Géneros y Sexualidades

MENDOZA

UNCuyo: Estudiantes de medicina exigen poder debatir sobre educación sexual y aborto en la facultad

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNCuyo denuncian que no existen cátedras sobre educación sexual y que el aborto es un tema tabú en las carreras.

Viernes 2 de junio | 13:46

Zila Guevara Vicencio es estudiante de primer año de la carrera de medicina, en la UNCuyo y hace unas semanas protagonizó un spot de la agrupación de mujeres Pan y Rosas y el Frente Desde Abajo, para las elecciones de la fuc para las elecciones de la Federación Universitaria de Cuyo que se realizarán los días 6 y 7 de junio. En el mismo, denuncia que en la Facultad de Ciencias Médicas se imposibilita a los futuros médicos a instruirse sobre el aborto y la educación sexual.

En diálogo con Género Libre, Zila destacó que “en la facultad de Ciencias Médicas de La Universidad Nacional de Cuyo, el tema del aborto es tabú y quién está a favor está “mal”, a tal punto de que si alguien lo comenta inmediatamente es callado por algún profesor”. Citó frases recurrentes de los docentes como: “el aborto está mal y es un delito, desde el momento de la concepción hay vida, eso no se discute”.

Declaró que la causa de esto es que en la facultad “hay médicos que dictan clases y pertenecen al Opus Dei” sector ultrarreaccionario de la Iglesia Católica. Para ilustrar esto, contó que durante una clase un profesor sostuvo que el DIU es abortivo, a pesar de que sus alumnos le señalaran que la Organización Mundial de la Salud sostiene lo contrario. El docente dio como único argumento para sostener su afirmación que tiene valor científico por haberlo dicho él que es doctor.

“Claramente se puede percibir cómo nos educan para ser futuros médicos y médicas sin margen crítico, en donde lo que dice un médico es la pura verdad e irrefutable y por lo tanto en un futuro diremos lo mismo. La presión por parte de la Iglesia en la facultad, llega al punto que no tenemos cátedra de educación sexual, directamente no se nos enseña educación sexual; no tenemos cátedras con perspectiva de género y diversidad. No nos enseñan como abordar una víctima que está sufriendo violencia de género o cómo tratar a niños y adultos transgénero” denunció la estudiante.

Mendoza es una de las provincias en las que no rige siquiera el Protocolo de Aborto No Punible. En 2015 Unidiversidad informaba que la Senadora Provincial “Noelia Barbeito (PTS/FIT) propuso sobre tablas en la sesión del martes 30 de junio que se tratara un pedido de resolución para que la provincia cumpla efectivamente con la guía técnica para la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, la mayoría de los legisladores se retiraron del recinto”. “Es una falta de respeto, no ya de un grupo de legisladores y legisladoras hacia una mujer, sino hacia todas las mujeres que vemos cercenados nuestros derechos por un Estado incumplidor. Dándole la espalda a ella, seguramente habrá una mujer menos, y una muerta más por aborto”, publicaba entonces la periodista Paola Alé en Diario Uno.

Al respecto Barbeito señalaba entonces en declaraciones a La Izquierda Diario que “los dos partidos mayoritarios tradicionales, el PJ y la UCR, son un obstáculo para que se avance en un derecho tan elemental como éste”. Para ilustrar la urgencia de legalizar el aborto en la provincia, Barbeito explicaba que “en Mendoza, más del 15% de los nacimientos registrados anualmente, son de partos que tienen niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años”. En la misma nota, el medio agrega que “en los departamentos del Valle de Uco y General Alvear, el índice de madres adolescentes es más alto que en el resto del territorio provincial, incluso el 30% de las que están embarazadas en ese grupo etario, ya tienen otro hijo”.

La cátedra optativa "El aborto como problema de salud" en la Universidad de Rosario

Será la primer cátedra que, con cupo limitado para 80 estudiantes, tratará el aborto como problema de salud pública. La misma se dictará como materia optativa a partir de agosto en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). Según informa el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, el objetivo de la cátedra “es abordar el marco legal, la atención de casos y cómo efectuar la práctica de un aborto no punible”. En menos de 72 horas, más de 10 mil mails entraron en la casilla de contacto de la facultad, muchos de ellos estaban en contra del dictado de la cátedra, informa el diario El Ciudadano. Pero “la materia se va a dar, no importa la cantidad de mails en contra que lleguen”, declaró el decano Nidd.

En Argentina el Estado se sigue negando a declarar la legalización de la práctica a pesar de que el reclamo porque el aborto sea legal, seguro y gratuito sigue sumando apoyo social. En algunas provincias, entre ellas Santa Fé, rige el Protocolo de Aborto No Punible que autoriza el acceso, aunque de forma muy limitada, sólo en los casos en los que corre riesgo la salud de las mujeres. Este protocolo es progresivo con respecto a la ilegalidad absoluta, pero no rige en todas las provincias y tampoco alcanza para que todas las mujeres podamos elegir si continuar un embarazo o interrumpirlo por motivos sociales, económicos o porque simplemente no deseamos la maternidad en ese momento o como proyecto de vida.

Fuente: chequeado.com

Lo cierto es que la ilegalidad lleva a las mujeres a tener que abortar en la clandestinidad. Esto nos expone a tener que pagar, las que pueden, altos costos económicos para acceder, y a que las condiciones de salubridad física y psicológica no estén garantizadas en la mayoría de los casos. Las consecuencias para las mujeres pueden ser fatales. También existe una persecución política cuando son detenidas por la policía u hostigadas en los hospitales luego de ir en busca de atención médica cuando el procedimiento se complica. Es tal la persecución que esta realidad no escapa a las que sufren abortos espontáneos, como fue el caso de Belén en Tucumán.

Según cifras del diario Clarín, en Argentina “el aborto es la principal causa de muerte materna” y sostiene que “se practican 500.000 abortos ilegales anualmente, que terminan con 80.000 internaciones y 100 mujeres muertas.” Sin embargo, desde La Izquierda Diario sostienen que “existen escasos datos respecto al aborto clandestino. Esta ausencia no se debe sólo a la clandestinidad de la práctica, sino a la decisión política de poner “bajo la alfombra” la grave situación que viven miles de mujeres”, por lo que elevan a 300 la cantidad de mujeres muertas a causa de la ilegalidad. Es por esto que las organizaciones feministas señalan la responsabilidad del Estado, ya que el aborto es “una práctica segura y de bajo riesgo cuando se realiza en ambientes adecuados, con personal y equipamiento adecuado”, señalan desde el diario de izquierda.

Raquel Tizziani, una de las impulsoras del proyecto y miembro de la Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir aseguró al diario El Perfil que las clases buscarán brindar “herramientas teóricas y capacitación a los futuros profesionales en torno al aborto, que es considerado una problema de salud, de derechos y de justicia social”. Y denunció al mismo medio que si se están implementando protocolos, entonces “la capacitación es muy importante, la pregunta es por qué hasta el momento no se llevó a cabo este tipo de materias”.

Tizziani responde su pregunta en declaraciones al diario El Ciudadano. Afirma que “son los sectores eclesiásticos que desde hace siglos sostienen el aborto como tema tabú y buscan controlar el cuerpo y la sexualidad de las mujeres. Y, en esta doble moral, amparan un negocio clandestino de miles y miles de pesos”, y agregó: “Todos sabemos que los abortos existen y se hacen igual en la ilegalidad. Y las mujeres que se mueren son las pobres. Desde la medicina sostenemos que la muerte por aborto es absolutamente evitable”.

Estos sectores eclesiásticos no podrían imponer la ilegalidad sin una fuerte alianza con el Estado y los partidos políticos. Esto se expresa en el desfile de políticos que van a “saludar” al papa Francisco, entre ellos Macri y Cristina, y en los millones que destina por año el Estado argentino a financiar a la Iglesia Católica. También se expresa en “la intervención de profesionales católicos en instituciones públicas, violando el código de ética que no permite que se impongan creencias o ideologías en la práctica” sostienen desde La Izquierda Diario.

Esta nota fue publicada originalmente en la página web Género Libre.






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