Juventud

PANDEMIA Y PRECARIZACIÓN

¿Y los trabajadores?: el Gobierno sancionaría a las apps por estafas a consumidores

Las plataformas de delivery, expertas en chupar sangre de todos lados: consumidores, pequeños comerciantes y por supuesto, la pata más desprotegida de este negoción, trabajadores y trabajadoras.

Juana Galarraga

@Juana_Galarraga

Viernes 5 de junio | 00:14

Los últimos días trascendieron denuncias sobre el accionar de las plataformas de delivery. Tan es así, que hasta el Gobierno que viene dejándoles vía libre para hacer cualquier cosa, amenaza con sancionarlas. “La Subsecretaría para la Defensa de los Consumidores imputó hoy a las empresas de envío a domicilio Rappi, Glovo y PedidosYa por presuntas cláusulas abusivas en su contratación y por difundir información engañosa”, informó la agencia estatal Télam.

La ficha que saltó es la siguiente: las plataformas son unas chupasangre que sacan tajadas de todos lados y la estafa es triple. Por un lado exprimen cada vez más a repartidores y repartidoras con jornadas larguísimas y extenuantes, por sueldos de miseria y sin reconocer la relación laboral. Por otro lado, comercios gastronómicos, sobre todo los más pequeños que han tenido que recurrir al delivery para poder funcionar en la pandemia, denuncian prácticas cada vez más abusivas por parte de estas multinacionales. Les cobran comisiones cada vez más altas, forzándolos a aceptar condiciones leoninas. Finalmente, ahora se conoce que la estafa también alcanza a usuarios de las apps.

“La dependencia oficial explicó que en el caso de Rappi y Glovo, cuando el consumidor accede a la app acepta contratar al trabajador del delivery, en vez de que el vínculo sea con la empresa prestataria del servicio -lo que se conoce como contrato de mandato-. De esta manera, las compañías pretenden eludir todo tipo de responsabilidad por daños que pudieran ocasionarse en la relación de consumo” informó Télam.

Cosa extraña. Los y las laburantes de reparto vienen denunciando la estafa de la relación laboral encubierta mediante el monotributo, desde hace años. Este es un mecanismo que el Estado no solo avala por parte de las empresas, sino que hasta el mismo Estado la utiliza para precarizar gente en su plantel. Hay muchos estatales monotributistas. Lo loco es que el Gobierno ahora amenace con sancionar a las empresas por querer tirarle el fardo de la relación laboral a consumidores, lo cual constituye un verdadero escándalo, pero no obligue a las empresas a reconocer a repartidores y repartidoras como lo que son: sus empleados y empleadas en relación de dependencia y más que dependencia, de esclavitud moderna.

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En el caso de Glovo, "además, en los términos y condiciones se identificaron cláusulas en las que el consumidor renuncia al derecho a revocación, también conocido como de arrepentimiento, en productos no perecederos. Es decir, los consumidores no pueden devolver el producto si no están satisfechos con la compra”, agrega la denuncia de Defensa del Consumidor.

La estafa a consumidores también viene siendo denunciada por los propios trabajadores que han informado a este diario que las plataformas les imponen propinas sin que lo sepan. Estos montos después, lejos de ser entregados al repartidor como un extra, son usados por las apps como parte del pago por el viaje. Verdaderamente miserables.

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La dependencia estatal le dio a las empresas cinco días hábiles de plazo para que hagan su descargo. De lo contrario, amenaza con aplicarles multas de hasta cinco millones de pesos. ¿Parece un montón no? Sin embargo, hay que tener en cuenta que estamos hablando de empresas conocidas como “unicornios”: firmas como Rappi, valuadas en más de mil millones de dólares. La amenaza no parece ser muy contundente al lado de estas cifras. Por otro lado, si el Gobierno piensa aplicar con estas empresas la misma dureza y determinación que viene mostrando por ejemplo, para aplicar el impuesto a las grandes fortunas con el que tanto amagó, nos permitimos dudar de que esos cinco millones de pesos sean efectivamente cobrados.

¿Alguien puede pensar en los trabajadores?

Medios como Clarín y La Nación se dedican a lavarle la cara a estas empresas. Este martes el gran diario argentino publicó un relato de un repartidor con este objetivo. El entrevistado trabaja en Capital Federal. Sostiene que con la cuarentena “se nota que hay más gente, porque si antes yo hacía 15 o 20 viajes, hoy se hace la mitad. Pero creo que hay lugar para todos siempre que uno cumpla. Mi objetivo, es llegar a $1.000 por día, en promedio”. Eso quiere decir que para llegar a un salario de alrededor de 30 mil pesos, menos de lo que vale una canasta básica, ese pibe debe laburar mínimo 30 días al mes. ¿Francos? ¿descansos?. Nada de eso. “Walter trabaja de lunes a lunes en Rappi y Glovo, unas cinco, seis horas por día y luego empalma con el otro trabajo, como cajero en La Estancia, un restorán en Av. Santa Fe y Armenia, donde completa su jornada con otras seis horas. Tiene horarios cambiantes, pero él se organiza”. O sea que estamos hablando de un joven que en promedio, labura 12 horas por día para poder vivir.

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Todo esto es mencionado en una nota en la que el lector debe sacar la conclusión de que lo narrado es una brutalidad. Clarín no denuncia esto como precarización, por supuesto, sino que presenta la realidad del repartidor como el ejemplo de que el que quiere progresar, mudarse, comprarse buena ropa, puede. Que el que quiere hacer plata con el mecanismo de la app, puede.

¿Hay lugar para todos? según lo que denuncia la agrupación de repartidores Primera Línea Delivery, parte de la Asamblea Nacional de Trabajadores de Reparto (ANTR), no.

“La aplicación manda los viajes al que esté cerca pero también tenés que tener una tasa de aceptación. Si no rechazás viajes tu tasa de aceptación aumenta, entonces al otro día tenés más prioridad con los viajes. Cuando cancelás un viaje te deja una hora inhabilitado y al otro día tu tasa de aceptación va a cero. Ahora sumaron esta nueva trampa, obligándonos a pedalear cada vez más para poder trabajar”, detalló Damián, joven trabajador de Rappi de dicha agrupación y referente de La Red de Trabajadorxs Precarizadxs e Informales. Miembros de esta Red que agrupa a trabajadores y trabajadoras que sufren la precarización en diversos rubros de todo el país, vienen denunciando además, que estos bloqueos no parecen ser inocentes o aleatorios, sino que se dan justamente a partir de que laburantes de apps empezaron a organizarse y a movilizar para visibilizar sus reclamos. Esto no es nuevo. Las apps ya hicieron lo mismo para descabezar al activismo que hace pocos años atrás se organizó para poner en pie su propio sindicato.

Hablando de sindicatos. Sabemos que la conducción sindical, de la cúpula de la CGT para abajo, le da la espalda a este sector de la clase trabajadora que ha demostrado toda su esencialidad. No hay cuarentena posible si no hay repartidores dando vueltas y sin embargo, las empresas no les dan barbijos, guantes, ni alcohol en gel. En este sector además, los y las migrantes son mayoría. “Lo que decimos nosotros es que tiene que haber un encolumnamiento de las actividades más allá de la forma de contratación, para que se pueda igualar la calidad del trabajo de unos y otros. ¿Y eso qué consecuencias tendría? Modifica el principio de que un sindicato incorpora únicamente trabajadores en relación de dependencia. Esto también va a pasar con las plataformas, para las que es muy probable que se sancione un estatuto. Lo que hay que hacer es regularlo, aunque no es fácil porque no hay una jornada de trabajo. La realidad es que Rappi tiene la central en Colombia, Glovo es española, y vos decís: ‘los ponemos todos en la ley de contrato de trabajo’. Pero no sé si da, porque si Glovo y Rappi se van los diez mil venezolanos vienen y me prenden fuego”. Así se excusó Héctor Daer, titular de la CGT en una entrevista a la revista Crisis, para no defender a los laburantes de apps. ¿Regular dijo? ya vemos con qué rigor los sindicatos y el Gobierno pueden llegar a “regular” esta actividad. No se puede esperar nada bueno.

Lo más loco de todo, es que en esta triple estafa de las empresas multinacionales de delivery, los más perjudicados son los y las trabajadoras. Sin embargo, pareciera que nadie tiene ganas de actuar en su defensa. Ya van cuatro trabajadores que murieron llevando algún pedido en la cuarentena. La precarización que las empresas les imponen, los ritmos locos de trabajo, sin protección, sin derechos laborales, en un tránsito salvaje, cuestan la vida. Pero por esto las empresas ni siquiera se ven obligadas a darles respuestas a las familias. Así lo ha denunciado Bárbara Almada, joven hermana de Franco, uno de los pibes que murió y parte de la Red de Trabajadores Precarizadxs e Informales.

La juventud precarizada viene avanzando en la coordinación de sus peleas y en la organización. Así lo han mostrado diversas manifestaciones callejeras que desafían la cuarentena y que han logrado imponer sus reclamos en la agenda mediática. En el mundo viene dando enormes ejemplos de combatividad, como en EEUU , donde confluye en la calle la pelea contra el racismo y contra las peores consecuencias de la crisis de la pandemia sobre la clase trabajadora.

Esta semana en Argentina, producto de una movilización de la Red y de la ANTR, el Ministerio de Trabajo tuvo que recibir a una delegación de jóvenes que exigen el cobro del IFE, entre otras demandas. Esta semana vimos ejemplos muy auspiciosos en call centers, donde trabajadores colgaron vinchas ante los despidos y descuentos salariales. Las empresas como se ve, tienen sus cómplices para hacer lo que les plazca con las vidas de repartidores y repartidoras. Para enfrentarlas, es necesario que esta coordinación y organización se hagan cada vez más grandes, alcanzando a la mayor parte de la clase trabajadora. Esta es la única forma de conseguir que ni los sindicatos, ni los gobiernos, ni los grandes medios puedan hacerse los distraídos con la parte más perjudicada en esta gran estafa.

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