Dossier Poder y clases sociales en el campo argentino

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ESTEBAN MERCATANTE, PABLO ANINO, NATALIA MORALES Y LUCÍA ORTEGA

 

¿Han desaparecido los dueños de la tierra?

Esteban Mercatante

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Hoy está muy extendida la idea de que afirmar que la “oligarquía” tradicional sigue presente bajo nuevas formas es estar fuera de época. Una multitud de “chacrers” y nuevos actores habrían restado relevancia a los grandes burgueses terratenientes tradicionales. Sin embargo, una mirada más profunda muestra que estos no vieron desdibujada su presencia en el siglo XXI.

 

 

 

 

“El mejor truco que inventó el diablo fue convencer al mundo de que no existía”.

Keyser Söze en el film Los sospechosos de siempre.

 

No se trata de una cuestión menor, sino del destino de una formidable masa de riqueza que hoy engorda las fortunas que unos pocos miles de propietarios por el sólo hecho de monopolizar el suelo cultivable. Sólo en el caso de la soja la  renta agraria promedió durante la última década los u$s 7.500 millones. La renta agraria total puede estimarse en no menos de u$s 15.000 millones promedio anuales para este último período. Esto representa más del 3% del PIB; es el equivalente a 8 veces lo gastado en la Asignación Universal por Hijo en 2012, o 44 veces los fondos del plan de viviendas PROCREAR en 2013.

 

Los mismos (pocos) de siempre

A los debates más recientes sobre la propiedad terrateniente, ligados al desarrollo del agrobussiness, se unen debates de más larga data, como lo que ocurrió con los grandes propietarios desde los años ‘70. Para establecer si subsiste la tradicional clase de propietarios rurales es necesario sistematizar la información disponible de los catastros (registros) inmobiliarios rurales. Hay que superar el carácter incompleto de la información, que no casualmente ningún Estado provincial se muestra preocupado en resolver. Trabajando con los catastros, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse analizaron en los ‘90 a los grandes propietarios en la Provincia de Buenos Aires1. Allí destacan lo que llaman formas “complejas” de propiedad: casos en los que aparecen propietarios individuales, pero se trata en realidad de condominios, propiedad de dos o más personas.

Los autores cruzaron la base de titulares de cada parcela con la de los condóminos (los copropietarios de las parcelas) y los reagruparon como un nuevo propietario: el condominio. También trataron el caso de sociedades que ostentan la titularidad individual de distintas parcelas y tienen vinculaciones con otras sociedades propietarias de otros terrenos, debido a que los principales socios de las firmas coinciden. El reagrupamiento revela una concentración mucho mayor de la que surgiría a primera vista. Permite además descubrir la permanencia de los grandes hacendados, velada en vínculos de propiedad difusos a primera vista.

El proyecto “Propiedad agropecuaria y efectos fiscales en la Provincia de Buenos Aires”, con información de 1989, registra la existencia de 53 grupos que controlaban 2,4 millones de hectáreas (has) en la provincia2. Entre sus miembros están los nombres más tradicionales de la burguesía terrateniente. Desde entonces hubo numerosas operaciones de venta de grandes propiedades. Pero esto no significó un retiro de los grandes propietarios terrateniente; las siguieron nuevas compras, vinculadas a una estrategia de diversificación: “[E]l principal factor que determina el comportamiento de éstos propietarios es lo que en términos generales podría denominarse como la búsqueda de la ‘combinación productiva óptima’”3. Los terratenientes “buscan expandir el esquema productivo que ya implementan para obtener economías de escala” o  diversificar la actividad “incorporando tierras aptas para las producciones agropecuarias más rentables”4.

Avanzada la primer década del siglo XXI, las propiedades en manos de nombres tradicionales en la Provincia de Bs. As. siguen siendo formidables: el grupo Bemberg posee 143.000 has; Whertein, 98.000 has; la familia Blaquier, 45.000 has (170 mil has en el norte del país); Bunge, 260.000 has; los herederos de Amalia Lacroze de Fortabat, cuando murió tenía en sus manos 220.000 has; los Anchorena, 40.000 has, y los Gómez Alzaga, 60.000 has5. En el caso de Santa Fe, los 17 principales terratenientes son propietarios de 617.000 has. Y así en todo el país. Los tradicionales terratenientes se renuevan (un poco), se “fusionan” con lo nuevo (Benneton es dueño de 900.000 has en el Sur; Cresud de Elztain tiene 460.000 has), pero siguen dominando el panorama. De las 35 familias que en 1913 concentraban la mayor parte de las tierras, 30 siguen siendo grandes propietarios en el siglo XXI6. Born, Bemberg, Werthein, Ledesma, Gomez Alzaga-Gomez Balcarce-Rodriguez Larreta, Pereyra Iraola-Anchorena, Avellaneda- Duhau-Escalante, Blaquier, Menéndez Behety, Braun Menéndez, Miguens. No queremos abrumar al lector; estos nombres ya resultan contundentes.

Se plantea otro interrogante: el peso de los grandes propietarios, ¿se mantuvo, avanzó o retrocedió en las últimas décadas? Basualdo y Khavisse sostienen que desde mediados de los ‘70 hay una concentración de la propiedad en la Provincia de Bs. As. que revierte la desconcentración que se registró entre los años ‘20 y los ‘60. Mario Lattuada, coautor de un trabajo donde se afirma, por el contrario, que no se detuvo la tendencia a la desconcentración de la propiedad7, objeta que Basualdo y Khavisse “procesan los datos catastrales de 1988 aplicando su criterio de estimación de propietarios, pero no hacen lo mismo con los datos de 1958 y 1972. Al desconocer el estado de los condominios y los grupos societarios en 1958 y 1972, no es posible inferir si la situación de 1988 demuestra que existió un proceso de concentración, desconcentración o todo está como era entonces”8. Hay que destacar sin embargo lo acotado del debate. Se discute la tendencia reciente, pero no la presencia de los grandes propietarios, ni la importancia de las formas complejas de propiedad9.

Basualdo y Khavisse llegan al resultado de que 1.250 propietarios poseen 8 millones 700 mil has, el 32% de la superficie cultivable en la Provincia de Buenos Aires. Barsky, Lattuada y Llovet identifican una cúpula de 1.308 propietarios rurales en la región pampeana10. El Censo Nacional Agropecuario (CNA), cuyos datos más recientes son de 200211, nos permite aproximar algunas conclusiones más. Este toma como unidad de análisis la Explotación Agropecuaria (EAP). Si nos centramos en las EAP de más de 10.000 has, 20 veces el tamaño de explotación mínima óptima en el oeste de la provincia de Bs. As, vemos que en 2002 2.787 EAP superaban este tamaño. O sea que menos del 1% de las EAP sumaban 36% de la tierra de uso agropecuario del país12. Hay una disminución respecto del CNA 1988, pero muy moderada, que contrasta con la desaparición de 82.854 EAPS de menos de 500 ha en ese lapso. Sólo forzando los datos puede hablarse de alguna desconcentración.

 

Boom sojero y multiplicación de la renta

grafico_mercatante2Aunque los grandes terratenientes fueron —y siguen siendo— tanto propietarios como productores, su posición “estratégica” está en la propiedad del suelo, base de su principal fuente de enriquecimiento: la renta. Cuando hablamos de renta, nos estamos refiriendo a aquella parte del precio de las mercancías agrarias (sean granos, carne u otros) que va a manos de los propietarios de la tierra, en virtud del monopolio que tienen sobre el suelo cultivable. En el caso de la producción agraria en la argentina, la renta se amplía gracias a las ventajas agronómicas y climáticas que permiten producir con una mejor relación rinde/capital que en otras latitudes.

Esto permite obtener una mayor rentabilidad por hectárea, ya que son las condiciones productivas imperantes en el suelo de peor calidad las que determinan los precios. Quienes producen aplicando menos trabajo, con menores costos por ha, reciben entonces un plus de valor. Este plus se convierte en renta diferencial, que va a manos de los dueños de la tierra. Aunque en nada contribuya la propiedad a las ventajas que permiten la renta diferencial, ya sean naturales o producidas (por inversiones acumuladas que elevan el rendimiento del suelo), su monopolio sobre esta condición sine qua non para la producción agraria les permite imponer esta apropiación.

Aun si se demostrara que los burgueses terratenientes son actores de reparto en la “revolución productiva” de las pampas, se apropian así de buena parte del valor creado por quienes producen bajo arriendo. En 2002, la explotación basada sólo en arriendo cubría en la región pampeana 52% más de tierra que en 1988, pero el 86% de las has era aún explotado por sus propietarios, algo menos que en 1988 (89,9%). La mayor proporción de los arrendamientos (65%) se concentraban en EAP de hasta 2.500 has, lo que sugiere que hasta el año 2002 los “sin tierra” no crecieron en detrimento de los grandes propietarios. ¿Qué ocurrió desde entonces? El boom sojero hizo crecer la producción bajo arriendo, y nuevas formas de explotación. La perspectiva creada por los altos precios y las facilidades creadas por el paquete tecnológico de la soja impulsaron la ampliación de la superficie sembrada en 9 millones de has, crecimiento que se dio sobre todo en áreas extrapampeanas mediante desmontes de bosques y brutales desplazamientos de poblaciones semicampesinas13.

Según estimaciones del INTA la producción de granos bajo arriendo cubrió en estos años entre 18 y 22 millones de las 31 has dedicadas a la agricultura. Los pooles y grandes sociedades agropecuarias “sin tierra” representaron alrededor de 5 millones de este total en el cénit de su crecimiento14 (2008). El resto corresponde a “pymes” que buscan emular este modelo. En muchos casos los grandes propietarios tradicionales integran sociedades agropecuarias metidas de lleno en el agrobussiness. Pero incluso cuando entregan sus tierras bajo arriendo “los grandes propietarios se adueñaron del proceso de sojización. Primero establecieron la modalidad de contratos cortos a seis meses o un año. Luego impusieron el sistema de quintales fijos por hectárea y más tarde el pago por adelantado”15. La renta concentra en sus manos una alta proporción del valor de la producción agraria, equivalente a no menos del 40% de la cosecha en tierras arrendadas “por el solo hecho de ser los poseedores de esos enormes volúmenes de tierra”16.

La “cuestión agraria” en la Argentina actual pasa por acabar con la apropiación de una formidable masa de riqueza por parte de los terratenientes. Sólo la propiedad privada de la tierra fundamenta que esta clase se apropie de la renta diferencial. Las retenciones a las exportaciones de granos apenas afectan una parte de esta renta, en promedio durante la última década el 51%17 en el caso de la soja, mucho menos en el caso de otras producciones. Cortar con el reparto de esta riqueza social que hacen la burguesía terrateniente, los rentistas, pools, y demás capitalistas de la cadena agroalimentaria es una cuestión básica para cualquier aspiración de transformar de la sociedad. Desde la perspectiva del pueblo trabajador es necesario apropiársela de forma íntegra, y darle mejores destinos que solventar la rentabilidad de otros sectores empresarios.

 

¿Quién le tuerce el brazo al agropower?

El conflicto que enfrentó a las patronales agrarias y el gobierno de Cristina Fernández fue, más allá de las representaciones, una disputa por una porción de la renta extraordinaria, en crecimiento continuo desde 2002. Fue una pelea entre socios: desde 2002 el agrobussiness amasó fortunas (por los precios internacionales y por la devaluación de 2002), y el Estado llenó sus arcas con las retenciones. Aunque desde la implementación de este gravamen en 2002 hubo pataleo del “campo”, la renta de los propietarios no paró de aumentar, y con ella el valor de la tierra18. El conflicto evidenció el estrechamiento del “modelo K”: el gobierno intentó avanzar un poco más sobre la renta para sostener los crecientes subsidios a otros sectores del capital. No fue, desde ya, la primera vez que una disputa de este tipo se planteaba en la historia argentina. Lo novedoso fue la solidez del bloque campestre, que se debe a cambios significativos de las últimas décadas. Los productores agrarios de menor envergadura abandonaron la producción para transformarse en rentistas, empujados por el aumento de la escala mínima para una producción rentable. Si en otros momentos históricos las condiciones de competencia asimétrica enfrentaron a grandes y pequeños capitalistas del agro, la conversión de decenas de miles de estos últimos en rentistas los llevó a marchar junto a los primeros como propietarios en rechazo de las retenciones móviles para defender su renta. También los medianos y pequeños capitalistas, en algunos casos propietarios y arrendatarios a la vez, se plegaron ya que su rentabilidad se apoya también en la renta. Los administradores de pooles y sociedades agropecuarias acompañaron esta postura en defensa de su ganancia, que logra elevarse por encima de la media no sólo gracias a métodos ahorradores de trabajo sino también a que logran apropiarse de una parte de la renta19. Sectores que no pierden con las retenciones o incluso se benefician (cerealeras y aceiteras) oscilaron entre la neutralidad y el apoyo a los rurales. Los dueños de la tierra lograron desdibujarse durante el conflicto de 2008, pero no por pérdida de protagonismo sino porque se puso en movimiento todo este entramado20.

La derrota del kirchnerismo en el conflicto de 2008 fue menos por la fuerza del bloque que se le opuso21, que resultado de la desproporción entre la gesta discursiva y el alcance real de la disputa. El gobierno sólo buscaba más renta para subsidiar a otras fracciones del empresariado. Desde sectores progres afines al oficialismo se intentó presentar la gesta como una batalla para contener el costo de vida y cosas por el estilo. También sacaron a relucir las terribles condiciones de los peones rurales, como si fuera una novedad y como si desde entonces el oficialismo hubiera tomado alguna medida para cambiarlo.

En esta disputa por el reparto del excedente entre fracciones del capital, los intereses en juego eran completamente ajenos al pueblo trabajador. Se explica entonces la incapacidad del kirchnerismo de encolumnar tras de sí a importantes sectores obreros y populares, fuera de la fracción de la intelectualidad que agitó el fantasma “destituyente” y fundó Carta Abierta22. La “gesta” de 2008 nunca puso en cuestión el derecho de un estrato social a percibir un ingreso por el mero hecho de monopolizar la propiedad del suelo. No hay sorpresa: sería impensable que un gobierno de este Estado cuyo fin es garantizar la reproducción social del capitalismo y por tanto la propiedad privada de los medios de producción (incluyendo la tierra), avance en liquidar la propiedad terrateniente, ya sea mediante la expropiación o con un impuesto verdaderamente confiscatorio la negara.

Para apropiarse la renta de forma íntegra es necesario expropiar la tierra, comenzando por los 1.300 grandes propietarios bonaerenses y sus homólogos nacionales (alrededor de 4.000), y estableciendo el monopolio estatal del comercio exterior. Las retenciones o cualquier otro gravamen para apropiarse de renta sin afectar la propiedad, significan sólo discutir una pequeña parte de ésta, y dejan en pie el poder social de este estrato que contribuye a perpetuar las condiciones de dependencia a las que está asociado su enriquecimiento. Liquidar a este pivote central en la articulación del agropower, permitirá también discutir una organización de la producción agraria que ponga el acento en las demandas sociales postergadas, el medio ambiente y la recuperación de actividades abandonadas por no ser tan rentables como la soja.

Sin poner esto sobre el tapete no hay planteo de cortar el nudo gordiano de la dependencia que pueda sostenerse. Los cientos de miles trabajadores rurales de cuyas condiciones de vida damos cuenta en estas páginas, junto al resto de la clase trabajadora, son quienes pueden forjar la alianza social que le tuerza el brazo al “agropower”.

 

1 E. Basualdo. y M. Khavisse, El nuevo poder terrateniente, Bs. As., Planeta, 1993.

2 Citado en E. Basualdo, “El agro pampeano: sustento económico y social del actual conflicto en la Argentina”, CDC, 2008.

3 N. Arceo et. al.: “Las compraventas de tierras en la provincia de Buenos Aires durante el auge de las trasferencias de capital en Argentina”, en Desarrollo Económico 155, octubre-diciembre 1999.

4 Ídem.

5 W. A. Pengue, Agricultura industrial y transnacionalización en América Latina, México, Red de Formación Ambiental, 2005, p. 158.

6 Ídem.

7 O. Barsky et. al., Las grandes empresas agropecuarias de la región pampeana, Bs. As., SAGyP, 1987.

8 M. Lattuada, “Una lectura sobre El Nuevo Poder Terrateniente y su significado en la Argentina actual”, Realidad Económica 132, 16 de Mayo al 30 de Junio de 1995. Basualdo respondió en el artículo “El Nuevo Poder Terrateniente: una respuesta” de la misma publicación.

9 Importancia muy destacada en O. Barsky et. al., op. cit.

10 E. Basualdo, op.cit.

11 En 2008 se realizó un CNA, atravesado por el lock out agrario, pero quedó trunco en varias provincias. Se buscó terminarlo exigiendo presentaciones de las EAP ante el Indec, en muchos casos un año o más tiempo después de 2008.

12 Si reducimos el espectro a las de 20.000 ha o más, tenemos 936 EAP que poseían el 20% de la superficie agropecuaria.

13 Con numerosos asesinatos incluidos, como es el caso de varios miembros de la comunidad Qom en Chaco y Formosa en los últimos años.

14 O. Barsky y M. Dávila, La rebelión del campo, Bs. As., Sudamericana, 2008, p. 100; y L. Freitas, “¿La encarnación del mal?”, 2016 19, junio de 2008.

15 W. A. Pengue, op. cit., p. 159.

16 Ídem.

17 La renta que no va a manos de los terratenientes, la apropian el Estado o sectores empresarios. Ver al respecto, E. Mercatante, “La naturaleza de la renta agraria en la Argentina. Los efectos de su apropiación parcial vía retenciones (2002-2008)”, en Blog de debates del IPS, diciembre 2010 (www.ips.org.ar).

18 Hoy la hectárea en Pergamino vale entre u$S 12.000 y u$s 16.000. En 2002 valía u$s 2.500.

19 P. Anino y E. Mercatante, “Renta agraria y desarrollo capitalista en la Argentina”, Lucha de Clases 9, junio 2009.

20 Es de destacar que desde la izquierda, el MST y el PCR entre otros aportaron a este desdibujamiento acompañando el lock out en nombre de los reclamos de los “chacareros” o “pequeños productores”.

21 Homogeneidad que se fue debilitando después del éxito de junio de 2008 y permitió al kirchnerismo avances parciales.

22 Partiendo de esta caracterización fuimos impulsores de la declaración “Ni con el gobierno ni con las entidades patronales ‘del campo’” firmada por cientos de intelectuales. Esta sentó una posición independiente de los bandos capitalistas en pugna.

 

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Una ficha en el tablero de las multinacionales

El entramado del agropower

Pablo Anino

 

Desde que en los ‘90 el entonces Secretario de Agricultura de Menem Felipe Solá (ahora candidato en las listas de Sergio Massa) autorizó variedades de soja transgénica, el negocio de los granos aceleró transformaciones notorias. Se acentuó el dominio del agro por grandes empresas transnacionales al comienzo y al final del circuito productivo. Monsanto, Syngenta o Nidera y otras pocas monopolizan la tecnología de producción de insumos agrarios (semillas, herbicidas y fertilizantes) y establecen la pauta tecnológica. Integran la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID), fundada en 1989 para difundir este método. Allí también participan multinacionales de maquinaria agrícola. En los eslabones finales los grandes traders mundiales de granos tienen puertos propios desde las privatizaciones de los ‘90. Grupos financieros globales ingresaron en la propia producción a través de las grandes empresas agropecuarias y pools de siembra.

La desregulación económica, que entre otras cosas eliminó la Junta Nacional de Granos, favoreció la inserción imperialista en el agro. De conjunto, se configuró un cluster mucho más integrado en el mercado mundial, que simultáneamente al  aumento de la rentabilidad confirió a los jugadores globales un peso central en pautar qué y cómo se produce. Esto se mantuvo intacto con los Kirchner. Incluso, la relación con Monsanto ha cobrado nuevo impulso con el anuncio realizado por Cristina Kirchner desde Nueva York de la construcción por parte de esa compañía de la planta más grande de semillas transgénicas de América Latina en Malvinas Argentinas (Córdoba). Previamente la presidenta había enviado para su tratamiento en el Congreso una nueva “ley de semillas”, cuya aprobación está pendiente. No obstante, viene avanzando la aprobación de variedades con nuevos eventos.

 

Nueva burguesía agraria: mucho capital y pocos chacareros

El agrobusiness se conformó con empresas rurales integradas que desarrollan actividades que van desde la siembra hasta la comercialización, pasando por la realización de la cosecha, la provisión de insumos y servicios técnicos a las explotaciones agropecuarias, como así también el acopio. Su “modelo de gestión” establece una red de contratos ligados a cada una de esas actividades. Los Grobo de Gustavo Grobocopatel es el ejemplo más notable. Fundada en 1984, tuvo un gran crecimiento y extendió su “modelo” por el Mercosur. El grupo Elsztain, dueño del Banco Hipotecario y de otros negocios, opera a través de Cresud. El grupo Bemberg, de la tradicional familia que fundó la Cervecería Quilmes (que  vendió) se diversificó hacia otros negocios, incluido el agro. El grupo Werthein está diversificado en distintas actividades agrarias y tiene participación en Telecom Argentina. El Tejar se fundó en 1986 como asociación de varias familias. Rentaba tierras hasta 2006, cuando su capitalización le permitió también adquirirlas en propiedad. El magnate George Soros ingresó con Adecoagro en 2002. Estas empresas se basan en la aplicación de tecnología avanzada, tercerización de actividades y profesionalización de la gestión. Son una vía de ingreso del capital financiero al agro, como así también lo son los pooles de siembra, empresas transitorias que se conforman anualmente concentrando importantes volúmenes de capital, que les permiten bajar los costos de arrendamientos, contratación de servicios e insumos.

Para expandir este “modelo de gestión” desplazan violentamente a poblaciones campesinas y pueblos originarios, deforestan y utilizan sin miramiento glifosato, un cancerígeno muy poderoso, que además ataca el sistema reproductivo de las  mujeres y los hombres y fluye por las napas de las aguas que se distribuyen en las casas de la poblaciones cercanas. Incluso se debate si no está en cuestión la “soberanía alimentaria” frente al avance de la soja desplazando producciones como carne y trigo.

Este esquema debe caracterizarse como “extractivismo”, ya que contamina y liquida la productividad del sueldo para favorecer una rentabilidad de corto plazo, en beneficio de los capitalistas del agrobussiness, terratenientes y de la recaudación fiscal. Para los trabajadores del campo y la ciudad, esto no es ningún negocio.

 

Agroindustria sojera: muchos porotos al capital imperialista

La elaboración de aceite de soja, harinas de soja y biocombustibles es una de las industrias que más se expandieron en la última década. Las plantas locales superan en tamaño a sus pares de Brasil y EE. UU. Trabajan con tecnología de punta (aunque más propia de la primera revolución industrial que de la era de la robotización). Un puñado de multinacionales imperialistas junto con tradicionales actores locales gobierna el complejo sojero, fijando las condiciones bajo las cuales se asocia la nueva burguesía agraria. Dos empresas estadounidenses tienen cerca de un cuarto de la capacidad de procesamiento de oleaginosas: Cargill opera el 15% y Bunge otro 8%; la francesa Luis Dreyfus procesa el 12%; la holandesa Nidera junto con la suiza Glencore compró Oleaginosa Moreno con una capacidad de molienda del 6%. Las nacionales procesan cerca de un 40% de la soja: Molinos Río de la Plata (13%), Aceitera General Deheza (12%), Vicentin (6%) y Oleaginosa San Lorenzo (6%).

Además de procesar, poseen centros de acopio y puertos propios. Sobre el Río Paraná tienen sus puertos Cargill, Bunge, AGD, Vicentín, Dreyfus, Toepfer (Alemania), Molinos Río de La Plata y Nidera. Algunas integran la producción de semillas (Nidera), otras de fertilizantes (Bunge, Cargill y Vicentín) y otros productos, como el biodiesel, de gran expansión reciente. La Aceitera General Deheza tiene campos propios y un ferrocarril concesionado. Molinos Río de La Plata también producen una gran variedad de productos alimenticios.

Entre el 2000 y el 2010, la capacidad de molienda de oleaginosas creció 82%. Mientras en la industria nacional las inversiones fueron insuficientes para sostener el ritmo de crecimiento generando cuellos de botella, el complejo sojero constituye una de las ramas industriales más exitosas. En 2011 Argentina aportó casi el 50% de las exportaciones mundiales de aceite y harinas de soja y el 73% en las de biodiesel. Es difícil encontrar otras ramas de la producción donde el país tenga un liderazgo indiscutido en el mercado mundial. Los beneficios van todos para los jugadores del agronegocio.

 

Negocios globales

La mayoría de los procesadores de granos de soja son a su vez los principales traders del mundo. Su poder económico y político es enorme. Cargill posee una flota propia y en Argentina opera la Terminal 6 de Puerto San Martín, una de las plantas más eficientes del mundo. Algo similar ocurre con Bunge. Estas multinacionales actúan en función de ejes estratégicos definidos en sus casas centrales en estrecha relación con los Estados imperialistas. Estos fijan las condiciones a toda la cadena de valor hasta llegar al productor primario. Un cuarto del comercio exterior de Argentina corresponde al complejo sojero.

En 2010, el 80% de las ventas de granos fueron realizadas por Cargill, Toepfer, ADM, Bunge, Dreyfus y Nidera. Esta composición se reproduce de manera similar en la exportación de aceites y pellets de soja. Situaciones semejantes se observan en el resto de las exportaciones argentinas, donde multinacionales mineras y automotrices dominan la situación. El monopolio estatal del comercio exterior es una tarea relativamente simple desde el punto de vista económico porque en los hechos un reducido número de empresas concentra las exportaciones.

El Secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, muchas veces coqueteó con la idea de restablecer la Junta Nacional de Granos, que en el pasado establecía “precios sostén” o topes para los productores, según el nivel de precios. Con la amenaza busca contrarrestar las maniobras especulativas que hace la cadena no vendiendo granos ni liquidando dólares para presionar por una mayor devaluación que la que hace el gobierno. Pero se trata solo de un poco de teatralización para terminar acordando con los grandes traders para que liquiden los dólares, que por otra ventanilla se lleva el mismo capital imperialista por los pagos de la deuda externa, la remisión de ganancias e importaciones.

El monopolio estatal del comercio exterior iría más allá que un “precio tope”. Permitiría concentrar todas las compras de granos a los productores y las ventas al exterior, de modo de maximizar el ingreso de divisas a las arcas públicas cortando los fraudes y manipulaciones de los traders. Estos subdeclaran ventas o informan ventas ficticias cuando prevén cambios en las retenciones (como hicieron en 2008) para no pagar al fisco una parte del impuesto que facturan en sus compras de granos. Esto está facilitado porque la aduana es su propia casa, ya que poseen sus propios puertos. El monopolio del comercio exterior, para llevarlo verdaderamente adelante, debe estar ligado a la expropiación de las plantas industriales, la infraestructura logística de puertos y ferrocarriles y el no pago de la deuda. Por eso es impensable que lo haga este Estado al servicio de los capitalistas, excepto en condiciones muy excepcionales. Está en la clase trabajadora avanzar sostenidamente y de manera íntegra en este sentido. Medidas como estas permitiría poner enormes recursos para revertir el déficit habitacional, mejorar el deteriorado sistema de transporte y obras públicas básicas para evitar las inundaciones, en vez de alimentar los negocios globales de los traders imperialistas. En esta perspectiva, una medida mínima a llevar adelante por los trabajadores es establecer comités de control en los establecimientos aceiteros y en los puertos de modo de fiscalizar estrictamente cuanto es lo que exportan.

 

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Economías regionales y la explotación de los trabajadores golondrinas

Natalia Morales

 

Las economías regionales proveen al mercado de distintas materias primas y derivados de origen agrícola, como frutas, hortalizas, azúcar y yerba mate. Si bien éstas históricamente se orientaron al mercado nacional, exportando sólo lo “sobrante”, en las últimas décadas, se fue modificando esa tendencia debido al cambio del modelo de acumulación, vinculando algunas actividades productivas agrícolas e industriales al sector externo. Así se observa el complejo frutihortícola de Río Negro, Tucumán y Mendoza que concentra un 69% de la exportación del rubro, estimado en 1.141 miles de dólares (Indec, 2011). A su vez las producciones que no sufrieron este proceso se vieron igualmente determinadas por los precios de comercialización del mercado externo1.

A diferencia del complejo azucarero donde la mecanización del campo expulsó una gran cantidad de mano de obra empleada temporariamente2, la vinculación con el mercado externo de estos sistemas productivos no provocó una modernización en todas las etapas de su proceso productivo. Les sigue siendo más barato aplicar métodos de trabajo intensivos poco tecnificados. Muchos trabajadores que realizan estas tareas son trabajadores llamados golondrinas, que llegan de las provincias del norte argentino, Jujuy, Salta, Tucumán, Santiago del Estero, y de países vecinos como Bolivia y Paraguay. Se estiman que son más de 350.000 (SAGPyA, 2007) los que arman un calendario anual de recorridos por las cosechas.

Empresas multinacionales como la belga Univeg Fruit Argentina S.A. que exporta el 24% de la producción frutihortícola fresca nacional y emplea a 6.000 personas, o El Grupo Peñaflor, primer exportador de vino fraccionado en la Argentina, con más de 1.850 empleados y más de 6.000 has de viñedos, son ejemplos de quienes mantienen la más perversa esclavitud laboral capitalista. Los relatos de los obreros golondrinas son contundentes y escalofriantes cuando describen las condiciones de trabajo. Un trabajador golondrina de Salta nos comenta: “nos levantamos a las 5 de la mañana a preparar comida porque en el medio del campo no hay nada. después viene el transporte en camión hasta el lugar del trabajo. y después a hacer fila para bañarte porque los baños son muy pocos”. “Te tiran todo en el suelo en un galpón donde tenés que dormir en medio de los cajones, y llevarte tu colchón, no tenía baño, no tenía agua, había que sacarla de un pozo. Por baño había una letrina arruinada, y había que ir al campo. Nos teníamos que bañar en el canal de riego nomás”, nos comenta otro. Sin ningún tipo de derecho, muchas veces realizan protestas de manera espontánea para mejorar su condición. Nos cuenta Patricio en la cosecha del ajo, de Viana (de capitales brasileros), en Mendoza: “El patrón te pagaba 150 pesos y exigimos 200. Nos dijo que si no nos gustaba nos fuéramos. Nos fuimos todos. Nos alcanzó en la camioneta aceptando nuestro reclamo, pidiendo que volviéramos”.

Sin un sindicato que tome sus problemáticas y los respalde, con instituciones del Estado que garantizan las condiciones de explotación y la rentabilidad empresarial, con altos índices de trabajo infantil, expuestos a situaciones de trata, los trabajadores golondrinas son el eslabón más débil de la red de explotación agraria. Un entramado del que participan reclutadores locales, empresas tercerizadas, multinacionales, funcionarios y fuerzas represivas. La posibilidad de cambio de la situación de estos trabajadores debe partir de la unidad con los trabajadores industriales del agro, del campo y la ciudad.

 

Fuentes

www.expofrut.com.ar

www.grupopenaflor.com.ar

www.golondrinasenvuelo.blogspot.com.ar

SAGPyA. Unidad de Empleo Rural. Año 2007.

 

1 Alejandro Rofman, “Economías regionales. Modernización productiva y exclusión social en las economías regionales”, Realidad Económica 162, Buenos Aires, 16 febrero al 31 marzo de 1999.

2 Gabriela Karasic, El control de la mano de obra en los ingenios azucareros. El caso de Ledesma, documentos de trabajo EScIRA, Jujuy.

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Peones rurales: los “dueños de nada” en el campo argentino

Lucía Ortega y Esteban Mercatante

 

Los obreros rurales del país –850.000 según el ex Renatre, menos de la mitad según el actual registro público Renatea– cargan con las jornadas más duras y los salarios más bajos. El 80% en negro. Afrontan condiciones que son un “resabio de otros tiempos”, como reconoce el Ministro de Trabajo carlos Tomada (iProfesional, 31/07/2012).

En las tierras de la soja entre 90.000 y 100.000 obreros se dedican a las labores agrícolas. La tecnificación de las labores, que se profundizó con la soja transgénica, permitió un salto de la productividad: se redujo a la mitad la cantidad de horas anuales de las labores agrícolas al tiempo que se duplicó el área sembrada. La siembra directa produjo una disminución de la cantidad total de horas que debían abonar los empresarios para la campaña agrícola. En la última década el costo laboral en el agro cayó aún más gracias a la devaluación de 2002: se desplomó un 53% en ese año, y para 2006 lo mantenía 39,4% por debajo del nivel de 2001.

La carga de trabajo no ha disminuido en lo más mínimo. Para poder afrontar el costo de vida anual los maquinistas trabajan entre 8 y 10 meses sin descanso, sábados, domingos y feriados, en distintos cultivos, cruzando todo el país.

Descomposición de las labores: En el agro pampeano “el proceso de producción relativamente general y continuo que distinguía el trabajo agrícola más allá de los picos de demanda laboral de la cosecha” fue sustituido “por una sucesión de tareas puntuales y específicas, breves y distanciadas temporalmente entre sí”1. La contratara fue la posibilidad de incorporar nuevos procedimientos para los que antes no había lugar: más pasadas de pulverización, fertilización antes y después de la siembra, entre otras. La discontinuidad exacerbó la estacionalidad e inestabilidad de la demanda laboral, abonando el terreno para condiciones más precarias.

Contratismo y tercerización: la difusión de la siembra directa transformó las relaciones laborales. El uso rentable de la maquinaria agrícola impuso escalas para el uso de las mismas que superaban ampliamente el tamaño medio de las explotaciones. Por eso, se extendió el contratismo de las tareas agrícolas, y con él el empleo temporario y tercerizado. Los contratistas realizan el 80% de la cosecha y entre el 60 y el 70% de la siembra de cereales. Quienes llevan a cabo las labores raramente están vinculados directamente a los establecimientos en los que desarrollan su trabajo. Los peones son empleados por el dueño de la maquinaria, el contratista, y de forma temporaria. Sólo quienes se ocupan en grandes y medianas estancias o trabajan para grandes contratistas tienen empleo permanente. El contratismo favoreció una mayor flexibilización, inestabilidad e irregularidad  de la ocupación y mayor dispersión de los trabajadores. de la mano de estos cambios, las empresas que lucran administrando la precarización, las grandes agencias de empleo, aumentaron su peso en las áreas rurales. Manpower firmó 18.000 contratos en el año 2007, tres veces más que en 2001.

Destajo: el contratismo desarrolló formas de remuneración que llevan a los asalariados a interiorizar la presión al aumento de la productividad. Esto es así porque la remuneración se constituye en la mayoría de los casos como un porcentaje de lo que cobra el patrón, que puede ser un porcentaje de la cosecha o una tarifa fija por hectárea. El trabajador puede mejorar su remuneración sólo trabajando la mayor cantidad de hectáreas posibles, para obtener una mayor cantidad de producción sobre la cual deducir su porcentaje. Por eso, las largas jornadas pueden más que duplicar las 8 horas durante los meses que dura la recolección o la siembra. El promedio diario llega a 14 horas, sin pago especial por horas extra ni aportes a la seguridad social. Un maquinista de cosecha puede obtener con este régimen intensivo 35.000 pesos en una temporada, ingreso que debe completar el resto del año buscando otras ocupaciones. El “moderno” agrobussiness mantuvo los padecimientos “tradicionales” de los peones, y contribuyó a degradar aún más sus condiciones en beneficio de capitalistas y terratenientes. Sin privarse de aplicar algunos de los métodos de explotación más antediluvianos, como nos recordó el descubrimiento de fuerza de trabajo en condiciones de esclavitud en los campos de maíz de Nidera.

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Fuentes

M. I. Bendini y N. G. Steimbreger, “Trabajadores agrarios estacionales migrantes: características y funciones de la intermediación laboral en los mercados de trabajo agrario temporario”, Serie estudios e investigaciones 31 PRoINdER, Buenos Aires, 2011.

A. Coremberg, “Productividad, costo laboral y excedente en la Argentina durante 2003 y 2004”, MTEySS, 2005.

A. Coremberg y M. Molina, “Salarios, costo laboral, productividad y excedente de la economía argentina 1993-2006”; MTEySS, 2007.

Kabat, Marina, “La tercerización en el trabajo agropecuario”, Tiempo argentino, 11/4/2001.

Villulla, Juan Manuel y Hadida, Florencia, “Salto tecnológico, tiempos de trabajo y puestos laborales en la agricultura pampeana, 1970-2010”, documentos del cIEA 8, FcE-UBA, 2012.

 

1 J. M. Villulla, “Las formas del salario en la agricultura pampeana: su rol en el disciplinamiento, el aumento de la productividad y el abaratamiento de la fuerza de trabajo”, Mundo Agrario vol. 13, 25, La Plata, 2012.

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