Derechos Humanos: la herencia recibida

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MYRIAM BREGMAN y GLORIA PAGÉS

Número 36, marzo 2017.

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Mauricio Macri, tiempo antes de ser presidente, anticipaba cuál sería su política con relación a los crímenes de la dictadura: “hay que terminar con el curro de los derechos humanos”. Paralelamente, fue acompañado por la ofensiva que desde editoriales del diario La Nación y otros medios afines se despliegan buscando imponer la idea de poner fin a los juicios contra los genocidas desempolvando la teoría de los dos demonios para tal fin o planteos directamente negacionistas.

Con nuestra participación en los juicios como parte del Colectivo de querellantes ¡Justicia Ya! hemos demostrado que se cometió un genocidio y hemos alegado ante los tribunales de enjuiciamiento que el objetivo de la dictadura cívico militar se desplegó

…contra una generación militante a la que era necesario aniquilar para imponer un proyecto económico, político y social que tenía como objetivo cambiar regresivamente la estructura del país; disciplinar y aumentar la explotación de la clase trabajadora; esto a la vez que al mismo ritmo se redoblaban las ataduras con los países imperialistas1.

El Poder Judicial que siempre tuvo un gran sentido de oportunidad para percibir los aires políticos, tomó nota del discurso gubernamental y se han otorgado en un año cerca de 50 beneficios de prisión domiciliaria para condenados por delitos de lesa humanidad. Sin embargo, encuentra límites cuando se lo enfrenta, como ocurrió cuando pretendió que a Etchecolatz le fuera otorgado ese beneficio.

Los datos recabados por HIJOS La Plata por un lado y el CELS por el otro, dan cuenta que los juicios de lesa humanidad van cayendo en un limbo, en un estancamiento que se trasforma en desahuciante para sobrevivientes, familiares y luchadores. Por caso, la causa ESMA va por su tercer tramo, lleva 51 meses y quienes se encuentran en el banquillo son prácticamente los mismos que en los juicios anteriores y acumulan otras condenas. A su vez los testigos deben ir una y otra vez a reeditar el dolor y lo que ya han denunciado en innumerables declaraciones. “Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 29 de noviembre de 2016 el Estado argentino solo efectivizó 167 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 168 juicios hubo 1.033 procesamientos, y como resultado se dictaron 918 condenas sobre 712 represores, hubo 103 absoluciones, 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 3 apartados durante el juicio, por un universo de 5.015 víctimas”, señalan desde HIJOS La Plata2.

Esto quiere decir que en 10 años de juicios alrededor del 43 % del total de los 2.400 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 38 % de aquel número de procesados fue condenado. Es de esperar que a este ritmo decreciente en la celeridad de los procesos, y teniendo en cuenta que 260 imputados fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio, un número mucho mayor no llegará nunca a ser juzgado. La biología otorga su impunidad.

Si tomamos como parámetro que en el país funcionaron más de 600 Centros Clandestinos de Detención, la impunidad es palpable: apenas poco más de un genocida condenado por centro clandestino, a más de una década de anuladas las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Los datos del CELS apuntan a marcar la cantidad de represores en prisión domiciliaria, que a fines de 2016 daba cuenta que 228 condenados gozan de ese beneficio, mientras que entre los procesados, 226 se encuentran bajo arresto domiciliario. Se trata, de conjunto, del 40 % de los genocidas enjuiciados. Acaba de ser beneficiado el prefecto Juan Antonio Azic, integrante de la patota de la ESMA, apropiador de la diputada nacional Victoria Donda y de Laura Ruiz Dameri. Azic torturó a Carlos Lordkipanidse (quien integra hoy la Asociación de ExDetenidos Desaparecidos) en la ESMA y a su hijito de 20 días, poniéndolo sobre su cuerpo mientras le aplicaba la picana eléctrica.

Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) siempre sostuvimos que se llegaría a este punto ya que sin la apertura de los llamados “archivos de la represión” y con juicios armados de manera ultraparcelada, solo se garantiza que un sector de militares sea condenado mientras se salva al poder económico e incluso las fuerzas armadas y de seguridad y las agencias de inteligencia continúan con miles de genocidas en sus filas.

En este esquema, los principales beneficiados son sin dudas, los empresarios que impulsaron el golpe. Blaquier, Magnetto, Massot, directores de la ex Editorial Atlántida, gerentes y directivos de la Mercedes Benz, Ford, entre tantos otros, recibieron el espaldarazo del Poder Judicial. A los grandes empresarios se les respetaron “sus fueros de clase”, como los señalamos en la Cámara de Diputados de la Nación:

…en la Argentina no solo hay fueros parlamentarios, sino también hay fueros de clase; porque hay empresarios como Blaquier de Ledesma que hasta participaron de un genocidio y están absolutamente impunes3.

 

La política del kirchnerismo

Luego de llegar a la presidencia con un bajísimo porcentaje de votos, Néstor Kirchner, en búsqueda de legitimidad, y como parte de una serie de políticas para recomponer el muy cuestionado régimen político (ver artículo de Christian Castillo en este número), usó la demanda de “juicio y castigo” y favoreció la votación en el Congreso de la nulidad de las leyes que impedían el juzgamiento de los genocidas en agosto de 2003, una demanda a la que hasta entonces la mayoría de los legisladores peronistas y radicales se habían opuesto.

El costo fue volver a exponer ante los ojos de millones el papel contrarrevolucionario de las fuerzas represivas y los atroces crímenes cometidos; pero las limitaciones planificadas con que se establecieron esos juicios denotaron el objetivo de que en última instancia, condenando a un grupo de represores, se salvaguardara a la enorme mayoría de los mismos, preservando a las fuerzas armadas, de seguridad y del servicio penitenciario de conjunto, especialmente a sus altos mandos, todos provenientes de la dictadura. Esta “depuración” la veían como necesaria para iniciar un proceso posterior de relegitimación social de las fuerzas represivas.

La cooptación o institucionalización, según el caso, de referentes de organismos de derechos humanos, quitándoles todo perfil de lucha, tuvo la grave consecuencia de que gran parte de ellos se mantuvieron mucho tiempo en silencio frente a la desaparición de Julio López así como ante la designación de César Milani como Jefe del Ejército. Esto ha dejado una importante crisis en organismos que no puede explicar su complicidad con esta política del kirchnerismo.

Que hoy Milani esté preso y que se empiece a investigar su rol en la dictadura, concretamente en la desaparición del soldado Ledo, en el secuestro y torturas contra Pedro y Alfredo Olivera, Verónica Matta, Plutarco y Oscar Schaller, es producto de la persistente pelea que dimos un grupo de familiares, sobrevivientes, querellantes en una lucha independiente del Estado4. Las denuncias demuestran que este personaje siniestro no tenía mucha escapatoria, solo contaba con la impunidad que había logrado circulando durante años por los pasillos del poder. Tampoco es el primero que lo hace: Antonio Bussi, Luis Patti y Aldo Rico supieron participar en listas electorales para reciclarse como “hombres de la democracia”.

 

Los que siguen en funciones

La designación de Milani sacó a la luz que es parte de miles y miles que como él fueron parte de la dictadura y siguieron en funciones hasta la actualidad. Que los juicios nos iban a devolver unas “Fuerzas Armadas sanmartinianas” no fue más que una ilusión reaccionaria que permitió al anterior gobierno apuntar a una política de reconciliación con las fuerzas armadas genocidas manteniendo el relato de la defensa de los derechos humanos. Es interesante en este sentido recordar la nota en la que Fernando Rosso5 cita al investigador Máximo Badaró, quien da cuenta de que el propio Ejército, para la celebración del Día del Ejército el 29 de mayo en 2010, “construyó un relato que omitía su rol protagónico en la última dictadura militar y en la represión de la población en diferentes momentos de la historia argentina”. Así, en la página web que las autoridades militares armaron especialmente para festejar el bicentenario del Ejército, se leía el siguiente cuentito feliz reescrito por los militares del “proyecto”:

Desde su nacimiento (el Ejército) ha contribuido a la integración del territorio mediante la construcción de caminos, puentes y tendidos telegráficos, posibilitó el desarrollo industrial con Perón, el petróleo y la aviación con Mosconi y la siderurgia con Savio; con el servicio militar obligatorio integró a los hijos de inmigrantes con los criollos y con el servicio militar voluntario incorporó a la mujer definitivamente a la Defensa Nacional. En este Bicentenario, el Ejército acompaña al pueblo argentino, guiado por el deseo de dar lo mejor de sí, para contribuir a construir la patria que todos anhelamos6.

Por supuesto que las formas distan mucho de las del macrismo, pero nadie puede negar que flaco favor le hicieron los gobiernos kirchneristas a la lucha contra por el juicio y castigo nombrando a Milani y usando genocidas para la represión interna como lo vimos en la protesta de los trabajadores de LEAR. El famoso “canoso de barba” que se infiltró entre los manifestantes y bajo las órdenes de Sergio Berni, cuya identidad reveló el periodista Horacio Verbitsky es el coronel (R) del arma de Caballería Roberto Ángel Galeano, un comando de 55 años que estuvo en las Malvinas con Mohamed Ali Seineldín, fue jefe de Inteligencia del Cuerpo de Ejército de Córdoba, y de Contrainteligencia en la Dirección de Inteligencia del Estado Mayor General del Ejército. Elocuente ejemplo.

Cuando alegamos en la causa ESMA en mayo de 2011 pidiendo condena por Rodolfo Walsh y por tantos otros compañeros, denunciamos que en la Armada hay 543 oficiales y 759 suboficiales que provienen de la dictadura. Varios de ellos pasaron por la ESMA, pero tienen la fortuna de que ningún ex detenido- desaparecido los haya reconocido, por lo que se amparan en el pacto de impunidad que se mantiene con firmeza y efectividad gracias a que el Estado mantiene ocultos los archivos de la represión. Milani (ahora retirado) y cincuenta generales más son parte de un Ejército argentino que cuenta con 3.381 miembros que provienen de la dictadura. La situación se repite La Fuerza Aérea incluso supera esos números, con más de 600 oficiales y 1.700 suboficiales que aún están en funciones desde la dictadura. En la Policía Bonaerense, cuando desapareció Julio López en 2006 quedaban en funciones 9.026 efectivos que provenían de la dictadura.

César Milani forma parte de esos números tan contundentes y de algo más certero aún: perteneció desde 1982 al área de inteligencia. En este dato radica también la gravedad de haberlo sostenido en el poder, nada menos que como jefe del Ejército. “Queremos una fuerza (…) mirándose al futuro, (…) un ejército sanmartiniano profundamente comprometido con los valores de la argentinidad, la democracia y los derechos humanos”; quien esto decía era, irónicamente, el mismo César Milani en el acto de asunción de los jefes de las tres fuerzas el 3 de julio de 2013.

Precisamente, “dejar de mirar para atrás” como se nos propone tantas veces, es funcional a garantizarle la impunidad a los genocidas que siguen libres y, en su gran parte, en funciones. El genocidio y sus consecuencias no son cuestión del pasado, las nuevas generaciones de jóvenes y militantes deben saber de qué son y serán capaces las Fuerzas Armadas y de Seguridad sirviendo como brazo armado de la clase dominante, muy distantes a las casi irónicas alusiones de Milani: “el Ejército (tiene) la convicción y el compromiso de jamás empuñar las armas que la Nación nos ha confiado para un fin que no sea defender a nuestro pueblo”. Oculta la historia y la razón de ser de las Fuerzas Armadas.

Al relato kirchnerista la realidad lo desmiente. Milani estuvo acompañado por el carapintada Berni, por la sanción de la ley Antiterrorista y por escandalosos casos de espionaje a luchadores populares como el Proyecto X que denunciamos con nuestros compañeros obreros de la zona norte del Gran Buenos Aires. Ejemplos que muestran que el macrismo no empieza de cero sus intentos de perdón.

La derecha gobierna en Argentina. Un gobierno de CEOs que trata de cerrar una etapa para intentar represtigiar las fuerzas represivas. Y para ello demonizan a las víctimas del genocidio pretendiéndolas responsables del horror planificado. Ese horror que desató la dictadura para beneficiar a la misma clase social a la que pertenece Macri y la gran mayoría de sus funcionarios, sus riquezas personales tienen antecedentes muy turbios. Buscan crear la idea de un país “normal” sin “asperezas”, que dialoga y avanza. No siempre han podido avanzar porque chocaron con el repudio popular.

Sin embargo, la memoria de los 30 mil desaparecidos y del verdadero significado del golpe vive en millones de personas. Este 24 de marzo como todos los años, esto se expresará en las calles masivamente. Allí estaremos, porque somos el obstáculo que Macri y/o personajes como Gómez Centurión intentarán vencer, junto al Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, diciendo “Son 30.000. Fue genocidio. Contra el ajuste, la entrega y la represión de Macri y los gobernadores. Perpetua a Milani y a todos los genocidas”.

 

  1. Alegato de Myriam Bregman en el juicio por la megacausa Esma II, 18/05/2011, disponible en www.juicioesma.blogspot.com.ar.
  2. Disponible en www.hijosprensa.blogspot.com.
  3. Intervención de Myriam Bregman en el Congreso Nacional el 22/06/16.
  4. Desde el CEPRODH somos querellantes contra Milani en representación de Oscar Schaller, una de las víctimas directas del ex jefe del Ejército. Son importantes las pruebas que lo incriminan.
  5. “Correo Argentino y Milani: donde mueren los relatos”, La Izquierda Diario, 19/02/17.
  6. Máximo Badaró, “Memorias en el Ejército Argentino: fragmentos de un relato abierto”, revista Nuevo Mundo Mundos Nuevos, 2012.

 

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