Política

PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Vidal y las fuerzas de seguridad: entre la represión y la campaña electoral

La gobernadora defendió el accionar de la Bonaerense en la represión a colectiveros de La Plata. Las fuerzas de seguridad y la mentira de la lucha contra las mafias. Vidal en campaña electoral.

Fernando Scolnik

@FernandoScolnik

Miércoles 26 de octubre de 2016 | Edición del día

Durante la conferencia de prensa que María Eugenia Vidal brindó ayer para explicar la intervención del Servicio Penitenciario Bonaerense (tras el desplazamiento de su jefe Fernando Díaz investigado por administración fraudulenta), un periodista preguntó por la represión a los colectiveros despedidos de la empresa Nuevo Expreso en La Plata.

En su respuesta, la gobernadora defendió de lleno el accionar policial: “La policía actuó en cumplimiento de una orden judicial. Esta mañana (por ayer, NdR) hay una audiencia de conciliación citada en el Ministerio de Trabajo de la Provincia. Vamos a hacer todo lo que podamos para favorecer el diálogo y para que se llegue a un acuerdo sin necesidad de que se reitere ninguna situación de enfrentamiento”.

Los lectores de La Izquierda Diario tuvieron acceso este lunes y martes a distintos videos que demuestran que la gobernadora miente. En el conflicto de los colectiveros no hubo un “enfrentamiento” sino que se vio el accionar represivo de la Policía Bonaerense que, avanzando con balas de goma y palos, dejó a decenas de trabajadores heridos y detenidos tan solo por reclamar por sus puestos de trabajo. Como era de esperarse, en la audiencia anunciada por Vidal los trabajadores no obtuvieron respuesta a sus reclamos. Esos son los resultados del “diálogo-a-punta-de-pistola” macrista.

Sin embargo, el dato a remarcar es que alrededor de los hechos ocurridos en La Plata no hubo crítica alguna de Vidal a las fuerzas de seguridad, sino una defensa de lo actuado. Esta vez no se escuchó a la gobernadora repetir su latiguillo de cuestionamiento a las “mafias” enquistadas en la policía. Que la policía debe estar al servicio de la represión y el control social, es algo que Vidal no cuestiona. Menos aun en tiempos de ajuste, cuando se siente más fuerte el descontento social.

La mentira de la lucha contra las mafias

En otros pasajes de la conferencia de prensa, Vidal dejó definiciones importantes que repercutieron en todos los medios de comunicación. Al anunciar los cambios en el Servicio Penitenciario afirmó que “trabajar por la seguridad de los vecinos, pelear contra mafias, el narcotráfico y el juego clandestino es pelear también contra la corrupción y mal funcionamiento de estas fuerzas de seguridad”.

Este relato macrista, lanzado de contragolpe tras las sucesivas crisis con las fuerzas de seguridad (como la triple fuga, la "revisación" del despacho de la gobernadora o cientos de hechos delictivos con complicidad policial), tiene para Vidal el triple objetivo de depositar la responsabilidad por la llamada “inseguridad” fuera del gobierno, de presentar a la gobernadora como una luchadora valiente contra las mafias, y de paso justificar el envío de más de 6000 agentes federales a la provincia para fortalecer el control social. De todos modos, lo que el discurso no logrará evitar es el desarrollo de nuevas crisis con un aparato represivo descompuesto.

Vidal completaba ayer su discurso sosteniendo que “hasta el 10 de diciembre el Servicio Penitenciario Bonaerense se autogobernaba" (pegándole sin nombrarlo al ex gobernador Scioli), a la par que recordaba que el estatuto vigente para esa fuerza de seguridad data de la época de la dictadura y “no define estándares de cumplimiento de los derechos humanos. La política no habló durante años de cómo funcionaba el Servicio Penitenciario. Durante treinta años de democracia, nadie quiso hacer esta reforma", agregó la gobernadora.

Como una ironía desnudando la hipocresía de la reforma que estaba anunciando, acompañaba a la gobernadora su ministro Gustavo Ferrari, quien fuera anteriormente asesor del ex gobernador Daniel Scioli, parte de esa “política” que criticaba Vidal. No es el único elemento de continuidad, ni mucho menos. El propio Fernando Díaz fue jefe del Servicio Penitenciario de Felipé Solá y de Scioli, y Vidal lo nombró y lo sostuvo pese a los fuertes cuestionamientos hasta esta semana. Lo mismo se expresa en el nombramiento de Pablo Bressi al frente de la Policía Bonaerense, hombre que viene del riñón del ex jefe de esa fuerza, Hugo Matzkin, y cuenta con fuertes denuncias por su rol en la “Masacre de Ramallo” y por sus vínculos con el narcotráfico. Demasiadas continuidades las de la gobernadora con "la política" de años anteriores.

En lo que respecta al ministro de Seguridad de Vidal, Cristian Ritondo, vale recordar que antes de cruzar la General Paz hacia provincia era uno de los hombres fuertes del macrismo en la Ciudad de Buenos Aires, donde la Policía Metropolitana, creada desde su origen por el PRO, cuenta con más del 70 % de sus altos mandos con actuación en las fuerzas de seguridad durante la última dictadura militar, según surge de informes del Centro de Estudios Legales y Sociales, por no hablar de los escándalos de escuchas ilegales del “Fino” Palacios o Ciro James, o de los casos de corrupción, gatillo fácil y represión en los que estuvo involucrada la policía macrista.

Estos antecedentes chocan de frente con los objetivos declarados por Vidal ayer, cuando afirmó que "el nuevo estatuto del servicio penitenciario propuesto avanzará sobre cuatro pilares: la transparencia, los derechos humanos, la profesionalización de sus integrantes y de su estructura". Es más probable que se trate de marketing electoral y de una disputa por el control del aparato represivo, que de un combate contra las mafias.

Servicio Penitenciario: la podredumbre de una institución

Con estos antecedentes no es verosímil que el macrismo se proponga avanzar contra una institución descompuesta como el Servicio Penitenciario.

En su “Informe 2016”, la Comisión Provincial por la Memoria denunció la existencia de “una política criminal sostenida en la violencia institucional generalizada sobre los pobres que despliegan todas las instituciones involucradas: el servicio penitenciario, las policías y la justicia. Al contrario de lo que supone esa demanda permanentemente insatisfecha de mayor seguridad, la persecución de los eslabones más débiles de las cadenas delictivas y de los mercados ilegales no busca bajar el delito sino administrarlo. La promesa de seguridad a través de la mano dura es incumplible porque es básicamente falsa”.

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En el mismo trabajo, el organismo denunciaba que “a diciembre de 2015, el SPB informaba que la población penitenciaria ascendía a 34.096 personas alojadas en las 20.732 plazas de los 56 establecimientos penitenciarios y las 7 alcaidías departamentales; eso implica un 59,8 % de sobrepoblación”.

Junto con esto, la Comisión denunciaba que el 65 % de las muertes ocurridas dentro del Servicio Penitenciario se debía a enfermedades curables no asistidas. Además, en un marco de recurrentes Emergencias de Seguridad decretadas por los sucesivos gobiernos, “crecieron las condiciones inhumanas de detención, creció la sobrepoblación y el hacinamiento, se consolidó la tortura como práctica sistemática, empeoró la atención sanitaria, se incrementaron los casos de personas jóvenes muertas por causas evitables y se extendió la corrupción penitenciaria”.

La absoluta podredumbre de esta institución del crimen organizado facilita el discurso de demagógico de Vidal contra las mafias. Sin embargo, lo que está en juego no es la depuración de esta institución, sino la disputa por su control y un uso electoral de la cuestión. Por si fuera poco, la experiencia de León Arslanian años atrás ya demostró el fracaso de la política de manejo civil de la policía. Para el pueblo trabajador nada bueno vendrá de la mano de las campañas de “inseguridad” y de la supuesta “lucha contra las mafias”, que tienen como principal fin legitimar y controlar las instituciones de represión y control social. Por el contrario, está planteado redoblar la lucha contra la impunidad y por la defensa de las libertades democráticas, contra la criminalización de la protesta y la pobreza.







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