Política

TRIBUNA ABIERTA

Violencia institucional: la curva creciente entre el kirchnerismo y Cambiemos

Según organizaciones de DDHH, se produjeron más de 6.500 asesinatos desde el periplo democrático ¿Cómo ha sido el accionar de la fuerzas de seguridad desde 2003 a 2019? ¿Cómo actuó “la política”? ¿Qué injerencia ha tenido la “Doctrina Chocobar” impulsada por el gobierno de Mauricio Macri? El “contrainforme” de Patricia Bullrich para desmentir el 75% de los casos analizados entre 2016 y 2018.

Lunes 4 de noviembre | 10:32

En junio de este año, durante el crimen del médico Ricardo Tassara -en su casa de Burzaco- a manos de un efectivo bonaerense en un confuso episodio, María del Carmen Verdu (abogada DDHH y Correpi) desarrolló: “Un caso cada 21 horas teníamos procesados. Y todo indica que estamos en un número superior. Si bien el gatillo fácil siempre ha sido una política de Estado, nunca ha sido tan promovida con tanta fuerza como estos últimos tres años. El sobreseimiento que sigue es otro de los problemas. Más grave aún, Chocobar fue reincorporado a la fuerza”.

Luis Chocobar, miembro de la Policía Local de Avellaneda, está imputado por homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber (fallo de los jueces Mario Magariños, Daniel Morín y María Laura Garrigós de Rébori) y embargado por 400 mil pesos. En diciembre de 2017, asesinó de varios disparos a Juan Pablo Kukoc (18) en La Boca, quien venía de asaltar a un turista extranjero.

El 1 de febrero de 2018, el efectivo fue recibido por el presidente Macri en Casa Rosada, quien valoró su accionar. “Quería ofrecerle todo mi apoyo, decirle que lo acompañamos y que confiamos en que la Justicia en otra instancia lo liberará de todo cargo, reconociendo su valentía”. El 13 de agosto, encontró el apoyo de Patricia Bullrich, Gladys González y Gerardo Millman. “Su caso abrió el camino para que se cambien los prejuicios, y dejen de poner al policía como culpable cuando defiende a la gente”, argumentó la Ministra. Días posteriores, se difundió una foto que daba cuenta del retorno del efectivo a sus funciones, mas allá de encontrarse procesado. A mediados de septiembre, mantuvo otra reunión de blindaje con la titular de Seguridad, quien ratificó que “estamos a su lado”.

El sustento legal llegó de la mano de la Resolución N° 956/2018 publicada el 27 de noviembre del año pasado en el Boletín Oficial, referente al “Reglamento General para el empleo de las armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad”. Entre algunos de sus artículos, habilitó al “uso de las armas de fuego cuando resulten ineficaces otros medios no violentos para la detención de quien represente un peligro inminente y oponga resistencia a la autoridad”, o en situaciones “cuando la imprevisibilidad del ataque esgrimido, o el número de los agresores, o las armas que éstos utilizaran, impidan materialmente el debido cumplimiento del deber, o la capacidad para ejercer la defensa propia o de terceras personas”.

Consultada por La Izquierda Diario, Myriam Bregman expresó que “este protocolo impulsado por Bullrich viola los derechos más fundamentales como la integridad física y la vida de las personas. Una transcripción de las defensas que dicha funcionaria venía realizando ante casos concretos de gatillo fácil como el de Chocobar, y otro caso en que efectivos policiales mataron a personas desarmadas o en fuga. Ni más ni menos: busca legalizar las ejecuciones sumarias”.

En este contexto, la legisladora porteña indicó que en una primera resolución (4 de diciembre 2018), el juez Roberto Gallardo admitió el reclamo planteado por quien suscribe, María del Carmen Verdu y Carla Lacorte, al declarar la inconstitucionalidad e inconvencionalidad, junto a la inaplicabilidad de la Resolución 956/18 en CABA. Sin embargo, unos meses posteriores, la Cámara en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad revocó (en mayo de 2019) dicha medida cautelar habilitando el protocolo.

Posteriormente, se presentaron en calidad de amicus curiae, Nora Cortiñas (Madre de Mayo Plaza Fundadora), Adolfo Pérez Esquivel (SERPAJ), el Movimiento de Trabajadores Excluidos - CTEP, y la APDH, planteando la necesidad de que el Tribunal Superior de Justicia de CABA admita el recurso de queja presentado y estudie la cuestión de fondo sobre “las consecuencias que desata en la realidad cotidiana el mensaje de Patricia Bullrich que busca dar vía libre a las fuerzas de seguridad”.

Bregman sostuvo además que, en el escrito presentado ante el TSJ el pasado 17 de junio, “citaron apenas algunos casos recientes para ilustrar el gravísimo panorama: la masacre de San Miguel del Monte, la verdad que salió a la luz en torno al asesinato de Rafael Nahuel a manos de la Prefectura, el asesinato de Diego Cagliero en Tres de Febrero, Cristofer Rego en Barracas, acribillado porque no se detuvo en un control vehicular, o el joven Facundo Ferreyra en Tucumán. En todos esos casos, el discurso oficial, tan parecido a la letra de la Resolución 956/18 del Ministerio de Seguridad, buscó culpar a las víctimas. Luego de esa presentación, se sumó el caso de Silvia Maldonado, quedando a las claras que no hay tregua en la realidad alentada por las políticas represivas”. Sin olvidar el caso de Carla Lacorte, referente del CeProDH, baleada en 2001 por el policía bonaerense José Salmo, durante la gobernación de Carlos Ruckauf.

Los números

El 15 de marzo de 2019, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) presentó el informe (anual) de las muertes producidas a través de la acción del Estado durante 2018, donde destaca que cada 21 horas se registró un asesinato. El trabajo enfatizó “el imponente salto represivo del gobierno que ha batido todos los récords de sus antecesores desde 1983, y ya ha comenzado a superar los propios” con un total de 1.303 personas en 1.159 días de gobierno, entre el 10 de diciembre de 2015 y el 12 de febrero de 2019: 50 en el mes de asunción de Macri, 442 en 2016 (un caso cada 25 horas), 451 en 2017 (una muerte cada 23 horas), 333 en 2018 (restando verificar otras 150 detectadas en lugares de detención) y 28 en este año.

En tanto, Correpi retomó la línea histórica para señalar que en los doce años de proceso kirchnerista se contabilizaba un crimen estatal cada 30 horas, escalando en 2015 con un caso cada 28 horas. El organismo enfocó que con Néstor Kirchner en la gestión (mayo 03’ – dic 07’) se registraron 994 víctimas y extendido a la continuidad de Cristina Fernández aumentaron a 2.664 (desde dic 07’ a dic 15’). La curva anual de estos gobiernos fue la siguiente: 173 en todo 2003, 212 en 2004, 226 en 2005, 223 en 2006, 236 en 2007, 232 en 2008, 296 en 2009, 293 en 2010, 261 en 2011, 352 en 2012, 417 en 2013, 405 en 2014, 441 en 2015.

Asimismo, la Coordinadora profundizó que la cifra total respecto a la “Era Cambiemos” representa el 20% de los asesinatos desde el retorno de la democracia, la cual engloba 6.564 víctimas hasta febrero de 2019. No obstante, si se contabiliza la década previa gestionada por el FpV se aglutinan 3.658 muertes, concretando un 56% del total desde diciembre de 1983. “Al kirchnerismo le llevó más de 10 años pasar de un caso cada 30 horas a uno cada 28. El macrismo, en apenas tres años, incrementó a más del doble la frecuencia”, remarcó el estudio.

A su vez, el 12 de febrero de 2018, el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEProDH) difundió un video junto a la Izquierda Diario en el que asegura que desde 1983 se cometieron casi 5500 asesinatos, 300 de ellos en el último año del gobierno kirchnerista. En tanto, asevera que en los dos primeros años de Mauricio Macri a nivel nacional, hubo 725 personas asesinadas (una cada 23 horas), el 44 % de esas muertes fue por gatillo fácil y la mitad de las víctimas tenía menos de 25 años.

Por su parte, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) construye desde 1996 una base de datos, actualizada al 31 de diciembre de 2018, enfocada en la “letalidad policial”. En el documento, consignó los diversos hechos donde participaron integrantes de agencias estatales y privadas de seguridad, discerniendo entre “particulares y funcionarios”, situados territorialmente en el Gran Buenos Aires y CABA.

El gráfico desplegado muestra una tasa elevada en línea con el gobierno de la Alianza (Fernando de la Rúa) con 276 víctimas en 1999, 254 en el período siguiente, el marcado incremento a 317 en el año de salida de la coalición gobernante y 277 en el espacio de transición presidencial post crisis 2001.

Desmenuzando los procesos políticos, es dable señalar que entre 2007 y 2015 se configuró un doble comando entre el Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires y el PRO en la Capital con Mauricio Macri como jefe de Gobierno. Aclarado esto, se detalla un pico de 186 crímenes durante el 2003 y una “disminución” hacia los dos dígitos entre el trienio 2006 – 2007 - 2008, al no superar los 100 casos. Asimismo, el CELS detectó dos subas concretas en 2009 (129) y 2014 (154) en tiempos donde también figuraba Daniel Scioli como gobernador bonaerense.

Continuando el desglose, se contabilizan 330 asesinatos durante los tres años del macrismo en el poder provincial, con María Eugenia Vidal como gobernadora y el ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. Destacándose que en 2018, las policías de este distrito, tanto bonaerense como locales, concentraron la mayor cantidad de casos letales relevados en el AMBA con 54 crímenes sobre un acumulado anual de 110. Además, remarca que “desde 2011 las muertes de particulares en hechos de violencia con intervención policial en el Gran Buenos Aires nunca representaron menos del 85% del total y los valores de 2018 se corresponden con esta tendencia”. (2011: 91 / 2012: 103 / 2013: 103 / 2014: 131 / 2015: 109 / 2016: 98 / 2017: 90 / 2018: 95)

“Ministerio de Seguridad versus Correpi”

Recientemente, la ministra Patricia Bullrich difundió un informe oficial, anunciado tiempo antes para “desmentir cada caso” con datos “exhaustivos”. En el mismo, recortó un universo de 98 hechos sucedidos entre 2016 y 2018 (casi 3 por mes) frente a los 1303 -hasta febrero de 2019- informados por la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional, la cual registró un crimen cada 21 horas.
Como marca de agua de la gestión, el trabajo del Ministerio destacó que “las fuerzas federales están matando menos civiles”, tras asegurar que 74 de las víctimas (75,5%) "no corresponden" al accionar del aparato estatal. A la par, calificó que los restantes 22 se encuentran “sometidos a investigación”, tal es el caso de las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, mientras que solamente dos tienen condena firme.

Por ende, si se toma la información vertida desde Seguridad, el gobierno de Cambiemos no recepta injerencia alguna en este casi centenar de víctimas fatales. Sin embargo, María del Carmen Verdu, no duda al sentenciar: “A menos de un mes de las elecciones generales que, como todo indica, señalarán el fin del gobierno más represor que el pueblo argentino debió padecer desde diciembre de 1983, la preocupación de una de las principales voceras de campaña del macrismo es desmentir los datos”.







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