Política

CONFERENCIA DE PRENSA

Organismos de derechos humanos repudiaron la represión y criminalización de la protesta

La conferencia de prensa se realiza en la sede del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), encabezada por Adolfo Pérez Esquivel, Nora Cortiñas, el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, junto a organizaciones sociales, políticas y gremiales.

Jueves 21 de diciembre de 2017 | 11:27

Los convocantes denunciaron “las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el operativo represivo montado por el Gobierno Nacional en la multitudinaria movilización contra la reforma previsional del pasado lunes 18 de diciembre y las persecuciones políticas que se están llevando adelante en el interior del país” señalaron en un comunicado.

Además repudiaron “las infamias de la campaña de demonización desplegada por el gobierno contra todos aquellos que enfrentan estas injustas leyes de ajuste”.

Se reproduce el texto difundido poco después de la conferencia de prensa.

Buenos Aires 21 de Diciembre de 2017

Denunciamos la violenta represión a los manifestantes contra la reforma previsional del lunes 18. Exigimos que se termine con la campaña de demonización de los que se oponen a las medidas de ajuste y el fin de la escalada represiva desatada por el gobierno de Macri.

Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia venimos a denunciar la grave escalada represiva desatada por el Gobierno nacional contra las personas y organizaciones que se manifiestan contra sus medidas de ajuste que afecta las condiciones de vida de nuestro pueblo.

Denunciamos la saña con que se disolvió la manifestación utilizando una saturación de gases tóxicos que puso en riesgo la vida de miles que se retiraban de la plaza y que no dejó de arrojarlos durante largo tiempo sobre columnas que se estaban retirando del lugar y que, no contentos con esto, destinó un piquete policial en cada bocacalle para disparar sobre los cuerpos de manifestantes indefensos que se retiraron muchos al borde de la asfixia largas cuadras de la zona de Plaza Congreso. Desatando luego una brutal cacería, que es cada vez más grande y brutal, una vez que la manifestación se ha desarmado, como viene siendo una práctica habitual desde las manifestaciones por la aparición con vida de Santiago Maldonado.

Denunciamos que detrás de su intensa campaña para intentar hacer aparecer como “violentos” a aquellos que enfrentaron la represión policial el pasado lunes 18 de diciembre, lo que se pretende esconder es una acción de suma violencia contra la alimentación, la salud, la vida misma de 17 millones de argentinos beneficiarios de una jubilación o de la AUH.

Convenientemente acompañado por una pérfida campaña de los principales medios de comunicación del país el gobierno de Macri intenta ocultar las graves violaciones a los derechos humanos básicos de los trabajadores, jubilados y sectores más pobres de la población, que su administración viene propiciando.

Como lo señalara Rodolfo Walsh, en su carta a la Dictadura Militar, la violencia represiva en que ustedes incurren contra los que luchan “no son sin embargo los que mayores sufrimientos han traído al pueblo argentino ni las peores violaciones de los derechos humanos en que ustedes incurren. En la política económica de ese gobierno debe buscarse no sólo la explicación de sus crímenes sino una atrocidad mayor que castiga a millones de seres humanos con la miseria planificada”.

Y es la política económica que el gobierno de Macri está desarrollando la que condena a más del 30 % de la población a vivir por debajo de la línea de pobreza y a la hora de ajustar, con la excusa de ordenar las cuenta fiscales lo hace en base al sacrificio de los más pobres, perdonando y eximiendo de impuestos a las grandes empresas y capas más ricas de la sociedad.

Es conocido que este tremendo ajuste en curso tiene el objetivo de cumplir los vencimientos de una inmoral e ilegítima deuda externa, ordenar las cuentas de Vidal y los gobernadores, no sobre la base del esfuerzo de los que más ganan sino sobre el sacrificio de nuestro pueblo, cumpliendo con una política que se diseña en común con las multinacionales y el FMI.

Denunciamos la hipocresía y el cinismo de los medios de comunicación que demonizan a las organizaciones que legítimamente protestamos contra esta brutalidad que afecta a millones, descargando su furia sobre compañeros como Sebastián Romero, cuando enfrente se encontraba una nutrida partida policial provista de cascos, escudos, balas de goma y de plomo, gases tóxicos, camiones hidrantes, que no cesó de disparar sobre los decenas de miles que ocuparon la plaza del Congreso y las calles adyacentes y que con un espíritu sanguinario disparaba munición a la cara de los manifestantes, con lo cual logró que cuatro de ellos perdieran un ojo. O directamente arrojara piedras sobre el cuerpo de la manifestación, que provocaron al caer sobre manifestantes sin ninguna protección graves heridas.

Denunciamos la enorme cantidad de detenidos, más de 80, sobre los que recaen pesadas imputaciones penales, como forma de amedrentamiento. Denunciamos que aún quedan manifestantes presos de la protesta que se realizó la semana pasada contra la OMC y exigimos su inmediata liberación y el cierre de las causas que se les imputan.

Denunciamos que la utilización de la represión para frenar la movilización popular no solo se hizo contra los manifestantes de la tarde del 18, sino también contra aquellos que en horas de la noche nuevamente se movilizaron para expresar su descontento. No cabría aquí la falsa contraposición de grupos violentos y pacíficos que quiere el Gobierno instalar.

Contra ellos, y en la forma cobarde y artera que está planificada la represión, también fueron atacados por la Policía, a la que se ha pretendido pintar de profesional y moderada, cuando su misión ha sido la de atacar los derechos democráticos más elementales al servicio de las órdenes de los funcionarios políticos que intentan detener el reclamo popular a sangre y fuego.

Denunciamos las expresiones de altos funcionarios del Gobierno que, no contentos con la brutal militarización del Congreso Nacional, primero con la Gendarmería y luego con la Policía de la Ciudad y con la utilización de otras fuerzas represivas, anuncian la intención de proscribir a partidos y organizaciones que hayan cometido el “delito” de oponerse a esta violencia estatal contra millones de argentinos, confirmando que la única herramienta eficaz con que cuenta este gobierno no es el consenso o el convencimiento de una sociedad que en un 80 % se opone a esta reforma jubilatoria, sino el garrote y la brutalidad del aparato de seguridad.

Denunciamos ataques del presidente Macri y sus funcionarios contra un fallo ajustado a lo legal, que es el no uso de armas con plomo. Y nos preguntamos para qué deberían poseer armas letales los policías que custodian una movilización popular. ¿Pretenderá este gobierno lograr uno o varios muertos en Buenos Aires, como ya lo hizo con el asesinato de Santiago Maldonado o Rafael Nahuel en el sur del país? ¿Pretenderá Macri volver a las práctica de espía y represión que la dictadura desarrolló al pretender móviles policiales sin identificación, o cubrir las actividades de provocadores profesionales que actúan en cada manifestación popular?

Señalamos que profundizando con esta escalada represiva en el día de ayer, 20 de diciembre, han sido brutalmente reprimidos los trabajadores del ingenio la Esperanza de Jujuy, los de Formosa y manifestantes de barrios carenciados.

Por lo dicho, desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia exigimos entonces al gobierno de Macri el cese inmediato de su escalada represiva contra la protesta social, la libertad inmediata de los manifestantes detenidos en la protesta contra la OMC y el cierre de las causas que pesan contra estos compañeros y todos los detenidos en las últimas razias policiales contra los manifestantes.

Exigimos que cese la persecución y la orden de detención del compañero Sebastián Romero.

Exigimos el más elemental derecho a réplica, para las organizaciones o militantes, que han sido sometidos durante estos días a una constante campaña de calumnias y mentiras tratando de hacer aparecer su derecho a la legítima protesta, como violento y criminal. Un derecho a réplica tanto en los medios oficiales como en los medios privados que sostienen esta campaña.

Finalmente denunciamos que el Gobierno nacional y los gobernadores provinciales han decidido avalar un grave giro represivo contra el derecho a la protesta social, que intenta intimidar y coaccionar a aquellos que ven injustamente sus derechos vulnerados por las prácticas de este y de otros gobiernos de turno. Que este giro represivo tiene un solo objetivo, que es muy distinto a poner orden social como proclaman. Ya que el “orden” social que propician es el de que nuestro pueblo se quede cayado cuando le bajan el salario, le ajustan los magros ingresos con los que sobrevive a duras penas.

Los asesinatos de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, las violentas represiones a la protesta social en las provincias, las detenciones a los manifestantes contra la OMC, la brutal represión a la manifestación de los movimientos sociales el 13 de diciembre, contra los trabajadores que protestaban el 14 primero en La Plata y luego frente al Congreso Nacional, la nueva y brutal represión contra la manifestación del lunes 18 y las que se han producido en las últimas horas contra los trabajadores del Ingenio La Esperanza y de Formosa demuestran que el Gobierno nacional y los gobernadores están dispuestos a imponer su ajuste violando todas las garantías democráticas si es necesario. Es por eso que a la par que reclamamos el cese de la escalada represiva, seguimos exigiendo la renuncia de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y de todo su gabinete.

Basta de escalada represiva contra la protesta social.

Inmediata libertad a los detenidos en la protesta contra la OMC y cierre de todas las causas contra todos los detenidos en las marchas de la última semana.

Basta de persecución y cese de la orden de detención contra el compañero Sebastián Romero.

Libertad inmediata a los detenidos del Ingenio La Esperanza y de Formosa.

Renuncia inmediata de Patricia Bullrich y de todo su Gabinete.

Llamamos a todas las organizaciones y personalidades que defienden los derechos democráticos de nuestro pueblo a pronunciarse y movilizarse en defensa de estos reclamos, conscientes de que su defensa es fundamental para evitar que este gobierno siga intentando convertir a nuestro país en un territorio ocupado por fuerzas represivas cuyo único objetivo es hacer pasar un plan de ajuste al servicio de las multinacionales y los dictados del FMI.

Encuentro Memoria, Verdad y Justicia







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