Mundo Obrero Chile

NEGOCIACIÓN DEL SECTOR PUBLICO

Trabajadores públicos exigen al gobierno acelerar la negociación de la ley de presupuestos 2018

Funcionarios públicos emplazan al gobierno de la Nueva Mayoría para iniciar la negociación de sus reivindicaciones y mejoras de sus condiciones laborales y salariales, amenazando con movilizaciones y paralización de los servicios.

Lunes 25 de septiembre

Los funcionarios públicos exigen al nuevo Ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, acelerar las negociaciones de las reivindicaciones y reajustes remuneraciones para el 2018. Amenazan que de no tener respuesta a sus demandas comenzaran con movilizaciones ascendentes en plena etapa electoral.

La vocera del Gobierno Paula Narváez señaló a los trabajadores del sector público que el presupuesto para el 2018 será austero. No obstante algunos dirigentes sindicales de la CONFUSAM señalan que están dispuestos a paralizar actividades de los más de 400.000 mil funcionarios públicos, además Maturana alude la desconfianza que genera las conversaciones que existe entre Bárbara Figueroa con Nicolás Eyzaguirre y la Ministra del Trabajo y Previsión Social Alejandra Krauss Valle.

Mario Aguilar, del Colegio de Profesores, señala que no existe confianza en el nuevo encargado de la billetera fiscal, que es evidente la nula voluntad del gobierno de negociar con los trabajadores públicos, por otro lado la CUT muestra una debilidad y falta de interés a la hora de convocar realmente a una negociación.

El próximo miércoles 27 de septiembre se reunirán los funcionarios públicos a deliberar sobre la negociación de sus mejoras de condiciones laborales y sobre dar o no inicio a movilizaciones, no exceptuando sus diferencias internas y la conducción de la CUT, criticando a Bárbara Figueroa por su apego al Gobierno de Bachellet.

Las movilizaciones y paro nacional de los funcionarios públicos son una posibilidad para no solo garantizar sus derechos laborales, sindicales y sociales, sino también para mejorar sus condiciones y exigir respuesta a las reivindicaciones que el Gobierno de la Nueva Mayoría posterga, sin el menor respeto a las y los funcionarios de los servicios públicos del país.






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