Economía

SAQUEO DE RECURSOS

Zonas Económicas Especiales: resistencia contra la devastación que viene

Se aprobaron las cinco primeras zonas en Chiapas, Veracruz, Michoacán, Guerrero, Yucatán y Oaxaca. Pueblos originarios y organizaciones sociales expresan su rechazo.

Martes 27 de junio | 21:38

Recientemente aprobó la Comisión Intersecretarial de Zonas Económicas Especiales (CIZEE) las primeras cinco localidades en donde se desarrollarán.

Son las Zonas de Puerto Chiapas, Chiapas; Coatzacoalcos, Veracruz; Lázaro Cárdenas-La Unión, con influencia en los estados de Michoacán y Guerrero; Progreso, Yucatán y Salina Cruz, Oaxaca.

Según el gobierno “La aprobación de los dictámenes de las primeras cinco Zonas Económicas Especiales se sientan las bases para que las Zonas Económicas Especiales de nuestro país alcancen su fin último: generar polos de desarrollo en los estados con mayor incidencia de la pobreza extrema”.

Es el discurso para legitimar el saqueo que organizaron a favor de las trasnacionales para industrializar grandes extensiones del territorio de comunidades y pueblos originarios.

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Voces contra el saqueo

En este contexto, este lunes 26 de junio el Frente Popular Revolucionario (FPR), el Movimiento de Unificación de Lucha Triqui (MULT), Unión de Artesanos y Comerciantes Oaxaqueños en Lucha (Uacol), y la organización Comuna Oaxaca realizaron bloqueos carreteros en distintos puntos de Oaxaca. Entre sus demandas, incluyeron la libertad a los presos políticos, justicia para Ayotzinapa y el respeto a los territorios de las comunidades ante el proyecto de las ZEE.

Asimismo, se llevó a cabo el 22 de junio pasado el Foro sobre las Zonas Económicas Especiales y sus implicaciones en la vida comunitaria y el medio ambiente en Oaxaca, donde alrededor de 250 participantes de 50 organizaciones sociales y civiles externaron su rechazo a “la implementación de las ZEE dentro el Istmo de Tehuantepec y en cualquier otro lugar del estado”. Afirmaron que se prepara “una nueva oleada de devastación para el Istmo y para todo el estado”.

Así, llamaron a “legitimar el derecho a la rebeldía” para defender su territorio “frente a las políticas depredadoras de un gobierno colonialista y corrupto que renuncia a sus responsabilidades y solo presta oídos a las empresas transnacionales y a los gobiernos extranjeros imperialistas”.

Entre las medidas que acordaron están desplegar “campaña masiva de contra información sobre las ZEE y los megaproyectos”, y a realizar foros regionales y estatales “para el fortalecimiento de la defensa de nuestros territorios”.

Representantes de las comunidades lamentaron la pérdida de su tierra y del control sobre su entorno, así como la destrucción de acuerdos y dinámicas comunitarias “que los pueblos hemos construido por siglos”.

Como fundamento de su rechazo, expusieron la edificación de la presa Benito Juárez en Jalapa del Marqués y la creación del distrito de riego 19, que provocaron al debilitamiento del río Tehuantepec y la destrucción irreversible de la flora de la región.

Denunciaron que con la instalación de la refinería “Antonio Dovalí Jaime” y la industria petrolera se encareció el costo de vida, y que las actividades petroleras aniquilaron la pesca ribereña y de altura en el Golfo de Tehuantepec, ahora transformado en un foco de contaminación y riesgo ambiental, como se vio en el caso del reciente incendio de la refinería.

“Ahora que Pemex (Petróleos Mexicanos) ha sido abandonado por el gobierno mexicano, la refinería se incendia o explotan sus terminales o ductos con peligrosa frecuencia, y el Estado Mexicano de manera perversa ha guardado silencio ante las afectaciones socio-ambientales”, acusaron.

Condenaron que los tres niveles de gobierno –el federal, el estatal y el local- impulsan la violencia extralegal y paramilitar, que operan como fuerza de choque de las industrias extractivas y de transformación beneficiadas con las ZEE, como mineras, gasoductos y terminales de gas, presas hidroeléctricas, la construcción de vías férreas y carreteras, nuevos parques eólicos, subestaciones eléctricas y líneas de transmisión, siderúrgicas.

Declararon: “Todas estas industrias de despojo y destrucción se agrupan, organizan y legitiman desde el andamiaje legal, fiscal y administrativo que provee la ley de las ZEE y las llamadas reformas estructurales”.

Afirman que las autoridades “utilizan al crimen organizado, a los cuerpos militares y policiacos para adueñarse de nuestras regiones. Criminalizan a todos y todas que defendemos nuestros derechos e informamos la verdad. Mal gobiernan descaradamente para beneficiarse con los impuestos del pueblo”.

Alianzas de los de abajo para enfrentar el ataque

El desarrollo de las ZEE es parte de la nueva fase de entrega precedida por la aprobación y aplicación de las reformas estructurales, en especial la laboral –que legalizó el outsourcing–, la energética y la educativa, duros golpes contra las condiciones laborales de la clase trabajadora, los hombres y las mujeres que juegan un rol central en la producción y los servicios, sin cuya fuerza de trabajo el mundo no se movería.

Esto explica en gran medida la guerra sin cuartel de los organismos internacionales y el gobierno peñanietista para derrotar al magisterio combativo que enfrentó en las calles la reforma educativa.

Otro capítulo complementario a la entrega exigida por las administraciones estadounidenses y las grandes corporaciones internacionales fue la aplicación de la reforma energética. Para dejar en manos del capital privado la infraestructura de Pemex y las reservas de hidrocarburos y minerales que se encuentren en el territorio mexicano. Como demostró la explosión de la planta Clorados II en el complejo Pajaritos, en manos privadas, se multiplican exponencialmente los riesgos.

Las ZEE son parte de la salida creada por los profesionistas e intelectuales al servicio del gran capital, para que las grandes trasnacionales obtengan más y más ganancias a costa de la degradación de las condiciones de vida de la mayoría de la población.

Ante este escenario es fundamental tejer una sólida alianza entre los pueblos originarios, las comunidades y la clase trabajadora, para sumar fuerzas y enfrentar con la lucha y la movilización el ataque contra las mayorías.

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