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Trascendió el insólito fundamento para pedir el desalojo de los trabajadores de PepsiCo

Los fundamentos del fiscal Larramendi para solicitar el desalojo de los trabajadores de PepsiCo de la planta de Florida, se basan en la propia confesión de la empresa sobre un supuesto peligro contaminante de la fábrica.

Miércoles 12 de julio | 12:31

Según trascendió estas últimas horas, los fundamentos del fiscal Larramendi (Fiscalía de Vicente López) para solicitar el desalojo de los trabajadores de PepsiCo de la planta de Florida, se basan en la propia confesión de la empresa sobre un supuesto peligro contaminante de la fábrica.

Un argumento insólito y completamente inverosímil para justificar un desalojo, ya que al mismo tiempo se reconoce que el supuesto “peligro” no existe con la planta sin funcionar como se encuentra en estos momentos. Y la permanencia de los trabajadores tampoco representa ningún “peligro”.

También es insólito, que mientras la misma empresa se autoincrimina al decir que durante años habría contaminado; la solución para el fiscal es pedir el desalojo violento de los trabajadores. Pero no ha impulsado el procesamiento de ninguno de los gerentes de la empresa, encubriéndolos de un crimen social.

Es gravísima la actuación de la Fiscalía de Vicente López, que podría derivar en responsabilidades sobre estos funcionarios públicos, ya que las pruebas serían concluyentes por el propio reconocimiento de la empresa. La Justicia provincial debería declararse incompetente y traspasar el expediente a la Justicia federal para investigar a los gerentes de la firma por el supuesto daño al medio ambiente y rechazar el pedido de desalojo.

El fiscal Larramendi, sustenta el pedido de desalojo únicamente en los testimonios y documental aportados por la empresa y en el de una abogada “especialista en Derecho Ambiental”. No lo basa en un técnico en seguridad, ni tampoco en alguna figura eminente de la preservación del medio ambiente. Afirma que se encuentran allí elementos peligrosos como "Bolsas y latas de pintura con restos, aceite para biodiesel, scrap de producción [NdE: Desperdicios], snacks salados, residuos orgánicos, 500 Kg de desperdicios”, o sea que se trata de una mera “excusa” para que la Justicia penal ordene el desalojo violento de los trabajadores.

La actuación del fiscal, completamente tendenciosa en contra de los trabajadores y encubriendo gravemente a la empresa, sostiene textualmente que la planta de tratamiento de efluentes se encontraba fuera de funcionamiento y que poseía defectos en su estructura desde antes del cierre de la empresa, es decir, mientras la planta se encontraba operando. Se cita en el requerimiento que “...en la misma línea que, en la planta de tratamiento, las piletas se encontraban vacías e inoperativas”. Ello según un acta notarial del 16 de junio. Agregando posteriormente que “las estructuras de hormigón de las plantas de efluentes, arrojó defectos en su estructura de la piscina de biorreactor, así como el separador de lodos, habiéndose deshabilitado el sistema de control de bombeo y operatividad de toda la planta”. Demás está decir que esos problemas narrados, si realmente existiesen serían solucionables con una inversión mínima para una empresa como PepsiCo y no con el desalojo de los trabajadores.

A pesar de estas supuestas evidencias, en vez de solicitar que se investigue la responsabilidad de los gerentes por contaminación, Larramendi requiere un desalojo violento contra los trabajadores, y que además se realice en horas nocturnas de manera ilegal. Cualquier juez o fiscal que de curso a un solicitud de este tipo, debería ser apartado inmediatamente de sus funciones, por una incompetencia manifiesta y falta de cumplimiento en sus deberes de funcionario público.








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