Sociedad

EXPLOSIÓN

Víctimas de la explosión de Tultepec en manos de hospital de Grupo Higa

Larga es la sombra de la casita blanca de Angélica Rivera, un obsequio de Grupo Higa, se proyecta en la tragedia de Tultepec. Esta empresa es propietaria de uno de los hospitales donde reciben atención algunos heridos, el de Zumpango.

Jueves 22 de diciembre de 2016 | 14:21

En el Hospital Regional de Alta Especialidad de Zumpango, localizado a 25 kilómetros de Tultepec, se atiende a tres de los heridos más graves en la explosión del martes pasado. Sufren quemaduras de muy compleja atención, tienen riesgo de vida.

No obstante, según declaró a El País Roberto López -director de la Fundación Michou y Mau, especializada en el tratamiento y ayuda de niños quemados- señaló que la unidad de atención a este tipo de pacientes del hospital de Zumpango no funcionaba. “Nos reportaron que estaba cerrada. Los estaban atendiendo en la zona de urgencias”, declaró López.

En septiembre de 2011, en uno de sus últimos actos de gobierno en el Estado de México, el hoy presidente Enrique Peña Nieto inauguró el hospital de Zumpango. No estaba concluido. El costo de la edificación ascendió a 7.000 millones de pesos (340 millones de dólares al tipo de cambio actual) fue construido por el Grupo Higa, el contratista consentido de Peña Nieto.

La misma que empresa, propiedad de Juan Armando Hinojosa, que protagonizó el escándalo del matrimonio presidencial en 2014, como explicamos acá.

De acuerdo con denuncias de médicos que laboran en ese hospital, no hay terapia intensiva allí y no tienen unidad de atención para quemaduras graves. Además, el hospital funciona a través del esquema de Proyecto de Prestación de Servicios, un modelo de operación público-privado que beneficia a Grupo Higa con la administración del hospital durante los próximos 30 años. Se trata de una asociación entre el gobierno y empresas privadas, una privatización de hecho de los servicios de salud.

Otra vez, la voracidad de ganancias del capital privado, saciada por el accionar de quienes gobiernan a su servicio, se impone por sobre las necesidades de la mayoría de la población. La salud, en vez de ser un derecho para la clase trabajadora y los sectores populares, es un servicio que opera a discreción, de acuerdo con lo que se pueda pagar por él. Y mientras tanto, el gobierno despide, sanciona y precariza a trabajadoras y trabajadores del sector salud que denuncian la reforma en curso.






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