Política

PODER JUDICIAL Y PRIVILEGIOS

Tras la muerte de Bonadio, la casta judicial volvió a quedar en debate

La noticia de la muerte del juez federal Claudio Bonadio reabrió un debate donde ya no se discute un individuo, sino el conjunto de un sistema judicial y político que responde cada vez más a los intereses del imperialismo y una casta judicial privilegiada e intocable.

Martes 4 de febrero | 21:37

No hay dudas de que Bonadio fue un ejemplo de operador judicial y político desde Comodoro Py. Desde la servilleta de Corach y el nombramiento como juez por el menemismo en 1994, fue denunciado más de 50 veces en el Consejo de la Magistratura por asociación ilícita, mal desempeño, protección a redes de narcotráfico, enriquecimiento ilícito y crecimiento patrimonial injustificado. La mayoría de estas denuncias fueron desestimadas gracias a sus privilegios de casta e incluso bajo la venia de gobiernos kirchneristas, para pasar a ser en los últimos años una pieza central en las causas contra el kirchnerismo.

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El juzgado de Bonadio era llamado informalmente “la embajada”, porque ahí no rigen leyes argentinas. Era un invitado estrella infaltable en las celebraciones del 4 de julio en la embajada norteamericana, y un exponente de cómo avanzaron los intereses y las políticas de EEUU en el sistema judicial de Argentina.

Es que el mayor grado de sometimiento al imperialismo no sólo fue de la mano de un endeudamiento ilegal, ilegítimo y fraudulento con organismos como el FMI. Deuda que creció exponencialmente bajo el gobierno de Macri, y que la semana pasada el Congreso votó pagar sin investigar, con la única excepción de la izquierda que se opuso. También fue a través de leyes y un sistema judicial mejor preparado para garantizar sus intereses.

Como escribía hace poco Myriam Bregman: “Lo más grave a destacar es que Estados Unidos ha logrado que los distintos Gobiernos –más allá de su signo– fueran aprobando las leyes que dan sustento a esa injerencia. Desde fines de los años 90 (y según sus necesidades), este país viene insistiendo en la implementación de una agenda de normas de su interés para manejar los poderes judiciales de lo que considera su patio trasero, esto es: leyes antiterroristas, ley del arrepentido, ficha limpia, agente encubierto, etc., con el nombre que se le dé finalmente en cada país.

Esto guarda estrecha relación con la nueva modalidad predominante en la región: dar golpes de Estado que buscan tener un “viso de legalidad” y aparecen cubiertos por resoluciones de la Corte Suprema (Honduras), el Parlamento (Brasil y Venezuela, aunque fallido en este último caso) o en sus distintas combinaciones, como pasó recientemente en Bolivia, donde comenzó como un golpe clásico, pero con cobertura de la OEA, y se lo va intentando patinar de legalidad con normas en el Parlamento, incluso votadas por la propia fuerza política damnificada. También esas normas se utilizan como excusa para proscribir candidatos como Lula en Brasil (ficha limpia) o a Evo Morales en Bolivia (acusado de terrorismo).

Con razón se ha dicho que con estas leyes se “transfiere el poder del pueblo para los jueces” y que su base filosófica es “el concepto de que el electorado precisa de la tutela de un estamento de sabios” (Demetrio Magnoli lo definió así en Folha de San Pablo y Elisa Carrió lo repite cada día).”

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Este proceso tuvo como un soldado fundamental al juez Bonadio en Argentina. Como otros no sólo jueces sino legisladores y gobiernos que promovieron esas leyes, que fortalecieron y encubrieron a los servicios de inteligencia -los “sótanos de la democracia”- así como la principal clase que se beneficia de esto: los empresarios y sus ganancias.

Al aumentar tanto el poder del sistema judicial en función de proteger esos intereses, puede haber modificaciones, ya que no es tan difícil proponer límites a las arbitrariedades abusivas: el uso indiscriminado de la prisión preventiva, por ejemplo. Más aún teniendo en cuenta que esa casta de jueces privilegiados se acomoda según gobiernos de turno. Pero no se puede separar la existencia de una casta judicial con los privilegios que tienen casi de por vida, de un sistema legal que existe para legitimar las relaciones de producción actuales, capitalistas.

En su discurso de asunción Alberto Fernández anunció un proyecto de reforma judicial, que por ahora duerme en algún cajón. Sin embargo, cualquier cambio en el sistema será superficial mientras no empiece por terminar con esos privilegios, como sueldos de más de trescientos mil pesos exentos del pago de ganancias y jubilaciones por encima de la media de cualquier trabajador.

La extensión de los juicios por jurados a otras áreas de la Justicia que permita una mirada popular sobre todos los temas de debate judicial, formulada incluso en la Constitución Nacional, y la elección de los jueces por voto directo de la población para terminar con las designaciones por acuerdos y “rosca” entre partidos mayoritarios, y permitiendo la revocabilidad, son las propuestas que desde el Frente de Izquierda se vienen planteando para empezar a terminar con los privilegios de los “sabios” que se elevan tanto por encima del pueblo que nada tienen que ver con sus vidas, ni sus intereses, más bien lo opuesto.

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