Política

DEMAGOGIA PUNITIVA

Trabajo obligatorio para presos: la propuesta de Cornejo y Petri se opone a una ley nacional

El gobernador Cornejo insistió en su proyecto para que las personas privadas de su libertad trabajen obligatoriamente. Sin embargo, la Ley 24.660 establece que no puede ser obligatorio

Martes 2 de mayo | 14:18

En el final de su discurso anual en la Asamblea Legislativa, el gobernador Cornejo volvió a insistir con su proyecto de Ley para que las personas que se encuentran privadas de su libertad trabajen obligatoriamente dentro de los penales.

Inmediatamente, el Diputado Nacional Luis Petri, impulsor de las reformas reaccionarias que impulsa el gobierno nacional en materia de “seguridad”, salió a respaldarlo. Sin embargo, el proyecto que ha impulsado es contrario al artículo 110 de la ley 24.660 de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, donde establece que una persona privada de su libertad no puede ser coaccionada para realizar tareas.

No queremos más presos que estén sin hacer nada”, dijo el gobernador en su discurso. Sin embargo, en las cárceles mendocinas, la mayoría de las personas privadas de su libertad, trabajan o estudian. Además, luego de las reformas sobre las prisiones preventivas, impulsadas por los propios Cornejo y Petri, actualmente el 40% de los 4.800 presos que hay en las cárceles de la provincia, están sin condena firme.

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Con frases grandilocuentes y un discurso profundamente reaccionario, el gobierno volvió a plantear este proyecto, que había anunciado en Noviembre del año pasado. En esa oportunidad, y ante la crítica de organizaciones sociales y de DDHH, había dicho que aún no estaba “muy elaborada” la propuesta. Ahora parecería que tampoco, ya que pocos minutos después de que el gobernador hiciera el anuncio, el Ministro Seguridad, Gianni Venier, tuvo que salir a responder, reconociendo que el proyecto es contrario a la legislación nacional vigente. Venier reconoció la contradicción, pero aseguró que igualmente el gobierno provincial avanzará en el proyecto. “Las competencias de las provincias no se caen con una ley nacional, salvo que sean delegadas, pero el sistema carcelario no es el caso", indicó el funcionario, que además se excusó diciendo que "hay provincias, como Santa Fe, que tienen un sistema contradictorio con la 24.660".

El gobernador en su discurso, insistió en la idea de que quiere terminar con la “ociosidad” en las cárceles, obligando a las personas privadas de su libertad a “devolver” lo que el estado “invierte” en ellas. Sin embargo, en 2011 la Corte Suprema había declarado inconstitucional un artículo de la misma Ley 24.660, que preveía que el 25% de los ingresos por trabajo de los presos fuese a costear los gastos de mantenimiento del penal. La Corte Suprema había considerado que ese artículo contravenía el artículo 18 de la Constitución Nacional, donde se “impone al Estado, por intermedio de los servicios penitenciarios respectivos, la obligación y responsabilidad de dar a quienes están cumpliendo una condena o una detención preventiva la adecuada custodia que se manifiesta también en el respeto de sus vidas, salud e integridad física y moral”.

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Por su parte, desde la Asociación Xumec, indicaron que el proyecto es inviable desde el punto de vista estructural de las cárceles de la provincia. “Con penales con el nivel de hacinamiento en este estado, es casi imposible”, indicó Lucas Lecou en una entrevista a Radio Univesidad, quien además dijo que la superpoblación carcelaria es del 22%.

A propósito de la reforma de la Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad, Xumec indicó que Mendoza es la provincia con el mayor índice de personas privadas de su libertad por habitante. Mientras el promedio nacional es de 168,54 personas cada 100.000 habitantes, en Mendoza hay 259. El informe de esta Asociación indica que: “teniendo en cuenta que la estructura carcelaria provincial sigue siendo prácticamente la misma, el gran aumento de detenidos ha provocado también un crecimiento sostenido de los índices de sobrepoblación (y consecuente hacinamiento) en todos los establecimientos penitenciarios. Actualmente la sobrepoblación asciende al 22%, lo que lleva a los detenidos a convivir en espacios insuficientes e incompatibles con la dignidad personal, incrementándose de esta forma los conflictos, y consecuente violencia, entre ellos.

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