CAMPAÑA ELECTORAL

Vidal, Cristina y la polarización buscada

El intento polarizador de Cambiemos y el kirchnerismo obliga a Vidal, a pesar de no ser candidata, a jugar como si lo fuera. La “guerra de carpetazos” de la corrupción.

Miércoles 11 de octubre | Edición del día

A días de las próximas elecciones legislativas cada vez es más evidente el intento de polarizar la elección, sobre todo en provincia de Buenos Aires, tanto por parte de Cambiemos, como de Unidad Ciudadana (UC) y de paso borrar a la izquierda, en particular la candidatura de Nicolás del Caño del Frente de Izquierda como candidato a diputado por esa provincia.

En el día de ayer dos pesos pesados de la política nacional protagonizaron el debate. Primero fue Cristina Kirchner, quien desde el Instituto Patria, brindó una conferencia de prensa en la que habló de “intimidación política “y “judicialización de la campaña” al referirse al llamado a indagatoria que recibió por parte del juez Claudio Bonadio en el marco de la causa abierta por la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por presunto encubrimiento en el atentado de la AMIA. El llamado es para el próximo 26 de octubre, cuatros días después de las legislativas del domingo 22.

Apenas unas horas después María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, respondió a algunas de las críticas planteadas por Cristina Kirchner en declaraciones en radio Continental. Entre otras cosas afirmó que “a partir de diciembre del 2015 ya no hay más presión para los jueces. Hoy la justicia tiene total independencia para actuar” y agregó que ninguno de los funcionarios del actual gobierno tienen “privilegios” en cuestiones de investigaciones judiciales. “El propio presidente cuando fue denunciado e investigado se presentó a la justicia como uno más”, dijo.

Corrupción: todos embarrados

Mientras que Cristina se mantiene en su idea de querer transmitir que la embestida judicial es una persecución política en el medio de una campaña electoral, desde el oficialismo avanzan en su cínico discurso de la “lucha contra las mafias y la corrupción”.

Como parte de esa polarización ambas fuerzas políticas han puesto en marcha una “guerra de carpetazos” en cuestiones de corrupción. De un lado Julio De Vido, José López, Amado Boudou, entre muchísimos otros, son el emblema de los funcionarios corruptos, así como Lázaro Baez y Cristóbal López, lo son de los empresarios que se beneficiaron y enriquecieron a costa de los negociados con el Estado. Pero del otro lado hay pesos pesados y con historia, como el propio Franco Macri, padre de Mauricio Macri, el propio presidente y amigos y socios como Nicolás Caputo y Joe Lewis, entre otros.

De un lado, los responsables políticos, como De Vido, de la muerte de más de 50 personas en la denominada Masacre de Once. Hecho por el cual está preso otro ex funcionario kirchnerista, Ricardo Jaime, enjuiciado y encarcelado en 2015. Del otro, un presidente empresario -¿o empresario devenido en presidente?-, experto en estar “de los dos lados del mostrador” por formar parte de uno de los grupos económicos más beneficiado por el Estado en los últimos 40 años, el grupo Macri.

El cinismo de Vidal es explícito y la defensa del gobierno de los Ceo tiene patas cortas. Un año después de haber asumido la presidencia Mauricio Macri, el gobierno de Cambiemos sumaba más de 50 funcionarios imputados, entre ellos el presidente; la vicepresidenta, Gabriela Michetti; y varios ministros y secretarios, imputados por varias causas. La mayoría de ellas por corrupción, administración fraudulenta, incumplimiento de deberes de funcionario público e incompatibilidades con la función pública. Entre esas causas estaban: las empresas offshore reveladas por los Panama Papers; el decreto que habilitaba el blanqueo de capitales para familiares de funcionarios; la investigación por el origen del dinero robado a Michetti; la investigación a funcionarios, como el ministro de Finanzas Luis Caputo, por la compra de dólar futuro; las denuncias al ministro de Energía Juan José Aranguren de favorecer intereses de empresas como Shell. Y la lista sigue. La impunidad con la que se maneja el oficialismo es tal, que Macri se “animó” a condonarle la millonaria deuda que su papá, Franco Macri, mantiene con el Estado por el Correo Argentino, ofreciéndole una quita de casi el 99 %. La indignación y la bronca popular lo obligó a reconsiderar esa decisión.

Pero la victimización de Cristina también tiene patas cortas. Hace unos días, en relación a la masacre de Once, expresó que la responsabilidad del accidente había sido del conductor por “no haber accionado los frenos”. ¿Quién puede creer semejante afirmación? Ya en 2015, en el juicio anterior había quedado demostrado la responsabilidad estatal en las malas condiciones del servicio y en la falta de controles sobre las “no inversiones” del concesionario: el grupo Cirigliano. Esta masacre es apenas una muestra de las terribles consecuencias que significa para el pueblo trabajador la corrupción en la política.

Sin contar, que hay miles de “conexiones” entre ambas fuerzas políticas. Un claro ejemplo es que durante la gestión de De Vido al mando del ministerio de Planificación, según una información emitida por fuentes oficiales de su ministerio, la empresa IECSA, del grupo Macri, fue una de las más beneficiadas durante su gestión en los mandatos de Néstor y Cristina Kirchner.

El Frente de Izquierda tiene que estar

¿Cómo se explican estas conexiones? Porque, aunque con algunas diferencias, ambas fuerzas políticas defienden intereses similares: los de la clase capitalistas, los de aquellos que consideran que sus ganancias valen más que las vidas del pueblo trabajador y las de sus hijos. Porque dirigen un Estado pensado con el objetivo de garantizar, y hasta de aumentar, las ganancias de las patronales, y en muchos casos de ellos mismos. La izquierda no forma parte del entramado de la corrupción e impunidad porque defiende intereses totalmente distintos: los de los trabajadores y sectores populares.

El Frente de Izquierda sostiene que todos los funcionarios y legisladores deben cobrar como un docente –con 20 años de antigüedad- o un trabajador calificado. Así lo hicieron, Nicolás del Caño y Myriam Bregman, entre otros. Contra esa casta privilegiada, alejada de los padecimientos y necesidades de la mayoría de la población, ellos rechazan los sueldos y dietas ostentosas. Cobran como un docente y donan el resto de sus sueldos a trabajadores en lucha y sectores populares damnificados, por ejemplo por las reiteradas inundaciones en nuestros país.






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