2×1: cuando falló la Corte

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FERNANDO ROSSO Y EDUARDO CASTILLA

Número 38, junio 2017.

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Hace más de 200 años, Thomas Jefferson –uno de los padres fundadores de EE. UU.–, afirmaba que “la Constitución se convierte en un mero instrumento de cera en las manos del Poder Judicial, que puede torcerla y darle la forma que prefiere”1.

Diseñado como poder contramayoritario desde los inicios del régimen constitucional burgués en EE. UU., el Poder Judicial debía actuar como reaseguro jurídico último de los intereses de las minorías frente a las mayorías. En términos históricos concretos, debía garantizar la dominación de la reducida franja de grandes propietarios y acreedores frente a la masa de pequeños comerciantes, trabajadores y pobres en general, en el marco de un período signado por fuertes tensiones sociales y políticas.

La garantía del alineamiento con la minoría que detenta el poder económico está dada a través de privilegios de índole aristocrática. Entre ellos se encuentran la intangibilidad de sus ingresos, el carácter vitalicio de sus cargos y el mecanismo de su elección, ajeno a toda incursión de la llamada “voluntad popular” que –con mayor o menor distorsión– expresan algunas instituciones. El Poder Judicial extrema los rasgos comunes al conjunto de la casta política que gestiona el Estado burgués2. En Argentina, quienes integran la Corte Suprema de Justicia son elegidos por un acuerdo entre el Senado y el presidente de la Nación. Se trata de una negociación entre los integrantes del estrato más aristocrático de los representantes legislativos y la figura que expresa concentradamente el poder político de la clase dominante.

De este modo, el Poder Judicial en general, y la Corte Suprema en particular, tienen la potencialidad de erigirse en una suerte de árbitro sobre el conjunto de la sociedad. Una casta minoritaria y privilegiada, atada materialmente a las clases dominantes, posee la potestad de decidir sobre cuestiones que hacen a la vida de millones. Ese lugar dentro del esquema de dominación capitalista conlleva que sus decisiones puedan tener consecuencias de gran alcance. Por supuesto, esto implica la posibilidad de desatar todo tipo de crisis políticas.

Sobran ejemplos de esta función estratégica de la Corte en momentos decisivos. Podemos nombrar una decisión, no muy recordada pero fundamental que tomaron los supremos en la última gran crisis que padeció el país: el 2001. Como recuerda el profesor Lucas Arrimada, en aquél entonces, la Corte convalidó el proceso de distribución asimétrica de las ganancias en favor de las grandes empresas después del corralito y pesificación del 2001. Cerró los reclamos y confirmó legalmente otra enorme transferencia de capital. Las grandes empresas licuaron sus pasivos, lavaron ganancias y crecieron exponencialmente a costa de la sociedad y el empobrecimiento colectivo. Una decisión que, junto con otras (como la devaluación) dio empuje al modelo de acumulación posterior. En los últimos tiempos, con apenas semanas de diferencia, los respectivos tribunales supremos de Brasil y Argentina parieron sendas crisis, cuyas magnitudes no son equiparables desde ya, pero demuestran la gravitación excepcional que puede adoptar ese poder.

 

La Corte Suprema y el 2×1

El fallo de la Corte Suprema en el caso del represor Luis Muiña, donde otorgó el beneficio del 2×1 a ese genocida, desató una importante crisis política en Argentina. La misma dejó golpeado al máximo tribunal y, en menor medida, al Poder Ejecutivo.

La profunda reacción social evidenció el límite en la relación de fuerzas que el fallo había trasvasado. La multitudinaria movilización del miércoles 10 de mayo y las múltiples muestras de repudio que recorrieron el país, evidenciaron que la impunidad a los genocidas carece de consenso a escala social.

La crisis abierta con el fallo fue parcialmente cerrada con un inédito pacto de “unidad nacional”, que encontró expresión en la rápida votación en el Congreso Nacional, de una ley para limitar la aplicación del 2×1 para los crímenes de lesa humanidad. Dentro del oficialismo, la posición adoptada pasó de sostener el respeto a la “independencia” del Poder Judicial en los momentos inmediatos al conocimiento del fallo, a un cuestionamiento abierto. Hasta el presidente Macri criticó la decisión de la Corte, mostrando la magnitud de la crisis política abierta.

Sin embargo, a la luz del extendido repudio, el fallo no puede leerse como un simple error de cálculo. Se trató de una decisión consciente, en el marco de un clima político instalado desde el oficialismo, en aras de avanzar hacia un nuevo consenso ideológico y político sobre el genocidio.

 

Un nuevo consenso negacionista

A mediados del año 2016, en una entrevista para el sitio Buzzfeed, la periodista Karla Zabludovsky interrogó a Macri sobre el número de desaparecidos. “No tengo idea”, respondió despreciativamente el mandatario. En el mismo reportaje calificó a la dictadura como “guerra sucia”, apelando al concepto utilizado por los genocidas para definir su accionar. Desde los inicios de la gestión Cambiemos, Darío Lopérfido, quien fuera ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires –y también funcionario de la Alianza con De la Rúa– negó la existencia de 30 mil desaparecidos. El funcionario incurrió en declaraciones de ese tipo reiteradamente, lo que conllevó un repudio generalizado de la comunidad artística. Cuestión que le costó el cargo.

Juan José Gómez Centurión fue otro de los protagonistas de la batalla política-ideológica en pos del relato negacionista. El director de la Aduana negó impunemente y con toda personalidad, durante un programa de TV, que hubiera existido un plan sistemático destinado a la desaparición y asesinato masivo de personas. En ese marco, como Lopérfido, también cuestionó la cifra de 30 mil detenidos-desaparecidos.

Germán Garavano, ministro de Justicia del Gobierno nacional, recibió el año pasado a Cecilia Pando, una provocadora profesional, rabiosa militante de la causa de los genocidas. Antes, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, se había entrevistado con la CELTYV3, organización que dice representar a “víctimas del terrorismo” ejercido, según su visión, por las organizaciones armadas de los ‘70.

Asimismo, el Gobierno intentó cambiar el feriado del 24 de Marzo, medida de la que tuvo que retroceder ante un extendido rechazo. Durante el mismo día del aniversario del golpe, diputados oficialistas se fotografiaron con un cartel que decía “nunca más a los negocios con los derechos humanos”.

Este somero recorrido evidencia que el fallo de la Corte fue construido política e ideológicamente. Pero no solo el Gobierno intervino en la arquitectura de ese clima ideológico. La Iglesia, horas antes de conocerse el fallo, anunciaba que en la 113° Asamblea Plenaria de obispos tendría lugar un debate “sobre los acontecimientos ocurridos durante la última dictadura militar”. El eufemismo acompañaba la confirmación del objetivo de avanzar en la “reconciliación” con las FF.AA. Detrás de esa decisión del episcopado argentino estaba, como nadie podría dudarlo, el mismo papa Francisco. El pontífice, además de haber creado el concepto de “memoria completa”, tiene en su historial haber sido una autoridad de peso dentro de estructura eclesiástica durante la dictadura.

La construcción de este consenso negacionista contó con el esfuerzo decidido de gran parte de la corporación mediática. En particular, el diario La Nación jugó el papel de vocero en sus editoriales diarias, clamando tanto por limitar lo que llamó “venganza” contra los genocidas, al tiempo que exigía el juzgamiento de los integrantes de las organizaciones armadas de izquierda.

 

Relato y objetivo estratégico

Esos permanentes “brotes negacionistas” vienen buscando construir un nuevo relato sobre el genocidio, que permita sustentar otro intento de reconciliación con las FF. AA., al tiempo que aporte a reconstruir el prestigio del maltrecho “partido militar”. Otro de los objetivos que se propone esta política es evitar que se juzgue a los responsables civiles y empresarios de la dictadura.

Para el gran capital y la casta política que gestiona su Estado no es una cuestión menor. Los dueños del país tienen clara conciencia de clase del rol que, si las circunstancias lo requieren, pueden jugar las FF. AA. Si el ajuste estructural que tienen en agenda genera resistencia popular o radicalización política, ese accionar represivo se hará necesario. La construcción de un nuevo consenso negacionista es un paso necesario en ese objetivo. Esta política reviste hoy las formas que le imprime el macrismo. Pero la historia nacional, desde 1983 a esta parte, mostró diversos intentos de reconciliación nacional. Si Alfonsín hizo de la misma una necesidad de gobernabilidad, el menemismo la convirtió en una suerte de vocación oficial. Todos los gobiernos, sean radicales, peronistas o de coalición, mantuvieron el aparato represivo heredado de la dictadura, y solo frente a la presión de la movilización, incurrieron en concesiones4. El kirchnerismo tuvo también su proyecto de reconciliación con las FF. AA. El juzgamiento y castigo a genocidas que ya no revistaban en actividad se combinó con un ejercicio de construcción discursiva sobre la Memoria, intentando resignificar el papel de las Fuerzas Armadas. Solo en ese esquema es posible explicar a César Milani como jefe del Ejército por casi 3 años.

La reacción masiva al fallo del 2×1 evidencia los límites de esas políticas de reconciliación. Al fracaso relativo contribuyó, en no menor medida, el que la amplia mayoría de los genocidas se haya negado –siquiera en términos discursivos– a colaborar en cerrar la brecha abierta por su accionar en la dictadura. Si en la Argentina no fueron posibles políticas de amnistía –como las impulsadas en Sudáfrica– esto se relaciona en parte con la continuidad de un discurso por parte del grueso de los represores, que se siguen considerando justos ganadores de una “guerra antisubversiva”5.

 

Un bonapartismo judicial fallido

Con el fallo del 2×1 la Corte intentó cumplir su función de árbitro, entre lo que percibía como un consenso que no terminaba de morir y un “nuevo” que no terminaba de nacer. Quiso colocarse “a la vanguardia” del nuevo clima de época que se impulsaba desde el poder político, apoyándose en el uso y abuso de la cuestión de los derechos humanos que hiciera la administración kirchnerista.

Pero la “grieta” entre el grueso de la sociedad y el “partido militar” tiene raíces mucho más profundas que el usufructo realizado por el anterior oficialismo. Se remonta a su contradictoria caída, por impulso de la movilización popular, luego del genocidio infame y de la vergonzosa derrota en la guerra de Malvinas. Todos los intentos de reconciliación fallaron porque no pudieron suturar esa fractura histórica.

El fallo Muiña significó un profundo golpe a la Corte como institución política. Ante las consecuencias de la crisis abierta, las propuestas de mecanismos que permitieran saltearla proliferaron. Pedidos de juicio político en el Congreso Nacional fueron acompañados por la exigencia directa de que renunciaran los tres firmantes por la mayoría del fallo6. Esta crisis se da en un marco de reacomodamientos en el seno mismo del Poder Judicial, en un contexto de tensiones sociales y políticas. Recientemente esto se expresó en la conformación de la Asociación de Jueces Federales de la República Argentina (Ajufe)7, una suerte de expresión orgánica de parte del llamado Partido Judicial.

En los Cuadernos de la cárcel, Antonio Gramsci, analizando los momentos de crisis orgánicas, señalaba como las mismas pueden reforzar

 

…la posición relativa del poder de la burocracia (civil y militar), de las altas finanzas, de la Iglesia y en general de todos los organismos relativamente independientes a las fluctuaciones de la opinión pública8.

 

En crisis sociales profundas, la Corte Suprema como vértice superior del Poder Judicial, puede convertirse en un actor político de peso, que arbitre sobre el conjunto de la Nación y las clases sociales, garantizando la dominación capitalista. La situación actual de Brasil9 muestra a la casta judicial actuando en los hechos como un “partido político”, relativamente independiente de la llamada opinión pública.

Cualquier “reforma” del Poder Judicial que no cuestione su estatuto de casta privilegiada, garante de los intereses de la dominación capitalista, está condenadas a la impotencia. Una demanda democrática y elemental debería empezar por liquidar su carácter aristocrático, imponiendo la elección de los jueces por voto directo de la población, la revocabilidad de los mismos y la determinación de sus ingresos a partir de lo que cobra un trabajador o una maestra. Al mismo tiempo, debería establecer el funcionamiento de juicios por jurado popular. Una modificación de esta índole no puede estar separada de una transformación revolucionaria del orden existente.

 

Notas

  1. La Constitución de 1787 no otorgó explícitamente la potestad de revisar la constitucionalidad de las normas al Poder Judicial. A inicios del siglo XIX esa cuestión quedaría asentada, a través del caso Marbury vs. Madison, donde la Justicia se autoasignó esa potestad. Ver Roberto Gargarella, “En nombre de la Constitución. El legado federalista dos siglos después”, en Atilio Borón (comp.), La filosofía política de Hobbes a Marx, Buenos Aires, CLACSO, 2000.
  2. Las críticas a esos privilegios surgieron en EE. UU. durante los debates sobre la Constitución de 1787. El sector progresista de los antifederalistas los cuestionaría y propondría medidas políticas como la revocabilidad de los mandatos y elecciones anuales para fortalecer el control de los funcionarios por los electores.
  3. Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas.
  4. Ver Daniel Satur, “Genocidio: desde 1983 la política de Estado fue la impunidad y la ‘reconciliación’”, La Izquierda Diario, 9/5/17.
  5. “Al ejército vencedor no se lo enjuicia ni se le pide rendición de cuentas luego de la guerra” afirmaba el general Harguindeguy en 1980. Citado en Paula Canelo, La política secreta de la última dictadura argentina (1976-1983), Buenos Aires, Edhasa, 2016.
  6. Diversos sectores focalizaron el pedido de renuncia en la jueza Elena Highton de Nolasco, quien debería jubilarse a fin de año pero cuenta con una medida cautelar favorable, para continuar en el cargo.
  7. Daniel Satur, “Lorenzetti y el rearme preventivo del Partido Judicial”, La Izquierda Diario, 23/5/17.
  8. Antonio Gramsci, Cuadernos de la cárcel, disponible en gramsci.org.ar.
  9. Se puede consultar Fernando Rosso y Juan Dal Maso, “Brasil: ¿en crisis orgánica?”, La Izquierda Diario, 9/3/16.

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