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Vuelta al franquismo: se aprueba definitivamente la ’Ley Mordaza’

Tras la aprobación en el Congreso de los Diputados el pasado 11 de diciembre y en el Senado el pasado 13 de marzo, ambos con el voto único del PP en mayoría absoluta, este jueves se aprobó finalmente la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida popularmente como Ley Mordaza.

Viernes 27 de marzo de 2015 | Edición del día

Fotografía : Reuters

Esta denominación, ’Ley Mordaza’, por parte de la oposición a la misma a pie de calle, se debe a que comporta un verdadero retroceso para las libertades y los derechos democráticos.

Esta ley fue originalmente presentada por el Ministerio del Interior y aprobada por el Consejo de Ministros el 11 de julio y cuenta con el rechazo de los movimientos sociales, organizaciones políticas, sindicales, de jueces y abogados y todos los grupos parlamentarios excepto el PP.
La ley es conocida por convertir en delitos la protesta social, con penas de cárcel o multas de hasta 600.000€ por convocar manifestaciones o acudir a las mismas si las autoridades no las permiten, o considerar la resistencia no violenta atentado a la autoridad. Esta ley se une a una reforma del Código Penal que contempla entre otros aspectos, la cadena perpetua, como “prisión permanente revisable”.

A la hora de su aprobación en el Congreso, se endurecieron ciertos aspectos de la Ley, como autorizar la disolución de manifestaciones o considerar una falta grave el uso de imágenes de policías, así como legalizar las “devoluciones en caliente” de inmigrantes en Ceuta y Melilla, donde además de colocar cuchillas en la valla de la frontera, el 6 de febrero de 2014 la policía fronteriza causó la muerte de 15 personas.

Aunque presenta grandes similitudes con la franquista Ley de Orden Público de 1959, esta ley se comenzó a gestar en el contexto de la crisis capitalista, en especial a partir de la emergencia del movimiento 15M y el auge de la protesta social en 2011. Con la Ley de Seguridad Ciudadana se viene intensificando esta campaña represiva de parte del Régimen, que busca perseguir y criminalizar las protestas sociales.

Durante estos años se venía dando un aumento de manifestaciones y huelgas contra los cierres, despidos, EREs o rebajas salariales de empresas o contra los recortes presupuestarios en educación, sanidad, servicios sociales y libertades democráticas. Esta movilización es una respuesta ante las medidas de austeridad del gobierno del PP, los desahucios, la corrupción política y el desempleo. La aprobación de esta ley es considerada un contraataque directo del gobierno y el Estado ante la protesta social con la intención de criminalizar a las luchas obreras y sociales.

Desde la propuesta de esta ley vienen convocándose numerosas movilizaciones de protesta en todas las ciudades, coordinados en buena parte en la plataforma "No Somos Delito", que agrupa a más de 70 organizaciones de juristas y activistas sociales, mientras la represión policial sigue centrándose en la juventud, las luchas obreras y los activistas sociales.

Así, miles vienen siendo multados por manifestarse, muchos detenidos han sufrido abusos y torturas en las comisarías, varios huelguistas han sido condenados a prisión por haber participado en piquetes, así como los mineros condenados en el marco de la gran huelga que llevaron a cabo en 2012.

También la represión policial se ceba en jóvenes luchadores condenados a prisión -como Alfon, Raquel, Ricardo o Juan Diego- y otros a la espera de juicio. Anarquistas acusados de terroristas bajo la invención de atentados en la Operación Pandora, los detenidos de la izquierda abertzale en diversas operaciones, junto a casos recientes de muertes a manos de fuerzas policiales y otros tantos de represión en la cárcel, unidos a la impunidad de la violencia policial en manifestaciones y comisarías.







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