Década kirchnerista: tiempo perdido para la legalización del aborto

0
Share Button

 

La lucha por el derecho al aborto bajo el kirchnerismo

ANDREA D´ATRI

Número 13, septiembre 2014.

 

El debate por la legalización del aborto, en Argentina, es de larga data. Sin embargo, después del impasse que le impuso la dictadura militar a este debate, con genocidio, represión y reacción ultraconservadora, el reclamo fue retomado recién a mediados de los ‘80. Con un nuevo lenguaje formulado en los escenarios internacionales y al amparo de la resonancia que adquirían en el país las luchas contra la impunidad y por el respeto de los Derechos Humanos, el derecho al aborto se inscribió en la agenda política de los nuevos Derechos Sexuales y Reproductivos.

Muchas experiencias se concentran en estas décadas, que merecerían un extenso análisis. Aquí vamos a centrarnos en los últimos diez años, donde al calor de las movilizaciones que se desarrollaron después de la caída del gobierno de Fernando de la Rúa (diciembre de 2001), la cuestión del derecho al aborto volvió a tomar impulso y a transformarse en una de las demandas centrales del movimiento de mujeres.

Nuestra visión no es desinteresada: somos parte de esta lucha de manera activa, con la agrupación de mujeres Pan y Rosas que –por su extendida presencia en Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y México y su perspectiva socialista revolucionaria– se constituyó en una referencia ineludible entre las corrientes anticapitalistas del feminismo de América Latina.

 

Donde muere el progresismo

Si nos referimos a la última década, en la que transcurrieron tres gobiernos del mismo signo político –la presidencia de Néstor Kirchner y dos períodos sucesivos de Cristina Fernández–, no se puede omitir la contradicción singular que manifiesta el kirchnerismo con respecto al derecho al aborto.

A diferencia de otros temas en los que el gobierno mantuvo, durante un cierto período, un doble discurso, la presidenta Cristina Fernández siempre declamó sin ambigüedades su férrea oposición a la legalización del aborto. No solo hizo declaraciones en este sentido, sino que se conoció su injerencia para retirar la publicación de un manual del Ministerio de Salud de la Nación sobre la atención de abortos no punibles, como también la imposición de disciplina partidaria a su bloque parlamentario, para que no diera quórum al tratamiento de un proyecto de ley en la comisión de Legislación Penal, en noviembre de 2011. Pero, gran parte de la militancia kirchnerista –como también un sector importante de sus votantes– no solo aprueba la despenalización del aborto sino que integra las organizaciones de mujeres que pelean por su legalización o, incluso, ha comprometido su apoyo a distintos proyectos presentados en este sentido.

Hasta el momento, esa contradicción no se resolvió con un cambio de actitud por parte del gobierno, en respuesta al interés de sus bases; sino más bien, con la búsqueda de algunas vías de escape a ese dilema, por parte de su propia militancia, que promueve algunas reformas acotadas (promoción del uso de misoprostol y el aborto medicamentoso, organización de redes de apoyo para las mujeres que deben abortar en clandestinidad, etc.) para evitar la confrontación1.

Además, esto trajo como consecuencia que se estancara el crecimiento del movimiento de lucha por el derecho al aborto, enfrentado a la dificultad de establecer consensos entre la militancia kirchnerista –que se niega a confrontar con el gobierno en esta materia y no admite críticas a la gestión presidencial– y, por otra parte, la izquierda, que constituye el ala política más consecuente de la oposición y además es coherente con su participación en el movimiento de mujeres, sus propuestas durante las campañas electorales y su actividad parlamentaria.

Si en los primeros años posteriores a la crisis de 2001, se podía comprender que una parte importante del movimiento de mujeres sostuviera expectativas en una reforma parlamentaria, ya hace tiempo que esa expectativa se tornó incomprensible. Más aún si se tiene en cuenta que, en la década kirchnerista, son aproximadamente 3 mil las mujeres cuyas muertes se hubieran evitado con la voluntad del bloque oficialista que, junto con el voto de algunos diputados y diputadas de los otros bloques que aprueban la legalización, habría hecho posible una ley que permitiera la interrupción voluntaria del embarazo, realizada en los hospitales públicos y en condiciones idóneas.

En mayo de este año, invitada a un programa de televisión, la jefa de bancada del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados, Juliana Di Tullio, afirmó que: “el Congreso no está maduro para debatir la interrupción del embarazo”. Y agregó: “Mi propio bloque tiene contradicciones. Cristina [Fernández] también se ha pronunciado en contra”, reconociendo, además, que el Papa argentino incide en la discusión pública2. Si su pesimismo sobre las perspectivas parlamentarias tiene importancia, no es solo porque se trata de la jefa de bancada, sino porque Juliana Di Tullio firmó el proyecto de legalización impulsado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto y también es autora de otras iniciativas, como el proyecto de ley de interrupción voluntaria del embarazo si el mismo proviene de la comisión de un delito contra la integridad sexual.

Pero, mientras el oficialismo –incluso los sectores que apoyan la legalización del aborto– insiste en que el Congreso no está maduro para el debate, la sociedad parece haberlo madurado ya hace tiempo: en los últimos años, según distintas encuestas, la despenalización y la legalización del aborto alcanzaron el mayor índice de aprobación social de todos los tiempos. Esa “maduración” del debate entre la población no se la debemos a ningún gobierno: fue conquistada por la lucha persistente del movimiento de mujeres.

02

De las calles al palacio

Esa lucha persistente tiene una larga historia en Argentina. Pero, en diciembre de 2001, el espíritu deliberativo de las asambleas populares surgidas en distintos barrios de la Ciudad de Buenos Aires, reactivó a las agrupaciones de mujeres y volvió a poner en el centro la discusión de la legalización del aborto. En este marco, un espacio de activistas feministas independientes y mujeres de distintas organizaciones políticas y sociales, que funcionó bajo el nombre de Asamblea por el Derecho al Aborto, acordó estrategias para intervenir en el XVIII Encuentro Nacional de Mujeres, que se realizaría en Rosario en agosto de 2003. El objetivo era enfrentar, con un discurso consensuado, los ataques de la jerarquía eclesiástica local y, además, buscar alternativas para esquivar los obstáculos que la Iglesia ponía para impedir el debate en los talleres que funcionan en estos encuentros. Fue así que, rompiendo con los usos y costumbres de funcionamiento del Encuentro Nacional de Mujeres, se convocó –por fuera de las actividades programadas– a una Asamblea Nacional por el Derecho al Aborto, que reunió a centenares de mujeres de todo el país. El atolladero en el que nos encerraba la discusión con las mujeres fundamentalistas fue sorteado. En esta asamblea, las que estábamos de acuerdo con la legalización del aborto, pudimos debatir diferentes propuestas para llevar adelante la lucha con este propósito3.

Allí votamos un plan de lucha nacional por la legalización del aborto, que comenzaría con una marcha a realizarse en el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe y la convocatoria a un encuentro nacional para debatir estrategias para la legalización del aborto. Por primera vez, el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario venció el cerco mediático y la bandera Por el Derecho al Aborto fue tapa del diario Página/12.

De regreso, la marcha en Buenos Aires por el derecho al aborto reunió a más de 7.000 mujeres que, frente a la Catedral Metropolitana custodiada por la policía, gritaron consignas contra la Iglesia. Un grupo representativo entregó el petitorio en la Casa Rosada. Otras movilizaciones se desarrollaron en las principales ciudades del país. Una de las feministas que más había luchado por el derecho al aborto en nuestro país, la abogada Dora Coledesky, declaraba: “Ya no somos cuatro locas las que pedimos la legalización, ya no es un reclamo exclusivo de las feministas”4.

Sin embargo, el clima político creado por el kirchnerismo, donde el discurso presidencial generaba expectativas en la resolución de las demandas del movimiento de masas, suscitó las primeras diferencias entre quienes conformaban la Asamblea por el Derecho al Aborto, que comenzó a fracturarse y desgranarse. En 2004, se realizaba el I Encuentro Nacional sobre Estrategias por el Derecho al Aborto, para debatir estrategias jurídico-legislativas, sanitarias y comunicacionales. Se decidió exigir la reglamentación de los casos de abortos no punibles ya contemplados en el Código Penal, propiciando una interpretación amplia de las excepciones de punibilidad. También se inició la elaboración de un proyecto de ley para la interrupción voluntaria del embarazo, y se planteó la necesidad de establecer un bloque transversal de legisladores por el derecho al aborto. Esto se daba mientras el oficialismo postulaba a la jueza Carmen Argibay –cuestionada por la Iglesia y sectores conservadores por sus declaraciones favorables a la despenalización del aborto– para la Corte Suprema de Justicia. El ministro de Salud, Ginés González García, también hacía declaraciones a favor de la despenalización y, hacía muy poco tiempo, se había aprobado la Ley Nacional de Salud Reproductiva, largamente postergada. Además, los ministros de Salud provinciales habían firmado un compromiso para la reducción de los índices de mortalidad materna donde se establecía:

 

que la mujer en situación de aborto no sea discriminada y reciba una atención humanizada, rápida, efectiva y con asesoramiento y provisión de insumos anticonceptivos. Garantizar el acceso a la atención del aborto no punible en los hospitales públicos, dando cumplimiento a lo estipulado en el Código Penal5.

 

Los sectores sociales que se habían movilizado hasta hacía poco tiempo atrás, retrocedían bajo la pasivización impuesta por el kirchnerismo que, seduciendo con el discurso a amplios sectores, reconducía los reclamos de la calle al palacio.

Finalmente, la Asamblea por el Derecho al Aborto se disolvió y, un sector significativo de activistas y agrupaciones que la habían integrado, conformaron, al año siguiente, la coalición denominada Campaña Nacional por el Derecho al Aborto [en adelante, La Campaña], que además, recibe el apoyo de otras organizaciones sociales y políticas que no la integran. Aunque La Campaña mantiene aún su presencia en todos los Encuentros Nacionales de Mujeres, en actividades públicas y algunas marchas unitarias, ha privilegiado la estrategia del cabildeo político, a la de potenciar la construcción de un amplio movimiento activo y de lucha en las calles.

 

Mayor consenso, menor movilización

Mucha agua ha corrido bajo el puente desde mayo de 2005, cuando se lanzó La Campaña, bajo la consigna Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. En pocos meses, La Campaña presentó 80 mil firmas al Congreso, respaldando su petitorio. Para entonces, las encuestas señalaban que el 44 % de la población acordaba con la despenalización del aborto y que ese porcentaje ascendía notablemente si se preguntaba por la despenalización en determinados casos (violación, riesgo de salud de la gestante, malformaciones del feto). Esos índices han aumentado considerablemente, como, lamentablemente, también lo han hecho los de embarazo adolescente y morbimortalidad de mujeres gestantes. Un estudio más reciente, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad, señala que más del 90 % de las personas encuestadas en el área metropolitana contestó que estaba “de acuerdo” o “muy de acuerdo” con el aborto en casos de violación a una mujer discapacitada o menor; que la aceptación llega al 85 % en casos de malformación del feto y 84 % cuando la mujer gestante corre riesgos de salud o de muerte. El mismo estudio señala que 6 de cada 10 personas entrevistadas están de acuerdo con la despenalización de todas las prácticas abortivas. Índices bastante altos si se tiene en cuenta que, además, 7 de cada 10 dijeron profesar la religión católica.

Aquella consigna de “Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, que sintetizaba la lucha del movimiento de mujeres, en los años siguientes fue reemplazada por la de “Aplicación efectiva de la Ley 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable”, seguida por “Aborto legal, una deuda de la democracia” y, más recientemente, por la que está dirigida más expresamente al Congreso, que plantea “Exigimos el debate”.

La Campaña ha presentado, ya en cinco ocasiones, un proyecto de ley en el Congreso Nacional. Por primera vez, lo hizo como iniciativa de la sociedad civil, en mayo de 2007; al año siguiente, se presentó con la firma de 22 diputadas y diputados. Se debió volver a presentar en 2010, donde las firmas llegaron a 33. En esa ocasión alcanzó a ser tratado en la comisión de Legislación Penal, en noviembre de 2011, donde consiguió un dictamen favorable. Pero apenas terminó de sesionar la comisión, se sucedieron diversas desmentidas y contradicciones sobre supuestos incumplimientos del reglamento del quórum, con el objetivo de voltear el dictamen. Las otras dos comisiones interesadas (Acción Social y Salud Pública y Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) no convocaron a sesiones, por lo que, finalmente, el proyecto caducó y debió ser presentado nuevamente con la conformación de la nueva cámara, al año siguiente. En su cuarta presentación, en 2012, se consiguió el apoyo de 54 diputadas y diputados, pero nunca fue tratado.

La última se hizo a principios de este año, con el aval de 64 firmas. Por primera vez, la izquierda partidaria contaba con tres diputados nacionales que agregaron su firma, rubricando en el parlamento el apoyo que siempre manifestó en las calles.

Durante la presentación del proyecto en el Congreso Nacional, el diputado Nicolás Del Caño, del Partido de los Trabajadores Socialistas en el Frente de Izquierda, saludó al movimiento de mujeres y recordó a la pionera feminista Dora Coledesky, antes de expresar que pelearía por un dictamen favorable en la comisión de Legislación Penal. Sin embargo, suscitó una inesperada reacción censuradora del sector oficialista de La Campaña cuando dijo que saludaba que muchos diputados y diputadas acompañaran este proyecto,

 

pero no queremos dejar de señalar la responsabilidad política del bloque mayoritario del Frente para la Victoria, que permite que algunas leyes, como la indemnización a Repsol, salgan aprobadas en menos de dos meses y otras, como ésta, que evitaría la muerte de miles de mujeres, lleva casi una década sin ser tratada.

 

Quienes nunca confrontaron con la expresa negativa del gobierno de legalizar el aborto ni permitieron que las críticas contra su política se expresaran abiertamente en aras de “mantener la unidad”, cortaron el micrófono al diputado Del Caño y lo silbaron sin impedir, sin embargo, que éste reafirmara que

 

el aborto clandestino se ha cobrado la vida de más de 3.000 mujeres jóvenes y pobres y hay una responsabilidad política. Ése es nuestro planteo y lo vamos a seguir señalando, al tiempo que acompañamos la lucha por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, como desde hace décadas, en la Cámara de Diputados, en las calles, con las compañeras de La Campaña y de Pan y Rosas, y todos aquellos que lo quieran impulsar.

 

Por las declaraciones ya mencionadas de la jefa del bloque oficialista, parece que este año, tampoco hay visos de que vaya a considerarse el proyecto presentado por quinta vez. La conquista de La Campaña, en casi una década de existencia, fue la instalación del tema del derecho al aborto en la agenda política nacional y también mediática. Dicen algunas de sus integrantes:

 

…el trabajo colectivo de todos estos años nos permitió instalar la palabra aborto en voz alta, sustraerla del silencio, de la clandestinidad y del aislamiento que su sonido implicó por largos años. Denominamos “despenalización social” a la instalación de un debate social y político hace unos años muy silenciado en el país. (…). Hasta la crisis del año 2001 en que la cuestión toma estado deliberativo en las asambleas barriales, el aborto era un tema tabú para la militancia política partidaria, incluso para el movimiento de mujeres amplio6.

 

El creciente apoyo a la despenalización y legalización del aborto se debió a su persistencia, a la lucha del movimiento de mujeres y también a la indignación que, durante estos años, generaron algunos resonados casos de niñas abusadas y adolescentes con discapacidad mental que fueron violadas, a las que se les negó el acceso al aborto no punible, o mujeres que murieron porque se les negó el tratamiento médico necesario para combatir su enfermedad, porque implicaba riesgo de pérdida del embarazo en curso.

Por parte del gobierno solo hubo una férrea negativa a avanzar un solo paso en la despenalización del aborto. En 2012, la Corte Suprema de Justicia se pronunció contra la judicialización de los casos de aborto no punible y exhortó a las autoridades del poder ejecutivo a implementar protocolos de atención en los hospitales públicos. Sin embargo, al día de hoy, el fallo es ampliamente cuestionado por distintos gobernadores de la oposición derechista y del propio kirchnerismo, y solo ocho provincias cuentan con protocolos que contemplan los requisitos establecidos por el mismo.

Paradójicamente, durante estos años, mientras La Campaña conquistó cada vez mayor visibilidad en los medios y numerosos apoyos entre congresistas, figuras de la cultura, organizaciones sociales y políticas, se redujo notoriamente su capacidad de movilización, que ha quedado, esencialmente, en manos de la izquierda, limitando lógicamente su amplitud7. Las consecuencias de haber generado expectativas en que sería el Congreso y la casta política quienes podrían ofrecer respuesta a las mujeres, se hacen sentir ahora, cuando la movilización es más necesaria que nunca para arrancar nuestros derechos a un gobierno que ha girado a la derecha.

 

¿Un callejón sin salida?

Es innegable el persistente esfuerzo de La Campaña por convencer a la casta política de la necesidad de una legislación favorable a las mujeres, que permita la interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, aún cuando se ha alcanzado el apoyo creciente de diputadas y diputados de todos los bloques en el Congreso Nacional, el proyecto de ley apenas ha sido tratado en una oportunidad, en una comisión cuyo dictamen favorable fue cuestionado. Es que no hay posibilidad de conseguir un dictamen favorable sino es por la presión, el empuje o la imposición de un movimiento de masas, dispuesto a movilizarse por sus derechos. Ésta ha sido la experiencia de numerosos países, donde el aborto fue legalizado en la década de los ‘70, bajo la presión de un activo movimiento de liberación femenina. Si eso fue necesario en países centrales como Francia, Estados Unidos y otros, más aún será necesario en la Argentina actual, en un régimen de democracia degradado y donde, asistimos, más recientemente, a un giro derechista del gobierno nacional.

El kirchnerismo que se encontraba enfrentado con el cardenal Bergoglio –quien encabezó la reacción conservadora contra la ley del matrimonio igualitario–, hoy estableció una estrecha alianza con aquel cardenal devenido en Papa Francisco. Esa mancomunión suscitó asperezas en el propio oficialismo –obligando al Poder Ejecutivo a dilatar su presentación en el parlamento– cuando salió a la luz la injerencia de la Iglesia en la redacción del nuevo Código Civil. Si nunca antes este gobierno, ni ningún otro, habían intentado avanzar contra los privilegios económicos de la Iglesia Católica que emanan de varios decretos de la dictadura militar del ‘76, menos aún ahora, cuando el influyente sillón de Pedro es ocupado por un argentino. Y mientras la Iglesia no se separa del Estado, la curia también desarrolla su estrategia de cabildeo, amenazando a legisladoras y legisladores con movilizar a sus fieles en contra.

En los primeros momentos del kirchnerismo –cuando el discurso gubernamental generaba expectativas en el movimiento de masas–, quienes sosteníamos la necesidad de mantener la movilización independiente por nuestros derechos nos veíamos obligadas a argumentar por qué no había que generar confianza en el régimen político, sino esencialmente, en nuestras propias fuerzas. Mantuvimos la perspectiva de luchar por poner en pie un amplio movimiento de mujeres en lucha por el derecho al aborto, al tiempo que acompañamos y buscamos apoyo para el proyecto de ley impulsado por La Campaña.

Diez años de recorrido en el Congreso Nacional, lamentablemente, probaron que no estábamos equivocadas. Las firmas de diputadas y diputados, aun cuando han crecido, son impotentes a la hora de confrontar con la agenda del poder ejecutivo, que ya ha definido que no avanzará con la despenalización y legalización del aborto. Algo que sostiene obligando a los sectores de su bloque parlamentario que aprueban el proyecto de ley, a no dar quórum para su tratamiento o hacer silencio y acatar una agenda que no lo contempla.

La muerte de las mujeres jóvenes más pobres de nuestro país, que podría evitarse con la aprobación de la ley, permitiendo la interrupción voluntaria de los embarazos en los hospitales públicos y en condiciones idóneas, nos exige estar a la altura de las circunstancias. Porque tenemos derecho a decidir y porque no queremos ni una hermana más muerta por los abortos clandestinos.

 

1. Ver “Socorristas y redes solidarias, en el mar de la clandestinidad”, en este mismo dossier.

2. “Di Tullio: ‘El Congreso no está maduro para debatir la interrupción del embarazo’”, Infonews, 12/05/14.

3. En esta asamblea participaron mujeres de la Comisión por el Derecho al Aborto, Foro por los Derechos Reproductivos, Católicas por el Derecho a Decidir, Acción Política LGTTTB, CTA, Red de Mujeres Solidarias, Polo Obrero, activistas y académicas del Área de Estudios Queer de la UBA. También se encontraba una comisión de estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, reconocidas dirigentes del movimiento de fábricas ocupadas que había irrumpido en diciembre de 2001 –como Celia Martínez de la textil Brukman– y militantes del Partido de los Trabajadores Socialistas que, después de esa experiencia, convergimos en la fundación de la agrupación Pan y Rosas.

4. M. Carbajal, “La marcha del aborto”, Página/12, 26/9/03.

5. “Compromiso para la Reducción de la Mortalidad Materna en Argentina”, Consejo Federal de Salud, Ministerio de Salud de la Nación, 6 de octubre de 2004.

6. Anzorena y Zubbrigen, “Trazos de una experiencia de articulación federal y plural por la autonomía de las mujeres: la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, Legal, Seguro y Gratuito en Argentina”, en Otra historia es posible, Buenos Aires, Herramienta Ediciones, 2013. Hacemos la salvedad de que el Partido de los Trabajadores Socialistas fue duramente discutido en los medios de comunicación (y reconocido por el movimiento de mujeres), justamente por levantar el derecho al aborto como eje central en las campañas electorales desde 1993, cuando participamos por primera vez en comicios nacionales. También acompañamos solidariamente desde sus primeros pasos a la Comisión por el Derecho al Aborto organizada por la abogada feminista Dora Coledesky.

7. Hubo movilizaciones por el derecho al aborto en las que marcharon separadas las organizaciones que seguían permaneciendo en La Campaña y las agrupaciones y partidos de izquierda que confrontaban con el gobierno nacional. Incluso, hubo años en los que La Campaña decidió hacer otras actividades de menor convocatoria y no marchar, como se hacía habitualmente, para el Día de Lucha por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe. Esto se revirtió el año pasado, donde La Campaña encabezó una movilización unitaria en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de, aproximadamente, 5.000 personas –en su mayoría, mujeres– nutrida esencialmente por las agrupaciones y partidos de izquierda.

VER PDF

No comments