RODRÍGUEZ LARRETA

Tras la represión en Congreso, Larreta planea que organizaciones sociales paguen las baldosas

El gobierno porteño continúa criminalizando la protesta social. Tras enviar a más de 80 manifestantes al hospital, cinco de ellos perdieron la vista, ahora anuncian que buscarán que las organizaciones que participaron en la movilización paguen los arreglos de las plazas.

Martes 26 de diciembre de 2017 | Edición del día

Horacio Rodríguez Larreta anunció que la Procuradora de la Ciudad inició acciones penales y civiles contra las organizaciones que se movilizaron hasta las inmediaciones del Congreso el pasado 14 y 18 de diciembre.

El jefe comunal confirmó lo que hasta ahora no pasaban de declaraciones mediáticas. Rodríguez Larreta consultado por distintos medios, pos represión, hablaba de que deberían ser las organizaciones que se movilizaron las que se hicieran cargo de las reparaciones de la Plaza Congreso.

Ayer por la tarde Télam confirmó que la Ciudad inició acciones legales para que los costos económicos, unos 37 millones de pesos, sean costeados por partidos políticos y organizaciones sociales que convocaron a movilizarse los días 14 y 18 de diciembre.

La semana pasada el Gobierno de la Ciudad había presentado acciones penales contra los que manifestantes que “iniciaron disturbios y agresión a la autoridad”, dijo Larreta y agrego que ahora se presentaron en “el fuero civil para que nos rembolsen los daños, les dimos todas las filmaciones a la Justicia, e incluso le pidieron videos a los canales de televisión”.

Con estas medidas judiciales pretenden amedrentar a las decenas de miles que se movilizaron hasta el Congreso, para llevar el reclamo del 70 % de la población que se opone a la ley que le roba los escasos ingresos a los jubilados y a quienes reciben la Asignación Universal por Hijo.

Una ley que fue aprobada en medio de la represión y los cacerolazos. El lunes 18 en todo el país y durante todo el día se hizo escuchar el repudio a esta ley antiobrera.

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En el barrio porteño de Congreso, en las inmediaciones del Parlamento, las calles fueron cubiertas de banderas de los gremios, de las organizaciones sociales y la izquierda. Esa imagen era muy peligrosa, Macri decide que despejen la plaza. La represión fue ordenada por Rodríguez Larreta y ejecutada por la Policía de la Ciudad. Los uniformados armados hasta los dientes tiraron durante horas gases tóxicos a los manifestantes, dispararon balas de goma a la cara a quienes defendía a los sectores más vulnerables de la sociedad. Ese “crimen”, esa manifestación de solidaridad y unidad de los trabajadores, partidos de izquierda y movimientos sociales, no lo podía permitir el Gobierno de Cambiemos.

Esa unidad conquistada en las calles para exigir que no se vote una ley regresiva, como la reforma previsional, es la que teme las clases dominantes. La masiva movilización es lo que amenaza los planes del Gobierno. Por eso intentan quebrar la voluntad de quienes se manifiestan con balas, gases, y el código penal.

Con este mismo objetivo, hace más de una semana, que la prensa oficialista se ha sumado a la campaña macartista impulsada por el Gobierno contra la izquierda.
Y fueron por más: le abrieron causas judiciales a dos dirigentes del FIT. El diputado Nicolás del Caño y la legisladora porteña Myriam Bregman, ambos del PTS-FIT, han sido imputados por los delitos de sedición y ataque al sistema institucional.

Para el gobierno de Cambiemos y su Justicia adicta, movilizarse para exigir que no retrotraigan derechos adquiridos, es un acto de sedición. El diálogo que prometieron, te lo deben.

Quieren penalizar por baldosas rotas a las organizaciones que se movilizaron, pero hasta ahora no han detenido a los Policías que le sacaron el ojo a por lo menos cinco manifestante; tampoco se identificó al Policía que le pasó por encima con su moto a un integrante de la CTEP, a pesar que hay videos que retratan ese momento y las imágenes son muy claras.

Por eso la diputada de la Ciudad, Myriam Bregman, pidió una moción de privilegio en la pasada sesión en la Legislatura porteña para repudiar la represión lleva adelante por el Gobierno porteño. “Quiero decir también que estamos exigiendo en este momento que venga el ministro Ocampo y el secretario de Seguridad Dalessandro a dar explicaciones en este recinto por todos los puntos que he planteado”, con este pedido concluyó Myriam Bregman su primera intervención en la sesión legislativa.

El Gobierno quiere continuar imponiendo leyes antiobreras, a costa de pagar un precio muy alto. Para eso busca criminalizar la protesta social, abrir causas penales contra dirigentes de la izquierda reconocidas y prestigiadas en el movimiento de masas, hospitalizar y detener manifestantes (y cobrarle las baldosas rotas) a quienes se oponen a sus leyes. No será gratis para una coalición a la que en esta pasada semana se le cayó la careta ante quienes lo habían votado.

Millones vieron que es un Gobierno de empresarios que gobierna para los ricos. La contracara fue la manifestación del 18 y los cacerolazos donde se cantaba: “unidad de los trabajadores y al que no le gusta se jode”.

Los manifestantes demostraron con ese cántico y su movilización que eran una fuerza que venía a oponerse a la coalición y las leyes de los empresarios. Esta fuerza es a la que le teme el Gobierno.

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