Chile: El debate del aborto y el movimiento feminista

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ANA LÓPEZ

Número 19, mayo 2015.

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La demanda por el derecho al aborto en Chile ha sido uno de los reclamos más persistentes de las organizaciones de mujeres y feministas. Fue la dictadura cívico-militar de Pinochet la que penalizó el aborto en todas sus formas, condenando a las mujeres a la clandestinidad y la posibilidad de enfrentar procesos judiciales e inclusive la cárcel.

 

Durante los años de la transición y la posdictadura, este reclamo fue invisibilizado por los gobiernos concertacionistas, preocupados más bien por administrar el legado de la dictadura y por profundizar el modelo neoliberal instalado durante esos años.

La llegada a la presidencia de Michelle Bachelet en el año 2006, la primera mujer presidenta, despertó expectativas en un sector del movimiento feminista, confiado en que con lobby y presión a los parlamentarios se podrían conseguir estos derechos, sin embargo nada cambió e inclusive hubo ciertos retrocesos. Sin embargo, la explosión del año 2011, marcada por la lucha masiva del movimiento estudiantil, los profesores y con un masivo apoyo social, como también la presencia de demandas democráticas y de los trabajadores, cambió el panorama político en Chile.

Desde que Michelle Bachelet asumió su segundo mandato –con la coalición Nueva Mayoría1– buscó desactivar las demandas que se instalaron desde el año 2011 el eje de su gobierno fue instalar una política de reformas en lo educativo, laboral, sistema electoral, tributario y la llamada “agenda de género”, que abrió nuevos desafíos en el movimiento feminista.

Esta agenda de género incluyó la creación del Ministerio de la Mujer, el proyecto de despenalización de aborto (solo en tres causales: riesgo de muerte de la madre, inviabilidad fetal y violación), la regulación de las uniones de parejas del mismo sexo y el impulso de bonos para mujeres de sectores populares y trabajadoras. Además, instaló en el Servicio Nacional de la Mujer a Claudia Pascual, militante del Partido Comunista, único ministerio que ocupa ese partido. El contenido de estas políticas era apropiarse de las demandas que el movimiento feminista y de la diversidad sexual instalamos con lucha y organización durante años.

Sin embargo, a poco de comenzar el gobierno apretó el freno, presentando el proyecto de aborto 8 meses después de lo anunciado y quitando toda urgencia a la discusión. En el caso de las uniones civiles, terminó en un proyecto que regula las uniones para las parejas en general que conviven, sin decir nada del matrimonio igualitario y menos de la adopción de los hijos2.

En la actualidad, el debate de género está cruzado por una enorme crisis del régimen político y de los partidos tradicionales, debido a casos de corrupción y de financiamiento de las empresas a los partidos, aumentando el rechazo hacia Bachelet, la Nueva Mayoría y los partidos de la derecha. También hay fuertes tensiones en torno a las políticas de reformas del régimen, que en el caso del aborto han provocado la fuerte oposición de los sectores conservadores –dentro de su misma coalición como la Democracia Cristiana– y una ofensiva de la derecha y la Iglesia Católica que sale a la calle con un discurso provida, aunque también la Iglesia Católica está profundamente cuestionada por el encubrimiento de casos de pedofilia, que se refleja en la alta desconfianza en las encuestas3.

 

Debates al interior del movimiento feminista y de la diversidad

En Chile existe una amplia variedad de organizaciones feministas y de la diversidad: reformistas, institucionales, autonomistas, anarquistas, libertarias, posmodernas, posfeministas, queer, marxistas clasistas y otras, que si bien plantean ciertas demandas en común, también hay diferencias respecto de cómo conquistar estos derechos. Un sector del movimiento feminista y de la diversidad/disidencia sexual, ha tenido como estrategia principal la presión al Parlamento e institucionalización de las demandas como el aborto, la antidiscriminación y otros derechos, participando de los partidos tradicionales y utilizando estrategias de lobby y negociación con los gobiernos de turno, en los que generalmente depositan sus expectativas; también encontramos a sectores feministas que en los ‘80 se institucionalizaron y transformaron en centros de opinión, ONG, debate académico y tecnocracia4.

Es la política de organizaciones como MEMCh (Movimiento Pro Emancipación de la Mujer Chilena), Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, Corporación Humanas, Miles Chile5, MOVILH (Movimiento de Integración Liberación Homosexual), Fundación Iguales (identificado incluso con la derecha), Acción Gay (exCorporación Chilena de Prevención del SIDA), entre otras.

Pero también es la política del Partido Comunista, que integra la Nueva Mayoría y cuya ministra de la mujer es Claudia Pascual, dando una cobertura por izquierda al gobierno, siendo los principales defensores del mismo. También tienen otras figuras relevantes como Bárbara Figueroa en la Central Unitaria de Trabajadores (que negoció el miserable aumento del salario mínimo con el gobierno) y las diputadas Camila Vallejos y Karol Cariola. Sobre el derecho al aborto legal casi no se pronuncian, limitándose al programa oficial de gobierno, olvidándose así de las miles de mujeres condenadas a abortar en la clandestinidad. La entrada del PC al gobierno ayuda a contener las movilizaciones y presionar “desde dentro”, para tener –como ellos mismos decían– un pie en el gobierno y otro en la calle. Hasta ahora solo se los ha visto en el Parlamento y a la hora de plantear la calle es solo para presionar a la derecha y defender el programa de Bachelet.

Pero si el gobierno y la Nueva Mayoría han incorporado las demandas de las mujeres y la diversidad no es por la “presión” de estas organizaciones, sino por otros factores, como la enorme fuerza desplegada en las calles en los últimos años por mujeres, jóvenes, diversidad sexual, que han salido masivamente a exigir derechos como el aborto, el matrimonio igualitario o la adopción, expresadas en las movilizaciones del 8 de marzo –este año asistieron más de 10 mil personas convocadas por la Coordinadora 8 de marzo bajo la consigna “Por un 8 de marzo sin abortos clandestinos”–, en marchas por el derecho al aborto como la del 25 de julio de 2013, donde asistieron más de 12 mil personas y que terminó con la entrada a la Catedral de manera espontánea de cientos de mujeres; las movilizaciones de la diversidad sexual y el orgullo gay, con hitos de participación de más de 50 mil personas; el amplio movimiento de repudio al asesinato del joven Daniel Zamudio, asesinado en marzo de 2013 por ser homosexual, y que terminó con la votación de las leyes antidiscriminación, entre otras cosas. Las demandas por el derecho al aborto cuentan con un importante apoyo, sobre todo en el caso de la despenalización en caso de riesgo de muerte de la mujer e inviabilidad fetal, y un poco menor en caso de violación; algo similar sucede con reclamos como la unión de parejas del mismo sexo.

La incorporación de las demandas de género y el reconocimiento de los derechos de las mujeres y la diversidad es un intento del régimen de relegitimarse y permite también cooptar a muchas organizaciones que consideran que la estrategia de presión les permite ampliar la democracia. Así abandonaron toda crítica al sistema capitalista, y su relación con el patriarcado que, contra cualquier observación apresurada, no ha hecho más que estrecharse, y de esta forma, vuelve utópica una lucha contra el patriarcado sin apuntar a la vez contra el capitalismo.

Otro sector importante del feminismo se reivindica desde la posmodernidad y el autonomismo, rechazando a los partidos políticos, criticando por igual a la izquierda y la derecha, oponiéndose incluso a exigir leyes, el aborto legal –con el argumento de que es pedirle al Estado que se meta en nuestros cuerpos– o el matrimonio igualitario. Colectivos como el CUDS (Colectivo Utópico/Universitario de Disidencia Sexual) reivindican “la experimentación estética feminista y en prácticas de micropolítica de resistencia (…) la producción teórica, la intervención en el mundo de la academia y la irrupción de los imaginarios sexuales normativos”, que impulsaron la campaña “El feto no es un humano”. Otras organizaciones, como Línea Aborto se oponen a la demanda de la legalización del aborto y prefieren plantear un aborto con pastillas en casa como forma de resistencia al patriarcado, con campañas como “Nuestro aborto es alegría, sin doctor ni policía”, o criticando demandas como “Aborto legal en el hospital”, porque señalan que el Estado no puede meterse en los cuerpos de las mujeres –cuando en realidad ya lo hace al prohibirnos el aborto–, o que en los hospitales se ejerce violencia obstétrica. Más allá de que realicen críticas parcialmente correcta o planteen problemas reales, esto no niega la necesidad de luchar por una ley de aborto que permita a las mujeres no abortar en clandestinidad, y que es parte de las conquistas democráticas que el movimiento de mujeres necesita; lo mismo respecto del hospital, ya que muchas mujeres se realizan abortos recurriendo a prácticas que pueden generar secuelas graves en su salud, por lo tanto defendemos el derecho a que puedan acudir a estos centros para acceder a procedimientos seguros y de manera gratuita.

Línea aborto señala que “las lesbianas feministas abortamos la heterosexualidad. Ponemos el acento en cómo la heterosexualidad está en el cimiento del sistema patriarcal, como la maternidad obligatoria”6, transformando en un nuevo discurso esencialista al lesbianismo como identidad, apelando a la micropolítica, para ellas/ellos el sentido de transformación se vuelve individual, sin apuntar a una trasformación radical de la sociedad. Para estas organizaciones hablar de clase, de derechos, es excluyente, esencial y normativo. El año pasado se realizó un Congreso de Educación No Sexista y, ante la presencia de un dirigente sindical, la crítica fue a las y los trabajadores y la izquierda, sin plantearse la necesidad de dar una batalla por las ideas, la subjetividad y por la unidad entre las y los explotados y oprimidas/oprimidos. Así, estas políticas no responden a las miles de mujeres de sectores obreros y populares que abortan en clandestinidad, por el contrario, el aborto seguro, legal y gratuito, en condiciones higiénicas en un centro de salud, puede garantizar la salud de las mujeres, ni tampoco con la micropolítica –más allá de algunas críticas correctas que plantean– se proponen la lucha contra el sistema social en su conjunto.

 

La lucha por el derecho al aborto

El proyecto actual de despenalización presentado por el gobierno es limitado, solo se refiere a tres causales que abarcan del 3 a 5 % de los casos de aborto anuales. Sin embargo, esta propuesta ha despertado la reacción furibunda de la derecha y las Iglesias, que se han agrupado en los autodenominados grupos “provida”, convocando a varias manifestaciones en las calles, que cuenta con la presencia de parlamentarios de los partidos de derecha como la Unión Demócrata Independiente (UDI) o Renovación Nacional (RN), también con el rector de la Universidad Católica, una de las más importantes del país. También este proyecto ha generado discrepancias en la Nueva Mayoría, ya que sectores de la Democracia Cristiana han señalado su rechazo a legislar por el aborto en caso de violación.

Una encuesta realizada por el Colegio Médico7 a sus profesionales, señala que el 56 % está de acuerdo con que se legisle sobre el aborto en las tres causales señaladas; solo un 20 % se opone al aborto y un 80 % acuerda en que se debe realizar abortos en al menos uno de los tres casos. Otra encuesta a jóvenes destacó que un 60 % está de acuerdo con la despenalización en ciertos casos y casi un 30 % con la despenalización total8. A pesar de este amplio y legítimo reclamo, el derecho al aborto para las mujeres no es una realidad, el gobierno demoró su presentación y le quitó la urgencia a su discusión, permitiendo además que la derecha se organice y actúe. La demanda por la despenalización y/o legalización es una de las banderas de las organizaciones feministas, que venimos hace años luchando por este derecho. Algunos grupos depositaron sus expectativas en que Bachelet daría este derecho, llevando esta lucha hacia la confianza en el parlamento, mientras otro sector se negaba al aborto legal e inclusive a que se haga en hospitales y solo señalan un aborto libre.

En el contexto actual, la derecha organiza sus marchas y festivales “provida”, pero el movimiento feminista está a la defensiva. Hay que volver a levantar un gran movimiento de lucha por el derecho al aborto libre, legal, seguro y gratuito, que agrupe a las organizaciones feministas y convoque a las organizaciones sindicales, sociales, de mujeres, estudiantiles y de izquierda para dar esta gran lucha en común, teniendo claro que cualquier avance real en la demanda del aborto no vendrá de la mano de la confianza en los parlamentarios de la Nueva Mayoría ni menos la derecha, sino de un gran movimiento que sea capaz de imponer la demanda que está instalada ya en la sociedad; incluso avances parciales como el aborto terapéutico o en caso de violación, también será producto de estas luchas.

 

1. La Nueva Mayoría está conformada por los partidos de la Concertación (Partido por la Democracia, Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido Radical), el Partido Comunista de Chile y otros grupos.

2. Entre los votos en contra del proyecto estuvo el de senadores y diputados UDI (Unión Demócrata Independiente) y RN (Renovación Nacional), que consideraban que el Acuerdo de Unión Civil (AUC) “debilitaba” la familia, como Jacqueline Van Rysselbergue (ahora en la comisión de DDHH) o Nicolás Monckeberg. Por otra parte, el MOVILH e Iguales fueron algunas de las organizaciones que festejaron el acuerdo, aun cuando la segunda criticó que no se tocara la adopción de los hijos.

3. Una reciente encuesta señaló que cerca de un 74 % de las personas tiene poca o nada confianza en la Iglesia Católica y más de un 82 % cree que la jerarquía de la Iglesia ha sido cómplice en encubrir; además que casi un 80 % rechaza el nombramiento del Obispo Barros en Osorno. Ver: “Chilenos e Iglesia Católica: 73 % le tiene poca o ninguna confianza”, disponible en www.cooperativa.cl.

4. Este debate no es solo chileno sino que parte de un proceso internacional al interior del movimiento feminista. Ver, entre otros, A. D’Atri “El feminismo y la izquierda a propósito del Bicentenario”, en H. Recalde, Señoras, universitarias y mujeres (1910-2010). La Cuestión Femenina entre el Centenario y el Bicentenario de la Revolución de Mayo, Buenos Aires, Grupo Editor Universitario, 2010; A. D’Atri, “Feminismo latinoamericano. Entre la insolencia de las luchas populares y la mesura de la institucionalización”, disponible en www.ft-ci.org.

5. Que se propone según anuncia en su web “generar conocimientos, políticas públicas, cambios legislativos y la articulación de redes para promover los derechos sexuales y reproductivos en el país en el marco de los derechos humanos declarándonos respetuosos de las personas independientes de su raza, credo, origen étnico, ideología política, género, capacidades, orientación sexual y/o edad”, disponible en mileschile.cl.

6. Línea Aborto Libre: “En Chile ni los médicos saben cómo utilizar el misoprostol para abortar de manera segura”, disponible en eldesconcierto.cl.

7. “Consulta: Más de la mitad de los médicos está a favor de legislar sobre aborto”, 20 de marzo de 2015. Disponible en www.cooperativa.cl. También señalaron que la objeción de conciencia es personal y no institucional, criticando las palabras del rector Sánchez de la PUC, que señaló que en sus centros de salud no se realizarían abortos.

8. Sondeo N° 5 Derechos Reproductivos. Instituto de la Juventud, disponible en www.injuv.gob.cl.

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