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TRIBUNA ABIERTA: PERU, LECCIONES DE UN PROCESO DE LUCHA

Una vez más el pueblo le dice no al peaje de Puente Piedra

Viernes 13 de enero | 09:55

Foto: peru.com

El jueves 12 de enero del presente, miles de pobladores del Distrito de Puente Piedra y de Lima en su conjunto realizaron por segunda vez una multitudinaria jornada de rechazo a la implementación del doble peaje ubicado a la altura del kilómetro 25 de la panamericana norte. Este nuevo peaje limita el derecho a la libre circulación de los pobladores de esta zona ya que encarece significativamente el costo de los servicios de transporte público, atentando de esa manera contra la precaria economía de ciudadanos que en su mayoría perciben un salario mensual de 800 nuevos soles (250 dólares promedio), como lo detalla el Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo.

El gobierno central, a través del Ministerio del Interior que preside el ex militante de Izquierda Unida Carlos Basombrío, respondió con una brutal represión la cual fue llevada a cabo por más de dos mil efectivos de la Policía Nacional del Perú, quienes no dudaron en arremeter con perdigones, tanquetas y bombas lacrimógenas contra los manifestantes generando con ello un saldo de más 60 detenidos y un centenar de heridos con perforaciones de perdigón y asfixia por exposición a gases lacrimógenos. El ministro Basombrío, para salvar su responsabilidad, no ha tenido mejor idea que sostener que las manifestaciones fueron provocadas por “pequeños grupos de violentistas”, con lo cual se pretende desnaturalizar la protesta.

Las causas y los responsables
Quien administra hoy la ejecución y cobro de los peajes es un consorcio empresarial del cual es parte la empresa Odebrecht, sobre cuyas espaldas pesan serias denuncias por delitos de corrupción a funcionarios públicos y políticos de turno en el Perú y en el resto de países donde opera.

Esta empresa suscribió el 2013 un contrato millonario con la Municipalidad de Lima que en ese entonces era presidida por Susana Villarán. Ese contrato avala la ejecución del proyecto denominado “Rutas de Lima” que en líneas generales permite la implementación de una serie de obras viales por parte de la empresa constructora, a cambio de ello y como una forma de resarcimiento económico que le permitiría recuperar su inversión, la Municipalidad le permite al consorcio empresarial cobrar los peajes por un periodo de treinta años. Según el especialista Francisco Bocangel, actualmente el peaje de Puente Piedra reporta un millón de soles diarios (300 mil dólares promedio). La posibilidad de incrementar esa jugosa ganancia es la razón de fondo que ha llevado al consorcio empresarial a implementar este nuevo peaje en complicidad con la actual gestión municipal encabezada por Luis Castañeda Lossio.

Además de ello, el contrato contempla una cláusula que le permite a la empresa demandar a la Municipalidad de Lima por pérdidas ocasionadas por protestas sociales, por eso ya se habla de que la empresa pedirá una indemnización por 953,000 nuevos soles (300 mil dólares aproximadamente) correspondientes a los supuestos daños ocasionados durante la primera jornada de lucha del 05 de enero.

La izquierda del capital
Pero Susana Villarán no estuvo sola en su cruzada por privatizar las vías de transporte público en la capital, la acompañaron la entonces regidora municipal y hoy congresista de la Republica Marisa Glave, quien fue una de las defensoras más férreas y locuaces del contrato con Odebrecht. A ella se sumaron otras figuras como Indira Huilca quien también fue regidora municipal de Villarán y hoy cumple funciones como congresista. Ellas junto a otras personalidades que fueron un soporte importante de la gestión edil de Villarán, juegan hoy un papel destacado y de primer orden en la estructura partidaria del proyecto político que viene construyendo la ex nacionalista Veronika Mendoza, denominado Nuevo Perú.

El partido de Marco Arana - denominado Frente Amplio o Tierra y Libertad - tampoco es la excepción, ya que hace unos días se convirtió en cómplice de la mafia fujimorista al aceptar codirigir con ese sector la comisión congresal que “investigara” los delitos de corrupción promovidos por la empresa Odebrecht. Esta comisión denominada Lava Jato, tiene como objetivo central blindar al fujimorismo, por eso la dirige el congresista fujimorista Víctor Albrecht quien, para variar, también tiene procesos judiciales pendientes por delitos de corrupción. No olvidemos que durante los diez años del gobierno de Alberto Fujimori el estado firmo jugosos contratos con la empresa brasileña hoy investigada.

La razón de porque este sector de la izquierda promovió en su momento la estructuración en el Perú de grandes capitales corruptos que atentan contra los bolsillos de los más pobres y por qué hoy se alían a las facciones políticas de la burguesía como el fujimorismo o el gobierno, está estrechamente relacionada a su visión estratégica de lo que consideran debería ser el quehacer político de la izquierda. Para ellos ya no tiene sentido poner en cuestionamiento al capitalismo y por tanto la naturaleza imperialista de la inversión extranjera. Lo único que queda por hacer ahora, dicen, es crear desde el estado mecanismos de regulación que le permitan a la “gente” vivir en armonía con el capital respetando la democracia representativa, por eso sienten que le hicieron un gran favor al país cuando mandaron votar por Pedro Pablo Kuczynski en la segunda vuelta o nos hablan muy sueltos de huesos de combatir la corrupción de la mano de los más grandes corruptos.

Sin embargo, los últimos hechos de Puente Piedra y los destapes sobre la corrupción promovida por Odebrecht han puesto, una vez más, en crisis esta concepción ideológica, ya que queda demostrado que el único interés que mueve al empresariado es la necesidad de incrementar su ganancia, incluso violentando su propia normatividad jurídica. Así mismo, ha quedado demostrado también que el estado no es un espacio neutro o en disputa, sino más bien es una instancia controlada por una casta corrupta y funcional a los intereses del capital.

Lo que queda por hacer
Las dos jornadas de lucha (5 y 12 de enero) han logrado que la gestión municipal de Luis Castañeda Lossio suspenda el cobro del peaje por 30 días, lo que le permite al gobierno central y a la comuna de Lima ganar tiempo para debilitar la protesta social penalizando, para ello, a los dirigentes, y estigmatizando las acciones de lucha, por eso la mayoría de noticieros de los canales de señal abierta nos muestran sólo acciones aisladas y hechos calificados de vandálicos (quema de casetas y policías heridos) para hacernos creer que quienes están detrás de las movilizaciones son delincuentes comunes o grupos violentistas ajenos al pueblo.

La lucha contra el peaje de Puente Piedra es legitima ya que es impulsada por el pueblo y los residentes de una zona empobrecida que se ve afectada por la privatización de las vías de comunicación, por eso debemos rodearla de la más amplia solidaridad exigiendo la libertad inmediata de los detenidos y la sanción a los policías represores, así como al ministro Basombrio por ser el responsable político de estos hechos.

Por otro lado, es necesario demandar con la movilización la inmediata anulación del contrato municipal con el consorcio empresarial del cual hace parte Odebrecht, que permite la instalación de estos peajes que se han convertido en instrumentos de saqueo. Esta demanda es justa ya que, como vienen poniendo en evidencia las investigaciones, el contrato fue suscrito en condiciones irregulares, además que ha quedado demostrado que no beneficia al pueblo, sino únicamente a los intereses económicos de los empresarios, los funcionarios y políticos de turno.

Urge también empezar a construir una nueva izquierda en el Perú con independencia de clase que se sostenga en los trabajadores y en las masas empobrecidas por el neoliberalismo y que busque ir mas allá de la lógica de la explotación y el saqueo que nos impone el capital imperialista. Esa izquierda no la construiremos desde las instituciones del estado, ni de la mano de empresarios nacionales o extranjeros, ni detrás de liderazgos como los de Veronika Mendoza o Marco Arana que están atados de pies y manos al capital y a sus operadores políticos como el gobierno y el fujimorismo.




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