Géneros y Sexualidades

CÓRDOBA / LEGISLATURA

Violencia de Género: los anuncios publicitarios del gobierno cordobés

Jueves 17 de noviembre | 08:00

La unicameral cordobesa votó el miércoles pasado, los proyectos de ley Nº 20252, Nº 20253, Nº 20254 que refieren a la problemática de la Violencia de Género y Violencia Familiar.

Mediante estas leyes se aprobó la modificación de la Ley Nº 9283 de Violencia Familiar, adecuándola a la normativa nacional establecida en la Ley Nº 26485, la adopción de los procedimientos judiciales para el tratamiento de la Violencia contra las mujeres, acorde a lo estipulado en la Ley Nacional Nº 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; a los que la provincia no había adherido cuando votó el 3 de Junio pasado la adhesión a la normativa nacional mediante la ley provincial nº 10352 y, la creación de Juzgados y Asesorías Letradas en las ciudades de Córdoba y de Río Cuarto con competencia en Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género.

El gobierno de la provincia, sus legisladores y todo el arco opositor aplaudió esta medida como si fuera la panacea de la respuesta para resolver el problema de la violencia que se ejerce cotidianamente contra las mujeres y que este año cobró la vida de 21 mujeres por femicidio. La legisladora Laura Vilches del PTS en el Frente de izquierda, así como sus compañeros de bancada, proponen que se discuta la emergencia de género. Vilches señaló a La Izquierda Diario que presentarán sobre tablas un pedido para que, junto con la primera lectura del presupuesto la próxima semana, se voten las partidas necesarias para atender a la emergencia en materia de violencia contra las mujeres. A su vez, señaló, "si la Legislatura está debatiendo estos proyectos con tantos años de retraso, que le costaron la vida a decenas de mujeres, es sólo por la tenaz pelea que a pesar del dolor por las compañeras muertas seguimos dando en las calles".

La aprobación de los proyectos de ley contó con la presencia del ministro de Justicia Luis Angulo; la Secretaria de Lucha contra la Violencia a la Mujer y Trata de Personas, Claudia Martínez y el Secretario de Organización y Gestión Penitenciaria, Juan Martín Farfán. Lo notorio es que las organizaciones y las víctimas de violencia nunca tienen lugar en estas sesiones, ni tampoco en las reuniones de la Comisión de Equidad donde se debaten estos temas.

La palabra de los bloques

El legislador Julián López, del Bloque Unión por Córdoba, intervino dando su opinión sobre la ley :“El Gobierno de la Provincia demuestra con sus acciones que está dispuesto a dar respuesta a todas las situaciones que se susciten como consecuencia de este flagelo”...“pero todos somos responsables, principalmente desde la educación que se brinde en el seno familiar”.

Por su parte, del Bloque de la Unión Cívica Radical habló la legisladora Caffaratti quien sostuvo, “estamos desde el Poder Legislativo dando un gran paso, estamos dando un salto enorme en relación al compromiso legislativo con la temática, muestra a la sociedad toda que la violencia hacia las mujeres es abordada como una política de estado despojada de intereses mezquinos y centrada en el interés de garantizar los derechos humanos de las mujeres”.

La legisladora Liliana Montero, del Bloque Córdoba Podemos manifestó: “Celebro los acuerdos a los que hemos llegado y entiendo el esfuerzo que hemos hecho los tres poderes del Estado, porque es una materia, una problemática que nos atraviesa a cada uno de nosotros”.

Tanto el FPV como los integrantes de la coalición Cambiemos se sumaron al festejo, casi sin críticas, de la aprobación de estas leyes junto con Unión por Córdoba. No pueden asumir que como representantes de gobiernos salientes y actuales, se enfrentaron con la demanda de centenares de miles de mujeres en todo el país que en 2015 y 2016 señalaron su responsabilidad y la de la Justicia en la perpetuación de la violencia machista y los femicidios.

Frente a ello, respondieron con medidas demagógicas, como lo hizo Unión por Córdoba, creando una "Comisión de expertos" con representantes de la Justicia, para terminar "copiando y pegando" los procedimientos de una ley ya existente. Así, nada de novedoso hay que se le haya ocurrido a la comisión de “expertos” designada este año por el gobierno.




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