todos los comités de apoyo a la causa y que debemos profundizar hasta lograr la absolución de todos los compañeros condenados.

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