Política Estado Español

CONTRA EL MONTAJE JUDICIAL

Un año después, Alsasua no se rinde

Se cumple un año de la trifulca en un bar de Alsasua que derivó en el pedido de condena a ocho jóvenes con penas de más de 370 años, y la cárcel para tres de ellos desde hace casi un año.

Josefina L. Martínez

Historiadora | Madrid

Sábado 14 de octubre | 11:30

La madrugada del 15 de octubre no se olvida en Alsasua. Hace un año, en el marco de las Ferias del pueblo, se produjo una pelea en el bar Koxka, que terminó con el proceso judicial más escandaloso que se haya vivido en las últimas décadas.
Los hechos ya han sido expuestos muchas veces: un bar repleto de jóvenes al que llegan de madrugada dos guardias civiles con tono provocador, se arma una pelea y uno de ellos termina con un tobillo fracturado. A partir de allí, todo es inverosímil, un montaje insólito y una verdadera pesadilla para los jóvenes de Alsasua y sus familias.

Este domingo se cumplen 335 días en prisión preventiva para tres de estos jóvenes, relocalizados en tres cárceles diferentes a más de 400 Km de distancia de sus familiares. Por eso un año después miles de personas se movilizaron con cartas de solidaridad en la mano, para mostrar que Alsasua no se rinde.

El fiscal de la Audiencia Nacional solicitó en julio pasado penas de 50 años de cárcel para Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad, mientras que a Oihan Arnanz le quiere imponer 62,5 años de cárcel. Los delitos que les atribuye son “lesiones terroristas” para los primeros, a lo que se suma el cargo de “amenazas terroristas” para Arnanz. El mismo cargo se le endilga a Ainara Urkijo, para la que pide 12 años y medio de cárcel. Además, el fiscal exige que los procesados paguen una indemnización de 41.100 euros a los guardias civiles y sus parejas, que participaron de la trifulca. Desde el Ministerio Público, la acusación pide penas de entre 18 y 30 años y medio de cárcel, para los siete primeros acusados.

En un primer informe emitido por la propia Guardia Civil a fines de octubre de 2016, se constataba que no había habido “linchamiento” ni “paliza organizada”, contrario a lo que venían informando algunos medios. Pero a partir de la denuncia interpuesta por la Coordinadora de Víctimas del Terrorismo (Covite), el caso fue trasladado desde Navarra a la Audiencia Nacional.

El increíble montaje judicial puesto en marcha sigue la idea de que la pela se enmarca en la campaña ‘Alde Hemendik’ contra la Guardia Civil y la Policía en Euskal Herria y la ubica como parte de un intento de crear un clima «miedo y rechazo» hacia las fuerzas policiales, «influyendo de manera negativa en la calidad de vida de los miembros de la Guardia Civil, así como en la de sus familiares y amistades como paso previo a su exclusión social».”

Desde la plataforma Altsasu gurasoak, desde hace un año vienen denunciando “la existencia de un impulso extrajudicial” para “establecer una tipificación penal ejemplarizante”. También señalan que la Audiencia Nacional vincula los hechos del 14 de octubre “con las iniciativas de denuncia de la asociación OSPA de Alsasua, y a continuación vincula las demandas de desmilitarización y de otro modelo policial con reivindicaciones tanto de organizaciones políticas como de la organización ETA”. La amalgama y el montaje del relato criminalizador son insólitos: primero se transforma una trifulca de bar en “graves lesiones”, a continuación, éstas se vinculan con la campaña “Que se vayan”/”Fuera de aquí” contra la presencia de la guardia civil en la localidad, por último, se identifica esta campaña con la organización ETA, y el resultado es que atribuye a los procesados delitos por “lesiones terroristas”.

La enorme desproporcionalidad de las penas requeridas también ha sido denunciada por la plataforma de familiares y numerosas personalidades del mundo político y jurídico. Esta desproporcionalidad salta a la vista comparando con casos de agresiones a guardias civiles donde las lesiones han sido mucho mayores, y el pedido de condenas, extraordinariamente menores.

También se denuncia las consideraciones incluidas en la nueva ley contra el terrorismo. Modificada en 2015 y que permite todo tipo de interpretaciones arbitrarias para ajustarse al afán criminalizador de los Tribunales y la Audiencia Nacional.

El pasado 26 de noviembre, más de 20.000 personas se movilizaron en una gran manifestación en Alsasua. Desde entonces, todos los viernes se concentran familiares y amigos, miles de personas se han movilizado y desde la Plataforma han participado en numerosos actos y encuentros con legisladores y colectivos solidarios. Mas de 80.000 ya han firmado el manifiesto en apoyo a los jóvenes de Alsasua. El Ayuntamiento de Altsasu y el Parlamento de Navarra han apoyado el reclamo de las madres y padres, al igual que lo han hecho varios eurodiputados.

Todas las alegaciones presentadas por la defensa, los familiares y colectivos solidarios demuestran que el pedido de condena a los 8 de Altsasu representa un escandaloso montaje judicial con la intención de dar un castigo ejemplar a la juventud vasca. Un año después, más que nunca es necesario seguir informando y apoyando la causa de los jóvenes de Altsasu y sus familias.






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