Sociedad

LEGISLATURA CABA

Un proyecto del PRO pone en jaque la libertad de expresión

El PRO pretendía votar este jueves en la legislatura un proyecto que permite a fiscales bloquear sitios de Internet. El proyecto atenta contra la libertad de expresión y la libertad de prensa.

Jueves 1ro de septiembre de 2016 | Edición del día

Un proyecto de ley, que pretendía ser votado este jueves, propone autorizar a fiscales para bloquear sitios de Internet, aplicaciones y medios de comunicación. El proyecto fue presentado por un diputado del PRO, Daniel Presti y por el peronista Claudio Palmeyro. El objetivo del mismo es modificar el código procesar contravencional para permitir bloquear dominios de Internet como medida precautoria cuando hay violaciones al código contravencional.

La medida, que va contra la Constitución y tratados internacionales, permitiría a un fiscal “ordenar a las empresas prestatarias del servicio de “internet” bloquear, o denegar el acceso al dominio o aplicación de que se trate en forma parcial o total según la conducta ilícita sea generada dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o produzca sus consecuencias dentro de ésta.”

Según los autores el proyecto presentado tiene como objetivo bloquear a Über, la aplicación de celulares que compite con el taxi, Palmeyro es miembro de la directiva del sindicato de taxistas de la CABA, que conduce Omar Viviani. El texto presentado es tan amplio y general que permitiría a cualquier fiscal ordenar el cierre de un sitio o un medio de prensa online sin necesitar pasar por un juez. Recordemos que el PRO tiene desde su llegada al Gobierno de la Ciudad el control del Ministerio Público Fiscal.

De acuerdo a la Constitución Nacional, la regulación de las telecomunicaciones, entre las cuales figura internet, pertenece al fuero federal, es decir, lo debe determinar exclusivamente el Congreso nacional y la Legislatura de la Ciudad no tiene autoridad sobre la materia. En segundo lugar, el texto viola la libertad de prensa; el bloqueo propuesto incluye medios de comunicación según reza el texto y no se limita a sitios web. Además, la libertad de expresión queda a merced de los fiscales del PRO, que serán los encargados de decidir si un blog, sitio personal o web viola alguna contravención y se debe bloquear. El texto no especifica además si se bloquearía el acceso a internet del domicilio de quién realiza una contravención o el servicio que utilizar para su accionar.

Existe además una imposibilidad técnica de llevar adelante el bloqueo sin afectar al resto del país. El bloqueo de IPs o DNS es una herramienta propensa a errores, y lo más normal es que sea aplicado de un modo tal que afecte no solo al sitio bloqueado, sino a sitios de terceros en todas las provincias. En el año 2011, la Comisión Nacional de Comunicaciones bloqueó más de 1 millón de sitios del servicio Blogger cuando un juez dio la orden de denegar el acceso a un sitio. ¿Puede acaso un fiscal de la Ciudad, por apenas una contravención y sin pasar por un juez, dejar sin acceso a sitios de Internet a todos los habitantes del país? El PRO pretende darles ese poder con tal de hacerles un favor a Viviani, y de paso, profundizar el control sobre las comunicaciones en Internet.

Según fuentes parlamentarias, el proyecto no pasó a la sesión de este jueves por diferencias internas en el PRO cuando el proyecto se hizo público. Recordemos que en el 2015 el bloque del FPV en Diputados quiso avanzar con un proyecto de censura contra los comentarios en internet que también fue ampliamente repudiado. A su vez, Pinedo en el 2011 tuvo su parte en el Senado. Fue quién presentó proyecto que pretendía responsabilizar a los proveedores de internet del contenido en la web y obligándolos a censurar contenido. Este último proyecto también tuvo que ser retirado por las fuertes crítica.

Desde el Frente de Izquierda salieron al cruce de la propuesta del PRO. El legislador Patricio del Corro del PTS-FIT sostuvo que “El proyecto presentado es una clara restricción a la libertad de expresión. El PRO quiere darle más poder a los fiscales para que a su pura voluntad decidan que sitios de internet se puede acceder y cuáles no. Es inadmisible el intento del PRO de controlar las comunicaciones y la difusión de información por medio de un código contravencional que hoy en día es usado para amedrentar en los espacios públicos.”







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