Sociedad

OPINIÓN

Universidad: ¿psicólogos para qué?

A 4 años de la reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental y con el intento de modificación del macrismo, reflexiones sobre su implementación en las carreras de psicología del país.

Melina Michniuk

Consejera Estudiantil - Psicología (UBA)

Lucio Prieto

Estudiante de Psicología, Universidad Nacional de Rosario

Viernes 1ro de diciembre | Edición del día

La Ley Nacional de Salud Mental (LNSM) N° 26.657, basada en distintos intrumentos internacionales de derechos humanos, define a la salud mental como “un proceso determinado por componentes históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos y psicológicos, cuya preservación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de los derechos humanos y sociales de toda persona”. Esta definición “cuestiona las tradicionales concepciones de entidades patológicas o trastornos que, aislando solo la dimensión biológica o psíquica, desvinculan la problemática del sufrimiento subjetivo de los determinantes sociales implicados en su producción”.

En su artículo 33, la ley impone a la Autoridad de Aplicación la obligación de desarrollar recomendaciones dirigidas a las universidades públicas y privadas, para que la formación de los profesionales en las disciplinas involucradas sea acorde a los principios, políticas y dispositivos que se establezcan en observancia de la norma. Estas recomendaciones, que se trabajaron entre la Comisión Nacional Interministerial de Políticas Públicas en Salud Mental, la Dirección Nacional de Salud Mental del Ministerio de Salud y la Secretaría de Políticas Universitarias, se focalizan en el paradigma transformador en que se enmarca la Ley Nº 26.657 y fijan los principios que deben orientar de forma integral los contenidos de los procesos de formación de los profesionales y técnicos universitarios que intervienen en el campo de la salud mental.

Del dicho al hecho…

La real implementación de dichos lineamientos llevaría a que los planes de estudio de todas las facultades de carreras relacionadas con la salud mental orientaran su formación desde una perspectiva social e histórica, crítica de la subjetividad, la salud mental y la construcción del conocimiento científico, superadora de las concepciones reduccionistas que naturalizan los fenómenos mentales. Tal formación debería aportar, como piso, las herramientas conceptuales y prácticas para criticar la generación del padecimiento subjetivo en el sistema capitalista y la mercantilización del campo de la salud mental. Esa afirmación de la ley se choca de lleno con otras que habilitan la gestión privada de la salud mental, como los artículos 10 y 11, que concretamente significan la gestión capitalista del campo.

La situación en las facultades de Psicología del país muestra una realidad muy alejada del espíritu que atraviesa la Ley. Las miradas hegemónicas se centran más bien en un paradigma psicoanalítico individual, ahistórico –donde las causas materiales están subordinadas a las cuestiones anímicas– y las modificaciones que se realizan en los planes de estudio están cada vez más orientadas hacia la perspectiva biologicista de las neurociencias o las terapias cognitivo-conductuales muchos más amigadas con los diagnósticos del DMS IV. Las materias que albergan los contenidos propuestos por la Ley tienen un lugar mínimo, y cada vez están más asediadas por las gestiones universitarias que les reducen plantel docente y/o comisiones.

Por otro lado, la falta de financiamiento a la que está expuesta hoy la educación superior crea la necesidad para que las autoridades de la universidad echen mano a la vía de los “recursos propios”: posgrados pagos (que devalúan el contenido de las carreras de grado) y convenios de cooperación con empresas que influyen también sobre los contenidos. La UBA por ejemplo cuenta con convenios con Laboratorios Roche y Novartis Argentina S.A, empresas ligadas a la comercialización de medicamentos, sector que se encuentra entre los principales opositores a la LNSM.

...hay un largo trecho

Pocos días después de las elecciones, cuando Macri presentara su plan de (contra)reformas lo escuchamos decir que “la universidad tiene que hacer un esfuerzo”. Es evidente que busca profundizar los aspectos que atacan a la educación pública, y para eso va a pararse en lo “ya conquistado” por la Coneau, organismo de aplicación de la Ley de Educación Superior sancionada durante el menemismo y mantenida durante todos los años del gobierno kirchnerista, que cuestionaba la baja "eficiencia productiva" de una universidad masiva, que recibía "muchos" recursos para unos pocos egresados y de "dudosa calidad".

Quieren pasar cientos de millones de pesos de nuestros bolsillos al de los empresarios y reducir el gasto público al mínimo. Desde este punto de vista, no puede pensarse la defensa los aspectos progresivos de la LNSM por separado de la necesidad de ponerle un freno al plan general del macrismo para atacar nuestras condiciones de vida en pos de las ganancias de los empresarios.

Tanto para defender los aspectos progresivos de la LNSM, como para ponerle frente a la ofensiva del gran capital, es indispensable la unidad con la clase trabajadora. En nuestro país tenemos ejemplos que reafirman esto: las experiencias más avanzadas de desmanicomialización (Lanús, Lomas de Zamora) aparecen en un escenario donde la clase trabajadora estaba en el centro de la escena, donde producto de la unidad de sectores estudiantiles con la clase trabajadora se puso en jaque a la irracionalidad del orden imperante.

Es por eso que desde la Juventud del PTS junto a estudiantes independientes venimos organizándonos en todas las facultades del país para llevar adelante estas peleas, por una universidad al servicio de las grandes mayorías. Queremos construir una juventud que cuestione profundamente el carácter de nuestra formación, que pelee contra la pasividad y el rol que quieren imponernos, una juventud que junto a la clase trabajadora plantee la necesidad de salir a las calles para enfrentar los ataques que se vienen.

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