Brasil en tiempos de crisis

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THIAGO FLAMÉ

Número 26, diciembre 2015.

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La crisis política que atraviesa Brasil es mucho más que la crisis de un gobierno golpeado por los escándalos de corrupción de Petrobras. Retrocediendo un poco en el tiempo, hay que recordar lo que dejaron las grandes manifestaciones de masas de junio de 2013. Esas manifestaciones explotaron por el aumento del boleto de colectivo y contra la represión que descargó el gobernador de San Pablo, Geraldo Ackmin del PSDB, contra los jóvenes manifestantes.

Millones de personas salieron a las calles en las principales ciudades del país. El sentido general de estas manifestaciones era la demanda de más derechos sociales y democráticos y un enorme rechazo a la casta política y a todos los partidos del régimen, particularmente el PT (en el gobierno). Luego de las protestas de junio, el movimiento obrero protagonizó huelgas que pasaron por encima de las burocracias sindicales mafiosas, en particular en el caso de los “garis” (recolectores de residuos) de Río de Janeiro y los choferes de Porto Alegre, en una oleada de huelgas que no se veía en Brasil hacía décadas [1].

A pesar del desgaste político, Dilma Roussef y el PT ganaron las elecciones de 2014, cuando apostaron a un discurso que daba garantías de que, aun con la crisis económica, no se atacarían los derechos laborales ni las condiciones de vida de los trabajadores y sectores más precarios. No había pasado un mes de la asunción, y el nuevo gobierno ya contradecía las promesas de campaña y las expectativas populares, iniciando un ajuste económico recesivo, con recorte de gastos estatales en áreas como Salud y Educación, aumento de impuestos y tarifas de servicios públicos, restricción de derechos como el seguro de desempleo, entre otras medidas impopulares.

Un gobierno y un sistema de partidos desprestigiado que busca aplicar un ajuste económico que va a contramano de las demandas sociales profundas que salieron a la superficie en junio de 2013. Este choque con las expectativas populares llevó la popularidad del gobierno de Dilma al fondo del pozo y profundizó más aún la crisis de legitimidad de las instituciones.

En este escenario se desarrollan importantes luchas de resistencia contra los aspectos más duros del ajuste, en el contexto de una recesión profunda, que los economistas creen que puede alcanzar una caída de 3,5 % en el PBI hasta fin de año con un fuerte aumento del desempleo, reducción del nivel de ingreso de los trabajadores, aumento de la inflación y devaluación del real.

 

El fortalecimiento de la derecha y la unidad por el ajuste

La operación Lava-jato (también conocido como Petrolão), iniciada por la Justicia del estado de Paraná y por el juez Sergio Moro, que desenmascaró las redes de corrupción construidas en torno a Petrobras y otras empresas estatales, fue bastante funcional a la política de la oposición y de la derecha, una política para desgastar al gobierno de Dilma y golpear a Lula y al PT. Pesan incluso sobre Sergio Moro sospechas de relaciones con la empresa Shell, vía su esposa, que ya abogó en defensa de la petrolera estadounidense. Este escándalo, sin embargo, no pesó lo suficiente como para derrotar a Dilma en las elecciones de 2014, que ganó con el discurso contra la derecha y el retroceso neoliberal que vendría de la mano del regreso del PSDB al gobierno federal.

El gabinete ministerial elegido por Rousseff y Lula a principios de año, sin embargo, fue un golpe para los que creyeron que la polarización electoral con Aécio Neves llevaría al segundo gobierno de Dilma a un volantazo a izquierda. Asumió el ministerio más importante, Hacienda, Joaquim Levy, un ejecutivo de alto rango del banco privado Bradesco y en Agricultura, Karia Abreu, identificada con los grandes latifundistas. Desde entonces, Dilma viene intentando aplicar una política de recorte de gasto público. Recientemente, Joaquim Levy fue uno de los primeros en felicitar a Mauricio Macri por la victoria sobre Scioli, y en afirmar que el resultado electoral en Argentina podría ser favorable a Brasil.

El hecho de adoptar lo fundamental del programa de la derecha para responder a la crisis económica (programa que en realidad es el de los grandes empresarios y del mercado financiero) no protegió al PT de sus golpes. Con el apoyo de los monopolios y los grandes medios, la oposición de derecha aglutinada alrededor del PSDB y una nueva derecha que se proclama apartidaria y se articula por las redes sociales, convocaron en el primer semestre a manifestaciones masivas contra la corrupción, exigiendo la salida de la presidenta Dilma Rousseff.

Se dio la insólita situación en la que el gobierno que aplica el programa que sería de la derecha, era cuestionado por un movimiento encabezado por la propia derecha, paralizando las acciones del gobierno que iban en el sentido de su propio programa. En el pico de la crisis política, el vicepresidente del PMDB, Michel Temer, llegó a tener un gran protagonismo e incluso ensayó un discurso de gobierno alternativo al de Dilma.

En las brechas de este impasse, ganó fuerza un personaje sombrío y, hasta entonces, casi irrelevante de la política brasilera. Eduardo Cunha, del PMDB, ganó notoriedad en la presidencia de la Cámara de Diputados, al levantar políticas conservadoras y de ataque a los derechos laborales. El proyecto de ley que libera la tercerización sin ningún límite fue un ejemplo, así como la baja de la edad de imputabilidad penal de 18 a 16 años. Cunha, por un momento, se transformó en la gran esperanza de la oposición para poner en primer plano el alejamiento de Dilma de la presidencia. Sin embargo, tan rápido como subió, Eduardo Cunha está cayendo.

No solo está involucrado también en escándalos de corrupción, sino que su intento de imponer políticas conservadoras y ataques frontales a los derechos laborales y de las mujeres comenzó a generar una gran oposición popular a sus medidas. Cuando se realizó la votación de la ley de tercerización en el primer semestre, la CUT convocó un importante paro nacional, respondiendo a la presión de su base y de las centrales sindicales de izquierda, como la Central Sindical y Popular (CSP-Conlutas) y la Intersindical.

Entre los intentos fracasados de Eduardo Cunha de imponer políticas de la derecha más conservadora junto con un ataque a las condiciones de trabajo, y la parálisis del gobierno de Dilma para avanzar en el ajuste, comenzaron a surgir voces de la gran burguesía pidiendo moderación a la oposición y equilibrio político para enfrentar la recesión. Tanto la Federación de las Industrias de San Pablo (FIESP) como la Federación Nacional de los Bancos (Fenaban) se pronunciaron, cada cual a su manera, en defensa de la estabilidad política, sin la que la aplicación de los ajustes sería imposible. Es un reconocimiento de que el PT, aun debilitado, por las posiciones que todavía conserva en los sindicatos y en el movimiento de masas, es el único partido capaz de asegurar cierta estabilidad política para la aplicación de las medidas de ajuste exigidas por los empresarios y controlar a las masas.

En una de las idas y venidas que se han vuelto comunes en la política brasilera de los últimos tiempos, Cunha dejó de ser el hombre fuerte de la República y aliado de la oposición, y hoy se encuentra a la defensiva, buscando el apoyo del gobierno de Dilma para escapar de la impugnación de su mandato y de un posible proceso penal en su contra. El PSDB y sus partidos satélites, atendiendo al llamado de la gran burguesía, retiraron su apoyo político a Cunha y adoptaron una línea más moderada. Ahora afirman que no es el momento de preocuparse por el impeachment de Dilma, y sí de aprobar las medidas necesarias para la recuperación económica. Es decir, se comprometen a apoyar al gobierno del PT en las votaciones del ajuste fiscal y de los ataques a las condiciones de vida de los trabajadores.

 

Una crisis histórica del PT

A pesar del respiro relativo conquistado en el último período, el PT no logra siquiera vislumbrar una posible salida a la mayor crisis de su historia. Esta crisis golpea al partido en múltiples frentes.

Los escándalos de corrupción terminaron por sacar de la escena política a José Dirceu y José Genuíno, a quienes ya había alcanzado el anterior escándalo de corrupción conocido como Mensalão en 2005. Cuando cerrábamos la edición de este artículo, el líder del PT en el Senado Federal, Delcidio do Amaral, fue detenido por la presunción de haber facilitado la fuga de uno de los delatores de la operación Lava-jato. Todavía no es posible saber hasta dónde llegará la sangría de la cúpula del PT, que podría acercarse cada vez más al propio Lula.

En otro flanco, el PT perdió rápidamente gran parte de la nueva base de masas que había conquistado durante el lulismo, y que le permitió salir de la anterior crisis de 2005/2006. Esa base más reciente, la llamada clase C, en realidad está compuesta por sectores que salieron de la pobreza para integrar las camadas más precarizadas de la clase trabajadora. Son estos sectores los que están siendo más rápidamente alcanzados por la crisis económica, los que cuentan con el menor nivel de organización sindical, menor identificación con el “PT histórico”, y por lo tanto, uno de los sectores que más rápidamente rompió con el gobierno de Dilma y el PT.

Con esta perspectiva de pérdida enorme de votos en las próximas elecciones municipales, el PT ha sufrido una fuga de parlamentarios y figuras importantes. La ruptura más significativa hasta ahora fue la de la exprefecta de San Pablo, Marta Suplicy, que rompió con el PT para probar suerte en el PMDB paulista. Figuras menores han roto para adherir a partidos como Rede de Marina Silva, o incluso el PSOL de Luciana Genro.

Sin embargo, uno de los aspectos más profundos de la crisis del PT y que le da un contorno más grave que el de la anterior, a comienzos del primer mandato de Lula, es que en los bastiones de la clase obrera organizada por el PT comienza a perder parte de su base tradicional. La elección presidencial ya había dado un indicio, cuando perdió las elecciones, entre otros lugares, en el ABC paulista, base del propio Lula.

Sin perspectiva de retomar el crecimiento, el PT se debate en un doble juego para intentar contener a su base social y defender al gobierno que ataca ese mismo sector. Un artículo de uno de los partidarios del Frente Brasil Popular, uno de los tantos que el PT intenta crear para retomar legitimidad, expresa bien la situación del petismo:

El Frente, por lo tanto, lucha simultáneamente contra el golpismo, representado por los sectores más conservadores, y el secuestro de la agenda gubernamental por los intereses del capital financiero. La doble batalla constituye, por cierto, el elemento más esquizofrénico de la situación política. Retrata, sin embargo, la realidad poselectoral, forjada por la opción presidencial de soluciones opuestas al consenso progresista que llevó al cuarto triunfo petista [2].

 

La juventud y el movimiento obrero contra los ajustes

La profundidad y el alcance de las luchas que recorren el movimiento obrero brasilero luego de junio de 2013 se muestran en los procesos que se dieron a lo largo de este año en las automotrices y más recientemente en Petrobras, la mayor empresa de Brasil. Hasta 2014, los procesos de lucha se habían concentrado en los sectores de servicios estratégicos, como el transporte y la recolección de residuos, profundizando la dinámica iniciada incluso antes de junio por las grandes huelgas en las obras del PAC (principal plan de inversiones en infraestructura del período lulista). Un fuerte sentimiento antiburocrático y tendencias al activismo obrero fueron las marcas de estos procesos ofensivos, que luchaban por más derechos y mejores salarios.

El impacto de la crisis cambió las condiciones de la lucha, pero no rompió la continuidad del proceso que se desarrollaba. En las grandes automotrices del ABC, la base obrera impuso huelgas contra los despidos, derrotando en asambleas al sindicato de los metalúrgicos del ABC, el más importante dentro de la CUT. En la reciente huelga de los petroleros, la más fuerte desde 1995, la Federación Única de Petroleros (FUP, dirigida por la CUT) perdió la votación de levantar la huelga más importante del país, que produce en petróleo el equivalente a cerca del 8 % del PBI brasilero.

El límite de estos movimientos es que la burocracia de la CUT, al costo de un enorme desgaste, todavía desvía y contiene los procesos de lucha, evitando su radicalización. Así, la huelga de los petroleros, a pesar de las protestas de la base, fue cerrada sin derrotar el proceso de privatización de la empresa. Las huelgas en las automotrices, también por impulso de la base, se cerraron con acuerdos de reducción de salarios a cambio del mantenimiento de los puestos de trabajo. Lo significativo es que el proceso antiburocrático está llegando, aunque con ritmos lentos, al corazón del movimiento obrero brasilero.

Como dijimos, las condiciones de la crisis económica y del ajuste aplicado por el gobierno petista, y también en los estados gobernados por la oposición, han chocado con las expectativas y las fuerzas sociales que fueron liberadas luego de junio de 2013. Con la profundización de los ataques a las condiciones de vida, se desarrollan luchas de resistencia contra los aspectos más duros del ajuste. La perspectiva abierta plantea dos tendencias: un salto de las luchas de resistencia, o la derrota del movimiento iniciado con las protestas de junio.

En este momento, en el estado de San Pablo, los estudiantes secundarios se enfrentan al plan educativo de Geraldo Alckmin del PSDB, que incluye el cierre de casi cien escuelas. Mientras escribimos este artículo, ya eran cerca de 200 las escuelas ocupadas en San Pablo y una importante escuela de Goias. Los estudiantes de Goias entraron en la lucha apoyando a los paulistas y con sus propias demandas, lo que muestra una tendencia a la nacionalización del movimiento. La nueva entrada en escena de la juventud, por primera vez desde el 2013, podría acelerar y profundizar las luchas de resistencia que vienen siendo protagonizadas por el movimiento obrero.

 

Una situación política inestable

Cuando parecía que el gobierno de Dilma tendría un respiro y lograría avanzar en las medidas de ajuste, la detención del senador y líder petista, Delcidio do Amaral, cayó como una bomba en el el PT y el Senado. Es la primera vez en la historia del país que un senador en ejercicio es encarcelado.

Contra las tendencias a la unidad burguesa en defensa del ajuste, que actúan en el sentido de contener la crisis política, pesan una serie de factores que impiden una estabilidad más duradera. A cada paso, las investigaciones de Lava-jato parecen ir más a fondo en el golpe al PT y sus partidos aliados. Al mismo tiempo, siguen en el orden del día luchas de resistencia, que por muy poco no han desbordado el control de las direcciones oficialistas.

Si el gobierno de Dilma, ni siquiera contando con el apoyo apoyado por Lula y todo el aparato sindical que el PT controla, no logra estabilizar la situación política, tampoco puede lograrlo una oposición desprestigiada, que no cuenta con ninguna mediación que pueda contener la lucha de clases. En un fin de ciclo del lulismo, cada vez más inestable, las clases dominantes brasileñas no tienen todavía una alternativa para reemplazar al PT que pueda estabilizar la situación política. Está planteada la necesidad de aprovechar las oportunidades para la construcción de una alternativa clasista y revolucionaria, que canalice por izquierda la crisis del PT y sea capaz de enfrentar el ajuste cada vez más profundo que está en marcha.

 

São Paulo, 25 de noviembre de 2015

 

Traducción: Isabel Infanta

 

1 Ver, entre otros artículos publicados anteriormente, Iuri Tonelo, “Herencia de junio: empieza a surgir un “sujeto peligroso” en Brasil”, IdZ 5, noviembre 2013.

2 Breno Altman, “O que é a frente Brasil popular?”, www.brasil247.com.

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