Sociedad

POLÍTICA INMIGRATORIA

Xenofobia: cruce en Washington entre el macrismo y organizaciones de migrantes

Fue en una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos donde participaron organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes y representantes del Gobierno de Macri.

Martes 21 de marzo | Edición del día

Este lunes se produjo una “audiencia de oficio” convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para debatir sobre el Decreto de Necesidad y Urgencia firmado a fines de enero por el Gobierno de Mauricio Macri según el cuál las personas extranjeras quedan en el centro de la estigmatización, la criminalización, la xenofobia y el racismo.

La audiencia fue convocada por la CIDH a iniciativa del relator del organismo sobre temas de migración y movimiento de personas con el objetivo de “analizar las modificaciones normativas en materia de legislación migratoria en Argentina”.

Para disertar fueron invitadas organizaciones no gubernamentales que entienden en la materia, como la Comisión Argentina para los Refugiados y Migrantes, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Instituto Argentino para la Igualdad, Diversidad e Inmigración, la Red Nacional de Líderes Migrantes y la Unión de Colectividades de Inmigrantes.

En representación del Estado argentino estuvieron el coordinador general de Justicia 2020, Ricardo Gil Lavedra, el secretario de Derechos Humanos de la Nación Claudio Avruj y el director nacional de Migraciones Horacio José García.

Parte de los denunciantes manifestaron que el Estado argentino realizó una modificación a la normativa migratoria basándose en estadísticas equivocadas. Por ejemplo, hay una sustancial diferencia entre el 21 % de la población carcelaria que dice el Gobierno que representan los extranjeros y el 6 % establecido por estadísticas carcelarias serias.

La utilización de estadísticas manipuladas por parte del Gobierno le ayuda a justificar su “necesidad y urgencia” para proponer la deportación de personas extranjeras a las que se las acuse de cometer delitos en Argentina.

“La asociación entre inmigración y delito se utiliza hoy en Argentina para instalar un falso problema y redireccionar la agenda pública hacia otras cuestiones”, dijeron desde el panel de ONG. “Los migrantes somos en la actualidad sólo el 4,5 % del total de la población. Es ofensivo y humillante para nosotros que nos atribuyan la responsabilidad nacional de la delincuencia”, acusaron.

A su turno los funcionarios del Gobierno de Macri desarrollaron una serie de autojustificaciones, apelando a la historia de inmigración que se remonta a la propia constitución del país. Fiel al estilo macrista, los clichés de “diálogo” y el “pluralismo” se cruzaron con definiciones sobre la persecución a delitos como el narcotráfico y el contrabando. Todo, según los propios funcionarios, con el objetivo de desarrollar políticas migratorias “ágiles y razonables”.

Francisco José Eguiguren Praeli, relator de la CIDH para Argentina, tomó la palabra. Sin buscar confrontar con las partes, no tuvo otra que cuestionar la supuesta situación de “emergencia, inesperada o aguda” que llevó al Gobierno argentina a apelar a un DNU para modificar las leyes migratorias vigentes.

Los funcionarios argentinos volvieron a autojustificar las modificaciones a la ley migratoria con generalidades y datos que indicaban supuestas “gravedades” de la situación, apelando como era previsible a la “herencia” recibida también en esta materia.

El rechazo popular a las políticas reaccionarias del macrismo se extendió apenas firmado el DNU criminalizador y xenófobo. La referente del PTS y el Frente de Izquierda Myriam Bregman dijo entonces que el gobierno de Macri busca “identificar delincuencia con inmigración, al mejor estilo Donald Trump, cuya agenda sigue empecinado en copiar”.

“Ante los nulos resultados de la economía la operación es clara: usar a los jóvenes y a los inmigrantes como chivos expiatorios y nuevamente instalar una agenda de debates reaccionarios, echando mano a la xenofobia y al racismo. Está demostrado con informes recientes que menos del 6 % de la población carcelaria es extranjera. No hay ni un ápice de realidad en la vinculación entre inmigración y delito que pretende el PRO”, sintetizó Bregman entonces.








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