Clase y territorio

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PAULA VARELA Y ADRIANA COLLADO

Número 6, diciembre 2013.

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La derrota electoral del kirchnerismo y la posterior designación de Capitanich han puesto en el centro del debate político la relación entre clase y territorio. Presentamos aquí algunas reflexiones al respecto.

El fetiche del territorio (o el retorno a la apuesta menemista)

En su muy interesante libro sobre La hegemonía menemista, Alberto Bonnet analiza la forma del Estado en los ‘90 como manera de escrutar los pilares sobre los que se sostuvo una hegemonía que fue parida en la violencia de la hiperinflación, pero que no se explica únicamente por su trauma de origen. Interesante entrada para analizar los cambios posderrota electoral del 27 de octubre, y para intentar evitar (no por vacua sino por muy transitada) la mirada coyunturalista (y politicista) sobre los cambios de ministros en el kirchnerismo y el retorno del territorio al primer plano de la estrategia gubernamental.

Para mirar la forma del Estado, dice Bonnet, una clave está en observar su fragmentación funcional (división de poderes entre el Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y geográfica (división de poderes entre nación, provincias y municipios). Vamos por esto último que es donde entra el territorio, eje de esta primera parte de la nota. Entre las modificaciones menemistas, una de las fundamentales fue la descentralización geográfica de planificación, gestión, obtención y empleo de recursos, conocida como la transferencia del “gasto social” a las provincias y municipios. La educación pública (en sus instancias primaria, media y técnica), salud (a nivel primario), vivienda, infraestructura urbana (agua, cloacas, electricidad), y vialidad (excepto rutas nacionales).

Frenemos aquí un segundo para mirar esta descentralización en clave de relaciones de fuerza entre las clases. La división de poderes (tan invocada por los republicanos como baluarte de salud de la democracia) es una estrategia de mantenimiento de equilibrios del poder expropiado a las masas a través del voto. Los juegos de controles entre poderes diferenciados (tanto funcional como geográficamente) operan estabilizando esa expropiación, manteniendo el poder en la maquinaria estatal e impidiendo su retorno a la usina de su constitución, a las masas (además permite que respiren las tensiones entre las fracciones de la burguesía). Si tomamos la idea de Poulantzas acerca de que la función hegemónica del Estado capitalista respecto de las clases dominadas es impedir su organización política que posibilite la ruptura de su aislamiento, las formas que asume la división de poderes es una de las estrategias que se da el Estado para llevar a cabo esa función de despolitización de las masas1. La territorialización menemista fue la política de despolitización correspondiente a la fragmentación a nivel de la economía (altas tasas de desocupación y pobreza, precarización, desindicalización). Dice Bonnet: “Esto, por supuesto, no es sino la reproducción dentro de la forma del Estado de la dualización de la sociedad resultante de la reestructuración capitalista: los grupos sociales integrados son sometidos al disciplinamiento dinerario que sostiene la hegemonía menemista, mientras que los grupos marginalizados son mantenidos a raya mediante la asistencia y la represión”2.

Como es sabido, esta territorialización tuvo dos consecuencias que llegan hasta la actualidad. A nivel del régimen político, modificó sustancialmente la importancia de los gobernadores en el equilibrio geográfico, transformando a la “liga de gobernadores” en el fiel de la balanza de las elecciones a nivel nacional. Hacia el interior del PJ esta territorialización se manifestó con el predominio de los referentes territoriales por sobre los sindicales y el abandono definitivo del sistema del tercio3.

En el terreno de la lucha de clases, abrió la puerta a lo que hoy constituye parte de la tradición de organización y lucha de los trabajadores en Argentina: el protagonismo de un nuevo sector de asalariados, los estatales y docentes; y la experiencia de resistencia en los márgenes (geográficos y sociales) que daría luego los más fuertes movimientos piqueteros y revueltas del interior del país. Su traslado al conurbano bonaerense terminó de cocinar lo que en 2001 estallaría como crisis orgánica y perforaría el peronismo clientelizado.

El kirchnerismo, fiel a la ambigüedad que lo constituye (expropiador y recordatorio del poder recuperado por las masas en 2001), combinó dos formas de expropiación de ese poder: mantuvo la territorialización como forma predominante del Estado, y lo combinó con algunas políticas de centralización: recursos directos a los intendentes del conurbano para neutralizar relativamente al gobernador bonaerense, que por su posición estratégica siempre presenta chances de desequilibrio del poder territorial (política que gestó lo que hoy se observa como “rebelión de los intendentes”), AUH y jubilaciones mínimas para nacionalizar la contención de los sectores más empobrecidos que fueron los que perforaron la trama de punteros peronistas con el movimiento piquetero, y paritarias para fortalecer la mediación de la burocracia sindical en el sector de asalariados (que hoy presenta un potencial problema para una línea de ajuste).

Esto dio lo que María Esperanza Casullo4 describe como el núcleo duro de la coalición K: base trabajadora y pobre urbana y rural, al que se le sumaron sectores de las clases medias a través de organizaciones estudiantiles como La Cámpora, LGTB, artistas y académicos, y sectores progresistas en general. Lo que entró en crisis el 27 de octubre (en realidad tiene arbitraria fecha de inicio en 2012 con la ruptura con Moyano y la disparada de la inflación), es ese núcleo duro. De allí que los cambios de gabinete, lejos de cosméticos, parecen más bien el intento de organizar (no solo por la sucesión del kirchnerismo ya auto-negado, sino sobre todo por la pervivencia del peronismo como partido de la contención en boxes hacia partido del orden), una hegemonía más sólida, una despolitización más imperforable. Y ese camino de definición va hacia el territorio y permite vislumbrar el intento de restituir una hegemonía neoliberal al tipo de lo que Jessop llamó (analizando el thatcherismo) el “proyecto hegemónico de dos naciones”: una incorporación al mercado de una minoría de trabajadores y una marginalización de una mayoría de trabajadores-pobres.

El problema para este intento no es tanto el que pueda traer la minoría intensa de convencidos K (los aplausos palaciegos a la designación de Capitanich muestran la tendiente a cero capacidad de resistencia del avatar progresista, y sus intelectuales encabezan esa tendencia comenzando la autopsia del difunto vivo). El problema allí es el que pueda traer los 10 años de ejercicio de politización de los trabajadores. Es en este punto donde el 5 % del FIT cobra más importancia que lo que su porcentaje muestra: esos 1.200.000 votos operan sobre el sector que más “se empoderó” políticamente en los 10 años K a través del ejercicio de luchas reivindicativas pero también políticas. Y cuyo garante de despolitización, la burocracia sindical, sufre una doble debilidad: la que arrastra por su papel en la hegemonía menemista, y la que deviene de su fraccionamiento en 5 pedazos y se profundiza ahora con este giro territorial del gobierno y la puesta en duda del mecanismo que los llevó al cenit del protagonismo político: las “paritarias libres”. De allí que, la lectura sociologista que realiza buena parte de los analistas kirchneristas sobre el voto al FIT sea, paradógicamente, despolitizada.

 

“Clase media” con fuerza de overol

El debate sobre la composición del voto al FIT resulta difícil de dilucidar en términos exclusivamente territoriales (aunque contemos con la inestimable ayuda de los mapas de Andy Tow), justamente porque la territorialización noventista ha tenido una consecuencia que dificulta la cuantificación socioeconómica del voto y su análisis político: la polarización (correspondiente a la dualización de la que hablábamos antes) entre dos tipos de territorios: el de las “clases medias” y el de los “sectores populares”.

Esta polarización esconde una serie de trampas entre las que se encuentra una muy utilizada por algunos analistas kirchneristas pos 27 de octubre: equiparar esta dualización a la histórica división de los espacios de representación política en Argentina, la clase media para los radicales, los sectores populares para los peronistas. De allí a la conclusión de que los votos del FIT provienen del histórico gorilismo clasemediero solo basta una pizca del también histórico macartismo del peronismo. Analicemos entonces de qué se trata la “clase media” que figura en los mapeos electorales.

En su análisis de la derrota kirchnerista, José Natanson realiza una afirmación que resulta interesante para esta discusión: “… aunque por supuesto una parte importante de los grupos medios que votaron al kirchnerismo en 2011 lo rechazaron el domingo 27, la causa central está en otro lado: mi tesis es que el problema principal no radica en los sectores medios sino (…) en lo que en otra ocasión preferimos definir como ‘nueva clase media’, ese 30 por ciento aproximado de la población que integran, entre otros, los trabajadores formales sindicalizados, los pequeños comerciantes, los cuentapropistas y los prestadores de servicios particulares. (…) En suma, los decepcionantes resultados obtenidos por el kirchnerismo se explican en buena medida por sus dificultades para retener al ‘moyanismo social’”5.

Este “moyanismo social” no es homogéneo, está constituido, básicamente, por el crecimiento de los asalariados. El hecho de que Natanson lo lea como “nueva clase media” resulta un velo sociológico que oculta que el incremento de los trabajadores asalariados no constituye un problema de “nominaciones” de las clases, sino de relaciones de fuerza entre las clases en la medida que hablamos de un fortalecimiento de la clase obrera como fuerza social6. Observemos entonces los propios datos elaborados por el Ministerio de Trabajo. En sus investigaciones sobre el “impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social de Argentina”, Palomino y Delle7 comparan los cambios de la PEA urbana en el 2003 y el 2011. Allí afirman que lo distintivo del período fue “la intensidad del proceso de asalarización reciente: el incremento del empleo asalariado fue de nueve puntos porcentuales”, pasando del 66,4 % a 75,5 %, lo que representó en términos absolutos la incorporación de 3,4 millones de trabajadores asalariados a la población ocupada urbana.

Uno de los elementos más interesantes del análisis está en la cualificación del proceso de asalarización, porque permite percibir qué sectores de asalariados fueron los que más crecieron y acercarnos así a una identificación del “núcleo duro” de ese “moyanismo social”. Esta cualificación se basa en la comparación del crecimiento proporcional de “grupos ocupacionales” del empleo asalariado8. Los autores afirman que “entre 2003 y 2011 el mayor incremento fue el de los obreros calificados de la industria y los servicios asociados, que incluyen las actividades vinculadas con la industria manufacturera, la construcción, transporte, almacenamiento, telecomunicaciones, electricidad, gas y agua. Este grupo ocupacional, el más numeroso entre los asalariados, se expandió 65 %, lo que equivale a 1 millón de nuevos efectivos en el período, pasando de 1,6 a 2,6 millones de trabajadores, lo que representa un tercio del incremento de los asalariados. (….) Los dos grupos ocupacionales cuyo crecimiento sigue en importancia en el período fueron el de empleados administrativos, que crecieron 62 % y el de profesionales asalariados cuyo número se incrementó 46 %”.

En síntesis, estas cifras permiten cuestionar dos falacias hermanadas en la discusión electoral. La primera, la que equipara las actuales “clases medias” con las históricas clases medias. Para desgracia de kirchneristas, lo que hoy conforma el núcleo duro de esa denominada clase media son los asalariados sindicalizados, cuyos grupos más fuertes pertenecen a la industria manufacturera y sus servicios, es decir, base de la UOM, SMATA, alimentación, gráficos e incluso, camioneros; y los que pertenecen a la administración pública nacional/provincial/municipal, base de los gremios estatales entrenadas durante los noventa. O sea, se concentra en la clase trabajadora manufacturera sindicalizada, es decir, la histórica base peronista, y en los trabajadores estatales, el sector que encabezó la lucha de los trabajadores ocupados en la década del ‘90 y que puso en crisis (junto con los desocupados) a la liga de gobernadores y a la sub-liga de intendentes bonaerenses.

La segunda falacia que esta lectura permite cuestionar es la identificación del voto al FIT con la histórica representación gorila-radical. Por el contrario, el núcleo duro del voto al FIT (que se complementa con un fuerte voto universitario-estudiantil en centros urbanos) está compuesto por los trabajadores que son la base de estas organizaciones sindicales donde, como señalan muchos analistas, el FIT y especialmente el PTS viene ganando posiciones. Estos trabajadores expresaron un descontento por izquierda que ya habían manifestado anticipadamente en algunas elecciones sindicales, en las cuales se han dado proceso de recuperación de internas y seccionales como en alimentación, gráficos, SMATA, SUTEBA, etc. Como contrapartida podemos también afirmar que luego de los resultados nacionales del FIT, aquel apoyo político volvió a las fábricas con los recientes triunfos, en las comisiones internas, de los trabajadores de izquierda en la alimenticia Kraft, en la mecánica Lear y en la gráfica Donneley.

Finalmente queremos agregar que es una idea del sector más conservador del peronismo opinar que los sectores “progresistas” solo se encuentran entre las “clases medias”. Ciertamente existe un sector de la clase obrera y de trabajadores asalariados que se vio interpelado por las propuestas del FIT, tales como el derecho al aborto, a que los diputados cobren igual que un docente o un trabajador, al restablecimiento de la jornada laboral y al fin de la precarización y flexibilización laboral, es decir, muchos de los “pendientes” del gobierno K. Estos trabajadores confluyen con fracciones progresistas de las clases medias urbanas, particularmente jóvenes que han hecho su experiencia de politización en colegios y universidades donde la izquierda viene ganando posiciones. Esto, para los K, debería ser más que preocupante, ya que en cierto sentido reedita, pero potenciado porque incluye a los trabajadores ocupados, la alianza pre2001 que durante estos 10 años han bregado porque no se recomponga.

 

Conclusión

La política de retorno al territorio, que emerge de los cambios en el gabinete kirchnerista, es una política de reorganización de las fuerzas dentro del PJ (y en ese sentido, apertura de diversas chances para la sucesión) que permite observar, al menos en trazos, una estrategia de retorno a la dualización menemista y la preparación del peronismo y del Estado para el ejercicio de esa forma de hegemonía.

Pero las actuales condiciones presentan dos modificaciones sustanciales respecto a aquellas de los ‘90. Una por defecto y otra por exceso. Adolece de la violencia fundacional que fue la hiperinflación y de la derrota de las masas en la resistencia. Acumula años de experiencia de lucha y organización entre los trabajadores que ha abierto la puerta a las ideas de izquierda, hoy potenciadas por el fin del nunca menos y el giro a derecha del kirchnerismo. En este contexto, la famosa frase de la derrota “de la fábrica al barrio” con que la CTA popularizó (y aceptó) la territorialización menemista, es plausible de ser resignificada con un sentido político inverso.

El de ganar el territorio desde las posiciones conquistadas en las fábricas, escuelas. dependencias estatales, seccionales sindicales y sindicatos nacionales. Ante el giro territorial del gobierno, de la fábrica al barrio permite pensar el recorrido (no geográfico sino político) de la conquista del territorio por parte de los trabajadores y la impugnación de la estrategia de fragmentación y despolitización de la burguesía.

 

1. Aquí nos centramos en el territorio, pero no puede comprenderse esta función hegemónica sin analizar el papel de la burocracia sindical en Argentina. Véase la nota de Dal Maso y Rosso en este número.

2. La hegemonía menemista, Bs. As., Prometeo, 2008, p. 305.

3. Que garantizaba un tercio de las candidaturas del PJ para la rama sindical.

4. Véase “Los desafíos del kirchnerismo”, Le Monde Diplomatique 173, noviembre 2013.

5. Véase “El Futuro ya llegó”, Le Monde Diplomatique 173, Noviembre 2013.

6. No es objeto de esta nota realizar un debate entre la estratificación sociológica y la conceptualización marxista de las clases sociales. Véase Feijoo y Collado “Situación de la clase trabajadora”, en Lucha de Clases 5, 2005.

7. Véase “El impacto de los cambios ocupacionales en la estructura social argentina: 2003-2011”, Revista del Trabajo 10, año 8.

8. Ibídem, p. 208.

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