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Villazo, genocidio y responsabilidad empresarial

Hoy se cumple nuevo aniversario del golpe cívico- militar- eclesiástico, atípico en medio de una pandemia y con las Fuerzas de Seguridad en las calles persiguiendo a trabajadores. ¿Quién persigue a los empresarios responsables de la represión a los obreros del Villazo y el posterior genocidio?

Martes 24 de marzo | 18:55

Grandes patronales, tanto nacionales como extranjeras, fueron responsables de la planificación y desarrollo de la dictadura más feroz de la Historia de nuestro país, que tuvo como objetivo principal la eliminación de los sectores más combativos de la clase obrera. Y cuando hablamos de clase obrera combativa, Villa Constitución es tema obligado, por haber sido el epicentro de la enorme gesta obrera y popular conocida como El Villazo, proceso que culminó en 1975 con una brutal represión que constituyó un ensayo para la dictadura que comenzaría un año después, hace 44 años.

Es el caso de empresas como Acindar, Ledesma, Ford, Mercedes Benz, entre muchos otros. Estos empresarios gozan aún de la impunidad que los gobiernos garantizaron y siguen garantizando, enjuiciando solo a un sector de las cúpulas militares, y siguen hoy en día enriqueciéndose a costa de la miseria del pueblo trabajador.

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Procesados por represión en Acindar

En 2017, el fiscal general Adolfo Villate había pedido la indagación de 102 imputados por delitos cometidos contra trabajadores que fueron victimas de la represión ilegal, tras enfrentar no solo a la patronal de Acindar sino también a la burocracia sindical de la UOM nacional.

La causa que tiene a la siderúrgica Acindar como eje de la represión ilegal desatada bajo el gobierno de Isabel Martínez de Perón, tuvo un nuevo paso, luego de dos años de estar "dormida".

La Justicia Federal llamó a indagatoria a 46 de los 103 que figuran en la lista de imputados en delitos de lesa humanidad, la gran mayoría de ellos, ex directivos de Acindar y miembros de las fuerzas represivas. Algunos integrantes de la lista no fueron llamados a indagatoria, como los miembros de la UOM nacional que intervinieron la seccional de Villa Constitución por aquellos años. El juez no fundamentó el no llamado al resto de los imputados. Aunque los que venimos luchando hace décadas por juicio y castigo a todos los responsables sabemos que es porque buscan una sentencia elegante que no se meta en la médula del plan de exterminio ni en los verdaderos objetivos del plan económico, político y social que tuvo lo que fue el laboratorio del "Proceso de Reorganización Nacional".

Hasta el momento, se ordenó detención domiciliaria para 4 de los acusados: los ejecutivos de Acindar Pedro Ricardo Aznarez, Roberto Pellegrini y Ricardo Oscar Torralvo; además del miembro del Directorio, Juan Pedro Augusto Thibaud. Al resto solo le llegó la citación a indagatoria.

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Se comprobó que Acindar, al igual que muchas otras grandes empresas más adelante en la dictadura, confeccionó listas de personas para detener, dispuso espacios físicos de la fabrica para alojamiento de oficiales y vehículos para la utilización de las fuerzas represivas. A su vez, pagó sobresueldos a personal de las fuerzas que cumplían funciones en la empresa y permitió el acceso a grupos de tareas para detener a obreros.

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También los militares retirados Antonio Federico Bossié y Bernardo Luis Landa fueron procesados por mas de 50 delitos. Ambos eran encargados de dirigir una parte de la estructura de represión que dependía del Área Militar 132.

El juez Baliaque, para fundamentar la categoría de lesa humanidad, se basó en que la cantidad de secuestrados y torturados a partir del 20 de marzo de 1975 demuestra la existencia de “un ataque generalizado contra una parte de la población civil”. Y que la ausencia de órdenes judiciales, la violencia y el alojamiento en centros clandestinos dan la pauta de que fue una “política de un estado o de una organización con el poder de tal”.

Estos procesamientos y el posicionamiento del juez son una gran conquista de la lucha de años de organismos y familiares pero siguen pasando los gobiernos y sigue la impunidad. Desde la dictadura a esta parte no existió voluntad política de abrir los archivos de la dictadura que permitiría conocer el destino de los desaparecidos y la identidad de todos los nietos apropiados.

La pelea sigue por los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos, los niños y niñas apropiados, los familiares de las victimas y por juicio y castigo a todos los responsables, militares, empresarios y jerarquía eclesiástica y porque cumplan la condena en prisión común y efectiva. Esas mismas fuerzas que ayer asesinaron y torturaron hoy invaden las calles con el aval del gobierno de Alberto Fernández con la excusa de cuidarnos de la pandemia. Nosotros sabemos que el ejército de ayer es el mismo que el de hoy, y por eso no damos vuelta la página.







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