Política

CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA

Una causa ilegal con treinta y un imputados con pruebas falsas

A más de dos meses de la desaparición de Santiago Maldonado y a solo uno de la movilización a Plaza de Mayo del viernes 1 de septiembre que finalizó con una brutal cacería de la Policía de la Ciudad, todo apunta a una causa armada en base a un operativo policial ilegal.

Eric Soñis

CeProDH

Miércoles 4 de octubre | 09:01

Un enorme operativo policial y agentes de civil infiltrados en la movilización. Treinta y un detenidos en forma ilegal y en condiciones de maltrato. Una causa judicial con pruebas falsas, un juez cómplice y una fuerza de seguridad que se auto investiga.

Sobre estos elementos se sostiene, a un mes de iniciada, la nueva mega causa de la criminalización de la protesta social.

En el operativo del 1 de septiembre intervinieron al menos 6 divisiones policiales: la Brigada Rápida de Intervención, la División de Intervención Urbana, la División Judiciales de la comisaría de la Comuna 15, el Departamento de Operaciones Urbanas, la División de Homicidios y la División de Investigaciones Delictiva. A estas divisiones se sumaron decenas de miembros de infantería, unidades motorizadas y varios camiones hidrantes apostados alrededor de la Plaza de Mayo desde tempranas horas de la tarde.

Un operativo descomunal para aquél viernes al que se asistieron cientos de organizaciones políticas, sindicales y de Derechos Humanos, miles de familias, de jóvenes y de adultos que salían de sus trabajos.

Terminada la masiva convocatoria que reclamaba contra la desaparición forzada perpetrada por Gendarmería, el enorme operativo policial hizo su entrada en escena.

Las imágenes televisivas no dejan dudas. Tras imponer el caos con gas lacrimógeno y una balacera de municiones de goma, la Policía comenzó con las detenciones arbitrarias.

La Policía denunciará en las actas de detención que los manifestantes arrojaron bombas de estruendo y bombas molotov, pero ninguno de los detenidos fue visto o filmado realizando esos actos.

A esta información falsa sobre los hechos se suman declaraciones igualmente falsas sobre los lugares y horarios de las detenciones.

Estas pruebas irregulares bastarían para decretar la nulidad de la causa. Sin embargo, el juez Martínez de Giorgi las utilizó para mantener incomunicados por casi 55 horas a los manifestantes detenidos.

Con estas mismas pruebas los mantiene hasta el día hoy imputados de graves delitos. Esto fue denunciado desde el primer momento por el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH).

Policías en acción: de ejecutar el operativo ilegal a investigarlo

El juez federal, lejos de impugnar la actuación policial, mantuvo a la fuerza de seguridad como principal aliada. Sus testimonios fueron solicitados como medida de prueba privilegiada para que decenas de efectivos que asistieron a convocatoria de civil declarasen como supuestas víctimas.

Esa misma Policía de la Ciudad, que de forma consiente incluyó dentro de su “botín” de detenidos a 3 periodistas de medios alternativos que registraban la represión, es la encargada de editar otro medio de prueba clave: videos y filmaciones de la represión y las detenciones.

¿Quién garantiza la objetividad en la edición de esos videos? Resulta imposible tachar de ingenuo a un juez penal federal de Comodoro Py. ¿Acaso la Policía mostrará los videos en los que sus propios agentes se infiltraban y detenían sin causa ni prueba a decenas de personas?

Martínez de Giorgi demuestra que para criminalizar la protesta es necesario encubrir todo el accionar ilegal de las fuerzas represivas. Solo esas motivaciones explican que el juez delegue la producción de una prueba fundamental en la misma policía que, en esta misma causa, ya realizó en forma ilegal los pruebas restantes.

Juez que encubre, policías con privilegios

Al igual que con las filmaciones, las audiencias testimoniales entre el juez y la Policía se hacen a puertas cerradas en los oscuros despachos de Comodoro Py: ni el defensor oficial y ninguno de los 15 defensores particulares, varios de ellos miembros de organismos de Derechos Humanos, han podido asistir a estas audiencias.

Varios de los defensores son integrantes del organismos de derechos humanos, como María del Carmen Verdú e Ismael Jalil de Correpi. Matías Aufieri, Paolo Zaniratto y Lilén Reyes son abogados del CeProDH, parte también de las defensas que denunciaron las arbitrariedades y abuso policiales y la demora inaudita en tomar declaraciones el domingo 2 de septiembre en Comodoro Py.

Así, las medidas de prueba son armadas en secreto entre el juez y la Policía de la Ciudad. La Policía, al igual que toda institución represiva, actuó y actúa de forma vertical y cuyos responsables máximos se encuentran en el Gobierno de la Ciudad. El propio Marcos Peña destacó, horas después de la represión, que la Policía había actuado “muy profesionalmente”.

¿Quién fue entonces el responsable del operativo represivo más grande de la gestión Larreta y quien alinea las declaraciones de las agentes en la causa judicial? Ante un juez encubridor, el fiscal Ramiro González es igualmente responsable al no poner el eje en estas denuncias.

De las pruebas ilegales a la falta de pruebas

Dentro de las casi dos mil fojas que forman el expediente se encuentran testimonios de policías, varias fotos de pintadas en la vía pública y otras pocas que identifican a algunos de los detenidos en la movilización.

Lo que aún no han podido encontrar ni el fiscal ni el juez son medidas pruebas concretas contra los 31 detenidos, donde se los vea cometer los hechos que configurarían el delito de intimidación pública.

Descartando la declaración ilegal de policías en actas de nula valides, la posición del juez entonces se hace más escabrosa: su decisión es mantener imputados a 31 personas por el hecho de participar en la movilización. “Sin pruebas en su contra, participar en una movilización los convierte en los responsables de delitos que merecen hasta 10 años de prisión. En forma reaccionaria e ilegal, el juez invierte la carga de la culpa: por protestar se es culpable hasta que se demuestre lo contrario”, señalaron los letrados del CeProDH.

Esta visión del juez explica otra insólita medida adoptada: ordenó el "patrullaje cibernético" para buscar y revisar las cuentas de redes sociales de los imputados.

Otra vez infiltrados

El domingo, al finalizar la marcha al cumplirse en segundo mes de la desaparición forzada de personas, otra vez infiltrados intentaron provocar incidentes que justificarían una represión. La alevosa actitud de los infiltrados policiales provocó el repudio de los manifestantes que estaban en la zona. Así lo manifestó el camarógrafo de Clarín Rolando Andrade: "Al principio eran ocho, pero a medida que íbamos avanzando iban saliendo por las calles laterales. Y comenzaron de nuevo a atacar a la prensa. Eran personas que tenían más pinta de policías, porque tenían actitudes muy violentas. Hay un camarógrafo de C5N que tiene una cámara rota ya que filmaba cuando le pegaban a un fotógrafo".

Fracasó el intento de desviar la atención de los medios del reclamo de la aparición con vida. Así lo expresó Alejandrina Barry, hija de desaparecidos e integrante del CeProDH: “Toda esa operación del Gobierno el viernes 1ero de septiembre fue tapar a los miles y miles que nos movilizamos por Santiago Maldonado. Pretendían sacar de los medios a los miles que sabemos que a Santiago se lo llevó Gendarmería. No van a lograr pararnos. La lucha contra la impunidad y saber que pasó con Santiago va a seguir en las calles.”








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