Relatos para la impunidad

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CHRISTIAN CASTILLO

Número 36, marzo 2017.

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La vuelta del debate de los ’70 viene esta vez impulsada desde la clase dominante. No extraña después de la llegada de Macri al gobierno. El debate político e ideológico sobre lo ocurrido en la década donde vivimos un verdadero “ensayo general revolucionario” expresa los antagonismos sociales más profundos que atravesaron y atraviesan a nuestra sociedad. De ahí que la reapertura del debate acompañe cada nuevo ciclo político. En los inicios del kirchnerismo, la anulación de las leyes de Obediencia Debida y de Punto Final y la reapertura de los juicios a los genocidas no cayeron del cielo. Esas medidas contaban con una amplia legitimidad social construida durante años de movilización, que tuvieron un punto de inflexión muy importante durante el 20° aniversario del golpe genocida en 1996. Una legitimidad que se fortaleció al calor de la rebelión popular de diciembre de 2001. Sobre este clima social se montó el kirchnerismo para incorporar a gran parte de los organismos de derechos humanos a su coalición política, incluyendo el dispositivo de mecanismos varios de cooptación estatal. Recordemos que los Kirchner no rompieron con el menemismo cuando este dictó los indultos y que mientras ejercieron el gobierno en Santa Cruz no tuvieron ninguna iniciativa conocida contra la impunidad de los genocidas. Su “relato” sobre los 70 fue una visión edulcorada de la que sostuvo históricamente la izquierda peronista, donde el objetivo de la “patria socialista” por el que lucharon los miembros de la Tendencia Revolucionaria fue reemplazado por “la democracia”. El carácter de clase del genocidio era negado o disminuido para presentar los enfrentamientos del período como el de un “capitalismo salvaje” y “aperturista” expresado por el plan Martínez de Hoz contra el “proyecto nacional” que expresaría el peronismo en sus distintas variantes. Esta interpretación oculta el papel de Juan Domingo Perón y luego el gobierno de María Estela Martínez de Perón, así como los grupos de choque de la burocracia sindical y de la derecha peronista, en la conformación de la Triple A y en la génesis del terrorismo de Estado. No fue casualidad que el juez Oyarbide, que llevaba la causa de los crímenes de la Triple A, la mantuvo prácticamente planchada en todo el período kirchnerista.

Hoy, con la llegada al poder de un gobierno que expresa en forma directa al mismo poder económico que orquestó el golpe cívico-militar del ‘76, la vuelta de la discusión era predecible. Las dificultades del PRO y de Cambiemos para sostener una política revisionista clara en este terreno son las de la ausencia, pese a su llegada al gobierno, de una hegemonía política e ideológica conservadora. No han construido aún una relación de fuerzas que les permita una política de impunidad más abierta y directa y, menos aún, una legitimidad social de la represión genocida. Sin embargo, esto no significa que lenta pero persistentemente no vayan tratando de instalar, con el apoyo de diversos medios de comunicación, un nuevo sentido común reaccionario. No hay casualidad en la coexistencia de declaraciones de funcionarios del gobierno que niegan el número de los 30 mil desaparecidos o incluso sostienen abiertamente la postura negacionista1 con banalizar el 24 de marzo transformándolo en un feriado movible. Macri, aconsejado por Durán Barba, ha tratado de eludir todo pronunciamiento sobre el tema, aunque en las ocasiones en que no pudo evitar hablar mostró que comparte, como no podía ser de otro modo, la mirada de los represores. Mientras, en las librerías proliferan las publicaciones de “historiadores” y “periodistas” afines tanto a lo que he denominado el primer como el segundo relato sobre los ’70 y la dictadura2: el que acuñaron respectivamente los mismos represores y el que sostuvo el radicalismo de Alfonsín en adelante. Familiares de represores y de “víctimas del terrorismo” recorren los estudios televisivos con una presencia que no tenían desde la caída de la dictadura, con la peculiaridad de defender a los genocidas en nombre del “pluralismo de voces”3.

Entre la reedición de la “teoría de los dos demonios” y el neonegacionismo, la operación política e ideológica reaccionaria en curso es un verdadero “plan sistemático” de construcción de una verdad afín a los intereses de las clases dominantes, y persigue varios objetivos complementarios.

 

La discusión por los 30 mil

Lo primero que tratan de hacer es disminuir los alcances del genocidio. La discusión sobre el número de los desaparecidos tiene esa función: “no fue para tanto, fueron solo ocho o nueve mil”. Es un recurso similar al que utilizaron en Alemania los negacionistas del genocidio nazi.

Si bien en procesos genocidas como el que se vivió en Argentina es imposible poder consignar la totalidad de las víctimas, el número de 30 mil no es meramente simbólico. Un artículo del periodista Hugo Alconada Mon (periodista insospechable de simpatía política con los desaparecidos o con los organismos de derechos humanos) publicado en el diario La Nación el 24 de marzo de 2006 señalaba que treinta años después del golpe militar

…nuevos documentos desclasificados muestran que los militares estimaban que habían matado o hecho desaparecer a unas 22.000 personas entre 1975 y mediados de 1978, cuando aún restaban cinco años para el retorno de la democracia4.

El artículo tomaba el dato de documentos sacados del Archivo de Seguridad Nacional de la Georgetown University, donde el agente de inteligencia de la dictadura chilena Enrique Arancibia Clavel, muy activo en las operaciones del Plan Cóndor, afirma que esa cifra le fue suministrada por militares y agentes del Batallón de Inteligencia 601, que decían tener el cómputo de esa cantidad de muertos y desparecidos provocados por la represión estatal entre 1975 y 1978. Hay además otro elemento que se choca con el intento de reducir el número de desaparecidos a nueve mil y que es la existencia reconocida de más de 600 centros clandestinos de detención. En los más numerosos de ellos se calcula que pasaron entre 3 mil (La Perla) y 5 mil (ex ESMA y Campo de Mayo) detenidos desaparecidos. Además, investigaciones en curso confirman que la cifra inicial de denuncias considerada por la CONADEP está muy por debajo del conjunto de quienes sufrieron el terrorismo de estado. En Tucumán, uno de los equipos de investigación que coordina nacionalmente Daniel Feierstein y conduce en la provincia Ana Jemio, registró un total de 1202 casos cuando las denuncias obrantes en el informe de la CONADEP para la provincia fueron 609, y la cifra que consta en el Área de Investigación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación cuenta con 1005 denuncias con información verificada y completa, no incluyendo los casos incompletos o actualmente en proceso de trabajo y habiendo excluido los errores del listado original5. Es claro que especialmente en el interior del país y particularmente en zonas rurales y en la población que pertenecía a los barrios más carenciados, los registros existentes están muy por detrás de los casos que realmente existieron. Por eso podemos afirmar que el número de 30 mil, más allá de su carácter simbólico, se acerca bastante a la realidad de lo acontecido6.

 

“Violentos fueron todos”

El cuestionamiento al número de desaparecidos ha venido acompañado por la difusión de una cifra de “muertos a causa de acciones de la guerrilla” construida en forma completamente artificiosa, mezclando casos muy distintos al estilo en que lo hace El libro negro del comunismo, con el fin de instalar la idea de que al fin y al cabo no hubo mucha diferencia entre lo que hicieron unos y otros. Si “violentos fueron todos” y la violencia del terrorismo de Estado tuvo el mismo carácter que la de la guerrilla, entonces ¿por qué no se autocritican todos y listo? ¿Por qué seguir con el pasado y no “reconciliarse”? Pero equiparar la violencia guerrillera con el genocidio dictatorial sería como igualar la que practicaban los maquis (que también ponían bombas y hacían acciones de sabotaje) con los nazis en la Francia ocupada o los partisanos antifascistas con la del régimen mussoliniano. O la de los judíos que resistieron con pistolas y explosivos en el gueto de Varsovia con la de sus asesinos hitlerianos. Al servicio de un vasto plan para eliminar a una vanguardia obrera y juvenil con aspiraciones socialistas y disciplinar socialmente a una clase trabajadora con altos niveles de combatividad y organización, la dictadura montó más 600 centros clandestinos de detención, algunos de los cuales fueron verdaderos campos de exterminio. La ESMA, Campo de Mayo o La Perla fueron nuestros Auschwitz y Treblinka. Solo que en vez de la cámara de gas los militares argentinos, como brazo armado de la burguesía y con la bendición de la Iglesia católica, recurrían a los “vuelos de la muerte”, fusilamientos y asesinatos por la espalda, amén de la tortura sistemática, la reducción a la esclavitud de los detenidos y la apropiación de más de quinientos niños. Nada de esto hizo la guerrilla. Si en toda sociedad dividida en clases, donde el poder de la minoría se sostiene en un aparato de dominación basado en la fuerza, la igualación de la violencia de los opresores con la de los oprimidos (o lo que es lo mismo, la condena general de la violencia independientemente de su contenido social y político) es un recurso de los primeros para preservar el poder, en este caso estamos ante fenómenos tan inconmensurables que su planteo solo puede basarse en la absoluta mistificación y ocultamiento del proceso histórico.

Peor aún. Tanto la operación discursiva de la teoría de los dos demonios como el discurso directamente negacionista, tienen en común poner la responsabilidad del inicio de la violencia política en la guerrilla, tal como historiadores conservadores han pretendido justificar el nazismo como una reacción ante la revolución bolchevique. Pero esto implica borrar la historia de un plumazo, haciendo desaparecer los golpes de Estados anteriores a la existencia de las grandes formaciones guerrilleras en el país. Como el de 1955 que proscribió a Perón y al peronismo por 18 años, con los fusilamientos dictados por Pedro Eugenio Aramburu de 18 militares, entre ellos el General Juan José Valle que se entregó con la promesa violada de que su vida sería respetada, y 13 civiles en junio de 1956. En este marco y como parte de la lucha contra la “revolución fusiladora” y, luego, del impacto de la revolución cubana, fue que tuvieron lugar los primeros intentos guerrilleros en el país, que fueron emprendimientos de envergadura limitada. En 1966 se produce el golpe de Juan Carlos Onganía contra Arturo Illia que en este caso contó con el apoyo inicial no solo de los grandes monopolios sino de la burocracia sindical y parte importante del peronismo, continuado luego por los gobiernos militares de Levingston y Lanusse. ¿Cómo separar el surgimiento de la guerrilla de estos acontecimientos? Fue bajo el régimen de la autodenominada “Revolución Argentina” que surgieron los principales agrupamientos guerrilleros del período: Montoneros se dio a conocer en mayo de 1970 con el secuestro de Aramburu y el ERP fue fundado en julio de ese mismo año. Las FAR se dieron a conocer también en julio de 1970 con el copamiento de Garín. En aquél entonces, después de que el Cordobazo y los Rosariazos –semi insurrecciones protagonizadas por las masas obreras y estudiantiles sin incidencia de las organizaciones armadas– hirieran de muerte al gobierno de Onganía, la guerrilla era percibida como parte del amplio proceso de resistencia a la dictadura. No puede por lo tanto separarse el desarrollo de la guerrilla del amplio proceso de radicalización política e insubordinación social existente en aquél período. No es casual que en el debate mediático actual se omita toda mención a estos acontecimientos y, a contrapelo de todo rigor histórico, se presenten los hechos como si la guerrilla hubiera comenzado a operar bajo los gobiernos de Héctor Cámpora, Perón e Isabel Perón, cuando su legitimidad social a nivel de masas era mucho menor, a pesar de contar con una influencia importante entre la militancia obrera, estudiantil y popular. Y lo hacen dejando de lado que en ese período actuaban impunemente organizadas desde el propio estado las bandas de la Triple A, que produjeron 1500 asesinatos.

Entender y explicar el surgimiento histórico de la guerrilla no significa, sin embargo, compartir su orientación política y sus métodos de acción. Por el contrario, creemos que fue una estrategia que conspiró contra la posibilidad de llevar a la victoria el ascenso revolucionario iniciado en 1969, un debate que excede los límites de este artículo.

 

Sembrar el terreno para un nuevo punto final

La equiparación del terror genocida con las acciones de la guerrilla tiene también la intención de generar las condiciones para juzgar y condenar a algunos ex miembros de la guerrilla de forma tal que luego sirvan de contrapeso a un nuevo indulto o amnistía a los militares (y civiles) hoy ya condenados o en proceso judicial. No olvidemos que los indultos de Menem a los comandantes incluyeron también a los dirigentes y militantes guerrilleros perseguidos judicialmente desde los años de Raúl Alfonsín.

Los reclamos de “memoria completa” de los voceros de los represores incluyen desde la exigencia de una reparación económica hasta ampliar el alcance de la definición de “crimen de lesa humanidad”, para que abarque también las acciones guerrilleras. Lo primero es insostenible ya que el sentido de las reparaciones económicas a los sobrevivientes y sus familiares se apoya en que fueron crímenes aberrantes cometidos por el Estado. No es este el carácter que tuvieron las acciones llevadas adelante por la guerrilla. Pero si consiguen esta reparación sería un paso para fortalecer el reclamo jurídico en el terreno penal. También aquí los argumentos son insostenibles: el carácter de crímenes de lesa humanidad a los cometidos en el genocidio se apoyan justamente en que el Estado no ofrecía garantía de justicia por ser justamente quien cometió el delito. De ahí el sentido de la imprescriptibilidad. Por el contrario, los miembros de la guerrilla fueron directamente aniquilados por la represión estatal, muchas veces incluso asesinados sus familiares, sin posibilidad de ejercer el mínimo derecho de defensa que consagra la propia justicia burguesa. Sin embargo, lejos de cualquier fetichismo jurídico, sabemos que las interpretaciones legales cambian con las relaciones de fuerzas políticas entre las clases y que siempre existirá algún artilugio por el que la burguesía puede avanzar si ve posibilidades y la conveniencia de hacerlo. Por el momento, los casos que son utilizados como punta de lanza son la causa Rucci y la causa Larrabure, como antes lo hicieron en la causa Superintendencia, donde la forma de tratar de encuadrarlos en la definición de “crímenes de lesa humanidad”, entre otras, es recurrir a la increíble “justificación” de que se utilizó un auto de la gobernación de la Provincia de Buenos Aires en el caso del dirigente de la CGT y que estaba el Estado cubano detrás del accionar del ERP (sic) en el otro caso (que además tiene la peculiaridad de no haber indicios respecto de que su muerte haya sido a manos de la guerrilla sino producto de un suicidio en el marco de su secuestro7).

 

Un genocidio de clase

Corriendo el debate sobre los 70 a la derecha las clases dominantes buscan antes que nada que su responsabilidad en el genocidio salga de foco. Que dejen de discutirse los campos de concentración que hubo en las principales empresas del país, los delegados de base desaparecidos, la asociación represiva entre patronales, gerentes y militares o los negociados como la estatización de la deuda privada, así como las responsabilidades jurídicas que les caben por estos hechos. No es casual que ya hacia finales del gobierno anterior los fallos judiciales en las causas iniciadas contra empresarios y gerentes por crímenes de la dictadura hayan tenido fallos y resoluciones favorables a los acusados, como en los casos de Blaquier, de Clarín y La Nación por Papel Prensa o de la Ford. Y el gobierno de Macri se preocupó en particular por desactivar cualquier tipo de organismo estatal que investigara estos temas.

Pero si en lo inmediato el objetivo del poder económico es blindarse frente a los juicios en curso, más estratégicamente apunta a recuperar legitimidad social para una represión interna en amplia escala si la radicalización de la lucha de clases lo vuelve necesario. Quien piense que la clase dominante no es capaz de intentar un nuevo genocidio si ve peligrar sus intereses y cuenta con la posibilidad de realizarlo simplemente no ha aprendido de la historia cuál es la naturaleza de la burguesía en nuestro país y a nivel internacional. Se cuenta que Adolphe Thiers afirmó luego de la masacre de más de treinta mil hombres, mujeres y niños en la Comuna de París por parte de la “democrática” burguesía francesa: “nos hemos sacado de encima la revolución por una generación”. Eso mismo pensaba la burguesía local de la obra realizada por la dictadura genocida.

Por ello es necesario remarcar el carácter de clase que tuvo el genocidio. Y esto en un doble sentido. En el de quienes lo impulsaron y orquestaron en su propio beneficio (la burguesía) y el de quienes fueron objeto de las prácticas genocidas de la dictadura, la clase trabajadora y en particular sus sectores más combativos, víctimas centrales del terrorismo de Estado, a los que tenemos que agregar a quienes eran estudiantes, campesinos y provenientes de otros sectores populares. Pertenencia de clase que se entrecruza con la militancia política y sindical de los desaparecidos, que eran parte de tanto de las organizaciones guerrilleras (Montoneros, ERP y otras menores) como de las fuerzas de la izquierda que no adherían a esa estrategia (PST, Política Obrera, PCR, Vanguardia Comunista, etc.) y hasta del Partido Comunista, pese a su “apoyo crítico” a la dictadura de Videla. O activistas sindicales combativos que enfrentaban diariamente a las patronales y la burocracia sindical.

No fue casualidad la fundación de la APEGE (Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias) en agosto de 1975, luego de las imponentes movilizaciones obreras de junio y julio de ese año que derrotaron el plan Rodrigo, así como su disolución en 1977, pocos meses después del golpe de Estado. Esta entidad, que agrupaba al Consejo Empresario Argentino (CEA), la Sociedad Rural Argentina, la Unión Comercial Argentina, la Cámara Argentina de la Construcción, la Cámara Argentina de Comercio, la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires, Confederaciones Rurales Argentinas, la Cámara de Sociedades Anónimas, la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario y la Copal (alimentación), diseñó el golpe junto a las Fuerzas Armadas. Actuaron en común generando las condiciones que permitieran el éxito de la empresa golpista. En este sentido el combate a la guerrilla, que estaba política y militarmente debilitada al momento del golpe y que nunca agrupó más de cinco mil combatientes frente a Fuerzas Armadas que contaban con 155 mil miembros, fue una excusa utilizada para llegar al poder por parte de la dictadura cívico militar. Lo central era aniquilar y aterrorizar a una vanguardia obrera (la “guerrilla fabril” de la que hablaba Balbín poco antes del golpe) y juvenil que tenía la aspiración de trascender el capitalismo y que venía ganando creciente peso sobre las masas obreras y populares ante el descrédito del gobierno de Isabel Perón. Sin esto la aplicación del plan de Martínez de Hoz hubiese sido imposible. Como planteaba Perry Anderson en una conferencia realizada en la Carrera de Sociología de la UBA en octubre de 1987 cuando decía que las dictaduras contrarrevolucionarias de Brasil, Uruguay, Chile y Argentina tuvieron la

…misión primordial (…) de decapitar y eliminar a una izquierda que no se resignaba al modo de producción capitalista, sino que apuntaba directamente a un socialismo que lo trascendía. Su función esencial (…) fue la de traumatizar a la sociedad civil en su conjunto con una dosis de terror suficiente para asegurarse de que no habría ninguna tentación ulterior de reincidir en desafíos revolucionarios contra el orden social vigente; para romper cualquier aspiración o idea de un cambio social cualitativo desde abajo; para eliminar permanentemente, en suma, el socialismo de la agenda política nacional. Al mismo tiempo, su vocación secundaria fue la de restaurar las condiciones de una acumulación viable, disciplinando la mano de obra con represión, bajos salarios y deflación, promoviendo al mismo tiempo la capacidad exportadora y asegurando nuevos niveles de inversión externa, para que pudiera desarrollarse el crecimiento sin interrupciones redistributivas o escasez de capitales: esa fue la idea8.

Desde entonces mucha agua ha corrido bajo el puente y la clase dominante se anotó una nueva victoria durante la década neoliberal de los ‘90. Pero la rebelión popular de diciembre de 2001 abrió una nueva etapa de aspiraciones obreras y populares que los gobiernos kirchneristas desviaron y contuvieron y que el gobierno macrista quiere cerrar. La ofensiva ideológica reaccionaria sobre los ‘70 está con consonancia con ese objetivo. Debemos darle batalla.

 

  1. El término “negacionismo” se utiliza para el genocidio argentino en el mismo sentido que tiene respecto de lo ocurrido en la Alemania nazi, donde los defensores del régimen hitleriano niegan que haya ocurrido un genocidio aún en contra de toda la evidencia histórica. Lo mismo pretenden hacer en nuestro país los portavoces del punto de vista de los represores de la dictadura.
  2. Ver Christian Castillo, “Elementos para un ‘cuarto relato’ sobre el proceso revolucionario de los ’70 y la dictadura militar”, Lucha de Clases 4, noviembre 2004.
  3. Ver Esteban Campos y Gabriel Rot, “Neonegacionismo: sobre guerrilla, desaparecidos y devaluación del pasado”, La Izquierda Diario, 10-03-2017.
  4. “El Ejército admitió 22.000 crímenes”, La Nación, 24/03/2006.
  5. Daniel Feierstein, “Lo que dicen los números”, Le Monde Diplomatique 213, marzo 2017.
  6. El gobierno kirchnerista poco hizo por permitir llegar a la verdad en este tema. Por un lado, no desclasificó los archivos de la ex SIDE bajo la dictadura, donde seguramente debe haber mucha información al respecto, así como sobre el destino de los entonces bebés apropiados que siguen sin recuperar su identidad. Y por si fuera poco, la Secretaría de Derechos Humanos en manos del kirchnerismo publicó un listado con menos casos aún que el de la CONADEP, increíblemente incompleto, que es hoy utilizado en su favor por los negacionistas.
  7. Ver Carlos Del Frade, “El asesinato que no fue”, Página 12, 23/09/2009.
  8. Perry Anderson, “Democracia y dictadura en América Latina en la década del ‘70”, disponible en www.politicalatinoamericana.sociales.uba.ar

2 comments

  1. carlos 27 Marzo, 2017 at 12:08 Responder

    Ellos tienen fuerza superestructural. Pero quienes no olvidan ni perdonan tienen la fuerza de las calles en la memoria, verdad y justicia. Excelente haber apuntado la política cínica del kirchnerismo en materia de DDHH. La verdad que es mas peligrosa esa modalidad que la de intentar desde la derecha macrista borrar de la memoria los crímenes y establecer la impunidad mediante una teoría ideológica. A mi tambien me gusto el articulo, por estar escrito con respaldo en documentos históricos y citas que pertenecen a la investigacion imparcial.

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