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Xenofobia: Gobierno de Jujuy quiere cobrarles a los extranjeros el acceso a la salud

Gustavo Bouhid de la cartera provincial de Salud, anunció reformas que incluyen el cobro de un “seguro de salud” a pacientes extranjeros. Una propuesta xenófoba que vuelve a ubicar a Jujuy como la "capital de la derecha recalcitrante".

Viernes 23 de febrero de 2018 | 13:14

Claramente un proyecto inconstitucional que viola el principio de que la salud pública es un derecho universal. Con este proyecto, que ya recibió el repudio de organismos de derechos humanos a nivel nacional pretenden descargar culpas sobre quienes llegan a Argentina a realizar los peores trabajos y mirar para otro lado frente a la crisis de la salud pública. Jujuy se convertiría así en la primera provincia del país en cobrar un “seguro” de salud a los extranjeros.

El ministro de Salud, Gustavo Bouhid, declaró sin pudor que: “Tenemos muchos ciudadanos extranjeros que son derivados desde su país de origen a los hospitales de Jujuy para que la provincia se haga cargo de tratamientos oncológicos, que son muy caros, demandan mucho dinero al Estado y no hay bolsillo que aguante”.

“La situación no es justa, por lo menos tenemos que tener la posibilidad de cobrar un seguro, para que no le saquemos al ciudadano jujeño parte del dinero que disponemos para su atención.”

Lo que es injusto y grotesco es que funcionarios que cobran más de cien mil pesos y no tienen reparos en acomodar a sus parientes en cargos del estado, pretendan ponerse en los “bolsillos” de los trabajadores, y atacar la salud pública. Varios de ellos perciben dietas exorbitantes o son directamente empresarios, como Mario Fiad, ex ministro de Salud y actual Senador por Cambia Jujuy, accionista de la Clínica Mayo.

El Ministro Bouhid se refirió a los extranjeros provenientes principalmente de Bolivia, el país limítrofe desde donde emigraron numerosas familias a trabajar en los Ingenios azucareros, la construcción o en los ramales ferroviarios. Los dichos de Bouhid no hacen más que evidenciar el profundo desprecio que la casta política que gobierna Jujuy le profesa las mayorías trabajadoras y populares de la provincia.

El ajuste recae sobre los trabajadores más explotados y oprimidos

Con el argumento insólito de “reducir” el excesivo gasto estatal en salud, fomentan un discurso xenófobo y de división entre los trabajadores y sectores populares de ambos lados de la frontera, sin decir nada sobre los responsables políticos de la crisis estructural del sistema de salud: el estado y los distintos gobiernos de turno.

El PJ gobernó décadas la provincia dejando un sistema que no da abasto con las necesidades de la población: hospitales colapsados, pacientes agolpados, médicos que renuncian y enfermeros super-explotados es la cara de la salud pública.

La UCR, junto al “Frente Renovador, alianza “Cambia Jujuy” lleva dos años sin mostrar ningún “logro” de su gestión en el área y ahora pretenden hacernos creer que mejorarán el estado de cosas abonando un pensamiento reaccionario, y sin ninguna perspectiva de invertir en un verdadero plan que contemple el aumento del número de centros de salud y hospitales en todas las regiones, con un aumento en el número de profesionales abocados, en los sueldos que éstos perciben y la tecnología necesaria en los lugares más alejados.

Por el contrario, el gobierno pretende hacer de la salud del pueblo trabajador un negocio, ya que tiene intenciones de implementar en Jujuy el CUS ( Cobertura universal de salud), donde destinarian dinero del presupuesto de salud para a favorecer a clínicas privadas, lucrando con las necesidades médicas de la población de bajos recursos.

Los empresarios extranjeros son los únicos privilegiados

En diciembre de 2017, el oficialismo hizo aprobar, con el apoyo del PJ, el presupuesto 2018: que ratifica los enormes beneficios fiscales que las grandes multinacionales que saquean recursos naturales de la provincia y un puñado de terratenientes reciben por parte del Estado.

Los empresarios del tabaco percibirán en todo el 2018, 2391 millones de pesos, un monto cercano a la mitad del presupuesto de salud, en concepto de “Fondo especial del tabaco”.

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En el caso de las grandes corporaciones mineras de capitales norteamericanos,australianos, coreanos o chinos sólo pagarán 10 millones de pesos de regalías cuando facturan miles de millones de dólares por año que no se quedan en la provincia.

Si el objetivo es reducir el “excesivo” gasto estatal, ¿Por qué en 2016 Gerardo Morales tomó deuda por 450 millones de dólares que paga todo el pueblo trabajador, para favorecer a los empresarios de “Power China”y “Shanghái Electric” en la explotación de energías renovables?

En esos casos al gobierno no le importa la “nacionalidad”de los “privilegiados” por el Estado con sumas de dinero con las que podría aumentarse considerablemente el presupuesto en salud y educación. En el caso de la deuda contraída para el negocio de las energías renovable, esta suma de dinero equivale a casi el doble del presupuesto de salud para 2018.

Hace unas semanas vecinos y ambientalistas denunciaron que estarían cediendo parajes naturales como la Laguna de Guayatayoc a una corporación de nombre “Horizon resources”, hecho que de confirmarse, ilustra la gran condescendencia del gobierno con empresarios extranjeros para sus negociados. El mismo gobernador Morales no se cansa de enorgullecerse en Twitter o Facebook de sus viajes a EE.UU, Medio Oriente o China, para rogarle a los empresarios del mundo que inviertan en Jujuy.

Si los empresarios no tienen nacionalidad, su patria son los territorios que les permitan hacer negocios sin el menor esfuerzo a costa de las vidas y la salud de las mayorías. ¿Por qué los trabajadores y los sectores populares deberían hacer carne estos discursos de odio que promueven los funcionarios?

De aprobarse este proyecto merece el repudio de los trabajadores de los países sudamericanos, y es necesario desarrollar su organización para terminar con las divisiones que imponen este sistema y sus gobiernos. La salud pública es un derecho, no un negocio.

El rechazo de la diputada del PTS-Frente de Izquierda

Al respecto la diputada del PTS-Frente de Izquierda, Natalia Morales, se pronunció a través de un comunicado manifestando que “el cinismo del gobierno provincial no tiene límites, ya que quieren cobrar a quienes vayan a atenderse a un hospital público pero no controlan ni multan a los empresarios como los del tabaco, que tienen cientos de trabajadores inmigrantes totalmente irregulares, sin cobertura médica ni ningún derecho laboral. Sin embargo quieren cobrarles a esos mismos trabajadores precarizados cada vez que ellos o sus hijos tengan que atenderse en el sistema público de salud.”

Y finalizó asegurando que "La salud es un derecho que debe garantizarlo el Estado, más allá de que sean extranjeros o nacidos en el país. Adelantamos nuestro rechazo si el gobierno quiere avanzar con este proyecto en la Legislatura, y llamamos a los trabajadores y trabajadoras de la salud y a todos los sindicatos a rechazar las declaraciones del ministro.”







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