Política

Un nuevo caso de corrupción sacude al gobierno de Jujuy

El caso involucra a un ex asesor del gobierno que pretendió coimear a un empresario de la obra pública. Gerardo Morales intenta despegarse y dar vuelta los argumentos.

Alejandro Vilca

Dirigente PTS/FIT Jujuy | @vilcalejandro

Jueves 20 de abril | Edición del día

El fin de semana empezó a circular en las redes sociales y después difundido por algunos medio un audio de una conversación entre al empresario Rodrigo Insausti, propietario de la empresa Inber Construcciones S.R.L y, quien solicita una coima, Gastón Baigorria Siufi, ex asesor del bloque radical en la legislatura hasta diciembre de 2016 y supuesto amigo del jefe de diputados de la UCR, Alberto Bernis.

El escándalo envuelve a la gestión de Gerardo Morales y a la flamante Oficina Anticorrupción (que tienen desde abril del año pasado los expedientes de la empresa ahora denunciada) y nuevamente a los funcionarios.

Planilla de liquidación de sueldo de Gastón Baigorria Siufi

El abogado encargado del trabajo sucio, Gastón Baigorria Siufi, le habría dicho a Insausti que la Oficina Anticorrupción tendría en la mira a los cuatro expedientes por obras públicas contratadas a INBER, y que habrían sido mal ejecutadas. Esto tomó de sorpresa al empresario porque en el diálogo sostiene que todas las obras estaban en orden y que incluso algunas el gobierno no había pagado.

Baigorria Siuffi se arroga, “yo puedo hacer que tus expedientes desaparezcan, vayan con número cambiado al archivo y no aparezcan más”, para después proponerle "arreglar" cada expediente por alguna suma de dinero que alcanzaría los 4 millones de pesos.

El Gobierno rápidamente se despegó y desconoció los vínculos con el (ex funcionario), y dejar que intervenga de manera ofensiva la Oficina de Anticorrupción, y ahora denuncia a la constructora por sobreprecios y falta de ejecución de obras pagadas.

De izquierda a derecha, el segundo Baigorria Siufi y el último, Alberto Bernis.

Un escándalo más, que se sumó en cuestión de días, al que ya recorrió el país cuando la policía provincial detuvo estudiantes dentro de la Universidad Nacional de Jujuy.

La bandera de combatir a la corrupción, que tanto levantó contra la herencia de Fellner y el PJ-FPV y sus organizaciones sociales, le estalla en las manos a Gerardo Morales y compromete a su gabinete. Mientras tanto, Morales con Macri, hablan de “modernizar” el Estado; un discurso para justificar el ajuste y la situación de miles de trabajadores precarios en el empleo público.

Sin embargo, el tropiezo de este hecho trastoca uno de los pilares de su discurso de gobierno, “contra la corrupción y de aplicar la justicia”, apoyado en la fuerza de seguridad que cada día está más envalentonada por el discurso de mano dura del gobierno y así atropellan los derechos elementales de los trabajadores y la juventud. Son las medidas reaccionarias de contención social contra el reclamo de bajos salarios, tarifazos, pobreza, desocupación; por otro lado, “garantías legales” que piden los capitalistas para más tener más ganancias.

No es la primera vez

El año pasado otros casos de corrupción salpicaron al gobierno. Solo habría que recordar, el caso de “cayote” Gimenez funcionario del Ministerio de Ambiente por la tala y venta de árboles del Parque Provincia Yala; el dinero que “desapareció” del despacho del Ministro de Turismo y Cultura, Carlos Oehler, oficina ubicada en el interior de la Casa de Gobierno; la venta de terrenos que involucra directamente al entorno del Gobernador, o al Dip. Cayo ex FUYO/PJ-FPV y, ahora ligado al gobierno radical, entre otros casos.

El impulso que le da el Gobierno a la Oficina Anticorrupción de la mano del fiscal Joaquín Millón Quintana, pareciera responder a solucionar estos problemas, pero lejos de ello es para investigar a los opositores y dar impunidad a los amigos del gobierno. De los casos antes mencionados no hay un solo funcionario juzgado.

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En un desliz, por si faltaba algo en su arremetida contra los trabajadores, y sus reclamos, con la judicialización de la protesta, negar el derecho a huelga descontando los días de paro, llegaron a insinuar desde el gobierno que había que controlar desde la Oficina Anticorrupción, en medio de los reclamos salariales de los trabajadores estatales, a varios dirigentes sindicales por las irregularidades en sus sindicatos y los abultados sueldos. Nada nuevo, ni desconocido para muchos trabajadores que ven a dirigentes enquistados en los sindicatos y con muchos privilegios, pero lo alarmante es que el Estado pretenda controlar más e intervenir en la vida de las organizaciones obreras.

La corrupción es inherente al capitalismo

Los actos de corrupción son algo inherente a los funcionarios y a los partidos políticos (UCR, PJ-FPV, FR) que gobiernan para los empresarios y desde el Estado administran sus negocios y hacen también los suyos con los fondos públicos. Sean la familia Macri o los Kirchner cada uno con sus socios testaferros; como también los grupos empresarios que reciben millonarios favores del Estado como fue la estatización de sus deudas durante la dictadura (por ejemplo, Ledesma, Sevel, Citybank). En el fondo, la corrupción con el dinero público, es de algún modo, la parte que se hace visible de un sistema social, que en forma velada funciona en base al robo diario de una parte del trabajo que realizan los millones de asalariados en todo el mundo, como explicara Marx en El Capital.

Nuestro planteo de que los funcionarios ganen como una maestra y sean revocables por el voto directo, y que ningún trabajador gane menos que la canasta familiar, es parte de una pelea más general por conquistar un gobierno de los trabajadores en el cual se termine con todo tipo de privilegios, el aparato burocrático y represivo del Estado y así la explotación capitalista junto a todo tipo de opresión.








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