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Una reforma previsional para seguir con jubilaciones de hambre

La falsa "Reparación Histórica" abrió el camino a una reforma que seguirá garantizando haberes de miseria y tiene la perspectiva de elevar la edad jubilatoria. El fantasma de la privatización.

Pablo Anino

@PabloAnino

Lucía Ruiz

Economista

Jueves 6 de julio | Edición del día

Está por cumplirse un año desde la sanción de la mal llamada ley de "Reparación Histórica" a jubilados y pensionados que establecía un plazo de 3 años para la sanción de una nueva ley previsional.

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Sin embargo, una reforma previsional se está tejiendo a espaldas del pueblo trabajador, de los trabajadores activos y de los propios jubilados.

No se sabe públicamente si comenzó a funcionar el Consejo de Sustentabilidad Previsional que debe elaborar dicha ley en el ámbito del Ministerio de Trabajo, ni quiénes componen dicho Consejo.

Por supuesto, que de funcionar lo haría sin un debate abierto que tome en cuenta las demandas históricas de jubilados y pensionados, como un haber mínimo equivalente a la canasta de jubilados o el reconocimiento del 82% móvil.

Disimular la elevación de la edad jubilatoria

Por lo pronto, las únicas declaraciones de la cartera laboral fueron hechas por el secretario de Seguridad Social, Juan Carlos Paulucci, anunciando que no se incrementaría la edad jubilatoria.

No obstante, se anticipa que se está pensando en flexibilizar el momento de retiro, para lo cual se deberá realizar modificaciones en la Ley de Contrato de Trabajo, dándole al trabajador la opción por continuar en su puesto de trabajo una vez cumplida la edad para jubilarse.

Es una forma de ir avanzando en argumentos para incrementar la edad de jubilación, o distintas modalidades de presión de los empleadores para que sus trabajadores se retiren o continúen en el puesto, según sea su conveniencia, para no pagar las indemnizaciones correspondientes.

Así también, Paulucci consideró que las mujeres ya de por sí se jubilan en promedio a los 63 y 64 años, por lo que dejó abierta la puerta a un incremento de la edad jubilatoria a las mujeres.

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También se especula con una eliminación del monotributo y la conformación de un régimen especial de trabajadores independientes que unifique al monotributo y al régimen de autónomos.

De esta manera, se prevé el incremento de los aportes al Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) para quienes hoy deben pagar el monotributo, aumentando sobre ellos la presión fiscal.

Es conocido, que en muchos casos la inscripción en el monotributo o autónomos encubre una relación laboral. Las patronales ocultan así la dependencia laboral gracias a los mecanismos precarizadores: contratos a término, pasantías, asistencias técnicas y otras tantas otras modalidades contractuales.

A la par de este incremento en los aportes para quienes tienen ingresos más bajos, diversos sectores del Gobierno están previendo una nueva rebaja en las contribuciones patronales, lo que pondrá en un mayor desequilibrio fiscal el sistema previsional.

Los aportes patronales en 1991 eran de 33% del salario bruto y fueron reduciéndose hasta llegar en el año 2000 a 17,7%, casi la mitad. Luego de la devaluación de 2002 se elevaron a 23,7%.

Pero a través de varias normas se establecieron rebajas, por ejemplo, por zona geográfica. El Presupuesto 2017 registra que el Estado deja de percibir $ 32 mil millones por exenciones a las contribuciones a la seguridad social.

Además, la práctica de las patronales de pagar “sumas no remunerativas”, que no comprenden el pago de aportes y contribuciones, disminuye aun más la recaudación.

Este desfinanciamiento es otro justificativo que encontrarán para elevar la edad de jubilación y reducir los haberes de los jubilados. E, incluso, para abrir el camino a una nueva privatización del sistema.

Consagrar jubilaciones de miseria

En diciembre de 2016, según datos oficiales, había 6,8 millones de jubilados y pensionados. El 65 % de ellos cobraba el haber mínimo, actualmente de $ 6.394, o menos. A este haber de miseria se suma la quita de prestaciones del PAMI.

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En la actualidad, las trabajadoras y trabajadores se jubilan con haberes que oscilan entre el 50% y 60% de los salarios que tenían cuando estaban activos.

Tras el traspié que tuvo el Gobierno a principios de año en realizar una modificación en la movilidad con la que se incrementan dos veces al año las jubilaciones y pensiones, no se descarta un nuevo intento por cambiar la fórmula con que se actualizan los haberes.

En el ámbito del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, la Comisión de Fortalecimiento de la Seguridad Social funcionó en forma no deliberativa, dándose a conocer algunas modificaciones previsionales adicionales que planea el oficialismo.

Una de ellas refiere a la implementación de un "segundo pilar" en el esquema jubilatorio, que consiste en el otorgamiento de una jubilación contributiva más reducida que el haber mínimo para aquellos que no cumplan con el requisito de 30 años de aportes, a partir de un mínimo de años de aporte a definir, que podría ser entre 10 y 15 años.

De este modo, se tiende a naturalizar el 33% de empleo en “negro” que no goza de aportes por el fraude laboral empresarial.

No sólo eso: entre los no registrados (en "negro") y los que no tienen estabilidad laboral, más del 50% de los trabajadores son precarios. Muchos de los precarios sufren el fraude laboral bajo la figura de monotributistas.

Ni que decir que los desocupados están bien lejos de la posibilidad de jubilarse: hay 1,8 millones de trabajadores desempleados actualmente.

Se estima que sólo entre un 15 % y un 20% de los adultos mayores en edad de jubilarse reúne los 30 años de aportes.

Durante los gobiernos kirchneristas, a la vez que Cristina Fernández vetó una ley de 82 % móvil restringido, se ofrecieron moratorias para que los jubilados accedan al haber mínimo de miseria.

El año pasado, con la "Reparación Histórica" el macrismo implementó una Pensión Universal para el Adulto Mayor (evitando la moratoria) que habilita a todo el que llega a 65 años a tener un ingreso aun más miserable del 80% de la mínima: hoy sería de $ 5.115.

De esta manera, la verdadera intención del gobierno es seguir fragmentando a los trabajadores pasivos en "jubilados de primera" y "jubilados de segunda".

El fundamento es que el cumplimiento de las condiciones de acceso a la jubilación (el requisito de años de aportes) es responsabilidad del trabajador, y no del empleador que evade impuestos y mantiene sin registrar (en “negro”) a trabajadoras y trabajadores.

Liquidar los fondos de los jubilados

En la agenda del macrismo también está liquidar, al menos en parte, el Fondo de Garantía y Sustentabilidad (FGS), que es dinero de los jubilados invertidos principalmente en bonos del Estado y, secundariamente, en empresas privadas.

El kirchnerismo los utilizó para “desendeudarse” en beneficio de los especuladores de la deuda pública, comprando bonos y prestando al Tesoro.

El macrismo sigue haciendo eso, pero además tiene la intención de vender acciones de empresas. Mientras tanto, el extitular del FGS bajo el actual Gobierno, Luis María Blaquier, fue denunciado por beneficiar a Clarín y a Arcor.

La ley de "Reparación Histórica" estableció el uso de fondos del FGS. Liquidar ese fondo, junto con el desfinanciamiento del sistema previsional, sería una forma de allanar el camino a la reprivatización previsional.

Una verdadera respuesta a las demandas de los jubilados

Por ahora no hay información pública y las declaraciones se las lleva el viento.

No obstante, no se pueden descartar incrementos de la edad jubilatoria, recorte de contribuciones patronales y aumento de la carga de aportes para los monotributistas, así como una reproducción del esquema que otorga jubilaciones de miseria para quienes fueron excluidos, marginados y explotados en su vida laboral.

Es decir, un esquema de premios y castigos, que en lo fundamental "premia" a los explotadores y "castiga" a los trabajadores.

Demás está decir que, entre los activos, el blanqueo de los trabajadores no registrados, el pase a planta de los precarizados, la recomposición salarial con un mínimo igual a la canasta familiar, mejora de hecho las condiciones para pelear por un sistema jubilatorio que atienda verdaderamente las necesidades de los adultos mayores.

Desde la izquierda se plantea la restitución de contribuciones patronales de mínima al 33% vigente antes de la reforma menemista y la eliminación de las exenciones patronales.

De esta forma, se puede avanzar en el camino de que el haber mínimo sea igual a la Canasta de Jubilados, estimada en $16.134 para mayo por la Defensoría de la Tercera Edad y que se pague el 82% móvil del salario activo.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) debería estar bajo control de los trabajadores activos y pasivos.

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