Política

CÓRDOBA / VIOLENCIA ESTATAL

Voces del encierro: “nos han dejado en un pabellón esperando la muerte"

Todo se agrava para quienes viven encerrados en condiciones de hacinamiento. Prometen medidas de prevención contra el coronavirus que no se llevan a cabo por falta de presupuesto. Así se vive la cuarentena en las cárceles cordobesas.

Nahuel Rodriguez

Delegado Departamental Suplente | Agrupación Docentes D-Base en el FURU

Mariela Marín

Delegada Escolar | Agrupación Docentes D-Base en el FURU

Jueves 26 de marzo | 20:56

Los detenidos denuncian que no se cumplen las medidas de prevención requeridas para evitar contagios masivos. No cuentan con elementos básicos como lavandina, paracetamol, jabón, alcohol, repelente (hay 820 infectados y 2 muertos por dengue en Córdoba), medicación ni alimentación adecuada.

La semana pasada, los internos de Bower del MD2 protagonizaron un intento de motín para reclamar contra la suspensión de visitas y por mayores medidas de salubridad. El reclamo no fue atendido y la revuelta terminó en represión con balas de goma por la fuerza antimotines, dejando varios heridos con perdigones.

“Estamos enterados de lo que está viviendo la humanidad, de las medidas que se están tomando a nivel mundial para salvar las vidas. Pero acá todo sigue igual, desde antes de que se pronunciara este virus mortal. Estamos sufriendo un total abandono de persona de los organismos de Derechos Humanos, de la Justicia y del Estado. Un agravamiento de detención, un abuso de poder. No hay medida que se hayan tomado, todo lo han dejado en manos del Servicio Penitenciario de Córdoba, sabiendo que ellos están corriendo el mismo peligro de muerte. No tienen explicaciones para darnos y menos los suministros. No han habido controles médicos. Nos han dejado en un pabellón esperando la muerte”, con estas palabras un joven interno denunciaba la situación de quienes están presos en el Penal de Bower (Córdoba).

Video enviado al Programa "LA VIDA Y LA LIBERTAD" de Radio La Ranchada, FM 103.9:

Una situación similar se habría producido en el Complejo Esperanza, donde están privados de la libertad menores en conflicto con la ley penal, en desacuerdo por la interrupción de las visitas familiares y en reclamos por las condiciones de salubridad del lugar, tanto para ellos como para los trabajadores del establecimiento. Sumado a esto, se denunció en los medios que un joven habría sido trasladado al Hospital Rawson con síntomas de COVID-19. Un verdadero cóctel explosivo a punto de detonar.

Reclamos de este tipo se multiplicaron en otros lugares, como en el penal N° 3 de Bariloche, en las cárceles bonaerenses de Campana, Ituzaingó y Florencio Varela, Batán y en la porteña de Villa Devoto, como en las cárceles santafecinas de Las Flores y Coronda, estas últimas con el saldo de cinco muertos, dos de ellos calcinados.

¿Qué respuestas da el gobierno?

La persecución policial y el gatillo fácil en los barrios son tan dañinos para estos sectores, que no tienen derecho a cuarentena, como la transmisión viral. Detrás de la pandemia, el Estado provincial y nacional se endurece elevando el discurso represivo y de control social.

Esa policía de cara lavada que "te protege" para que te quedes tranquilo en casa es la misma narcopolicía que arremete en las barriadas populares con razias a los menores con gorra.

A todo esto, la Justicia de Córdoba entró en receso extraordinario y suspendió los plazos judiciales en toda la provincia. Esto quiere decir que se interrumpieron todos los permisos de salida transitoria y se cortaron los oficios judiciales que otorgan la libertad.

Es urgente que se liberen las cárceles superpobladas, que los jueces se pongan a trabajar y liberen a quienes están retenidos de forma ilegal.

Ver:Cárceles: la pandemia como excusa para más tortura, represión y muerte

Se necesitan medidas de conjunto para evitar el contagio y la propagación del coronavirus dentro de los institutos de menores y servicios penitenciarios, realizando testeos masivos en la comunidad carcelaria junto a la previsión de espacios adaptados para el aislamiento preventivo y la articulación con centros de salud de alta complejidad. Que se dispongan de kit de prevención e higiene personal, agua potable, desinfección y ventilación de los espacios comunes, comida saludable y de calidad, infraestructura adecuada para la convivencia y asegurar la continuidad del proceso educativo.

La pandemia ha dejado al desnudo, en la Salud como en el conjunto de las condiciones de vida, los problemas estructurales del capitalismo que golpean más duramente sobre quienes habitan los barrios periféricos de Córdoba, a quienes ni siquiera se les garantiza agua potable ni viviendas dignas. Son las caras visibles que engrosan las cifras de precarizados, desocupados, que viven de changas o trabajan en negro; explotados y en situación de calle, que se sostienen con el ingreso de la AUH o aportes mínimos de contención social.

VER: Córdoba: la salud en los tiempos del coronavirus

La población en contexto de encierro, al igual que en la calle, donde son presa fácil de persecución policial y el abuso de autoridad, es la más vulnerable frente al contagio del virus y quienes sufren un abandono más profundo por parte del Estado.

Pero sin dudas, este abandono tiene su historia:

En 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación declaró, por tres años, la emergencia del Servicio Penitenciario Federal (SPF) reconociendo la existencia de una crisis gravísima y generalizada del sistema. Una medida motivada por la sobrepoblación que afectaba la salubridad y el aumento de la violencia intracarcelaria. Esto sumado a que un 60 % de los detenidos y las detenidas están en condición de prisión preventiva y sin insumos básicos de sanidad e higiene ni servicios de atención en salud en condiciones adecuadas.

Actualmente la situación no ha cambiado. Las 35 cárceles federales de todo el país cuentan con una capacidad total de 12.000 plazas mientras las personas privadas de su libertad llegan a 14.000 (10% de superpoblación), de las cuales entre 1.000 y 1.200 presos y presas son grupos de riesgo frente al coronavirus (tienen cáncer, diabetes, HIV, mayores 60 años, asmáticos, entre otras enfermedades).

Expertos en salud penitenciaria anticipan que los lugares con más del 75% de ocupación son muy difíciles de controlar ante epidemias y alertan que, en las condiciones de hacinamiento que están los servicios penitenciarios hoy, el contagio puede ser veloz y provocar graves daños en la población infectada. Por eso, aconsejan tomar acciones inmediatas con tres objetivos: disminuir la sobrepoblación y proteger a las y los detenidos, prevenir el contagio y evitar el ingreso de personas enfermas o pertenecientes a los grupos de riesgo.

VER:Medidas de emergencia de la izquierda frente a la crisis del coronavirus







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