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Inseguridad urbana: mentiras, omisiones y verdades

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OCTAVIO CRIVARO

Número 34, octubre 2016.

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Cuando apretamos la primera tecla para escribir este artículo, bajan de los móviles verde oliva y caqui cientos de efectivos de Gendarmería y Prefectura que ocuparán Rosario y varias ciudades santafesinas, según el acuerdo arribado entre el gobierno supuestamente progresista que dirige la provincia (el PS) y la derecha de Mauricio Macri y Patricia Bullrich. La Provincia de Buenos Aires, ya atestada con 90 mil efectivos de la Maldita Bonaerense, también ve sus rutas y calles saturadas con tropas de las fuerzas federales, mientras estallan escándalos que involucran a la plana mayor del servicio penitenciario que hacían negocios, nada menos, con la comida de los presos. A la vez, se conoce que jóvenes de La Poderosa fueron torturados y amenazados por prefectos. Todo muy normal.

El desembarco de prefectos y gendarmes en Santa Fe fue el hijo legítimo de dos masivas marchas “contra la inseguridad” en Rosario, luego de distintos casos de robos seguidos de asesinatos que conmovieron a la opinión pública. Que, como suele suceder, fueron amplificados por los medios de comunicación locales, que hicieron un fuerte lobby para endurecer la política represiva estatal. Santa Fe duplica la media nacional de homicidios, pero a nadie parecieron importarle mucho las causas de esas cifras inflamadas: la podredumbre policial y la existencia de mafias que actúan a cielo abierto.

A su vez, a escala nacional las marchas rosarinas confluyeron con la voluntad gubernamental (y por ende mediática) de crear un ambiente propicio para una línea punitiva y “manodurista”, y aumentar el control social. Si no hay pan (o mejor dicho, si hay ajuste y tarifazo), habrán pensado los “teólogos” del marketing macrista, entonces que haya circo. Y al festival de la corrupción kirchnerista, con sus valijas voladoras y sus funcionarios saltimbanquis, servido en bandeja para que el macrismo haga demagogia, el gobierno le sumó el circo de los llamados “justicieros”.

 

Justicia por mano propia: la propiedad privada de la pena de muerte

Dos casos brutales de asesinatos de ladrones en manos de un médico y un carnicero, ambos llamados “justicieros” por la prensa, sacudieron el microcosmos de las noticias, y el dispositivo orquestal del gobierno y de los grandes medios de comunicación, hicieron lo imposible por utilizar estas atrocidades para correr el amperímetro de la opinión pública a la derecha.

Un médico fusiló de cuatro balazos a uno de los ladrones que quiso llevarse su auto. A pesar de la brutalidad del crimen, los medios lo pasearon por sus páginas y estudios hasta canonizarlo y santificarlo. La inefable ministra de seguridad, Patricia Bullrich, colaboró llamándolo “víctima”. Días después, el brutal caso del carnicero que persiguió con su auto, atropelló y aplastó hasta matar a uno de los dos asaltantes que irrumpió en su comercio copó las letras de molde. El mismísimo Macri lo llamó “sano y honrado”, descripción que contrastó con los videos del matarife golpeando con un palo y gritando a una persona agonizante que iba a matarlo. Cumplió.

La misión de la utilización política de estos casos es clara. El objetivo inmediato: disolver una coyuntura de ataques a las condiciones de vida de las masas. El estratégico: girar a derecha la ya represiva “doctrina de seguridad pública” legada por el kirchnerismo y por la realpolitik de los gobernadores e intendentes peronistas, manoduristas y represivos. Es decir, endurecer más al Estado.

La legitimación de casos de “justicia por mano propia” es una agenda que retrocede cientos de años de la ya retrógrada institucionalidad burguesa y vuelve el reloj al momento en que las agujas señalan a Thomas Hobbes. Frente a la degradación de las fuerzas de seguridad involucradas (como veremos) en la gestión del crimen, el propio Estado se inmiscuye en victimizar a “ciudadanos” que utilizan una inflamada “Ley del Talión” donde la pena sumaria no guarda proporción alguna con el agravio del supuesto damnificado. Personas que fusilan o atropellan a individuos que le roban una suma de dinero o un celular: un bien, un aparato o un monto de dinero a cambio de una vida. No suena muy razonable: personas que ponen el grito en el cielo porque presuntamente los ladrones “matan por un celular”, matan ladrones por robarles un celular.

La labor de los medios y la valoración que hace el macrismo de los “justicieros” no es más que una continuación del discurso de la meritocracia solo que por otros medios: los medios armados. Como premio, el Estado hace desaparecer el rol de las fuerzas de seguridad en la organización del delito, la existencia de mafias con amparo estatal y la realidad social de degradación y desigualdad.

 

La inseguridad como miedo generado y como necesidad estatal

La tasa de homicidio en Argentina, más allá de la presencia excluyente del tema en los medios, es de las más bajas de América Latina, por lejos. Con 6,6 homicidios por cada 100 mil habitantes, está por detrás de los 8,9 de Uruguay, y muy lejos de los 15,54 de México, los 26,54 de Brasil o los 26 de Colombia. Sin embargo Gabriel Kessler elabora una “sociología del miedo” [1] y concluye que desde los ‘90 los medios de comunicación giran sus radares y cambian el paradigma hasta imponer “la inseguridad” como preocupación primordial.

Solamente una minoría participa como víctima de situaciones de homicidios, pero el Estado y los medios de comunicación hacen un bombardeo sistemático en la que se consolida la sensación de que cualquiera podría ser víctima, lo que da sustento a una política pública de endurecimiento policial y judicial. Como demuestra Kessler, la sensación de miedo y de angustia que se instala en sectores de la sociedad (sectores populares incluidos) son concomitantes a una línea de endurecimiento estatal: de mano dura [2].

Kessler describe la realidad que nace de esta proliferación consuetudinaria del miedo:

… un paisaje urbano colmado de seguridad privada, alarmas, rejas y cámaras, (…) infinidad de dispositivos de seguridad en distintas prácticas y servicios habituales. Comerciantes que atienden a través de una reja, un botón “antipánico” en los taxis, (…) oferta de seguros ante la eventualidad de sufrir un robo…[3].

La inseguridad, ante todo, es un buen negocio privado.

El sociólogo francés Löic Wacquant describe con crudeza cómo bajo la ofensiva neoliberal, lejos del discurso hipócrita del achicamiento del Estado, fue creciendo el carácter represivo y carcelario, aumentando en tándem la desigualdad, la marginalidad y la “prisionalización” de la pobreza. Los que empobrecen, construyen una sociedad que es una “cárcel a cielo abierto”.

 

Descomposición estatal…

El discurso a favor de la “mano dura”, de un fortalecimiento estatal, choca de frente con la propia descomposición de las fuerzas de seguridad, trenzadas en la gestión del crimen organizado pero también del “pequeño delito”. La desaparición, tortura y muerte de Luciano Arruga por negarse a robar para la Policía Bonaerense fue una demostración de que además de la participación en el “negocio grande” de las redes de trata y protección de prostíbulos, de la protección al narcotráfico y el negocio de los desarmaderos (subsidiario del robo de autos en zonas liberadas), las fuerzas de seguridad también administran el pequeño robo.

El mismo Estado que está, abiertamente o agazapado, en la gestión de todas las ramas del delito, fogonea las campañas que culminan en la necesidad de fortalecerse y armarse para parar a “la delincuencia”. Y los mismos medios de comunicación que acumulan en el éter, en la fibra óptica y en el papel miles de noticias de “poliladrones”, de narcopolicías y de oficiales pistoleros de gatillo fácil, actúan como un dispositivo paraestatal, un software legitimador serial de la línea de fortalecimiento del hardware estatal: el brazo armado de fuerzas represivas corrompidas y podridas. El discurso “securitista” omite mencionar este “detalle”. La aparición de un video reciente donde una banda de ladrones, copiando el estilo comunicacional del “Isis”, denuncia con nombre y apellido al fiscal y el jefe policial que libera zonas para que ellos puedan operar, más allá de la posibilidad de probar la denuncia, fue un hecho de gran verosimilitud: las zonas liberadas para la operación de bandas delictivas es otra de las deliciosas paradojas de un Estado que huele mal.

 

…y mafias

Esta corrupción estatal no es una anomalía o un flagelo sino que es la forma por excelencia que asume el Estado bajo el capitalismo, normalidad que se agrava con la hipertrofia de enormes negocios ilegales que no por ilícitos dejan de ser negocios capitalistas. El narcotráfico es el principal.

Sobre la sombra de esa descomposición estatal y con el impulso de otros negocios que paralelizan parte de sus ganancias y hacen grandes burbujas en negro (como la soja), se ha desarrollado y ampliado la escala del narco. Particularmente en Rosario, el narcotráfico mueve una cifra cercana a los 2 mil millones de pesos anuales, a partir del guiño de la enorme puerta de entrada y salida que implican 40 puertos privados en los que pasan toneladas y toneladas de productos legales e ilegales sin control alguno: un solo escáner funciona en uno solo de esos puertos, desde hace poco menos de un mes.

Al calor de este esquema de podredumbre estatal, grandes negocios capitalistas y cuantiosas sumas de dinero en negro, se han fortalecido organizaciones mafiosas con vínculos estatales, como por ejemplo la banda de Los Monos en la zona sur de Rosario. A pesar de la frondosa proliferación de noticias, hay una mirada superficial al respecto. La existencia de estas bandas, con presuntos contactos con carteles internacionales y probados vínculos con la cúpula de la Policía Santafesina, documentados en escuchas telefónicas y otras pruebas, es lo que explica que Rosario duplique la tasa nacional de homicidios. El 70 % de la gran cantidad de homicidios en Rosario tiene vinculación con el narcotráfico. Sin embargo el discurso securitista reclama más mano dura y fortalecer una Policía que es responsable de esta situación. Contradicción flagrante.

 

La construcción del enemigo

Así como omite mencionar la existencia de mafias y la podredumbre de las fuerzas de seguridad, que dan impulso a estas bandas “irregulares”, el discurso “securitista” crea enemigos, los modifica, los recicla, los exagera, les asigna una estética. Busca ganar base social con un relato que saque la lupa que apunta al Estado y apunte a enemigos sociales a poner en pie. No presenta una sola cifra que respalde las políticas de endurecimiento estatal: simplemente enuncia al enemigo. Los medios de comunicación hacen el resto: el poder evangelizador de la prensa es el “plató” donde se identifica al peligro con sectores populares en general y con la juventud en particular.

Se insiste en bajar la edad de imputabilidad sin que existan estudios que respalden la hipótesis sobre el presunto peso creciente de los menores de edad en el delito. Se oculta adrede, incluso, aquellos ejemplos en los que se ha probado incluso relaciones de “trata” entre las mafias criminales y jóvenes, incluso niños. La periodista especializada en narcotráfico Cecilia González sí se detiene en esto, particularmente por la sentencia que probó la existencia de una red de trata con niños “soldaditos”:

Las víctimas no son solo los asesinados. Son también los niños y niñas de Rosario que trabajaban como esclavos para las bandas de crímenes organizadas y en los famosos búnker, las minicárceles selladas con niños trabajando involuntariamente; niños víctimas que por adicción, abandono o pobreza terminan trabajando para el narcotráfico[4].

Al mismo tiempo que se construye un enemigo social, y consiguientemente se apuntan los cañones estatales al cerco de los barrios populares, a la estigmatización por portación de rostro o ropa, no se busca ahondar en las causas profundas que explican el poder de reclutamiento sobre pequeños sectores que se ligan a bandas narcocriminales.

Aquí se dan dos fenómenos. En primer lugar, el Estado aplica planes económicos brutales que mientras inflan colosales negocios económicos (en los ‘80, bajo el menemismo, bajo el kirchnerismo) hacen crecer los índices de pobreza. Y, fundamentalmente, como dice Kessler, aumentan los índices de desigualdad, que es lo que interesa. Sectores ínfimos cada vez más ricos, sectores masivos cada vez más pobres. Y luego ese mismo Estado es el que ve a la pobreza como amenaza a la “seguridad”. Cuando la economía se hunde, crece la desigualdad. En cambio, cuando la economía crece… también crece la desigualdad.

Esto lo describe muy sencillamente Löic Wacquant cuando describe el fenómeno que llama “marginalidad”:

… no es un residuo del pasado, y tampoco es un fenómeno transitorio o efímero. (…) Mientras se insista en apostar a lo que se llama el camino de la economía avanzada, sin contemplar el cuadro social completo, se seguirá reproduciendo marginalidad avanzada. (…) En América Latina se observa desde hace quince años un aumento de la violencia, de la criminalidad, del miedo en las ciudades y, por lo tanto, en reacción a ese aumento de la inseguridad y el miedo el Estado reacciona diciendo: “vamos a activar la policía, la justicia, la prisión”. “Mano dura”. “Tolerancia cero”[5].

La marginalidad, en la que anidan la desesperación y la impotencia por falta de perspectivas y de futuro, empuja a un sector minoritario a actuar como mano de obra de bandas criminales o narcos. Se trata de sectores desclasados y puntuales, que sin embargo un discurso clasista identifica con los sectores laboriosos en general.

Con mayor fuerza se evita hablar de la situación social que afecta a los sectores juveniles, que son los más castigados por la desigualdad social y la falta de perspectivas. Agustín Salvia y Ianina Tuñón hablan de

… la vigencia de una estructura social que establece oportunidades desiguales a los jóvenes según su origen social, disponibilidad de recursos familiares y otros factores de segregación. El conjunto de los jóvenes no tienen la misma oportunidad de continuar estudios, ni todos pueden acceder a una misma educación[6].

Y continúan:

… el alcoholismo, la drogadicción y la violencia nocturna tienen tanto a las tribus juveniles marginales como al conjunto de los jóvenes como sus principales víctimas [7].

Sobre este océano de tensiones sociales, que tiene a la juventud como principal damnificada, se da un segundo fenómeno: ¿cómo traduce un sector de los sectores populares la metralla consumista de la que, naturalmente, no pueden ser parte? Un sector, separado de toda posibilidad de estudio o trabajo, sin sentido de pertenencia a sindicatos u organizaciones, que es objeto, como todos los sectores sociales, del desfile permanente de productos de todo tipo y color, encuentra una forma tortuosa de ascenso social, de prestigio y de acceso a bienes de consumo vedados de otro modo. Esa forma es la pertenencia a bandas. Cristian Alarcón, de la revista Anfibia y del sitio Cosecha Roja, describe esto en una entrevista en La Capital:

Los pibes chorros disfrutaron, a su manera, de ese exceso consumista que se verificó en las clases pudientes en la década del noventa. A ellos también les llegó de manera residual, y a través del robo, una parte de los productos caros que invadieron la Argentina en los tiempos del 1 a 1 [8].

Este abismo tiñe las características de desesperación y desapego en el que caen sectores de la juventud muy minoritarios que los medios inflan y exageran y, sobre todo, no pretenden entender ni explicar. La hipocresía es la hermana gemela de la mano dura.

 

En definitiva

Hay silencios sonoros cuando se busca instalar la “inseguridad” como preocupación pública, con la indisimulable intención de fortalecer el poder de fuego del Estado y sus bandas armadas. Con la creación de una agenda de miedo, se legitima el alcance del accionar represivo y de la impunidad consiguiente, mientras se vigorizan las formas del control social preventivo, primero, y reactivo luego, sobre los sectores trabajadores.

Mientras el Estado, con la ayuda de los grandes medios, milita su fortalecimiento, los rasgos de descomposición de las fuerzas de seguridad cobra ribetes novelescos y su imbricación con bandas criminales se hace más evidente. Bajo ese manto político y discursivo, se mantiene ilegal la venta de drogas, cuando la legalización ayudaría a desarticular un negocio del que se enriquecen mafias y sectores del Estado. Del mismo modo, se sostiene el control privado de los puertos de entrada y salida, cuando la nacionalización bajo gestión de los trabajadores y la inversión tecnológica ayudarían a controlar el monopolio del comercio exterior y evitaría el tráfico de drogas. Pero no solo no se apunta en esa dirección sino que directamente, con medidas como el “blanqueo” de dinero, se abre las puertas a que narcotraficantes ingresen con plena ciudadanía a hacer negocios “tudo bom, tudo legal”.

Las políticas de reformas o tendientes a “emparchar” o “depurar” fuerzas represivas cuya función social es la represión y la participación en actividades criminales, son utópicas y reaccionarias por igual. Sin atacar y desentrañar a las mafias policiales y el rol del Estado, y sin cuestionar la vulnerabilidad y la desigualdad del capitalismo, que impide la resolución de cuestiones elementales de la vida del pueblo trabajador, no es posible la resolución cabal de los problemas que planteamos aquí.

 

  1. Cristian Alarcón, “Sociología del miedo”, Página 12, 14 de mayo de 2007.
  2. Gabriel Kessler, “Delito, sentimiento de inseguridad y políticas públicas en la Argentina del siglo XXI”, en José Alfredo Zavaleta Betancourt (comp.), La inseguridad y la seguridad ciudadana, Buenos Aires, Clacso, 2012, p. 35.
  3. Ibídem, p. 31.
  4. Cecilia González: “La Cultura termina naturalizando un negocio criminal multimillonario que provoca mucho daño”, Télam, 4 de agosto de 2016.
  5. Fabián Bosoer, “Loic Wacquant: ‘La marginalidad actual no se resuelve sólo con crecimiento y empleo’”, Clarín, 14 de octubre de 2007.
  6. Agustín Salvia, y Ianina Tuñón, “Los jóvenes y el mundo del trabajo en la Argentina Actual”, Encrucijadas, vol. 36, 2005.
  7. Ídem.
  8. Rodolfo Montes: “Cristian Alarcón: ‘El mito me condujo a la realidad de los pobres’”, La Capital, 5 de octubre de 2003.

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PRÓXIMAMENTE EN LOS KIOSKOS IdZ 34

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Octubre 2016.

 SUMARIO

NI “NEOLIBERALES” NI “POPULISTAS ”: LA IMPORTANCIA DE LAS “IDEAS DE IZQUIERDA ”

Christian Castillo

 

LA ILUSIÓN MACRISTA DE LA ARGENTINA COMPETITIVA

Pablo Anino y Eduardo Castilla

 

EL PATRÓN DON CARLOS , ¿AMIGO DEL PUEBLO?

Esteban Mercatante

 

LAS OLAS Y EL VIENTO…

Paula Varela y Gastón Gutiérrez

 

VIGILAR Y CASTIGAR

INSEGURIDAD URBANA: MENTIRAS, OMISIONES Y VERDADES

Octavio Crivaro

“HAY QUE ROMPER CON LA IDEA DE QUE JUSTICIA=CASTIGO=CÁRCEL ”

Roberto Gargarella

15

POBRES INCLUÍDOS

TRABAJO Y FAMILIA

Manuel Mallardi

ASISTENCIA PARA TODOS

Tamara Seiffer

 

PODEMOS Y EL “FENÓMENO CORBYN”: APUNTES SOBRE LA IZQUIERDA EUROPEA

Josefina L. Martínez

 

DE VUELTA A LA ESTRATEGIA

Matías Maiello

 

REPENSAR LA CONDICIÓN OBRERA

Mariela Cambiasso

 

MARX Y LOS HOMBRES LIBRES DE JONES

Paula Schaller

 

LAS NEUROCIENCIAS COMO MARKETING POLÍTICO

Juan Duarte

 

DE LOS PADRES PATRIARCAS Y EL PSICOANÁLISIS POR FIN CUESTIONADO

Pablo Minini

 

ENTREVISTA A EUGENIA ALMEIDA

David Voloj y Laura Vilches

2

Reseña de HISTORIA DEL PST, de Ricardo de Titto

Daniel Lencina

 

DECLARACIÓN DEL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES

 

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