Catástrofes no naturales

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URBANIZACIÓN E INUNDACIONES

 

LUCÍA ORTEGA

Comité de redacción.

Número 23, septiembre 2015.

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Las pérdidas generadas por las recientes inundaciones son evitables y reflejan un problema general vinculado a la forma en que se realiza la urbanización bajo la “planificación” capitalista.

Cuando hace 170 años Federico Engels describía las condiciones de vida de la clase obrera inglesa, en momentos en que culminaba la primera revolución industrial, señalaba la aglomeración de proletarios en las grandes ciudades, las privaciones de agua, las precarias construcciones y la contaminación que afectaban a la gran masa de pobres1. En la actualidad, el desarrollo contradictorio de las fuerzas productivas bajo la lógica del capital no ha modificado sustancialmente las condiciones de desigualdad y miseria a las que son arrojados diariamente millones de seres humanos. Perfectamente, las palabras de Engels podrían referirse a los suburbios de las grandes ciudades del mundo.

La concentración poblacional en las zonas urbanas crece a ritmos acelerados y tiene alcances globales. Desde el año 2008 la mitad de la población vive en las ciudades y se estima que de continuar estas tendencias, para el año 2050 la proporción de personas en las ciudades ascenderá a dos tercios2. En América latina la tasa de urbanización es de casi el 80 %, la más elevada del planeta3. Mientras tanto, en palabras de la propia Organización de las Naciones Unidas, sus ciudades se mantienen como “las más inequitativas”, ciudades “duales”, “divididas”, “segregadas”. La cantidad de personas viviendo en asentamientos informales en Latinoamérica aumentó a 111 millones en las últimas décadas. El espacio resulta así una forma más de expresión de las desigualdades de clase.

En Argentina, la proporción de personas viviendo en las ciudades alcanza ya el 91 %. Entre el Censo Poblacional de 2001 y el de 2010, la población urbana creció a una tasa 2,1 % superior al crecimiento total de la población. Este proceso estuvo lejos de tener un ordenamiento adecuado a las necesidades habitacionales y de infraestructura básica para los miles de trabajadores que año a año se trasladan a las ciudades en busca de sustento y el acceso a servicios. El déficit de vivienda afecta a 3 millones de hogares en todo el país y los problemas habitacionales –como el hacinamiento o falta de instalaciones– alcanzan a más de 6 millones4. Considerando los datos del INDEC, se estima que en la provincia de Buenos Aires uno de cada 10 ciudadanos vive en villas o asentamientos5.

 

Inundaciones que no sorprenden

En los últimos dos años y medio pueden contarse al menos seis inundaciones que afectaron a distintas regiones del país y produjeron la muerte de cientos de personas6, miles de evacuados y pérdidas por millones de pesos. Desde la ocurrida recientemente en Buenos Aires y Santa Fe, que encontró al gobernador bonaerense Daniel Scioli viajando por Italia, hasta aquellas de principios de 2013 en La Plata y la Ciudad de Buenos Aires, que “curiosamente” también sorprendieron al Jefe de Gobierno porteño Mauricio Macri y al intendente de La Plata, Pablo Bruera, ambos de vacaciones en Brasil. Mientras tanto, en octubre de 2014 se inundaba el Tigre de Sergio Massa junto con la zona sur y oeste de Gran Buenos Aires, algunas zonas de la provincia Córdoba de De La Sota y San Luis de Rodríguez Saá en febrero de este año, luego Tucumán en marzo, y Neuquén en abril de 2014.

En los ámbitos académicos existe hace tiempo un cuestionamiento al carácter “desastroso” o “catastrófico” de los eventos, determinado solamente por fenómenos físico-naturales. Por el contrario, la ocurrencia de los mismos está dada por aspectos sociales y humanos y es significativa en tanto exista un grupo –sujeto– social que sufriera su impacto7. En una investigación realizada por la Organización Techo se detectaron 1.834 asentamientos informales (villas, asentamientos y barrios populares) en 7 territorios relevados del país, en los que viven cerca de 532.800 familias. Los resultados son contundentes. Más de la mitad de los asentamientos informales (64 %) se inunda. De éstos, casi las tres cuartas partes se inunda cada vez que llueve fuerte y en el 44 % de los casos el agua alcanza a todo el barrio. Sobresale el hecho de que el 41 % de los barrios relevados del país se encuentra a menos de 10 metros de un cuerpo de agua (río, canal, arroyo), siendo éste un serio factor de riesgo.

No solo las precipitaciones son cada vez menos “excepcionales” producto de la explotación capitalista de los recursos naturales y el ambiente, también las transformaciones antrópicas focalizan e incrementan el impacto de las inundaciones en los barrios obreros. La creciente construcción de urbanizaciones cerradas (countries, barrios náuticos) en miles de hectáreas de humedales8 –con el extraordinario caso de Nordelta en Tigre, un estado privado dentro del Estado– afectó irreversiblemente el sistema de desagües naturales, a la par que la construcción de canales clandestinos en la cuenca alta del río Lujan aporta mayores caudales al escurrimiento superficial9. En los últimos 25 años se consolidó un mercado especulativo rentista en el sector inmobiliario orientado a sectores con ingresos medios y altos que fue propiciado por los municipios sin considerar los perjuicios sobre el conjunto social, incluso flexibilizando el cumplimiento de ordenanzas municipales o los procedimientos de aprobación10. El papel del Estado en la urbanización constituye así un aspecto clave del problema.

 

La desigual “construcción” de las ciudades

El proceso de formación de las ciudades es una de las formas necesarias en que el ser humano se vincula ente sí y con el medio ambiente bajo el imperio de la acumulación capitalista. La lógica privada, sustentada en la apropiación de ganancias con base en las rentas urbanas, se desarrolla a la par de la lógica de la necesidad que guía a los sectores de menores ingresos a satisfacer sus necesidades de suelo y vivienda a través de la autoproducción de su hábitat11. La regulación estatal aparece como la articulación armónica de muchas “lógicas”, sin embargo, su objetivo es favorecer la valorización del capital en el mercado inmobiliario así como la provisión de fuerza de trabajo para las concentraciones fabriles y de servicios. El Estado lo hace, entonces, interviniendo en la lucha de clases que se manifiesta en este caso bajo la forma de la competencia por el uso del espacio, es decir, regulando el acceso a la propiedad (para pocos).

De una parte, habilita normativas para grandes emprendimientos privados con beneficios de cesión de terrenos fiscales y hasta exención de impuestos, genera condiciones para las urbanizaciones periféricas destinadas a sectores de altos ingresos –como lo hizo el decreto-ley 8.912 del año 1977 en Buenos Aires12– y obras de infraestructura que las hacen viables –como redes de transporte– para la provisión de servicios a esos sectores. Los desalojos violentos en los barrios populares son otra de las caras de esa política, como dejó entrever la represión en el Hospital Borda o el parque Indoamericano que buscaban “liberar” espacios para los negocios inmobiliarios. Así, de otra parte, hacia la clase obrera las políticas combinan la represión y la contención de los reclamos ante la creciente necesidad de vivienda mediante planes formales que los números muestran insuficientes para revertir el déficit estructural13. Pueden mencionarse las distintas medidas de regularización dominial sobre terrenos ocupados ilegalmente –como el Plan Pro Casa de los años ‘80, o la ley 148 de urbanización de villas en CABA que sigue sin ejecución–, los programas de crédito para sectores de ingresos medios como el Plan ProCreAr al que no pueden acceder los trabajadores precarizados ni de menores recursos, y otros instrumentos como la Ley de Acceso Justo al Hábitat, aprobada en 2013 en provincia de Buenos Aires, que propone ayuda financiera para familias de bajos recursos que no pueden obtener créditos en el sistema formal, pero igualmente las somete a una difícil condición de endeudamiento14.

En el caso de la Región Metropolitana de Buenos Aires15 dichos mecanismos se plasmaron en una distribución desigual en la que se expandieron los espacios urbanos de baja densidad, como los clubes de campo y los barrios cerrados, con alta rentabilidad para inversores. Estos presentan el ridículo de albergar 500 mil personas que ocupan dos veces y medio la superficie de la Ciudad Autónoma, donde viven casi 3 millones16. El crecimiento de población en el período 1994-2004 en la tercera corona de la RMBA fue casi del 200 % y un 37 % en la cuarta corona17, proceso que tuvo como correlato una expansión de 45 % de los barrios “informales” como asentamientos, villas y tomas, ante la imposibilidad económica de alcanzar una vivienda formal. La inversión provincial en infraestructura per cápita no acompañó este movimiento, siendo inferior en los municipios del Gran Buenos Aires que en aquellos del interior de la provincia, y están destinados principalmente a la provisión de agua y cloacas, mientras que prácticamente no hay proyectos de sostenimiento productivo a largo plazo18. Entre 2008 y 2013 allí se destinó solo un 5 % del gasto público a obras de infraestructura, siendo éste el menor porcentaje en el país tomado en su conjunto19. Se sub-ejecuta el presupuesto en programas como el Control de Inundaciones (en 2014 se ejecutó sólo el 38 %) o el de Saneamiento Hidráulico (en 2014 se aplicó en poco más del 60 %).

Seis de cada diez familias que arriban a la RMBA se radican en villas o barrios informales y se estima que viven allí al menos 2 millones de personas20. Al 60 % de las familias del país les tomaría entre 34 y 70 años adquirir una vivienda estándar propia y al 20 % más pobre le llevaría 155 años21; mientras que los alquileres son inaccesibles para el 50 % de los ocupados que tiene ingresos inferiores a $5.700. Como contraparte, los movimientos irracionales del mercado también dejan como saldo cerca de 2 a 2,5 millones de viviendas en todo el territorio nacional que se encuentran deshabitadas22. A esto se suma el accionar del capital con los procesos de gentrificación23. La desinversión deliberada en ciertos barrios para su desvalorización y luego la “remodelación de lo urbano”24 empujando al alza de los precios de los alquileres y los servicios en algunos barrios, expulsa a los trabajadores precarizados a centros venidos a menos o a las zonas periféricas donde la renta de la tierra es más baja, y en muchos casos están expuestos a mayor vulnerabilidad frente a fenómenos climáticos como las fuertes precipitaciones.

Esta geografía desigual devela de conjunto el papel regulador del Estado en el conflicto de clases que trasciende los períodos de gobierno pero que se concretiza en ellos. La inexistencia de una política de vivienda integral para los millones de necesitados es la forma en que resuelve la distribución del espacio orientada a la acumulación capitalista en el sector inmobiliario.

 

Crimen social

La denominación de las recientes inundaciones como “catástrofes naturales” por parte de los gobiernos nacional, provinciales y municipales, busca eximirlos de toda responsabilidad, cuando solamente con una inversión ínfima se podría realizar la instrumentación de una tecnología sencilla, el Sistema de Alerta Temprana (SAT), que permitiría preparar la emergencia dos o tres días antes de la crecida de las cuencas25. Una vez declarada la emergencia, las respuestas a los damnificados apenas pueden ser calificadas como dádivas26, al tiempo que los damnificados denuncian en la mayoría de los casos un retraso muy grande en la llegada de la ayuda más urgente, que podría haber salvado no solo sus pertenencias y viviendas, sino también las vidas de cientos de personas.

Pero las causas “no naturales” de estas pérdidas son tan evidentes que es imposible negar responsabilidades políticas sin una enorme dosis de cinismo. Para ser honestos con la realidad, el socialismo científico en la pluma de Engels se hace presente nuevamente:

Cuando un individuo hace a otro individuo un perjuicio tal que le causa la muerte, decimos que es un homicidio; si el autor obra premeditadamente, consideramos su acto como un crimen. Pero cuando la sociedad pone a centenares de proletarios en una situación tal que son necesariamente expuestos a una muerte prematura y anormal, a una muerte tan violenta como la muerte por la espada o por la bala; cuando quita a millares de seres humanos los medios de existencia indispensables (…) entonces lo que se comete es un crimen27.

La más cruda explicación de las “catástrofes” que son, a todas luces, evitables. Si no fuera –claro–, que el fin último de la valorización capitalista se antepone a las necesidades más urgentes de la clase obrera.

 

1. Federico Engels, La situación de la clase obrera en Inglaterra, www.marxists.org.

2. Ver “Datos y Cifras”, www.bancomundial.org.

3. ONU, “Estado de las ciudades de América Latina y el Caribe 2012”, ONU-Hábitat, agosto de 2012.

4. Proyecto de Ley de Emergencia Habitacional y Reforma Urbana de la Provincia de Buenos Aires, La Plata, 12 de mayo de 2015, presentado por el Diputado Christian Castillo, del PTS en el FIT.

5. Relevamiento de Asentamientos Informales, TECHO Argentina, 2013.

6. En la inundación de La Plata en marzo de 2013 el Estado reconoció oficialmente la muerte de 89 personas, aunque la población local estima que la cifra real podría ser mucho mayor.

7. Natenzon, C. E. (1995), “Catástrofes naturales, riesgo e incertidumbre”, FLACSO 197.

8. Ecosistemas en los que el suelo permanece saturado con agua durante prolongados períodos de tiempo. Cumplen un papel muy importante en la amortiguación de inundaciones y sequías.

9. Ver “Inundaciones Planificadas”, La Izquierda Diario, 14 de agosto de 2015.

10. Ver “Zona Norte: los mejores negocios urbanos en los peores suelos”, La Izquierda Diario, 28 de mayo de 2015.

11. María Mercedes Di Virgilio y Marcela Vio (2009), “La geografía del proceso de formación de la Región Metropolitana de Buenos Aires”, versión preliminar.

12. Ídem.

13. Ente 2003 y 2007 se construyeron solo 30 mil viviendas sociales. Ver “De cada diez nuevos habitantes en Capital y GBA, seis van a las villas”, Perfil, 18 de diciembre de 2010.

14. Proyecto de Ley de Emergencia Habitacional y Reforma Urbana, op. cit.

15. La RMBA comprende la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y 40 municipios del Conurbano Bonaerense, en total concentra 13 millones de habitantes.

16. Janoschka M, (2003), “Nordelta, Ciudad Cerrada. El análisis de un nuevo estilo de vida en el Gran Buenos Aires”. Scripta Nova, Vol VII, N.º 146.

17. Las coronas no involucran la totalidad de los distritos municipales sino que adquieren forma radiocéntrica respecto de la CABA, a esta forma se denominan “anillos”. Ver: Grahl S. (s/f), “La trama urbana en la Provincia de Buenos Aires. Elementos geográficos de los procesos de urbanización”. http://sedici.unlp.edu.ar.

18. Narodowski, P. (2013), “La lógica de la inversión pública en infraestructura en la provincia de Buenos Aires. Entre las necesidades sociales y ¿la política?”, Geograficando 9.

19. IARAF, Informe Económico 328, 13 de agosto de 2015.

20. Ver “De cada diez nuevos habitantes en Capital y GBA, seis van a las villas”, Perfil, 18 de diciembre de 2010.

21. Ver, “Cuantos sueldos se necesitan para lograr el sueño de la casa propia”, La Izquierda Diario, 25 de julio de 2015. Basado en datos de la Cámara Inmobiliaria Argentina, febrero 2015.

22. Censo Nacional de Población y Vivienda, 2010.

23. Ver Andrés Arnone, Verónica Zaldívar y Esteban Mercatante, “Sin lugar para los más débiles”, IdZ 9, mayo 2014.

24. Como el caso de “Las Lomitas” en Lomas de Zamora, el “Docke” en La Boca, el barrio porteño de Parque Patricios, y otros. Ver “Del Docke a San Isidro, las nuevas zonas emergentes”, La Nación, 29 de agosto de 2015.

25. Entrevista al Ing. Pablo Romanazzi, La Izquierda Diario, 13 de agosto de 2015.

26. El Gobierno Nacional anunció tres medidas de incrementos en subsidios a los damnificados, para jubilados y pensionados, los titulares de AUH y los estudiantes del plan Progresar, muy lejos de compensar las pérdidas que sufrieron.

27. Federico Engels, ob. cit., www.marxists.org.

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