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Una respuesta ante el incendio neoliberal de las forestales

El pasado martes 17, el Sindicato de Brigadistas denunciaba que “se hace un curso de cuatro días de capacitación teórica (…) y eso se complementa con una práctica de herramientas que no debe durar más de 60 minutos”.

Paloma Vargas

Santiago de Chile

Jueves 26 de enero | Edición del día

La magnitud del incendio

150 mil hectáreas consumidas por el fuego arrasan un total de siete regiones del país: Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía y Los Lagos. ¿Cómo enfrentar el desastre?

El fuego en las siete regiones del país da un panorama de un desastre de proporciones con efectos destructivos, tanto para la biodiversidad, como por la contaminación que genera; pero, también, el mismo hecho ha dejado convulsiones políticas dentro de los partidos del régimen ante el llamado de organizar y paliar los efectos del fuego.

Las forestales son las responsables

El cambio climático ha aportado en las variaciones de los grados celsius en las zonas del centro y sur del país, pero la relación de la devastación del bosque nativo por parte de las empresas forestales con el Decreto Ley 701 del año 1974- creado en plena Dictadura- ha sido una de las principales causantes de la sequía en los bosques de Chile- junto con el impulso del negocio forestal.

El Decreto Ley 701 del año 1974, conocido como la ley de fomento forestal consiste en la promoción del Estado a los grandes empresarios: con un 75% de subsidio (es decir, le entrega millones) a las plantaciones de monocultivos de Pinos y Eucaliptos, traduciéndose al porcentaje de un 75% de las plantaciones de pino radiata; un 15% de eucalipto; y sólo un 10% nativo.

Estos monocultivos son la expresión de un modelo productivo que causa la destrucción del ecosistema de bosque, generando aridez en los suelos y plantaciones de escasa humedad, propensas a incendios, generando el despoblamiento de fauna y flora nativa de la zona.

La precariedad de Conaf y sus brigadistas

En el Chile neoliberal no existe un sistema de prevención y de combate contra los incendios, resultando ser un sistema muy precario e insuficiente basándose en un cuerpo de brigadistas que arriesgan sus vidas sin tener ninguna seguridad, ni implementación adecuada, ni contrato estable, como tampoco preparación permanente.

El pasado miércoles, murió un joven bombero de 27 años rescatando a una familia en la región del Maule, engrosando a casi una decena de víctimas del fuego.

Mientras que la discusión política nacional se centra entre qué partido del régimen logra capitalizar la crisis del incendio, por un lado, con la derecha a través de Chile Vamos criticando la “planificación del Estado” con los polémicos dichos del candidato presidencial de la derecha, Sebastián Piñera; y por otro, el apoyo crítico del gobierno de la Nueva Mayoría hacia las empresas forestales que se han retirado en pleno incendio dejando a vecinos y trabajadores apagando el fuego por sus propios medios, donde en realidad ambas coaliciones son las responsables.

¿Cómo enfrentar este desastre?

Claramente, es un sistema entero el que está fallando; para frenar esta catástrofe, y buscando aportar a las ideas y soluciones, planteamos algunas de las acciones que vemos necesarias al calor de la crisis:

1- Fortalecer un cuerpo de brigadistas:

El pasado martes 17 de enero, el Sindicato de Brigadistas denunciaba: “se hace un curso de cuatro días de capacitación teórica (…) y eso se complementa con una práctica de herramientas que no debe durar más de 60 minutos”; esto con sueldos muy bajos que no superan los 380 mil pesos por arriesgar la vida, donde ya hay denuncias de voluntarios que han sido despedidos por ausentarse del trabajo mientras están apagando incendios.

Es necesario que todo brigadista , transitorio y voluntario, pase a ser contratado por el Estado, y que se le asegure estabilidad.

2- Abastecimiento de agua y alimentos básicos para los brigadistas y para quienes han tenido que huir de las llamas. Los sindicatos, federaciones estudiantiles, juntas de vecinos, deben transformarse ya en puntos de acopio, como hoy es la FECH (Periodista José Carrasco tapia 9); mientras que los supermercados y grandes cadenas, debiesen distribuir alimentos básicos y agua de forma gratuita a los lugares afectados; y como esto no será del gusto de los empresarios, tienen que ser los trabajadores los que se pongan a la cabeza de administrar, coordinar y organizar.

3- Las empresas forestales debieran ya poner todos sus recursos para apagar los incendios, que se detengan las faenas y que desde los sindicatos forestales se organicen brigadas para apagar los incendios. Sumado a esto, se debe poner término al negocio de las familias Matte y Angelini, que hoy tienen más de 2 millones de héctareas que deberían estar nacionalizadas.

4- Una política de albergues, pues los damnificados ya suman más de 256, hay 136 personas albergadas y 146 viviendas han sido destruidas por el fuego; es urgente que se habiliten lugares para acoger a quienes han tenido que escapar de las llamas, que debe complementarse con un plan de reconstrucción de las viviendas perdidas, por parte del Estado, financiado por las multimillonarias forestales.

Una salida de fondo ante esta crisis

Pero, no son sólo estas medidas las urgentes. Es necesario terminar ya con el Decreto 701, heredado de la Dictadura, que las forestales devuelvan estos recursos e indemnicen a todos los afectados; debemos terminar con el sistema de monocultivo intensivo, es fundamental la reconversión de este sistema productivo a uno que no sea un riesgo para nuevos incendios. Las grandes forestales se negarán a estos cambios; de ser así deberían ser expropiadas. Además, es muy importante que se impulse un plan nacional de emergencia, imponiendo grandes impuestos a las empresas para enfrentar esta situación.

Por otro lado, llueven las críticas contra el actuar del Gobierno y la institucionalidad de CONAF. Es muy importante que deje de ser una entidad ambigua entre privada y estatal, ya que se presta para todos estos abusos contra sus trabajadores. Que sea estatal, con un funcionamiento democrático e independiente de los gobiernos, que las autoridades sean electas por sus trabajadores, quienes deben ser funcionarios públicos bien preparados, tanto para apagar incendios, como para reforestar y asegurar el cuidado de los parques nacionales.








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